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[BOE] Acuerdo entre el Reino de España, representado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), relativo a la realización de un proyecto de atención humanitaria a personas inmigrantes en el recurso «Las Canteras» en San Cristobal de la Laguna, Tenerife, hecho en Madrid el 8 de marzo de 2021. BOE 1 - 4 - 2021 [Más info] [Texto publicado]


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[BOE] Acuerdo sobre transporte aéreo entre el Reino de España y la República de Ruanda, hecho en Nairobi el 10 de diciembre de 2018. BOE 2 - 4 - 2021 [Más info] [Texto publicado]


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[BOE] Orden SND/312/2021, de 31 de marzo, por la que se prorroga por segunda vez la Orden SND/181/2021, de 2 de marzo, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben someterse las personas procedentes de países de riesgo, durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE 2 - 4 - 2021 [Más info] [Texto publicado]


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[BOE] Orden INT/316/2021, de 1 de abril, por la que se prorrogan los controles en la frontera interior terrestre con Portugal, restablecidos con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. BOE 3 - 4 - 2021 [Más info] [Texto publicado]


Legislación Autonómica

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[BOE] Ley [COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA] 5/2021, de 2 de febrero, de impulso demográfico de Galicia. BOE 1 - 4 - 2021 [Más info] [Texto publicado]


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[BOE] Ley [COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA] 7/2021, de 17 de febrero, de museos y otros centros museísticos de Galicia. BOE 1 - 4 - 2021 [Más info] [Texto publicado]


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[BOE] Ley [COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA] 8/2021, de 25 de febrero, de modificación de la Ley 8/2008, de 10 de julio, de salud de Galicia. BOE 2 - 4 - 2021 [Más info] [Texto publicado]


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[BOE] Ley [COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA] 9/2021, de 25 de febrero, de simplificación administrativa y de apoyo a la reactivación económica de Galicia. BOE 2 - 4 - 2021 [Más info] [Texto publicado]


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[BOE] Ley [COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA] 10/2021, de 9 de marzo, reguladora de la acción exterior y de la cooperación para el desarrollo de Galicia. BOE 2 - 4 - 2021 [Más info] [Texto publicado]


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[DOCE] Decreto-ley [COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS] 1/2021, de 28 de enero, por el que se adoptan medidas excepcionales para facilitar el pago de determinadas deudas tributarias. DOCE 5 - 4 - 2021 [Más info] [Texto publicado]



