[J]

[TS][Civil] Pérdida de la nacionalidad. Artículo 24.3 CC. Reiteración de doctrina. La solicitud de la renovación de pasaporte realizada en el Consulado de España, antes de que transcurra el plazo de tres años desde la mayoría de edad del interesado, debe ser considerada como declaración de voluntad de querer conservar la nacionalidad española. [Más info] [Texto publicado]


[J]

[TS][Penal] Apropiación indebida. [Más info] [Texto publicado]


[J]

[TS][Contencioso-Advo] Cancelación de datos inscritos en el Registro Central de Delincuentes Sexuales [Más info] [Texto publicado]


[J]

[TS][Social] Despido improcedente. Opción de la empresa por la indemnización. Debe manifestarse de manera expresa. El ingreso de la indemnización en la cuenta de consignaciones no supone el ejercicio de tal opción. [Más info] [Texto publicado]


[N]

El TSJM rechaza una querella de Arriaga Asociados contra siete jueces de la Audiencia Provincial y multa al bufete por mala fe [Más info] [Texto publicado]


[N]

El Tribunal Supremo fija que poner la pegatina de la ITV en un coche que no ha superado la inspección técnica es delito [Más info] [Texto publicado]


[N]

El Tribunal Supremo confirma la nulidad de la expulsión de cuatro afiliados de Podemos en Álava tras romper la disciplina de voto en las Juntas Generales [Más info] [Texto publicado]


[N]

El enredo jurídico pone en jaque la gestión del brote de Lleida [Más info] [Texto publicado]


[N]

Grandes empresas catalanas vuelven a Fase 0 por el Covid y envían a casa a sus empleados [Más info] [Texto publicado]


[N]

La alambicada causa del rey emérito [Más info] [Texto publicado]


[N]

Se abrirán oficinas de Justicia en los pueblos para evitar desplazamientos a sedes judiciales [Más info] [Texto publicado]


[N]

Dos de cada tres bufetes ha bajado sueldos y la mitad ha congelado contrataciones [Más info] [Texto publicado]


[N]

El Supremo amplía la factura de Hacienda con fondos internacionales por dividendos [Más info] [Texto publicado]


[N]

Movimientos entre los vocales progresistas del CGPJ para entorpecer los nombramientos en el Supremo [Más info] [Texto publicado]


Legislación Estatal

Normas más importantes publicadas en los últimos días [Más info]
Acceso a los Boletines Oficiales [aquí]


[L]

[BOE] Resolución de 8 de julio de 2020, de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública, por la que se establecen nuevos modelos de títulos administrativos y hojas de servicio en formato electrónico del personal incluido en el ámbito del Registro Central de Personal. BOE 14 - 7 - 2020 [Más info] [Texto publicado]


[L]

[BOE] Sentencia de 10 de marzo de 2020, de la Sala Tercera, Sección Tercera, del Tribunal Supremo, que estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo 1/279/2018, interpuesto por el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales y el Colegio Nacional de Ingenieros procedentes del Instituto Católico de Artes e Industrias (I.C.A.I.), contra el Real Decreto 132/2018, de 16 de marzo, por el que se aprueban los Estatutos Generales de los Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Industriales y Peritos Industriales de España y de su Consejo General. BOE 14 - 7 - 2020 [Más info] [Texto publicado]


Legislación Comunitaria

[L]

[DOCE] Revisado el DOUE de hoy, no encontramos disposiciones reseñables DOCE 14 - 7 - 2020 [Más info] [Texto publicado]



[Jurisprudencia] [TS][Civil] Pérdida de la nacionalidad. Artículo 24.3 CC. Reiteración de doctrina. La solicitud de la renovación de pasaporte realizada en el Consulado de España, antes de que transcurra el plazo de tres años desde la mayoría de edad del interesado, debe ser considerada como declaración de voluntad de querer conservar la nacionalidad española.

Es objeto del recurso de casación si la solicitud de la renovación de pasaporte realizada en el Consulado de España, antes de que transcurra el plazo de tres años desde la mayoría de edad del interesado, debe ser considerada como declaración de voluntad de querer conservar la nacionalidad española a los efectos de no perder la nacionalidad, de acuerdo con el art. 24.3 CC.

El juzgado ha entendido que sí, con la consecuencia de que la demandante no habría perdido la nacionalidad española. La Audiencia, por el contrario, confirmando la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado, ha entendido que la declaración de voluntad de conservar la nacionalidad debe ser expresa. Recurre en casación el demandante.

El Supremo estima el recurso y repone la solución de primera instancia.

