[J]

[TJUE] Los pasajeros que tienen derecho a reclamar al organizador de su viaje el reembolso de sus billetes de avión no pueden reclamar también el reembolso al transportista aéreo.
Dicha acumulación conllevaría sobreproteger injustificadamente a los pasajeros en perjuicio del transportista aéreo [Más info] [Texto publicado]


[J]

[TJUE] La regla establecida a efectos del cómputo de la duración mínima de la actividad en el Gran Ducado de Luxemburgo que este Estado miembro exige para asignar una ayuda económica a los estudiantes no residentes, hijos de trabajadores fronterizos, es contraria al Derecho de la Unión.
Computar una duración mínima de cinco años dentro de un período de referencia de siete años no permite apreciar cabalmente la existencia de un posible vínculo de conexión con el mercado laboral luxemburgués [Más info] [Texto publicado]


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[TJUE] Vuelos con conexión directa con salida de un Estado miembro y con destino a un tercer Estado con escala en otro tercer Estado y que hayan sido objeto de una única reserva: el transportista aéreo que haya operado el primer vuelo está obligado a compensar a los pasajeros que hayan sufrido un gran retraso en la llegada del segundo vuelo operado por un transportista aéreo no comunitario [Más info] [Texto publicado]


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[TJUE] Una plataforma de comercio electrónico como Amazon no está obligada en todos los casos a poner a disposición del consumidor un número de teléfono antes de la celebración de un contrato.
Sin embargo, ha de poner a su disposición un medio de comunicación que le permita ponerse en contacto rápidamente y de comunicarse con ella de forma eficaz [Más info] [Texto publicado]


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El Tribunal Supremo destaca la gravedad en los casos de malos tratos del “silencio cómplice” del entorno de la víctima y el “acoso cómplice” del entorno del agresor [Más info] [Texto publicado]


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El Tribunal Supremo determina la responsabilidad de Bankia por facilitar información imprecisa en el canje de preferentes por acciones [Más info] [Texto publicado]


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El TSJ de Extremadura resuelve que usar típex en un examen no da ventaja al opositor [Más info] [Texto publicado]


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La mujer que llevó a juicio el primer caso de bebés robados en España encuentra a su familia [Más info] [Texto publicado]


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La Fiscalía de EEUU pide cadena perpetua más 30 años de prisión para El Chapo Guzmán [Más info] [Texto publicado]


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Madrid estudia un cheque vivienda de 150 euros para menores de 35 años [Más info] [Texto publicado]


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La responsabilidad de empleados y sindicatos en el control ético de la inteligencia artificial [Más info] [Texto publicado]


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Tasa de 200 euros para los bancos por cada reclamación que reciban [Más info] [Texto publicado]


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Piden 42 años de inhabilitación para el juez que requisó los móviles de periodistas [Más info] [Texto publicado]


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El Supremo abre la puerta a modificar el régimen de gananciales incluso tras un divorcio [Más info] [Texto publicado]


Legislación Estatal

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[BOE] Revisado el BOE de hoy, no encontramos disposiciones reseñables BOE 11 - 7 - 2019 [Más info] [Texto publicado]


Legislación Comunitaria

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[DOCE] Acuerdo entre la Unión Europea y el Principado de Liechtenstein para la aplicación de determinadas disposiciones de la Decisión 2008/615/JAI del Consejo sobre la profundización de la cooperación transfronteriza, en particular en materia de lucha contra el terrorismo y la delincuencia transfronteriza, de la Decisión 2008/616/JAI del Consejo relativa a la ejecución de la Decisión 2008/615/JAI sobre la profundización de la cooperación transfronteriza, en particular en materia de lucha contra el terrorismo y la delincuencia transfronteriza, y de su anexo, y de la Decisión Marco 2009/905/JAI del Consejo sobre acreditación de prestadores de servicios forenses que llevan a cabo actividades de laboratorio DOCE 10 - 7 - 2019 [Más info] [Texto publicado]


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[DOCE] Decisión (UE) 2019/1182 de la Comisión, de 3 de julio de 2019, sobre la propuesta de iniciativa ciudadana denominada «Derecho de la UE, derechos de las minorías y democratización de las instituciones españolas» [notificada con el número C(2019) 4972] DOCE 11 - 7 - 2019 [Más info] [Texto publicado]


