[J]

[TS][Mercantil] Contrato de servicios. Requisitos necesarios para que el silencio pueda estimarse como manifestación de un consentimiento contractual de resolución tácito. Pena convencional por desistimiento unilateral: improcedencia de moderación judicial. [Más info] [Texto publicado]


[J]

[TS][Penal] Malversación. Conductor de un vehículo oficial de una empresa pública, que tenía asignadas varias tarjetas para el pago del combustible. [Más info] [Texto publicado]


[J]

[TS][Contencioso-Advo] Responsabilidad por el abono de los servicios sanitarios prestados por el sistema de salud pública, solicitado por hospitales privados que derivan pacientes a los que no pueden atender, sin que les vincule obligación legal, reglamentaria o contractual para prestarles la atención requerida. [Más info] [Texto publicado]


[J]

[TS][Social] Procedimiento de oficio. Naturaleza de la relación: arquitectos e ingenieros técnicos municipales. Ayuntamiento de Rióla (Valencia). Convenio de colaboración: Diputación Provincial de Valencia y Colegios Profesionales. Laboralidad [Más info] [Texto publicado]


[N]

Tensa batalla judicial por los avales del ‘procés’ [Más info] [Texto publicado]


[N]

Sánchez diseña un «consumo mínimo vital» en su agenda social contra la pobreza energética [Más info] [Texto publicado]


[N]

Sánchez facilita que el Rey entregue este año los despachos a los jueces tras el veto del año pasado [Más info] [Texto publicado]


[N]

Ley de Segunda Oportunidad: una reforma concursal ineficiente para los verdaderos insolventes [Más info] [Texto publicado]


[N]

Economía flexibilizará el acceso a las ayudas directas por el miedo a no agotar los fondos [Más info] [Texto publicado]


[N]

La prohibición de los despidos emerge como el gran escollo para la renovación de los ERTE [Más info] [Texto publicado]


[N]

El riesgo de colapso en la Sala de lo Contencioso del Supremo es "elevado": ocho vacantes sin poder cubrirse [Más info] [Texto publicado]


[N]

Podemos impulsará la creación de un MIR judicial contra los “sesgos ideológicos y de clase” [Más info] [Texto publicado]


Legislación Estatal

Normas más importantes publicadas en los últimos días [Más info]
Acceso a los Boletines Oficiales [aquí]


[L]

[BOE] Resolución INT/2663/2021, de 25 de agosto, por la que se modifica la Resolución INT/332/2021, de 8 de febrero, por la que se establecen las restricciones a la circulación durante el año 2021. BOE 14 - 9 - 2021 [Más info] [Texto publicado]


Legislación Comunitaria

[L]

[DOCE] Revisado el DOUE de hoy, no encontramos disposiciones reseñables DOCE 14 - 9 - 2021 [Más info] [Texto publicado]



[Jurisprudencia] [TS][Mercantil] Contrato de servicios. Requisitos necesarios para que el silencio pueda estimarse como manifestación de un consentimiento contractual de resolución tácito. Pena convencional por desistimiento unilateral: improcedencia de moderación judicial.

1.- Para la resolución del presente recurso resultan relevantes los siguientes antecedentes de hecho acreditados en la instancia:

i) El 15 de septiembre de 2008, "Ascensores Zener Grupo Armoniza, S.L.U." (en adelante "Ascensores Zener") suscribió, como prestador, un contrato de mantenimiento de dos ascensores con la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda de Valladolid, S.L. (en adelante "Suelo y Vivienda de Valladolid"). El contrato establecía en su estipulación sexta lo siguiente:

"El presente contrato empezará a regir el día 1 de octubre de 2008 y su duración será de 10 años, considerándose después tácitamente prorrogado por iguales períodos sucesivos, mientras una de las partes no lo denuncie con 180 días de antelación a su vencimiento. En el supuesto de rescisión unilateral del contrato por alguna de las partes, la parte que rescinda indemnizará a la otra parte, con un importe equivalente a las cuotas pendientes hasta el vencimiento del contrato, tomando como base el importe de la última cuota facturada".

ii) El 17 de diciembre de 2012, "Suelos y Vivienda Valladolid" remitió una comunicación a "Ascensores Zener" en la que le anunciaba su intención de rescindir, a partir del 30 de mayo de 2013, el contrato de mantenimiento de ascensores suscrito en 2008.

iii) Simultáneamente le solicitaba presupuesto para el mantenimiento de todos sus ascensores (en total doce, entre los que se encontraban los dos objeto del contrato de 2008), "en aras de seguir manteniendo relación comercial con su compañía".

iv) El 11 de enero de 2013, "Ascensores Zener" emitió el presupuesto solicitado.

v) El 20 de febrero de 2013, "Suelo y Vivienda de Valladolid" notificó a "Ascensores Zener" que no aceptaba ese presupuesto y ratificaba su decisión de rescindir el contrato a partir del 30 de mayo de 2013.

vi) Las partes mantuvieron su relación contractual, ejecutando la actora los trabajos de mantenimiento de los ascensores y abonando la demandada las facturas que le eran giradas, hasta que en junio de 2013 se produjo la resolución anticipada del contrato de forma efectiva mediante el cambio de cerraduras de los cuartos de máquinas, según manifiesta la actora.

vii) El 12 de junio de 2013, "Ascensores Zener" denunció la resolución del contrato mediante burofax y reclamó a "Suelos y Vivienda de Valladolid" la cantidad prevista en la cláusula penal antes transcrita, reclamación que no fue atendida.

