[J]

[TJUE] La actividad de protección de personas mayores de edad incapacitadas legalmente desarrollada por un abogado constituye, en principio, una actividad económica.
Puede quedar exenta de IVA si las prestaciones de servicios en cuestión están directamente relacionadas con la asistencia social y con la seguridad social, y si el referido abogado disfruta, respecto de la actividad que desarrolla a estos efectos, de un reconocimiento como organismo de carácter social [Más info] [Texto publicado]


[J]

[TJUE] El Derecho de la Unión se opone a una normativa nacional que impide al órgano jurisdiccional que conozca de un recurso de indemnización basado en una alegación de discriminación declarar la existencia de esta cuando el demandado acepta pagar la indemnización reclamada sin reconocer dicha discriminación.
El mero pago de un importe pecuniario no garantiza la tutela judicial efectiva de una persona que solicita que se declare que ha sido víctima de discriminación [Más info] [Texto publicado]


[J]

[TJUE] Ayudas a aerolíneas durante el COVID-19 [Más info] [Texto publicado]


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[TJUE] Ayudas aerolíneas durante el COVID-19 [Más info] [Texto publicado]


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El caos judicial tras el primer estado de alarma hace temer a las comunidades otro embrollo desde el 10 de mayo [Más info] [Texto publicado]


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El Constitucional alemán tumba la ley que limita los precios del alquiler en Berlín [Más info] [Texto publicado]


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¿Volver a la oficina? Sí, pero no cada día [Más info] [Texto publicado]


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Seguimos tributando en el IRPF por ganancias patrimoniales que no existen [Más info] [Texto publicado]


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El Estado no puede negar un aumento en la jubilación por hacer un día de huelga [Más info] [Texto publicado]


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Marcos de Quinto vuelve a perder ante los trabajadores que protestaron en su boda [Más info] [Texto publicado]


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La falta de protocolos oficiales sobre acoso sexual en la Administración del Estado impide conocer su alcance [Más info] [Texto publicado]


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Las grandes consultoras desinflan los PERTES, la medida estrella del Gobierno para los fondos europeos [Más info] [Texto publicado]


Legislación Estatal

Normas más importantes publicadas en los últimos días [Más info]
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[L]

[BOE] Resolución de 8 de abril de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución de 29 de marzo de 2021, conjunta de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública y de la Dirección General del Catastro, por la que se aprueban las normas técnicas para la incorporación de la representación gráfica de inmuebles en documentos notariales. BOE 15 - 4 - 2021 [Más info] [Texto publicado]


Legislación Autonómica

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[BOE] Decreto-ley Foral [COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA] 2/2021, de 24 de febrero, de trasposición de la Directiva (UE) 2017/952 del Consejo de 29 de mayo de 2017, por la que se modifica la Directiva (UE) 2016/1164 en lo que se refiere a las asimetrías híbridas con terceros países, de modificación de los aplazamientos concedidos a clubes deportivos que no participen en competiciones deportivas oficiales de carácter profesional, al amparo de la disposición adicional vigesimoséptima de la Ley Foral General Tributaria, y de modificación de la Ley Foral 16/2006, de 14 de diciembre, del Juego. BOE 15 - 4 - 2021 [Más info] [Texto publicado]


Legislación Comunitaria

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[DOCE] Revisado el DOUE de hoy, núm. 129, no encontramos disposiciones reseñables DOCE 15 - 4 - 2021 [Más info] [Texto publicado]


[L]

[DOCE] Directrices relativas a determinadas medidas de ayuda estatal en el contexto del régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero después de 2021 DOCE 15 - 4 - 2021 [Más info] [Texto publicado]



[Jurisprudencia] [TJUE] La actividad de protección de personas mayores de edad incapacitadas legalmente desarrollada por un abogado constituye, en principio, una actividad económica.
Puede quedar exenta de IVA si las prestaciones de servicios en cuestión están directamente relacionadas con la asistencia social y con la seguridad social, y si el referido abogado disfruta, respecto de la actividad que desarrolla a estos efectos, de un reconocimiento como organismo de carácter social