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[DOCE] Reglamento (UE) 2019/1150 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre el fomento de la equidad y la transparencia para los usuarios profesionales de servicios de intermediación en línea (Texto pertinente a efectos del EEE) DOCE 11 - 7 - 2019 [Más info] [Texto publicado]


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[DOCE] Directiva (UE) 2019/1151 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 en lo que respecta a la utilización de herramientas y procesos digitales en el ámbito del Derecho de sociedades (Texto pertinente a efectos del EEE) DOCE 11 - 7 - 2019 [Más info] [Texto publicado]


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[DOCE] Directiva (UE) 2019/1152 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a unas condiciones laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea DOCE 11 - 7 - 2019 [Más info] [Texto publicado]


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[DOCE] Directiva (UE) 2019/1153 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, por la que se establecen normas destinadas a facilitar el uso de información financiera y de otro tipo para la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales y por la que se deroga la Decisión 2000/642/JAI del Consejo DOCE 11 - 7 - 2019 [Más info] [Texto publicado]



[Jurisprudencia] [TJUE] Los pasajeros que tienen derecho a reclamar al organizador de su viaje el reembolso de sus billetes de avión no pueden reclamar también el reembolso al transportista aéreo.
Dicha acumulación conllevaría sobreproteger injustificadamente a los pasajeros en perjuicio del transportista aéreo

El 19 de marzo de 2015 tres personas reservaron vuelos de ida y vuelta entre Eelde (Países Bajos) y Corfú (Grecia) con Hellas Travel, agencia de viajes con domicilio social en los Países Bajos. Estos vuelos formaban parte de un «viaje combinado» cuyo precio se pagó a Hellas Travel.
Los vuelos debía operarlos Aegean Airlines, sociedad con domicilio social en Grecia, que había celebrado a dicho efecto un acuerdo con G.S. Charter Aviation Services, sociedad domiciliada en Chipre: Aegean Airlines ponía a disposición de G.S. Charter Aviation Services un determinado número de plazas por un precio de flete. A continuación, G.S. Charter Aviation Services revendió esas plazas a terceros, entre ellos, a Hellas Travel.
Sin embargo, algunos días antes de la fecha de salida convenida, Hellas Travel anunció a los tres viajeros la cancelación de su viaje. En efecto, debido a la imposibilidad de obtener el precio acordado previamente con Hellas Travel, Aegean Airlines había decidido dejar de realizar vuelos con destino a Corfú o procedentes de esa isla. El 3 de agosto de 2016 Hellas Travel fue declarada en quiebra. No reembolsó a los tres viajeros el precio de sus billetes de avión.
Los viajeros ejercitaron una acción ante el Rechtbank Noord-Nederland (Tribunal de Primera Instancia de los Países Bajos Septentrionales, Países Bajos) que condenó a Aegean Airlines a pagarles una compensación a tanto alzado por la cancelación de su vuelo, de conformidad con el Reglamento sobre los derechos de los pasajeros aéreos. 
En cambio, el referido Tribunal no se pronunció sobre la pretensión relativa al reembolso de los billetes de avión. El tribunal nacional pregunta sobre este extremo al Tribunal de Justicia. Pretende que se dilucide si un pasajero que, en virtud de la Directiva sobre los viajes combinados,  tiene derecho a reclamar al organizador de su viaje el reembolso de su billete de avión, deja de estar facultado para reclamar el reembolso de ese billete al transportista aéreo sobre la base del Reglamento sobre los derechos de los pasajeros aéreos.
En su sentencia dictada hoy, el Tribunal de Justicia subraya que la mera existencia de un derecho a reembolso, derivado de la Directiva sobre los viajes combinados, basta para excluir que un pasajero, cuyo vuelo forme parte de un viaje combinado, pueda reclamar al transportista aéreo efectivo el reembolso de su billete en virtud del Reglamento sobre los derechos de los pasajeros aéreos.
El Tribunal de Justicia considera, en efecto, que, si bien el legislador de la Unión no pretendió excluir totalmente del ámbito de aplicación del Reglamento sobre los derechos de los pasajeros aéreos a los pasajeros cuyo vuelo forme parte de un viaje combinado, optó por mantener respecto de ellos los efectos del sistema previamente instaurado por la Directiva sobre los viajes combinados, que se consideró suficientemente protector.
Por lo tanto, no son acumulables los derechos al reembolso del billete con arreglo al Reglamento y a la Directiva. Dicha acumulación conlleva sobreproteger injustificadamente al pasajero de que se trate en perjuicio del transportista aéreo efectivo, el cual se expone de hecho al riesgo de tener que asumir parcialmente la responsabilidad que incumbe al organizador de viajes.
Esta conclusión se impone también en el supuesto de que el organizador de viajes no esté en condiciones económicas de reembolsar el billete y tampoco haya adoptado ninguna medida para garantizar dicho reembolso. En este contexto, el Tribunal de Justicia subraya que la Directiva establece, en particular, que el organizador de viajes ha de facilitar garantías suficientes para asegurar que los fondos depositados se reembolsarán en caso de insolvencia o de quiebra. Además, el Tribunal de Justicia recuerda su jurisprudencia conforme a la cual una normativa nacional sólo adapta correctamente el ordenamiento jurídico interno a las obligaciones de la Directiva si garantiza efectivamente a los pasajeros la devolución de todos los fondos que hayan depositado en caso de insolvencia del organizador de viajes. En su defecto, el viajero afectado puede ejercitar, en todo caso, una acción de responsabilidad contra el Estado miembro de que se trate por los daños sufridos debido a la violación del Derecho de la Unión.