[Texto publicado] [Volver]

[Jurisprudencia] [TS][Penal] Apropiación indebida.
Animus rem sibi habendi. Imposibilidad del abogado o procurador de retener las sumas que haya podido recibir en nombre del cliente y a las que no se tiene derecho, con pretexto de liquidarse los honorarios profesionales y por voluntad unilateral del profesional. Inexistencia de derecho de retención por la prestación de sus servicios profesionales, e imposibilidad de aplicar los fondos por un acto unilateral de propia autoridad a satisfacer la minuta o el arancel que consideren que les deben ser abonados. [Texto publicado] [Volver]

[Jurisprudencia] [TS][Contencioso-Advo] Cancelación de datos inscritos en el Registro Central de Delincuentes Sexuales

En el escrito de interposición del recurso se denuncia, en primer lugar, la vulneración de los principios de reserva de ley, con infracción de los arts. 18.4, 53.1 y 105.b) de la Constitución, alegando que el RD 1110/2015 regula, sin la necesaria cobertura legal, una durísima medida restrictiva del derecho fundamental a la intimidad y a la protección de sus datos personales, por la forma y tiempo que se mantiene la inclusión de los datos en dicho Registro, con el efecto de imposibilitar el acceso a determinadas profesiones, funciones o cargos. Entiende que el principio de reserva de ley del art. 53.1 CE no admite la delegación por el legislador en el ejecutivo el establecimiento de las condiciones de admisibilidad y requisitos de ejecución de las injerencias estatales en el ámbito de tutela constitucional, a través de la deslegalización. Que el art. 18.1 CE tampoco consiente la deslegalización de la normativa de creación del registro destinado a albergar la identificación y otra información sobre personas condenadas por ciertos delitos, dejando a criterio del Ejecutivo factores tan importantes como el temporal, del que depende la posibilidad de ejercer cualquier profesión o actividad con contacto con menores. Señala que la insuficiencia legal de la DA 17ª de la Ley 26/2015 no se satisface con la referencia a la LO 1/1996 o la Directiva correspondiente. Añade la infracción del art. 105.b) CE en cuanto a la reserva de ley sobre el acceso - en este caso certificación negativa- a la información de los registros.

En segundo lugar denuncia la infracción del principio de proporcionalidad, arts. 1.1, 10.1, 18.4 y 25.1.CE, considerando que el régimen de inscripción registral establecido en el RD 1110/20015 resulta inapropiado por su extensión subjetiva por el elenco de delitos que establece y en especial por la desmesura del plazo de duración de la inscripción; que se infringe el principio de necesidad en cuanto son posibles alternativas menos gravosas, como las medidas de vigilancia de las personas registradas; y que se infringe el principio de proporcionalidad porque el interés estatal no es preponderante respecto de los derechos e intereses individuales sacrificados por la medida.

En tercer lugar se denuncia la infracción del principio de reinserción, art. 25 CE, considerando que la medida impuesta sobre el ejercicio de profesiones y actividades relacionadas con menores tiene carácter punitivo, y la duración de la misma, prácticamente de por vida, vulnera el principio de reinserción.

Finalmente se alega la vulneración del principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras y restrictivas de derechos individuales, arts. 9.3 y 25.1 CE, partiendo de su criterio sobre la naturaleza punitiva de la inclusión de los datos en el RCDS.

El Supremo desestima el recurso.

[Texto publicado] [Volver]

[Jurisprudencia] [TS][Social] Despido improcedente. Opción de la empresa por la indemnización. Debe manifestarse de manera expresa. El ingreso de la indemnización en la cuenta de consignaciones no supone el ejercicio de tal opción.

La cuestión a resolver es la de determinar si el ingreso en la cuenta de consignaciones del juzgado de la suma correspondiente a la indemnización en caso de despido improcedente, puede considerarse como opción tácita de la empresa por la resolución indemnizada de la relación laboral, cuando no ha manifestado expresamente por escrito o mediante comparecencia su voluntad de optar por el pago de la indemnización.

El Supremo estima el recurso del trabajador.

[Texto publicado] [Volver]

[Noticias] El TSJM rechaza una querella de Arriaga Asociados contra siete jueces de la Audiencia Provincial y multa al bufete por mala fe
Condena al despacho de abogados a pagar 6.000 euros al estimar que su actuación ha conculcado las reglas de la buena fe procesal e incurrido en un manifiesto abuso de derecho. (poderjudicial.es) [Texto publicado] [Volver]

[Noticias] El Tribunal Supremo fija que poner la pegatina de la ITV en un coche que no ha superado la inspección técnica es delito
El Supremo responde afirmativamente a la cuestión jurídica planteada, que recuerda en su sentencia que había sido resuelta de forma contradictoria por distintas audiencias provinciales (poderjudicial.es) [Texto publicado] [Volver]