El Derecho luxemburgués protege a las personas mayores de edad incapacitadas legalmente mediante medidas de curatela y de tutela que permiten asesorar, controlar e incluso representar a esas personas en los actos de la vida civil y que atribuyen facultades de gestión y de representación a terceros. En la práctica, los curadores, los gestores tutelares, los mandatarios especiales y los mandatarios ad hoc son generalmente miembros de la familia, pero también abogados.
EQ, un abogado colegiado en 1994 desarrolla, desde 2004, una actividad de mandatario en el contexto de los regímenes de protección de personas mayores de edad incapacitadas. En 2016, la Administración tributaria luxemburguesa le reclamó el pago del impuesto sobre el valor añadido (IVA) en concepto de actividades de representación de personas mayores de edad incapacitadas legalmente realizadas en los años 2014 y 2015. EQ considera que esas actividades no constituyen actividades económicas sujetas al IVA y que, en todo caso, cumplen una función social y deberían quedar exentas por ello con arreglo a la normativa nacional que transpone la Directiva del IVA. 1 En cambio, la Administración tributaria luxemburguesa considera que las prestaciones efectuadas en el contexto de una actividad profesional de abogado constituyen una actividad económica y que no pueden quedar exentas de IVA: a su juicio, EQ no cumple el requisito de ser un organismo de carácter social para invocar la exención.
El tribunal d’arrondissement (Tribunal de Distrito, Luxemburgo), que resuelve este litigio, desea saber si la actividad de protección de personas mayores de edad incapacitadas legalmente puede disfrutar de una exención de IVA y pregunta al Tribunal de Justicia, en concreto, si dichas actividades están comprendidas en el concepto de «actividad económica» en el sentido de la Directiva del IVA, si las citadas actividades están exentas como «prestaciones de servicios directamente relacionadas con la asistencia social y con la Seguridad Social» y si el abogado que las desarrolla puede ser considerado «un organismo al que el Estado miembro de que se trate reconozca su carácter social».
En su sentencia de hoy, el Tribunal de Justicia declara que las prestaciones de servicios realizadas en beneficio de personas mayores de edad legalmente incapacitadas con el fin de protegerlas en los actos de la vida civil constituyen una actividad económica. Con arreglo al Derecho de la Unión, el IVA solo contempla las actividades de carácter económico y más concretamente las prestaciones de servicios realizadas a título oneroso en el territorio de un Estado miembro por un sujeto pasivo que actúe como tal. Si bien corresponde al tribunal d’arrondissement comprobar si las prestaciones de servicios realizadas en beneficio de personas mayores de edad incapacitadas legalmente fueron efectuadas a título oneroso, el Tribunal de Justicia evoca los elementos de interpretación que permiten constatar la existencia de una relación directa entre esas prestaciones y las cantidades percibidas por EQ en el contexto de sus mandatos de gestión, incluso cuando la contraprestación de dicha prestación no se haya obtenido directamente del destinatario sino de un tercero, o cuando la remuneración de las prestaciones de servicios fue fijada sobre la base de una apreciación vinculada a la situación económica de la persona incapacitada legalmente o bajo la forma de una cantidad a tanto alzado. Por lo que respecta al carácter económico de las prestaciones, el Tribunal de Justicia señala que EQ obtiene de las prestaciones realizadas ingresos que tienen carácter permanente y que el nivel de ingresos que obtuvo de su actividad no es insuficiente con respecto a sus gastos de funcionamiento.
El Tribunal de Justicia aborda a continuación los requisitos de aplicación de una exención señalando que las prestaciones de servicios realizadas en beneficio de personas mayores de edad incapacitadas legalmente y orientadas a protegerlas en los actos de la vida civil están comprendidas en el concepto de «prestaciones directamente relacionadas con la asistencia social y con la Seguridad Social», en el sentido de la Directiva del IVA. En cambio, no están comprendidas en la exención actividades más generales de asistencia o asesoramiento jurídico, financiero o de otro tipo, como las que pueden estar vinculadas a las competencias específicas de un abogado, de un asesor financiero o de un agente inmobiliario, incluso si se prestan en el contexto de la ayuda concedida a una persona incapacitada legalmente. El Tribunal de Justicia precisa además que corresponde a cada Estado miembro dictar las normas relativas al reconocimiento del carácter social de las Entidades que no sean de Derecho público. A este respecto, el Tribunal de Justicia señala que el concepto de «organismos a los que se reconozca su carácter social» es, en principio, suficientemente amplio para incluir también a personas físicas que, en el contexto de su actividad, actúan con ánimo de lucro. En el presente asunto, las prestaciones de servicios de que se trata fueron realizadas por un abogado colegiado, y aunque la categoría profesional de los abogados no pueda caracterizarse, de forma general, por tener carácter social, el Tribunal de Justicia no excluye que un abogado que presta servicios directamente relacionados con la asistencia social y con la seguridad social pueda probar que se trata de un compromiso social estable, compromiso del que EQ pudo dar muestras en los años 2014 y 2015, extremo que corresponde verificar al tribunal d’arrondissement respetando el margen de apreciación del que disfruta a este respecto el Estado miembro de que se trata.