Reglamento (CE) n.º 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.º 295/91 (DO 2004, L 46, p. 1).

Directiva 90/314/CEE del Consejo, de 13 de junio de 1990, relativa a los viajes combinados, las vacaciones combinadas y los circuitos combinados (DO 1990, L 158, p. 59).

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[Jurisprudencia] [TJUE] La regla establecida a efectos del cómputo de la duración mínima de la actividad en el Gran Ducado de Luxemburgo que este Estado miembro exige para asignar una ayuda económica a los estudiantes no residentes, hijos de trabajadores fronterizos, es contraria al Derecho de la Unión.
Computar una duración mínima de cinco años dentro de un período de referencia de siete años no permite apreciar cabalmente la existencia de un posible vínculo de conexión con el mercado laboral luxemburgués

El Sr. Nicolas A. vive en Francia con su padre, el Sr. Bruno A. , en una localidad cercana a la frontera franco-luxemburguesa. El Sr. Bruno A. , trabajador fronterizo, ejerció una actividad por cuenta ajena en Luxemburgo de octubre de 1991 a septiembre de 2014 con, entre otras, una interrupción entre enero de 2008 y diciembre de 2012.
El Sr. Nicolas A. solicitó, como estudiante no residente en Luxemburgo, una ayuda económica del Estado luxemburgués para realizar sus estudios superiores en Estrasburgo (Francia) durante el semestre de invierno del curso universitario 2014/2015. En la fecha de solicitud de la ayuda económica, el Sr. Bruno A. había sido contribuyente en Luxemburgo y había cotizado en el régimen de seguridad social de dicho Estado durante más de 17 años.
Mediante resolución de 5 de noviembre de 2014, el ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (Ministro de Enseñanza Superior e Investigación luxemburgués) denegó la referida solicitud de ayuda económica basándose en que se incumplía el requisito de la duración mínima del trabajo prestado dentro del período de referencia establecido en la Ley luxemburguesa relativa a la ayuda económica del Estado para estudios superiores. En efecto, en la fecha en que se presentó la solicitud de la ayuda económica para estudios superiores –el 29 de septiembre de 2014– el Sr. Bruno A. no había trabajado en Luxemburgo durante cinco años dentro del período de referencia de los siete años anteriores a la solicitud.
El Sr. Nicolas A. interpuso un recurso ante el Tribunal administratif (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Luxemburgo) contra la resolución del Ministro. El órgano jurisdiccional luxemburgués pregunta al Tribunal de Justicia si el requisito relativo a que el solicitante deba ser hijo de un trabajador que, en la fecha de la solicitud de ayuda económica, ha estado empleado o ha ejercido su actividad en Luxemburgo durante al menos cinco años dentro del período de referencia de siete años es necesario para alcanzar el objetivo reivindicado por el legislador luxemburgués de contribuir a incrementar la proporción de personas que poseen un título de enseñanza superior.
En su sentencia dictada hoy, el Tribunal de Justicia indica que el asunto es la continuación de otros dos asuntos que conciernen al Estado luxemburgués,  y que suscita la cuestión de la compatibilidad de la legislación luxemburguesa con el principio de igualdad de trato enunciado en el artículo 45 TFUE y con las normas relativas a la libre circulación de trabajadores y de los miembros de su familia dentro de la Unión. 
