[J]

[TS][Civil] Protección jurisdiccional del derecho al honor. Caducidad de la acción respecto de la intromisión ilegítima constituida por la publicación de expresiones injuriosas en un foro de Internet. [Más info] [Texto publicado]


[J]

[TS][Penal] Delito contra la salud pública. [Más info] [Texto publicado]


[J]

[TS][Contencioso-Advo] Entrada en domicilio para desalojo forzoso. Recuperación posesoria del inmueble. Presencia de menores en la vivienda. Ponderación de intereses. [Más info] [Texto publicado]


[J]

[TS][Social] Derecho de Huelga: Vulneración. La empresa impone unilateralmente unos determinados servicios mínimos, sin recabar la intervención de la autoridad gubernativa. Indemnización por daño moral. [Más info] [Texto publicado]


[N]

El Estado pagará hasta el 100% de las rehabilitaciones de vivienda a través del nuevo plan anticrisis [Más info] [Texto publicado]


[N]

La madre manipula a la niña contra el padre: el falso abuso sexual que ha indignado a los jueces [Más info] [Texto publicado]


[N]

Escrivá propone pagar hasta 12.000 euros por año de jubilación aplazada [Más info] [Texto publicado]


[N]

2.500 jueces españoles reclaman a la UE que actúe ante el riesgo de violación del Estado de derecho [Más info] [Texto publicado]


[N]

Hacienda fijará un tipo mínimo en Sociedades sin esperar a un acuerdo global [Más info] [Texto publicado]


[N]

De becario a abogado júnior: así de difícil es conseguir trabajo en los grandes bufetes [Más info] [Texto publicado]


[N]

Los funcionarios del Estado podrán teletrabajar tres días a la semana de manera voluntaria [Más info] [Texto publicado]


[N]

La crisis en Venezuela no es motivo para pedir asilo en España, sentencia el Supremo [Más info] [Texto publicado]


Legislación Estatal

Normas más importantes publicadas en los últimos días [Más info]
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[BOE] Ley 3/2021, de 12 de abril, por la que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19. BOE 13 - 4 - 2021 [Más info] [Texto publicado]


[L]

[BOE] Ley 4/2021, de 12 de abril, por la que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19. BOE 13 - 4 - 2021 [Más info] [Texto publicado]


[L]

[BOE] Ley 5/2021, de 12 de abril, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y otras normas financieras, en lo que respecta al fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas en las sociedades cotizadas. BOE 13 - 4 - 2021 [Más info] [Texto publicado]


[L]

[BOE] Orden HAC/342/2021, de 12 de abril, por la que se aprueba el modelo 234 de "Declaración de información de determinados mecanismos transfronterizos de planificación fiscal", el modelo 235 de "Declaración de información de actualización de determinados mecanismos transfronterizos comercializables" y el modelo 236 de "Declaración de información de la utilización de determinados mecanismos transfronterizos de planificación fiscal". BOE 13 - 4 - 2021 [Más info] [Texto publicado]


[L]

[BOE] Resolución de 8 de abril de 2021, del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueban los modelos de comunicaciones entre los intervinientes y partícipes en los mecanismos transfronterizos de planificación fiscal objeto de declaración. BOE 13 - 4 - 2021 [Más info] [Texto publicado]


Legislación Comunitaria

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[DOCE] Revisado el DOUE de hoy, núm. 125, no encontramos disposiciones reseñables DOCE 13 - 4 - 2021 [Más info] [Texto publicado]


[L]

[DOCE] Revisado el DOUE de hoy, núm. 126, no encontramos disposiciones reseñables DOCE 13 - 4 - 2021 [Más info] [Texto publicado]



[Jurisprudencia] [TS][Civil] Protección jurisdiccional del derecho al honor. Caducidad de la acción respecto de la intromisión ilegítima constituida por la publicación de expresiones injuriosas en un foro de Internet.

1.- Los días 6 y 7 de mayo de 2004 se publicaron en un foro de Internet ("Unidad de Acción de los Secretarios Judiciales Ver Tema - ayuda") diversos textos referidos a D. Argimiro, unos firmados por personas que se identificaban con su nombre y apellidos, otros, por personas que se identificaban por simples seudónimos.