2.- "Ascensores Zener" presentó una demanda contra "Suelos y Vivienda Valladolid" en la que solicitaba: (i) que se declarase que ésta había procedido a la resolución unilateral y anticipada del contrato; y (ii) que se condenase a la demandada a abonar la cantidad de 26.307,20 €, en cumplimiento de la cláusula penal pactada; y subsidiariamente la condena a pagar la cantidad de 16.695,04 €, correspondiente a la indemnización por los daños y perjuicios pericialmente determinados; más los intereses legales desde el día 12 de junio de 2013, en que fue requerida de pago.

3.- El juzgado de primera instancia estimó la demanda y condenó a la demandada a abonar la suma de 26.307,20 euros, más los intereses legales de dicha suma.

4.- Apelada la sentencia de primera instancia por "Suelos y Vivienda Valladolid", la Audiencia estimó en parte la demanda, y condenó a la sociedad demandada al pago de la suma de 5.730,56 euros.

El Supremo estiam el recurso de la demandante y repone la solución de Primera Instancia.

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[Jurisprudencia] [TS][Penal] Malversación. Conductor de un vehículo oficial de una empresa pública, que tenía asignadas varias tarjetas para el pago del combustible.
Acuerdo con varios empleados de distintas gasolineras para pasar la tarjeta simulando repostajes, apropiándose del importe equivalente que había en caja por pagos anteriores en metálico. Recurren los empleados de una de las gasolineras.
Presunción de inocencia. La prueba principal es la declaración del conductor, coimputado, que afirma que todos los recurrentes participaron en una u otra medida en la defraudación. Como corroboración está la comprobación de suministros imposibles en momentos en que cada uno prestaba sus servicios en la gasolinera. Error en la apreciación de la prueba, 849.2º. Designa como documentos los cuadrantes de trabajo, que sostiene que fueron elaborados con posterioridad por el gerente, pero que no son exactos. No son documentos literosuficientes.
Infracción de ley, art. 849.1º. Aplicación indebida del artículo 435 CP. No se le hicieron al conductor las advertencias que exige la jurisprudencia respecto de los depositarios de caudales públicos. No se trata en el caso de un particular nombrado depositario, sino de un funcionario desde la perspectiva penal, que sabía que prestaba una función pública y que las tarjetas se le entregaban solo para el adecuado cumplimiento de esa función. [Texto publicado] [Volver]

[Jurisprudencia] [TS][Contencioso-Advo] Responsabilidad por el abono de los servicios sanitarios prestados por el sistema de salud pública, solicitado por hospitales privados que derivan pacientes a los que no pueden atender, sin que les vincule obligación legal, reglamentaria o contractual para prestarles la atención requerida.
Un hospital privado que deriva o facilita el traslado de pacientes a un hospital público no puede ser considerado tercero obligado al pago de la asistencia sanitaria que se les haya prestado, en el sentido que deriva del artículo 83 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, desarrollado en el artículo 2.7 y en el Anexo IX del Real Decreto 1030/2006 de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización, salvo en aquellas asistencias sanitarias prestadas por el Hospital Público cuya atención corresponda al Hospital privado conforme al convenio o concierto suscrito con la respectiva administración sanitaria. [Texto publicado] [Volver]

[Jurisprudencia] [TS][Social] Procedimiento de oficio. Naturaleza de la relación: arquitectos e ingenieros técnicos municipales. Ayuntamiento de Rióla (Valencia). Convenio de colaboración: Diputación Provincial de Valencia y Colegios Profesionales. Laboralidad

La TGSS plantea en casación unificadora la naturaleza jurídica de la relación mantenida entre el Ayuntamiento de Riola (Valencia) y varios técnicos municipales (una Arquitecta y una Ingeniera Técnica Industrial) al amparo de un Convenio de colaboración suscrito por la Diputación Provincial de Valencia y diversos Colegios Profesionales.