A continuación, recuerda que el principio de igualdad de trato prohíbe no solamente las discriminaciones directas, por razón de la nacionalidad, sino también cualquier forma de discriminación indirecta que, en virtud de otros criterios diferenciadores, conduzca en la práctica al mismo resultado.
El Tribunal de Justicia destaca que la legislación luxemburguesa contiene una diferenciación por razón de la residencia que puede redundar en perjuicio de los nacionales de otros Estados miembros, en la medida en que los no residentes son casi siempre no nacionales, y que tal diferenciación constituye una discriminación indirecta basada en la nacionalidad que sólo puede admitirse si está justificada objetivamente, es decir, si es adecuada para garantizar la consecución de un objetivo legítimo y no va más allá de lo necesario para alcanzar éste.
El objetivo invocado por la ley luxemburguesa consistente en aumentar significativamente el porcentaje de residentes en Luxemburgo que poseen un título de enseñanza superior constituye un objetivo legítimo que puede justificar una discriminación indirecta por razón de la nacionalidad. Por lo tanto, es necesario examinar si el establecimiento de un período de referencia de siete años anteriores a la solicitud de ayuda económica para el cómputo de la duración mínima del trabajo de cinco años no va más allá de lo necesario para alcanzar el objetivo perseguido.
Pues bien, a la vista de la situación del Sr. Bruno A. , que en los años que precedieron la solicitud de ayuda económica presentada por su hijo había estado empleado por cuenta ajena en Luxemburgo durante un intervalo de tiempo significativo, muy superior al plazo mínimo de cinco años, el Tribunal de Justicia señala que tener en cuenta únicamente la actividad ejercida en Luxemburgo por el trabajador fronterizo durante el período de referencia de los siete años anteriores a la solicitud de ayuda económica no es suficiente para apreciar cabalmente la importancia de los vínculos de ese trabajador fronterizo con el mercado laboral luxemburgués, especialmente si el citado trabajador ya estuvo empleado durante un intervalo de tiempo significativo antes del período de referencia.
El Tribunal de Justicia considera, por tanto, que una norma como la establecida por la legislación luxemburguesa, que supedita la concesión de una ayuda económica para estudios superiores a los estudiantes no residentes al requisito de que uno de sus progenitores haya trabajado en Luxemburgo durante al menos cinco años dentro del período de referencia de los siete años anteriores a la solicitud de la ayuda, comporta una restricción que va más allá de lo necesario para alcanzar el objetivo legítimo de incrementar el número de titulados superiores en el seno de la población residente.


Sentencias de 20 de junio de 2013, Giersch y otros (C-20/12, véase el CP n.º 74/13), y de 14 de diciembre de 2016, Bragança Linares Verruga y otros (C-238/15, véase el CP n.º 133/16).

Reglamento (UE) n.º 492/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Unión (DO 2011, L 141, p. 1).