1 Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (DO 2006, L 347, p. 11). [Texto publicado] [Volver]

[Jurisprudencia] [TJUE] El Derecho de la Unión se opone a una normativa nacional que impide al órgano jurisdiccional que conozca de un recurso de indemnización basado en una alegación de discriminación declarar la existencia de esta cuando el demandado acepta pagar la indemnización reclamada sin reconocer dicha discriminación.
El mero pago de un importe pecuniario no garantiza la tutela judicial efectiva de una persona que solicita que se declare que ha sido víctima de discriminación

En 2015, el comandante de la aeronave en un vuelo interno sueco operado por la compañía aérea Braathens Regional Aviation AB («Braathens») decidió someter a un pasajero de origen chileno residente en Estocolmo (Suecia) a un control de seguridad adicional.
Actuando en nombre de ese pasajero, que consideraba haber sido objeto de discriminación por razones relacionadas con su apariencia física y su origen étnico, el Diskrimineringsombudsmannen (Defensor del Pueblo en materia de Discriminación) solicitó al Stockholms tingsrätt (Tribunal de Primera Instancia de Estocolmo, Suecia) que condenara a Braathens a abonar a dicho pasajero una indemnización por discriminación.
Braathens aceptó abonar la cantidad reclamada sin reconocer no obstante que hubiese habido discriminación. Por lo tanto, el tribunal de primera instancia la condenó al pago de esa cantidad, pero declaró inadmisibles las pretensiones del Defensor del Pueblo en materia de Discriminación de que se dictara una sentencia declarativa mediante la que se confirmase la existencia de discriminación. Dicho órgano jurisdiccional consideró que, en virtud del Derecho procesal sueco, estaba vinculado por el allanamiento de Braathens, por lo que estaba obligado a resolver el litigio sin examinar la existencia de una posible discriminación. Tras haber interpuesto, infructuosamente, un recurso de apelación contra la sentencia del tribunal de primera instancia, el Defensor del Pueblo en materia de Discriminación interpuso un recurso de casación ante el Högsta domstolen (Tribunal Supremo, Suecia).
Al albergar dudas sobre la conformidad de la normativa sueca con las exigencias de la Directiva 2000/43 1 relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico, en relación con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea («Carta»), que garantiza a toda persona el derecho a la tutela judicial efectiva, el Högsta domstolen ha decidido preguntar al Tribunal de Justicia si, en caso de allanamiento del demandado a la pretensión de indemnización del demandante, el juez ha de poder examinar no obstante la cuestión de la existencia de discriminación a petición de la parte que considere haber sido objeto de ella.
Apreciación del Tribunal de Justicia
Con carácter preliminar, el Tribunal de Justicia recuerda que la Directiva 2000/43 tiene por objeto establecer un marco para luchar contra la discriminación por motivos de origen racial o étnico, con el fin de que se aplique en los Estados miembros el principio de igualdad de trato. El respeto de este principio exige que se garantice la tutela judicial efectiva del derecho a la igualdad de trato de las personas que se consideren víctimas de esa discriminación, con independencia de que actúen directamente o por mediación de una asociación, organización o persona jurídica. Además, el régimen de sanciones establecido para transponer dicha Directiva en el ordenamiento jurídico de un Estado miembro debe garantizar una protección jurídica efectiva y eficaz de los derechos que se derivan de ella. La gravedad de las sanciones deberá adecuarse a la gravedad de las infracciones que castigan, garantizando, en particular, un efecto realmente disuasorio, sin dejar de respetar el principio general de proporcionalidad.
A este respecto, el Tribunal de Justicia considera que los artículos 7 y 15 de la Directiva 2000/43, en relación con el artículo 47 de la Carta, se oponen a una normativa nacional que impide al órgano jurisdiccional que conoce de un recurso de indemnización basado en una alegación de discriminación prohibida por dicha Directiva examinar la pretensión de que se declare la existencia de dicha discriminación, cuando el demandado acepta abonar la indemnización reclamada sin reconocer no obstante que haya habido discriminación. En efecto, en primer lugar, del artículo 7 de la Directiva 2000/43 se desprende que toda persona que se considere víctima de una discriminación basada en el origen racial o étnico ha de poder lograr que, en el marco de un procedimiento dirigido a hacer valer los derechos derivados del principio de igualdad de trato, el juez se pronuncie sobre una posible vulneración de esos derechos, si el demandado no reconoce la discriminación alegada. Por consiguiente, el mero pago de un importe pecuniario no garantiza la tutela judicial efectiva de una persona que solicita que se declare la existencia de ese menoscabo.