2.- El 27 de agosto de 2013 D. Argimiro instó acta notarial de constancia, en la que se recoge el contenido del mencionado foro.

3.- El 25 de septiembre de 2013 D. Argimiro formuló denuncia, que fue turnada al Juzgado de Instrucción número 4 de A Coruña, en relación con el foro mencionado, dando lugar a las Diligencias Previas 2639- 2013. Por investigaciones de la Guardia Civil, se pudo determinar que el administrador de la página web del foro es D. Agustín , y que D. Alfonso y D. Belarmino serían dos secretarios judiciales (hoy letrados de la Administración de Justicia) que intervienen en dicho foro, perfectamente identificados. Por auto de 8 de enero de 2014 se acordó sobreseer y archivar las actuaciones, al considerar prescrito cualquier posible delito. Por auto de 2 de junio de 2014 la Sección 1.ª de la Audiencia Provincial de A Coruña desestimó el recurso de apelación interpuesto por D. Argimiro .

4.- El 8 de septiembre de 2014 D. Argimiro interpuso una demanda de procedimiento ordinario, manifestando formularla "en la vía jurisdiccional civil de la protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, y en particular, de su honor profesional [...] con arreglo [...] a los Arts. 1; 2; 7.7 y 9 de la vigente redacción de la L.O. núm. 1/82 de 5 de Mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen", que finalmente fue admitida exclusivamente contra D. Alfonso, D. Belarmino y D. Agustín, por considerar que las frases contenidas en dicho foro atentaban contra su honor y prestigio personal y profesional.

5.- El Juzgado de Primera Instancia dictó una sentencia en la que estimó caducadas las acciones ejercitadas, pues la demanda se interpuso cuando habían transcurrido más de cuatro años desde que se publicaron las manifestaciones objeto de la demanda.

6.- El demandante recurrió la sentencia. La Audiencia Provincial estimó en parte el recurso.

El Supremo estima el recurso y repone la solución de Primera Instancia.

[Texto publicado] [Volver]

[Jurisprudencia] [TS][Penal] Delito contra la salud pública.
Revisión de Sentencia de las Autoridades Judiciales de Venezuela. Convenio de Estrasburgo. No adaptación al Convenio de Estrasburgo 1983 [Texto publicado] [Volver]

[Jurisprudencia] [TS][Contencioso-Advo] Entrada en domicilio para desalojo forzoso. Recuperación posesoria del inmueble. Presencia de menores en la vivienda. Ponderación de intereses.

Se impugna en este recurso de casación interpuesto por D. Carlos María y D.ª Concepción la sentencia dictada por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 24 de octubre de 2019.

Esta sentencia estimó el recurso interpuesto por la Comunidad Autónoma de Madrid contra el auto dictado el 1 de marzo de 2019 por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo n.º 14 de Madrid que, a su vez, había inadmitido la solicitud de entrada en domicilio presentada por la Comunidad de Madrid, propietaria de la vivienda social ocupada ilegalmente por los recurrentes, sus dos hijos menores y la madre de uno de aquéllos, para proceder a su desalojo forzoso.

El Supremo estima el recurso.

La sentencia impugnada revocó dicho auto y autorizó la entrada en domicilio solicitada, aunque imponiendo para ello las cautelas que constan en su parte dispositiva.

[Texto publicado] [Volver]

[Jurisprudencia] [TS][Social] Derecho de Huelga: Vulneración. La empresa impone unilateralmente unos determinados servicios mínimos, sin recabar la intervención de la autoridad gubernativa. Indemnización por daño moral.

La cuestión a resolver es la de determinar si resulta conforme a derecho la actuación de la empresa durante la huelga convocada por la representación legal de los trabajadores, consistente en imponer la realización de unos determinados servicios mínimos en cada uno de sus diferentes centros de trabajo.