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[Jurisprudencia] [TJUE] Vuelos con conexión directa con salida de un Estado miembro y con destino a un tercer Estado con escala en otro tercer Estado y que hayan sido objeto de una única reserva: el transportista aéreo que haya operado el primer vuelo está obligado a compensar a los pasajeros que hayan sufrido un gran retraso en la llegada del segundo vuelo operado por un transportista aéreo no comunitario

Once pasajeros hicieron una reserva única con el transportista aéreo checo České aerolinie para un vuelo que enlazaba Praga (República Checa) con Bangkok (Tailandia) con escala en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos). El primer vuelo de ese vuelo con conexión directa, operado por České aerolinie y que unía Praga con Abu Dabi, se completó con arreglo al plan de vuelo y llegó puntual a Abu Dabi. Por el contrario, el segundo vuelo, operado por el transportista aéreo no comunitario Etihad Airways en el marco de un acuerdo de código compartido, y que enlazaba Abu Dabi y Bangkok, sufrió un retraso a su llegada de 488 minutos. Ese retraso de una duración superior a tres horas puede dar lugar a una compensación de los pasajeros con arreglo al Reglamento sobre los derechos de los pasajeros aéreos. 
Los pasajeros demandaron a České aerolinie ante los órganos jurisdiccionales checos, con el fin de que se les concediera la compensación prevista por el Reglamento. No obstante, České aerolinie sostuvo ante esos órganos jurisdiccionales que los recursos carecían de fundamento debido a que no puede ser considerada responsable del retraso del vuelo que enlazaba Abu Dabi y Bangkok, al haber sido éste operado por otro transportista aéreo. Al conocer del asunto en fase de apelación, el Městský soud v Praze (Tribunal Municipal de Praga, República Checa) pregunta al Tribunal de Justicia si České aerolinie está obligada a pagar una compensación con arreglo al Reglamento.
Mediante su sentencia dictada hoy, el Tribunal de Justicia recuerda, para empezar, que un vuelo con una o más conexiones directas que ha sido objeto de una reserva única constituye una unidad a efectos del derecho a compensación de los pasajeros previsto por el Reglamento.  De ese modo, un vuelo con conexión directa cuyo primer vuelo ha sido efectuado con salida de un aeropuerto situado en el territorio de un Estado miembro –en este caso Praga– está comprendido en el ámbito de aplicación del Reglamento aunque el segundo vuelo de ese vuelo con conexión directa haya sido efectuado por un transportista aéreo no comunitario con salida de un Estado tercero respecto de la Unión Europea y destino a otro Estado tercero.
Por lo que respecta a la cuestión de si puede obligarse a České aerolinie, transportista aéreo que efectuó el primer vuelo del vuelo con conexiones directas, a pagar la compensación debida por el gran retraso en la llegada sufrido por el segundo vuelo de ese vuelo efectuado por Etihad Airways, el Tribunal de Justicia señala que, en virtud del Reglamento, la obligación de compensación de los pasajeros pesa únicamente sobre el transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo de que se trata. A este respecto, el Tribunal de Justicia afirma que, para que un transportista aéreo pueda ser calificado de transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo, debe demostrarse que ese transportista ha llevado a cabo efectivamente el vuelo en cuestión. Pues bien, como České aerolinie ha operado efectivamente un vuelo en el marco del contrato de transporte celebrado con los pasajeros de que se trata, puede ser calificada de transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo.
En consecuencia, el Tribunal de Justicia llega a la conclusión de que, en las circunstancias del presente asunto, České aerolinie está, en principio, obligada a pagar la compensación prevista por el Reglamento debido al gran retraso sufrido por el vuelo con conexión directa con destino a Bangkok, y ello a pesar de que el gran retraso se haya producido en el vuelo que enlazaba Abu Dabi y Bangkok y sea imputable a Etihad Airways. En ese sentido, el Tribunal de Justicia subraya en particular que, en el marco de un vuelo con una o más conexiones directas que dan lugar a una reserva única, un transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo que ha llevado a cabo el primer vuelo no puede escudarse en la mala ejecución de un vuelo posterior operado por otro transportista aéreo.

Por último, el Tribunal de Justicia recuerda que el Reglamento reserva al transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo que ha debido abonar una compensación en favor de los pasajeros debido al gran retraso de un vuelo con conexión directa que da lugar a una reserva única, operado en parte por otro transportista en el marco de un acuerdo de código compartido, el derecho a dirigirse contra éste con el fin de obtener la reparación de esa carga económica

Reglamento (CE) n.º 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.º 295/91 (DO 2004, L 46, p. 1).

Sentencia del Tribunal de Justicia de 31 de mayo de 2018, Wegener, (C-537/17), véase también CP n.º 77/18.