[Jurisprudencia] [TC] El TC estima parcialmente el amparo de una trabajadora a la que se le vulneraron sus derechos a la intimidad y el secreto de las comunicaciones producidos por la monitorización de su ordenador
La Sala Primera del Tribunal Constitucional ha estimado parcialmente el amparo de una trabajadora que fue despedida de su empresa tras constatar, a través de la monitorización de su ordenador, que dedicaba en torno a un 30 por ciento de su jornada laboral a cuestiones profesionales, empleando el 70 de la jornada restante a solventar asuntos relativas a su esfera personal.
La sentencia considera que la actuación de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva de la recurrente, pues, pese a que reconoce que se vulneraron los derechos a la intimidad y al secreto de las comunicaciones de la trabajadora, rechazó pronunciarse sobre la indemnización solicitada como consecuencia de dicha vulneración.
Por otra parte, el Tribunal Constitucional, descarta que la nulidad de la prueba obtenida con la violación del derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones de la trabajadora, deba llevar aparejada la calificación del despido como nulo, y considera, que no es contrario al derecho a la tutela judicial efectiva, la interpretación que del art. 55.5 del Estatuto de los Trabajadores realiza el Tribunal Superior de Justicia de Madrid al calificar el despido como improcedente, pese a la nulidad de la única prueba en la que se fundamentaba el despido.
El caso estudiado por el Tribunal es el siguiente:
La demandante de amparo trabajaba para una empresa dedicada a servicios relacionados con la tecnología. En abril de 2017, la empresa le comunicó la apertura de un expediente disciplinario por incumplimientos de la buena fe contractual y desobediencia a las indicaciones de sus superiores jerárquicos.
Para confirmar tales extremos, la empresa decidió poner en práctica el protocolo de monitorización del equipo informático de la trabajadora con el fin de determinar en qué empleaba su jornada laboral.
En mayo de 2017, la entidad mercantil le comunicó su despido disciplinario argumentando, entre otras cuestiones, que la empleada dedicaba el 70 por ciento de su jornada laboral a cuestiones personales y ajenas a su actividad profesional.
El Juzgado de lo Social número 19 de Madrid apreció que se habían vulnerado los derechos fundamentales a la intimidad y al secreto de las comunicaciones, declarando la nulidad del despido. La sentencia argumentó: “la monitorización del ordenador de la demandante ha permitido a la empresa conocer y grabar todo lo que apareciese en su pantalla, y se ha traducido en el conocimiento de mensajes de correo electrónico, ajenos a lo laboral y por tanto personales, que la actora remitió a familiares y a su asesora legal, como se desprende del contenido de la propia carta de despido”. Asimismo, fijó el pago de una indemnización como consecuencia de la lesión de sus derechos Recurrida la sentencia en suplicación, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirmó que la prueba obtenida con la monitorización del ordenador era ilícita por haberse obtenida con violación de los derechos fundamentales, pero calificó el despido como improcedente y, rechazando, por dicha razón pronunciarse sobre la indemnización que por vulneración de los derechos fundamentales se había concedido por el juzgado de lo social.
Ambas partes interpusieron recursos de casación para la unificación de doctrina que fueron inadmitidos por auto de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 24 de septiembre de 2019.
La sentencia de la Sala Primera señala que la resolución del TSJ de Madrid impugnada, no ha vulnerado los derechos de la trabajadora al calificar el despido como improcedente en lugar de nulo, pues “no puede proclamarse que entre la calificación del despido y la reconocida lesión extraprocesal de un derecho fundamental pueda afirmarse la existencia de una consecutividad lógica y jurídica. Dicho en otros términos, no existe un derecho fundamental a la calificación del despido laboral como nulo, por lo que la pretensión de la actora no puede tener sustento en una vulneración de los derechos reconocidos en el art.18.1 y 3 CE”. Por otra parte entiende que la argumentación del TSJ de Madrid, contraria a trazar una correlación entre la nulidad de la fuente de prueba y la nulidad del despido, no merece ser calificada de arbitraria o de manifiestamente irrazonable, por lo que descarta que la calificación del despido como improcedente lesione el derecho a la tutela judicial efectiva de la recurrente.
Finalmente la Sala Primera considera que se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) al desconocer el derecho a obtener de los jueces y tribunales una resolución motivada y fundada en derecho sobre el fondo de las pretensiones deducidas por las partes en el proceso. En efecto, “el argumento utilizado en la sentencia impugnada para denegar la indemnización consistente en afirmar que no ha existido vulneración de derechos fundamentales de la trabajadora, debe ser calificado de incongruente, ilógico y contradictorio, pues la propia sentencia reconoce, que se vulneraron los derechos de la trabajadora al monitorizar su ordenador”. Por tanto, “dicha incongruencia no puede salvarse con la referencia a que la vulneración no la haya ocasionado el acto mismo del despido y en consecuencia éste haya sido declarado improcedente, pues el art. 183.1 LRJS cuando dispone que la sentencia que declare la existencia de una vulneración de un derecho fundamental debe pronunciarse sobre la cuantía de la indemnización, no hace depender el reconocimiento de la indemnización de la calificación del despido, sino del reconocimiento de que la trabajadora ha sufrido discriminación u otra lesión de sus derechos fundamentales y libertades públicas, y ello con independencia de la calificación del despido”. En consecuencia, el Tribunal Constitucional anula la sentencia dictada por la Sección Cuarta de la Sala Social del TSJ de Madrid y acuerda la retroacción de las actuaciones al momento previo al dictado de la citada resolución para que, en congruencia con lo interesado en el recurso de suplicación en relación con la indemnización solicitada por la demandante, el órgano judicial resuelva de manera respetuosa con el derecho fundamental vulnerado.
La sentencia cuenta con el voto particular de la magistrada María Luisa Balaguer que muestra su disconformidad con la respuesta que la sentencia aprobada da a la primera queja de la demandante de amparo, que denuncia la vulneración del art. 24.1 CE, en relación con el art. 18.1 y 3 CE, por sostener que el despido debía considerarse nulo. La Magistrada disiente de la sentencia, pues entiende que no se trata de un simple problema de interpretación de la legalidad ordinaria, sino que tiene un alcance constitucional innegable, que habría requerido la aplicación del canon reforzado que tiene establecido este Tribunal para supuestos similares a éste, que exige una argumentación axiológica que sea respetuosa con el contenido de los derechos fundamentales en juego.
Señala el voto que, de acuerdo con dicho canon, la respuesta a la pretensión de la actora debería haber sido estimatoria, pues el despido se produce a partir de una patente y grave vulneración de los derechos fundamentales de la recurrente a la intimidad y al secreto de las comunicaciones, ya que su empresa monitorizó su ordenador para controlar su rendimiento laboral, sin informarle previamente de ello, y, a partir de esa actuación, procedió a su despido disciplinario. Ante ello, entiende el voto que la declaración de nulidad del despido era la solución que deriva de la interpretación del art. 55.5 ET más acorde con la efectividad de los derechos fundamentales afectados, y que es la consecuencia que preconiza para un supuesto como el que nos ocupa la STC 196/2004, de 15 de noviembre, de la que se aparta abiertamente la sentencia, sin seguir el trámite del art. 13 LOTC, a pesar de la rotundidad de las conclusiones de dicho pronunciamiento. Ni siquiera cabría aquí aplicar la doctrina de este Tribunal sobre los despidos pluricausales, ante la falta de acreditación de la concurrencia de otras circunstancias que permitieran proceder al despido disciplinario al margen de la que trae causa de la vulneración de los derechos fundamentales de la actora.
Por las razones expuestas, concluye la Magistrada que en este supuesto no hay más despido que el producido con vulneración de los derechos fundamentales de la recurrente, lo que debería haber determinado que este Tribunal estimara también el primer motivo de amparo. [Texto publicado] [Volver]