En segundo lugar, semejante normativa nacional choca tanto con la función reparadora como con la función disuasoria que deben tener las sanciones previstas por los Estados miembros, en virtud del artículo 15 de la Directiva 2000/43. En efecto, el pago de un importe pecuniario no basta para satisfacer las pretensiones de una persona que quiere primordialmente que se reconozca, como reparación del perjuicio moral sufrido, que ha sido víctima de discriminación. Asimismo, la obligación de abonar una cantidad de dinero no puede garantizar un efecto realmente disuasorio respecto del autor de una discriminación cuando, como sucede en este caso, el demandado cuestiona la existencia de la discriminación, pero considera más ventajoso, en términos de coste y de imagen, abonar la indemnización solicitada por el demandante. El Tribunal de Justicia también precisa que la facultad de ejercitar una acción penal no permite paliar la falta de conformidad de las vías de recurso en materia civil con las exigencias de la mencionada Directiva, debido a las finalidades propias de dicha acción y a las limitaciones inherentes a ella. En tercer lugar, el Tribunal de Justicia subraya que esta interpretación no queda desvirtuada por principios o consideraciones de Derecho procesal como el principio dispositivo, el principio de economía procesal y el afán de fomentar la resolución amistosa de litigios. En efecto, por una parte, una normativa nacional como la controvertida tiene por efecto transferir el control del litigio al demandado, ya que, en caso de allanamiento de este al pago de la indemnización reclamada, el demandante ya no puede lograr que el órgano jurisdiccional que conozca del asunto se pronuncie sobre la causa de su demanda ni oponerse a la extinción del procedimiento iniciado por iniciativa suya. Por otra parte, un órgano jurisdiccional nacional no conculcaría en modo alguno el principio dispositivo si, pese al allanamiento del demandado al pago de la indemnización reclamada por el demandante, examinara la existencia, o no, de la discriminación alegada por este, examen que se refiere a la causa de la pretensión indemnizatoria, que forma parte del objeto del litigio.
Por último, en cuarto lugar, el Tribunal de Justicia recuerda que el Derecho de la Unión no exige, en principio, que, para garantizar la defensa de los derechos que el Derecho de la Unión confiere a los justiciables, los Estados miembros deban crear vías de recurso ante sus tribunales nacionales distintas de las existentes en el Derecho nacional. No obstante, señala que en este caso el respeto del Derecho de la Unión no requiere que se cree una nueva vía de recurso, sino que se limita a exigir al órgano jurisdiccional nacional que no aplique la norma procesal que le impide pronunciarse sobre la existencia de la discriminación alegada, debido a la incompatibilidad de esta norma no solo con los artículos 7 y 15 de la Directiva 2000/43, sino también con el artículo 47 de la Carta. En efecto, estos artículos de la Directiva no hacen sino concretar el derecho a la tutela judicial efectiva, tal como se garantiza por el artículo 47 de la Carta, que es suficiente por sí solo para conferir un derecho invocable en un litigio entre particulares.
1 Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico (DO 2000, L 180, p. 22). [Texto publicado] [Volver]

[Jurisprudencia] [TJUE] Ayudas a aerolíneas durante el COVID-19
Las medidas de ayuda adoptadas por Suecia y Dinamarca en favor de SAS para reparar los perjuicios derivados de la anulación o de la reprogramación de vuelos como consecuencia de las restricciones de desplazamiento provocadas por la pandemia de COVID-19 son conformes con el Derecho de la Unión.
Habida cuenta de que SAS tiene una cuota de mercado significativamente más elevada que las de su competidor más cercano en estos dos Estados miembros, las ayudas no constituyen una discriminación ilegal. [Texto publicado] [Volver]