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[Jurisprudencia] [TJUE] Una plataforma de comercio electrónico como Amazon no está obligada en todos los casos a poner a disposición del consumidor un número de teléfono antes de la celebración de un contrato.
Sin embargo, ha de poner a su disposición un medio de comunicación que le permita ponerse en contacto rápidamente y de comunicarse con ella de forma eficaz

La sociedad Amazon EU ofrece a la venta diversos productos exclusivamente a través de un sitio de Internet, en Alemania, concretamente, a través del sitio www.amazon.de. La Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände, Verbraucherzentrale Bundesverband eV (Federación Alemana de Asociaciones de Consumidores; «Federación») ha demandado a dicha sociedad ante los tribunales alemanes. Pretende que se declare que Amazon incumplía su obligación legal de facilitar a los consumidores medios eficaces para ponerse en contacto con ella, en la medida en que no les informaba de manera clara y comprensible de sus números de teléfono y de fax. La Federación alega que el servicio de solicitud de llamada de Amazon no cumplía con los requisitos de información, ya que el consumidor debía dar múltiples pasos para poder ponerse en contacto con un interlocutor de la citada sociedad. En efecto, el Derecho alemán exige al comerciante que facilite, en todas las circunstancias, su número de teléfono antes de concluir con un consumidor un contrato a distancia o un contrato celebrado fuera del establecimiento.
En este contexto, el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal, Alemania), que conoce del litigio en última instancia, pregunta al Tribunal de Justicia si la Directiva sobre los derechos de los consumidores  se opone a una normativa nacional de estas características y si el comerciante está obligado a instalar una línea telefónica o de fax o a habilitar una nueva dirección de correo electrónico para permitir a los consumidores ponerse en contacto con él. El Bundesgerichtshof desea saber igualmente si un comerciante como Amazon puede utilizar otros medios de comunicación, como, por ejemplo, un sistema de mensajería instantánea o de solicitud de llamada.
En su sentencia dictada hoy, el Tribunal de Justicia responde que la Directiva se opone a una normativa nacional como esa y subraya que no obliga al comerciante a instalar una línea de teléfono o de fax o a crear una nueva dirección de correo electrónico para permitir a los consumidores ponerse en contacto con él en cualquier circunstancia, y que únicamente obliga a facilitar el número de teléfono, el de fax o la dirección de correo electrónico si el comerciante ya dispone de esos medios para comunicarse con los consumidores. El Tribunal de Justicia afirma asimismo que la Directiva impone al comerciante la obligación de poner a disposición del consumidor un medio de comunicación que garantice una comunicación directa y eficaz, pudiendo dicho comerciante emplear otros medios de comunicación distintos de los previstos en la Directiva para satisfacer esos criterios.
El Tribunal de Justica declara que la Directiva pretende garantizar un elevado nivel de protección de los consumidores, garantizando su información y su seguridad en las transacciones con los comerciantes. A tal fin, la posibilidad de que el consumidor se ponga en contacto y se comunique con el comerciante de forma rápida y eficaz reviste una importancia fundamental para la salvaguarda y la efectiva aplicación de los derechos del consumidor, en especial del derecho de desistimiento. No obstante, es preciso garantizar un justo equilibrio entre un nivel elevado de protección de los consumidores y la competitividad de las empresas, como establece la propia Directiva, al tiempo que se respeta la libertad de empresa del empresario, consagrada en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
El Tribunal de Justicia estima que parece desproporcionado imponer al comerciante una obligación incondicional de poner a disposición del consumidor, en todos los casos, un número de teléfono, de instalar una línea de teléfono o de fax, o de crear una nueva dirección de correo electrónico para permitir a los consumidores contactar con él. En lo que respecta al significado de la expresión «cuando proceda», contenida en la Directiva, referida a los tres medios de comunicación habituales entre consumidores y comerciantes (teléfono, fax, y correo electrónico), el Tribunal de Justicia estima que, a pesar de las diferencias existentes entre las distintas versiones lingüísticas, esta expresión se refiere a aquellos casos en los que el comerciante dispone de ese medio de comunicación y lo pone a disposición de los consumidores.
Además, la Directiva no se opone a que el comerciante facilite otros medios de comunicación (como formularios de contacto electrónicos o sistemas de mensajería instantánea o de solicitud de llamada), siempre que tales medios permitan una comunicación entre el consumidor y el comerciante directa y eficaz, lo que implica que el consumidor pueda acceder a la información relativa a dichos medios de comunicación de forma clara y comprensible.
El Tribunal de Justicia observa que incumbe a los órganos jurisdiccionales nacionales apreciar si los medios de comunicación que el comerciante pone a disposición del consumidor permiten a éste ponerse en contacto rápidamente y comunicarse con él de forma eficaz, y si la información relativa a los mencionados medios de comunicación es accesible de manera clara y comprensible. A este último respecto, el Tribunal de Justicia afirma que el hecho de que un número de teléfono únicamente esté disponible tras pulsar una serie de veces en el sitio de Internet no implica, como tal, que la forma empleada para proporcionar información al consumidor no sea clara o comprensible.


Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre los derechos de los consumidores, por la que se modifican la Directiva 93/13/CEE del Consejo y la Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan la Directiva 85/577/CEE del Consejo y la Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO 2011, L 304, p. 64).
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[Noticias] El Tribunal Supremo destaca la gravedad en los casos de malos tratos del “silencio cómplice” del entorno de la víctima y el “acoso cómplice” del entorno del agresor
La Sala Segunda condena a 16 años y 11 meses de prisión a un hombre que agredió sexualmente a su pareja (poderjudicial.es) [Texto publicado] [Volver]

[Noticias] El Tribunal Supremo determina la responsabilidad de Bankia por facilitar información imprecisa en el canje de preferentes por acciones
(poderjudicial.es) [Texto publicado] [Volver]

[Noticias] El TSJ de Extremadura resuelve que usar típex en un examen no da ventaja al opositor
La Sala de lo Contencioso-Administrativo considera que no se ha vulnerado la igualdad en la realización del ejercicio con relación al resultado final del mismo (poderjudicial.es) [Texto publicado] [Volver]

[Noticias] La mujer que llevó a juicio el primer caso de bebés robados en España encuentra a su familia
Por primera vez tengo el puzzle de mi vida completa (elpais.es) [Texto publicado] [Volver]

[Noticias] La Fiscalía de EEUU pide cadena perpetua más 30 años de prisión para El Chapo Guzmán
La sentencia definitiva será conocida el 17 de julio. (elespanol.com) [Texto publicado] [Volver]

[Noticias] Madrid estudia un cheque vivienda de 150 euros para menores de 35 años
Almeida culpa a Carmena de la subida de los precios (lavanguardia.com) [Texto publicado] [Volver]

[Noticias] La responsabilidad de empleados y sindicatos en el control ético de la inteligencia artificial
(expansion.com) [Texto publicado] [Volver]

[Noticias] Tasa de 200 euros para los bancos por cada reclamación que reciban
El borrador del anteproyecto de ley que ultima Economía da a la nueva autoridad de protección del consumidor financiero voz vinculante en solicitudes de hasta 50.000 euros (cincodias.com) [Texto publicado] [Volver]

[Noticias] Piden 42 años de inhabilitación para el juez que requisó los móviles de periodistas
Europa Press, Diario de Mallorca y la Agencia EFE acusan al magistrado de prevaricación y vulneración del secreto profesional (elconfidencialdigital.com) [Texto publicado] [Volver]

[Noticias] El Supremo abre la puerta a modificar el régimen de gananciales incluso tras un divorcio
La Sala de lo Civil determina en dos novedosas resoluciones que a partir de ahora la prueba del carácter privativo del dinero en los procedimientos de liquidación de sociedades de gananciales no es irrelevante (okdiario.com) [Texto publicado] [Volver]