La sentencia recurrida es la dictada por la Sala Social del TSJ de Cataluña de 14 de febrero de 2019, autos 14/2018, que acoge la demanda de tutela de derechos fundamentales formulada por la sección sindical de UGT y concluye que la decisión empresarial en litigio vulneró el derecho de huelga, al ordenar unilateralmente unos determinados servicios mínimos sin haber solicitado a la autoridad gubernativa que acordara lo oportuno a tal respecto, y resultar además abusiva por desproporcionada, al obligar a trabajar durante la huelga a un 35% de la plantilla en cada uno de los centros de trabajo, y a un 55% de los trabajadores asignados a la actividad denominada ATV .

El Supremo desestima el recurso.

[Texto publicado] [Volver]

[Noticias] El Estado pagará hasta el 100% de las rehabilitaciones de vivienda a través del nuevo plan anticrisis
Una partida de 5.800 millones de euros del programa de recuperación subvencionará la eficiencia energética de los edificios (elpais.es) [Texto publicado] [Volver]

[Noticias] La madre manipula a la niña contra el padre: el falso abuso sexual que ha indignado a los jueces
Un tribunal ordena perseguir por denuncia falsa a una mujer y acuerda dar cuenta a los servicios sociales para que "evalúen la relación con su hija". (elespanol.com) [Texto publicado] [Volver]

[Noticias] Escrivá propone pagar hasta 12.000 euros por año de jubilación aplazada
(lavanguardia.com) [Texto publicado] [Volver]

[Noticias] 2.500 jueces españoles reclaman a la UE que actúe ante el riesgo de violación del Estado de derecho
(expansion.com) [Texto publicado] [Volver]

[Noticias] Hacienda fijará un tipo mínimo en Sociedades sin esperar a un acuerdo global
(cincodias.com) [Texto publicado] [Volver]

[Noticias] De becario a abogado júnior: así de difícil es conseguir trabajo en los grandes bufetes
(elconfidencial.com) [Texto publicado] [Volver]

[Noticias] Los funcionarios del Estado podrán teletrabajar tres días a la semana de manera voluntaria
El acuerdo, que afectará de manera potencial a 230.395 personas del servicio de ministerios, organismos autónomos y agencias estatales, ha sido firmado tras cinco meses de negociación. (publico.es) [Texto publicado] [Volver]

[Noticias] La crisis en Venezuela no es motivo para pedir asilo en España, sentencia el Supremo
El alto tribunal desestima el recurso de una mujer con dos hijos que alegó inseguridad en su barrio, molestias que causa la policía y desabastecimiento de comida y medicamentos (elconfidencialdigital.com) [Texto publicado] [Volver]

[Legislación] [BOE] Ley 3/2021, de 12 de abril, por la que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19.

La presente ley se estructura en cinco artículos, cuatro disposiciones adicionales y dos disposiciones finales.

En primer término, la ley busca establecer instrumentos tendentes a garantizar la aplicación efectiva de los servicios que resultan esenciales en las circunstancias actuales, al objeto de dar una respuesta adecuada a las necesidades de atención sanitaria y social, que concurren. No en vano, los hospitales, los ambulatorios y las residencias de personas mayores, entre otros, son centros llamados a prestar un servicio básico en un contexto de emergencia de salud pública y social, como el que atravesamos en la actualidad.

Así, esta ley prevé que, durante la vigencia del presente estado de alarma y sus posibles prórrogas, los centros, servicios y establecimientos sanitarios, como hospitales o ambulatorios, y los centros sociales de mayores, personas dependientes o personas con discapacidad, como residencias y centros de día, ya sean de titularidad pública o privada, o cualquiera que sea su régimen de gestión, que determinen el Ministerio de Sanidad o el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, como servicios esenciales, no puedan tramitar ERTE. Esta medida busca garantizar el compromiso de toda la sociedad, instituciones y organizaciones de este país con las personas más vulnerables, entre las que, sin duda, se encuentran las enfermas y las socialmente dependientes.

