[ACTUALIDAD DIARIA]

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Procedimiento Administrativo Sancionador. Principio non bis in idem. Preferencia de la jurisdicción penal. Vertido de aguas.

(publicado en Actualidad Diaria 872 el 13 de noviembre de 2006)

Se cuestiona en el presente recurso la legalidad del Acuerdo del Consejo de Ministros, adoptado en su sesión de fecha 11 de julio de 2003, por el que fue impuesta a la entidad recurrente la sanción de multa, en la cuantía de 360.000 euros, con la obligación de indemnizar los daños causados al dominio público hidráulico en la cantidad de 56.153,25 euros, como autor de una infracción tipificada en el artículo 116.f) del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio , por el que fue aprobado el Texto Refundido de la Ley de Aguas, en relación con el artículo 317 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 846/1986 , de 11 de abril (RDPH) ---y modificado por Real Decreto 419/1993, de 26 de mar zo---. En el mencionado precepto legal se considera infracción administrativa "los vertidos que puedan deteriorar la calidad del agua o las condiciones de desagüe del cauce receptor, efectuados sin contar con la autorización correspondiente"; calificándose la citada infracción como muy grave ---en el precepto reglamentario de precedente cita--- cuando los daños causados al dominio público hidráulico fueran valorados en mas de 7.500.000 de pesetas, habiéndolo sido en el supuesto de autos en 9.343.115 pesetas (56.153,25 euros). Y, estando prevista en el artículo 117.1 del citado Real Decreto Legislativo , para las mencionadas infracciones muy graves, la sanción de multa en cuantía que oscila entre 300.506,06 y 601.012,10 euros, en el supuesto de autos se le impuso en la cuantía de 360.000,00 euros.
Se alega por la parte demandante, en primer lugar, como fundamento de la pretensión de nulidad ejercitada, la infracción del artículo 120 del citado Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio , por el que fue aprobado el Texto Refundido de la Ley de Aguas ---anterior artículo 112 del la Ley 29/1985, de 2 de agosto , de Aguas---, que dispone que "en los supuestos en que las infracciones pudieran ser constitutivos de delito o falta, la Administración pasará el tanto de culpa a la jurisdicción competente y se abstendrá de seguir el procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial no se haya pronunciado. La sanción de la autoridad judicial excluirá la imposición de multa administrativa. De no haberse estimado la existencia de delito o falta la Administración podrá continuar el expediente sancionador en base a los hechos que los Tribunales hayan considerado probados".
En el supuesto de autos, efectivamente, se pasó el tanto de culpa a la jurisdicción penal, incoando el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Mula (Murcia), con fecha de 25 de julio de 2003, Diligencias Previas 1632/2003 por Delito contra el medio ambiente, mas, no obstante ello, el Ministerio de Medio Ambiente continuó la tramitación del procedimiento sancionador D-476/2002, incoado en fecha de 19 de diciembre de 2002, y que concluiría mediante el Acuerdo impugnado de 11 de julio de 2003.
El Tribunal Supremo estima el recurso.