[Jurisprudencia] [TJUE] Ayudas aerolíneas durante el COVID-19
Es conforme con el Derecho de la Unión la garantía de Finlandia a favor de la compañía aérea Finnair que tiene por objeto ayudar a esta última a obtener, de un fondo de pensiones, un préstamo de 600 millones de euros destinado a cubrir sus necesidades de capital circulante a raíz de la pandemia de Covid-19.
La garantía era necesaria para poner remedio a la grave perturbación en la economía finlandesa, habida cuenta de la importancia de Finnair para dicha economía [Texto publicado] [Volver]

[Noticias] El caos judicial tras el primer estado de alarma hace temer a las comunidades otro embrollo desde el 10 de mayo
Las decisiones discrepantes de los tribunales sobre cierres perimetrales, confinamientos y reuniones sociales abonan los miedos de los presidentes regionales (elpais.es) [Texto publicado] [Volver]

[Noticias] El Constitucional alemán tumba la ley que limita los precios del alquiler en Berlín
Señala que el estado de Berlín no tiene la autoridad para promulgar la ley, ya que el gobierno federal es el responsable de este tipo de decisiones. (elespanol.com) [Texto publicado] [Volver]

[Noticias] ¿Volver a la oficina? Sí, pero no cada día
El futuro del teletrabajo. El modelo híbrido se impone mientras que solo el 12% se pasaría al remoto para siempre (lavanguardia.com) [Texto publicado] [Volver]

[Noticias] Seguimos tributando en el IRPF por ganancias patrimoniales que no existen
(expansion.com) [Texto publicado] [Volver]

[Noticias] El Estado no puede negar un aumento en la jubilación por hacer un día de huelga
La Seguridad Social rechazó incrementar la pensión a una mujer que retrasó su retiro hasta los 66 años y tenía más de 41 años cotizados (cincodias.com) [Texto publicado] [Volver]

[Noticias] Marcos de Quinto vuelve a perder ante los trabajadores que protestaron en su boda
La Audiencia Provincial de Cuenca da la razón a los manifestantes y confirma su absolución, que fue recurrida por el ex de Ciudadanos (elconfidencial.com) [Texto publicado] [Volver]

[Noticias] La falta de protocolos oficiales sobre acoso sexual en la Administración del Estado impide conocer su alcance
La comisión de seguimiento del Plan de Igualdad en el ámbito público trabaja actualmente en la elaboración de una guía que permita poner freno a estos casos y contribuya a conocer la realidad. Una encuesta realizada por el sindicato CSIF en 2019 señalaba que el 17% de las trabajadoras de la Administración "ha sufrido contacto físico no deseado". (publico.es) [Texto publicado] [Volver]

[Noticias] Las grandes consultoras desinflan los PERTES, la medida estrella del Gobierno para los fondos europeos
El instrumento para proyectos empresariales que transformen la economía busca incentivar la colaboración público-privada, pero son “complicados y poco competitivos” (elconfidencialdigital.com) [Texto publicado] [Volver]

[Legislación] [BOE] Resolución de 8 de abril de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución de 29 de marzo de 2021, conjunta de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública y de la Dirección General del Catastro, por la que se aprueban las normas técnicas para la incorporación de la representación gráfica de inmuebles en documentos notariales.
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[Legislación] [BOE] Decreto-ley Foral [COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA] 2/2021, de 24 de febrero, de trasposición de la Directiva (UE) 2017/952 del Consejo de 29 de mayo de 2017, por la que se modifica la Directiva (UE) 2016/1164 en lo que se refiere a las asimetrías híbridas con terceros países, de modificación de los aplazamientos concedidos a clubes deportivos que no participen en competiciones deportivas oficiales de carácter profesional, al amparo de la disposición adicional vigesimoséptima de la Ley Foral General Tributaria, y de modificación de la Ley Foral 16/2006, de 14 de diciembre, del Juego.
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[Legislación] [DOCE] Revisado el DOUE de hoy, núm. 129, no encontramos disposiciones reseñables
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[Legislación] [DOCE] Directrices relativas a determinadas medidas de ayuda estatal en el contexto del régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero después de 2021
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Fuentes

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Este diario es una publicación distribuida por paraprofesionales.com y se dirige exclusivamente a sus suscriptores. Su reenvío a terceras personas distintas del destinatario requiere autorización expresa de paraprofesionales.com. No nos hacemos responsables de las decisiones tomadas con base en el contenido del presente diario. Las colaboraciones firmadas recogen la opiniones de sus autores.

Las sentencias publicadas han sido suministradas por el Centro de Documentación Judicial o por los Gabinetes de Prensa del CGPJ

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