[Noticias] El Tribunal Supremo confirma la nulidad de la expulsión de cuatro afiliados de Podemos en Álava tras romper la disciplina de voto en las Juntas Generales
Los demandantes, en desacuerdo con la decisión del partido de abstenerse en la votación de los presupuestos forales presentados por el PNV, votaron en contra y convocaron una rueda de prensa en la que criticaron la postura adoptada por el sector oficial del partido (poderjudicial.es) [Texto publicado] [Volver]

[Noticias] El enredo jurídico pone en jaque la gestión del brote de Lleida
Torra aprueba un decreto ley para sortear la negativa de la justicia al confinamiento domiciliario. Los sanitarios urgen medidas de control contundentes contra el virus (elpais.es) [Texto publicado] [Volver]

[Noticias] Grandes empresas catalanas vuelven a Fase 0 por el Covid y envían a casa a sus empleados
GMV ha decidido cerrar provisionalmente sus oficinas en Hospitalet por los brotes de coronavirus. (elespanol.com) [Texto publicado] [Volver]

[Noticias] La alambicada causa del rey emérito
La inviolabilidad, las prescripciones y la dificultad en encontrar los indicios ralentizan la investigación respecto de Juan Carlos I (lavanguardia.com) [Texto publicado] [Volver]

[Noticias] Se abrirán oficinas de Justicia en los pueblos para evitar desplazamientos a sedes judiciales
(expansion.com) [Texto publicado] [Volver]

[Noticias] Dos de cada tres bufetes ha bajado sueldos y la mitad ha congelado contrataciones
La mayoría ha recortado las retribuciones entre un 5 y un 15% (cincodias.com) [Texto publicado] [Volver]

[Noticias] El Supremo amplía la factura de Hacienda con fondos internacionales por dividendos
Falla en dos recursos de casación a favor de Vanguard. En los últimos años, ha dado la razón a los grandes fondos que han reclamado por pagar impuestos de más (elconfidencial.com) [Texto publicado] [Volver]

[Noticias] Movimientos entre los vocales progresistas del CGPJ para entorpecer los nombramientos en el Supremo
Consideran que el actual órgano de los jueces no debe decidir sobre estas plazas porque su mandato expiró hace año y medio (elconfidencialdigital.com) [Texto publicado] [Volver]

[Legislación] [BOE] Resolución de 8 de julio de 2020, de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública, por la que se establecen nuevos modelos de títulos administrativos y hojas de servicio en formato electrónico del personal incluido en el ámbito del Registro Central de Personal.
[Texto publicado] [Volver]

[Legislación] [BOE] Sentencia de 10 de marzo de 2020, de la Sala Tercera, Sección Tercera, del Tribunal Supremo, que estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo 1/279/2018, interpuesto por el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales y el Colegio Nacional de Ingenieros procedentes del Instituto Católico de Artes e Industrias (I.C.A.I.), contra el Real Decreto 132/2018, de 16 de marzo, por el que se aprueban los Estatutos Generales de los Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Industriales y Peritos Industriales de España y de su Consejo General.
[Texto publicado] [Volver]

[Legislación] [DOCE] Revisado el DOUE de hoy, no encontramos disposiciones reseñables
[Texto publicado] [Volver]


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Las e-fuentes consultadas: Legislación: DOCE, BOE, Boletín Oficial de las Cortes Generales (BOCG). Jurisprudencia: TC, TS, TJCE y TEDH. Noticias: europa press, EFE, EL PAÍS, EL MUNDO, ABC, LA RAZÓN, LA VANGUARDIA, EXPANSIÓN, a3n.tv, libertaddigital.com, 20minutos.es, 5dias.com, cope.es, vnet.es, diariodirecto.com

Documentación oficial: Presidencia del Gobierno, Ministerio de Hacienda-Agencia Tributaria, Ministerio de Trabajo-Seguridad Social, Ministerio de Justicia y CGPJ. Documentación corporativa: Consejo General de la Abogacía-Colegio de Abogados de Madrid, Consejo General del Notariado, Colegio de Registradores, Consejo General de Procuradores-Colegio de Madrid, Asociaciones judiciales (APM, JpD, Fco. Vitoria), Confederación Española de Organizaciones Empresariales CEOE, Instituto de la Empresa Familiar, Unión General de los Trabajadores UGT, Comisiones Obreras CCOO, Asociación Española de Usuarios de Internet (AUI), Asociación de Internautas, Sociedad General de Autores y Editores (SGAE).

Este diario es una publicación distribuida por paraprofesionales.com y se dirige exclusivamente a sus suscriptores. Su reenvío a terceras personas distintas del destinatario requiere autorización expresa de paraprofesionales.com. No nos hacemos responsables de las decisiones tomadas con base en el contenido del presente diario. Las colaboraciones firmadas recogen la opiniones de sus autores.

Las sentencias publicadas han sido suministradas por el Centro de Documentación Judicial o por los Gabinetes de Prensa del CGPJ

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