Impugna la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana el 7.11.2018, R. 3424/17, estimatoria del recurso del Consistorio Municipal y desestimatoria de la demanda de oficio interpuesta por la TGSS. Hace constar que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social levantó el 19.07.2016 acta de liquidación por falta de alta o afiliación; que aquéllas acuden al Ayuntamiento en unos casos 4 horas y en otro, 2 horas a la semana y se les encomienda solicitudes de informes relativos a su actividad profesional, necesarios en los expedientes procedentes de peticiones de organismos públicos, firmando estos informes como Técnicos Municipales. Ejercen funciones de información al público y desenvuelven su actividad en un despacho del Ayuntamiento, disponen de teléfono, ordenador e impresora, percibiendo una retribución fija al mes (con independencia del número de informes emitidos) que facturan periódicamente, mientras que las vacaciones las toman generalmente en agosto, aunque si surge alguna emergencia tienen plena disponibilidad. La organización de los informes en los que debe intervenirse y su desarrollo lo hace la organización burocrática de la entidad.

El Supremo estima el recurso.

[Texto publicado] [Volver]

[Noticias] Tensa batalla judicial por los avales del ‘procés’
Los ex altos cargos sancionados piden que la Abogacía del Estado no se pronuncie sobre la forma de pago (elpais.es) [Texto publicado] [Volver]

[Noticias] Sánchez diseña un «consumo mínimo vital» en su agenda social contra la pobreza energética
El presidente intervendrá mercados y bajará impuestos dentro del plan de choque de la luz que aprueba este martes el Consejo de Ministros. (elespanol.com) [Texto publicado] [Volver]

[Noticias] Sánchez facilita que el Rey entregue este año los despachos a los jueces tras el veto del año pasado
Eludiendo el veto del año pasado el presidente del Gobierno defiende que «es importante la presencia del Jefe del Estado» (abc.es) [Texto publicado] [Volver]

[Noticias] Ley de Segunda Oportunidad: una reforma concursal ineficiente para los verdaderos insolventes
(expansion.com) [Texto publicado] [Volver]

[Noticias] Economía flexibilizará el acceso a las ayudas directas por el miedo a no agotar los fondos
El ministerio anuncia que prepara una “aclaración” de los requisitos.
La interpretación de la norma da lugar a un uso dispar del fondo (cincodias.com) [Texto publicado] [Volver]

[Noticias] La prohibición de los despidos emerge como el gran escollo para la renovación de los ERTE
Los agentes sociales esperan una extensión de la protección social de cuatro meses con pocos cambios en las ayudas, pero en el horizonte aparece el reto de qué hacer con los más de 100.000 que no van a volver (elconfidencial.com) [Texto publicado] [Volver]

[Noticias] El riesgo de colapso en la Sala de lo Contencioso del Supremo es "elevado": ocho vacantes sin poder cubrirse
(publico.es) [Texto publicado] [Volver]

[Noticias] Podemos impulsará la creación de un MIR judicial contra los “sesgos ideológicos y de clase”
Planteará una reforma urgente para el acceso a la judicatura. El partido de Errejón ya anunció una propuesta similar hace un año (elconfidencialdigital.com) [Texto publicado] [Volver]

[Legislación] [BOE] Resolución INT/2663/2021, de 25 de agosto, por la que se modifica la Resolución INT/332/2021, de 8 de febrero, por la que se establecen las restricciones a la circulación durante el año 2021.
[Texto publicado] [Volver]

[Legislación] [DOCE] Revisado el DOUE de hoy, no encontramos disposiciones reseñables
[Texto publicado] [Volver]


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Fuentes

Las e-fuentes consultadas: Legislación: DOCE, BOE, Boletín Oficial de las Cortes Generales (BOCG). Jurisprudencia: TC, TS, TJCE y TEDH. Noticias: europa press, EFE, EL PAÍS, EL MUNDO, ABC, LA RAZÓN, LA VANGUARDIA, EXPANSIÓN, a3n.tv, libertaddigital.com, 20minutos.es, 5dias.com, cope.es, vnet.es, diariodirecto.com

Documentación oficial: Presidencia del Gobierno, Ministerio de Hacienda-Agencia Tributaria, Ministerio de Trabajo-Seguridad Social, Ministerio de Justicia y CGPJ. Documentación corporativa: Consejo General de la Abogacía-Colegio de Abogados de Madrid, Consejo General del Notariado, Colegio de Registradores, Consejo General de Procuradores-Colegio de Madrid, Asociaciones judiciales (APM, JpD, Fco. Vitoria), Confederación Española de Organizaciones Empresariales CEOE, Instituto de la Empresa Familiar, Unión General de los Trabajadores UGT, Comisiones Obreras CCOO, Asociación Española de Usuarios de Internet (AUI), Asociación de Internautas, Sociedad General de Autores y Editores (SGAE).

Este diario es una publicación distribuida por paraprofesionales.com y se dirige exclusivamente a sus suscriptores. Su reenvío a terceras personas distintas del destinatario requiere autorización expresa de paraprofesionales.com. No nos hacemos responsables de las decisiones tomadas con base en el contenido del presente diario. Las colaboraciones firmadas recogen la opiniones de sus autores.

Las sentencias publicadas han sido suministradas por el Centro de Documentación Judicial o por los Gabinetes de Prensa del CGPJ

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