Del mismo modo, la presente ley viene a complementar y detallar algunas de las medidas previstas, en lo atinente a la tramitación de los ERTE, previstas en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, concretando el procedimiento de reconocimiento de la prestación contributiva por desempleo, para todas las personas afectadas por procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada basados en las causas previstas en los artículos 22 y 23 del mencionado real decreto-ley, así como a integrar otra serie de medidas, en el ámbito laboral, destinadas a paliar los efectos de la crisis del COVID-19, sobre las personas trabajadoras.

Tanto las empresas como los sectores económicos y la sociedad, en su conjunto, consideran que estamos ante un momento de enfriamiento de la actividad productiva acotado por la situación excepcional por la que atravesamos, con motivo de la crisis del COVID-19 y, por tanto, que esta situación va a tener una duración limitada y sujeta a un periodo de tiempo concreto.

Por esta razón, se establecieron medidas extraordinarias y excepcionales en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, con el objetivo de garantizar que los efectos de la crisis sanitaria no impidan el restablecimiento de la actividad empresarial y la salvaguarda del empleo. En este sentido, y no obstante la vigencia de las diversas causas de despido y extinción de los contratos previstas en la normativa laboral, el Gobierno reforzó los procedimientos de suspensión y reducción de jornada, agilizándolos y flexibilizándolos, con el objetivo de que las causas a las que se refieren los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, no sean utilizadas para introducir medidas traumáticas en relación al empleo, la extinción de los contratos de trabajo, sino medidas temporales, que son las que, en definitiva, mejor responden a una situación coyuntural como la actual.

Asimismo, se prevé, para el caso de las sociedades cooperativas que, cuando por falta de medios adecuados o suficientes, la Asamblea General de las mismas no pueda ser convocada para su celebración a través de medios virtuales, el Consejo Rector pueda asumir la competencia para aprobar la suspensión total o parcial de la prestación de trabajo de sus socias y socios y emitir la correspondiente certificación para su tramitación, en los términos previstos en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.

Por otra parte, la presente ley prevé mecanismos para paliar los efectos de esta crisis sanitaria en la contratación temporal, determinando que la paralización de la actividad económica, derivada de la situación del estado de alarma, declarada en todo el territorio nacional, y que impide continuar, en determinados casos, con la prestación de servicios, sea tenida en cuenta como un factor excepcional, a todos los efectos y, en particular, también en la contratación temporal.

Por ello, a través de esta ley se establece la interrupción del cómputo de la duración de los contratos que, ante dicha circunstancia, no pueden alcanzar el objeto para el que fueron suscritos. De esta forma, se consigue garantizar que los contratos temporales, incluidos los formativos, de relevo y de interinidad, puedan alcanzar su duración máxima efectiva, desplegando plenos efectos, en cuanto a prestación de servicios, la formación que llevan aparejada y la aportación a la actividad empresarial, durante el tiempo inicialmente previsto, de forma tal que la situación de emergencia generada por la crisis sanitaria del COVID-19 no prive a la empresa de su capacidad real para organizar sus recursos.

Asimismo, es del todo imprescindible, ofrecer una solución conjunta a las distintas eventualidades que, a nivel de tramitación, se están suscitando tanto para la entidad gestora de las prestaciones de desempleo, como para las autoridades laborales, con motivo del incremento de los expedientes de regulación temporal de empleo solicitados y comunicados por las empresas. En concreto, se pretende clarificar el límite temporal de las resoluciones tácitas recaídas en los expedientes de regulación temporal de empleo solicitados por fuerza mayor, en los que el silencio, que es positivo conforme a lo previsto en el artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, no puede suponer una duración máxima diferente que la aplicable a las resoluciones expresas, que se circunscriben a la vigencia del estado de alarma, conforme a lo previsto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, así como de sus posibles prórrogas.

Por otro lado, esta ley prevé medidas que permitan proporcionar un equilibrio entre los recursos del sector público y las necesidades de respuesta de empresas y personas trabajadoras afectadas por la grave situación de crisis sanitaria por la que atravesamos. Todo ello, sin olvidar, la necesidad de implementar todos los mecanismos de control y de sanción necesarios, con el fin de evitar el uso fraudulento de los recursos públicos para finalidades ajenas a las vinculadas con su naturaleza y objetivo.