[Jurisprudencia] [TC] El TC declara que la administración ha vulnerado el derecho a la igualdad de una persona con "síndrome de Asperger" por sancionarle sin tomar en consideración sus circunstancias y su petición de ajustes razonables en el puesto de trabajo, incurriendo así en discriminación por razón de discapacidad
La Sala Primera del Tribunal Constitucional ha estimado el recurso de amparo de un letrado de la administración de justicia con síndrome de Asperger, que fue sancionado por "incumplimiento reiterado de las funciones inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas”. Tras un intento fallido de jubilación por incapacidad permanente del recurrente en amparo, instada de oficio, la Administración inició un procedimiento disciplinario, en el curso del cual el recurrente reveló padecer síndrome de Asperger, argumentando que las deficiencias que se le imputaban en el ejercicio de sus funciones se debían a que su discapacidad dificultaba su desempeño, solicitando por ello ajustes razonables en su puesto de trabajo conforme a la normativa sobre los derechos de las personas con discapacidad. La Administración no dio respuesta razonable ni suficiente a dicha alegación, ni a la petición de ajustes razonables.
La sentencia, de la que ha sido ponente la Magistrada María Luisa Balaguer Callejón, estima la pretensión de amparo, reconociendo la lesión de los arts. 14, 24.2 y 25.1 de la Constitución.
Se declara por vez primera que el derecho a no ser discriminado por razón de discapacidad comprende el derecho a los ajustes razonables en el puesto de trabajo cuando estos no impongan una carga desproporcionada o indebida al empleador. Además se sostiene que si el empleador incumple ese deber, ello priva “de legitimidad la adopción de medidas como el despido o la adopción de medidas disciplinarias motivadas en posibles insuficiencias en el desempeño de sus funciones”. De manera que “Cuando una persona solicita en su empleo ajustes razonables por razón de su discapacidad su petición debe ser objeto de consideración desde el momento en que se solicite y se acredite – conforme a la normativa aplicable- el alcance de la discapacidad. La respuesta del empleador debe ser expresa y estar debidamente motivada; en particular cuando deniegue los ajustes solicitados por considerarlos desproporcionados o indebidos, ya que de lo contrario incurrirá en una denegación tácita carente de la debida justificación que vulnera dicho derecho”.
El Tribunal pone de relieve que resulta particularmente importante que el empleador respete el derecho a los ajustes razonables en el caso las personas con discapacidad mental, por causas psíquicas, intelectuales o cognitivas, al tratarse de formas de discapacidad que todavía siguen rodeadas de mitos, miedos y estereotipos que hacen que quienes las padecen sean especialmente vulnerables.
La sentencia concluye que el recurrente aportó en el procedimiento sancionador un panorama indiciario suficiente de discriminación por razón de la discapacidad, de manera que recaía en la Administración la carga de desvirtuar, en el marco de dicho procedimiento, cualquier duda fundada sobre la existencia de discriminación, aportando prueba de que la sanción del demandante de amparo tuvo causas reales absolutamente extrañas a la pretendida vulneración de derechos fundamentales. Al no haberlo hecho así, la Administración vulnera el derecho de presunción de inocencia (art. 24.2 CE), el principio de culpabilidad (art. 25.1 CE) y la interdicción de discriminación por razón de discapacidad.
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[Jurisprudencia] [TS][Civil] Daños causados en inmueble colindante por demolición ordenada por un Ayuntamiento.