De esta forma, se prevé que las solicitudes presentadas por la empresa que contuvieran falsedades o incorrecciones en los datos facilitados darán lugar a las sanciones correspondientes, siendo sancionable, igualmente, conforme a lo previsto en dicha norma, la conducta de la empresa consistente en solicitar medidas, en relación al empleo que no resultaran necesarias o no tuvieran conexión suficiente con la causa que las origina, siempre que den lugar a la generación o percepción de prestaciones indebidas.

De forma paralela, se establece el deber de colaboración de la entidad gestora de las prestaciones por desempleo con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, debiendo notificar, a tal efecto a esta última, los supuestos en los que apreciase indicios de fraude para la obtención de las prestaciones por desempleo.

Adicionalmente, se incluye una modificación del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, con el fin de determinar que las medidas extraordinarias en materia de cotizaciones y protección por desempleo previstas en los artículos 24 y 25 del mismo, serán de aplicación a los afectados por los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada comunicados, autorizados o iniciados, con anterioridad a la entrada en vigor de dicho real decreto-ley y siempre que deriven directamente del COVID-19.

Finalmente, la presente ley introduce una modificación del artículo 16 del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, relativo a la contratación, al objeto de ampliar la tramitación de emergencia para la contratación de todo tipo de bienes o servicios que precise la Administración General del Estado para la ejecución de cualesquiera medidas para hacer frente al COVID-19, previsto en el mismo, a todo el sector público. Asimismo, se prevé la posibilidad de que el libramiento de los fondos necesarios para hacer frente a los gastos que genera la adopción de medidas para la protección de la salud de las personas frente al COVID-19 pueda realizarse a justificar, si resultara necesario.

Por otra parte, dicho artículo también se modifica con la finalidad de completarlo y de hacer más efectiva la contratación, los libramientos de fondos, así como los pagos, en el ámbito de la Administración en el exterior para facilitar las medidas que se adopten por la misma frente al COVID-19. Todo ello, cumpliendo los requisitos formales previstos en este real decreto-ley.

Finalmente, también se excluye de la facturación electrónica las facturas emitidas por proveedores no nacionales radicados en el exterior que correspondan a expedientes de contratación. Todas estas medidas tratan de mejorar y hacer más eficaz la tramitación de la contratación por parte de la Administración en el exterior, facilitando el comercio exterior en un marco de circunstancias excepcionales que se están viviendo en la actualidad como consecuencia del COVID-19.

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[Legislación] [BOE] Ley 4/2021, de 12 de abril, por la que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19.
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[Legislación] [BOE] Ley 5/2021, de 12 de abril, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y otras normas financieras, en lo que respecta al fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas en las sociedades cotizadas.
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[Legislación] [BOE] Orden HAC/342/2021, de 12 de abril, por la que se aprueba el modelo 234 de "Declaración de información de determinados mecanismos transfronterizos de planificación fiscal", el modelo 235 de "Declaración de información de actualización de determinados mecanismos transfronterizos comercializables" y el modelo 236 de "Declaración de información de la utilización de determinados mecanismos transfronterizos de planificación fiscal".
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[Legislación] [BOE] Resolución de 8 de abril de 2021, del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueban los modelos de comunicaciones entre los intervinientes y partícipes en los mecanismos transfronterizos de planificación fiscal objeto de declaración.
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[Legislación] [DOCE] Revisado el DOUE de hoy, núm. 125, no encontramos disposiciones reseñables
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[Legislación] [DOCE] Revisado el DOUE de hoy, núm. 126, no encontramos disposiciones reseñables
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Este diario es una publicación distribuida por paraprofesionales.com y se dirige exclusivamente a sus suscriptores. Su reenvío a terceras personas distintas del destinatario requiere autorización expresa de paraprofesionales.com. No nos hacemos responsables de las decisiones tomadas con base en el contenido del presente diario. Las colaboraciones firmadas recogen la opiniones de sus autores.

Las sentencias publicadas han sido suministradas por el Centro de Documentación Judicial o por los Gabinetes de Prensa del CGPJ

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