Es objeto del proceso, la demanda que es formulada por D.ª Delia, en su condición de propietaria de la casa sita en la CALLE000 n.º NUM000 de la localidad de Letux (Zaragoza), contra los dueños del edificio colindante, ubicado en el n.º NUM001 de dicha calle, D. Avelino, D.ª Loreto y D.ª Rosaura, en reclamación de los daños y perjuicios sufridos por la demolición de este inmueble, que se encontraba en estado ruinoso y se había abordado sin licencia, proyecto, ni dirección técnica por parte de arquitecto o aparejador. El importe reclamado por tales conceptos se fijó en la suma de 6.405,15 euros, más la cantidad que se deba satisfacer al ayuntamiento por la licencia para ejecutar las obras de reparación, cuantía que se concretará en ejecución de sentencia.

El inmueble de la actora es una vivienda unifamiliar, entre medianeras, de utilización secundaria, compuesta por tres plantas sobre rasante, con una superficie de 88,00 m2 construidos sobre parcela de 54 m2. Tiene una antigüedad, según catastro, de 128 años. Se trata de una edificación de construcción sencilla formada por muros de carga y forjados de vigas de madera, calidad de acabados media-baja, con reformas puntuales.

El conocimiento de la demanda correspondió al Juzgado de Primera Instancia n.º 4 de Zaragoza, que tramitó procedimiento ordinario 860/2019, que finalizó por sentencia que declaró la responsabilidad de los demandados al amparo del art. 1902 del CC por los daños sufridos.

Contra dicha resolución se interpuso por la demandante el correspondiente recurso de apelación, cuyo conocimiento correspondió a la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Zaragoza que desestimó el recurso.

El Supremo estima parcialmente el recurso.

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[Jurisprudencia] [TS][Mercantil] Concursal. Contratos de tracto sucesivo (suministro de energía). Efectos del cumplimiento forzoso sobre el crédito preconcursal aun existiendo causa de resolución.

1.- En el periodo de tiempo en que se desarrollaron los hechos, Endesa Energía, S.A.U. (en adelante Endesa) tenía suscrito un contrato por el que se obligaba a suministrar energía eléctrica a Clínica Extremeña de Salud, S.L. (en adelante Clínica de Salud).

2.- Declarado el concurso voluntario de Clínica de Salud, en el momento de la declaración adeudaba a Endesa 282.311,50 euros por suministros.

3.- A consecuencia del impago de la expresada cantidad, así como de suministros posteriores a la declaración de concurso, el 31 de marzo de 2016 Endesa presentó demanda incidental en la que solicitaba la resolución del contrato de suministro con la concursada. Subsidiariamente, en caso de no estimarse la resolución del contrato, solicitó la condena al pago de la totalidad del crédito, generado antes y después del concurso, con cargo a la masa. En concreto, se solicitó la condena al pago y el reconocimiento como crédito contra la masa respecto de la cantidad de 591.405,63 euros, al sumar a la cantidad adeudada con anterioridad a la declaración del concurso otros 309.094,13 euros de generación postconcursal por suministros vencidos entre el 24 de febrero de 2015 y el 21 de abril de 2016.

4.- El incidente concursal finalizó por sentencia del juzgado de lo mercantil de 4 de octubre de 2016 que estimó parcialmente las pretensiones de la actora.

5.- Recurrida la sentencia del juzgado por Endesa e impugnada por Clínica de Salud, la Audiencia Provincial desestimó tanto la impugnación como la apelación, y confirmó la sentencia.

El Supremo estima parcialmente el rercurso.

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La Audiencia de Alicante fija una indemnización de 145.000 euros a favor de la víctima por las graves secuelas que padece (poderjudicial.es) [Texto publicado] [Volver]

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Las 87 afectadas fueron grabadas mientras orinaban en la calle durante las fiestas de A Maruxaina (Cervo) en 2019 y los vídeos se subieron a una página de contenido sexual. El juez ha sobreseído el caso por ser en la vía pública. (elespanol.com) [Texto publicado] [Volver]

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