[Legislación] [BOE] Revisado el BOE de hoy, no encontramos disposiciones reseñables
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[Legislación] [DOCE] Acuerdo entre la Unión Europea y el Principado de Liechtenstein para la aplicación de determinadas disposiciones de la Decisión 2008/615/JAI del Consejo sobre la profundización de la cooperación transfronteriza, en particular en materia de lucha contra el terrorismo y la delincuencia transfronteriza, de la Decisión 2008/616/JAI del Consejo relativa a la ejecución de la Decisión 2008/615/JAI sobre la profundización de la cooperación transfronteriza, en particular en materia de lucha contra el terrorismo y la delincuencia transfronteriza, y de su anexo, y de la Decisión Marco 2009/905/JAI del Consejo sobre acreditación de prestadores de servicios forenses que llevan a cabo actividades de laboratorio
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[Legislación] [DOCE] Decisión (UE) 2019/1182 de la Comisión, de 3 de julio de 2019, sobre la propuesta de iniciativa ciudadana denominada «Derecho de la UE, derechos de las minorías y democratización de las instituciones españolas» [notificada con el número C(2019) 4972]
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[Legislación] [DOCE] Reglamento (UE) 2019/1150 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre el fomento de la equidad y la transparencia para los usuarios profesionales de servicios de intermediación en línea (Texto pertinente a efectos del EEE)
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[Legislación] [DOCE] Directiva (UE) 2019/1151 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 en lo que respecta a la utilización de herramientas y procesos digitales en el ámbito del Derecho de sociedades (Texto pertinente a efectos del EEE)
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[Legislación] [DOCE] Directiva (UE) 2019/1152 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a unas condiciones laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea
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[Legislación] [DOCE] Directiva (UE) 2019/1153 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, por la que se establecen normas destinadas a facilitar el uso de información financiera y de otro tipo para la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales y por la que se deroga la Decisión 2000/642/JAI del Consejo
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Fuentes

Las e-fuentes consultadas: Legislación: DOCE, BOE, Boletín Oficial de las Cortes Generales (BOCG). Jurisprudencia: TC, TS, TJCE y TEDH. Noticias: europa press, EFE, EL PAÍS, EL MUNDO, ABC, LA RAZÓN, LA VANGUARDIA, EXPANSIÓN, a3n.tv, libertaddigital.com, 20minutos.es, 5dias.com, cope.es, vnet.es, diariodirecto.com

Documentación oficial: Presidencia del Gobierno, Ministerio de Hacienda-Agencia Tributaria, Ministerio de Trabajo-Seguridad Social, Ministerio de Justicia y CGPJ. Documentación corporativa: Consejo General de la Abogacía-Colegio de Abogados de Madrid, Consejo General del Notariado, Colegio de Registradores, Consejo General de Procuradores-Colegio de Madrid, Asociaciones judiciales (APM, JpD, Fco. Vitoria), Confederación Española de Organizaciones Empresariales CEOE, Instituto de la Empresa Familiar, Unión General de los Trabajadores UGT, Comisiones Obreras CCOO, Asociación Española de Usuarios de Internet (AUI), Asociación de Internautas, Sociedad General de Autores y Editores (SGAE).

Este diario es una publicación distribuida por paraprofesionales.com y se dirige exclusivamente a sus suscriptores. Su reenvío a terceras personas distintas del destinatario requiere autorización expresa de paraprofesionales.com. No nos hacemos responsables de las decisiones tomadas con base en el contenido del presente diario. Las colaboraciones firmadas recogen la opiniones de sus autores.

Las sentencias publicadas han sido suministradas por el Centro de Documentación Judicial o por los Gabinetes de Prensa del CGPJ

Memento Práctico Sucesiones (Civil-Fiscal) 2019

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829 páginas, 1ª edición, junio 2019,

Precio: 86,32€ Oferta: 82,00€ (iva incl.) En mano 24 H

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Claves Prácticas: Brecha de Género: diagnóstico, prevención y tutela

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190 páginas, 1ª edición, julio 2019,

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Ejecución hipotecaria: cuestiones prácticas

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624 páginas, 2ª edición, julio 2019,

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Manual práctico  de  arrendamientos urbanos

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708 páginas, 1ª edición, julio 2019,

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Justicia a escena: !acción! Un viaje jurídico para amantes del cine. 3 volúmenes

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324 páginas, 1ª edición, julio 2019,

Precio: 41,95€ Oferta: 39,85€ (iva incl.) En mano 24 H

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Test de la especialidad civil para la prueba de acceso a la abogacia

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708 páginas, 1ª edición, julio 2019,

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Comentarios a la Ley Reguladora de los Contratos de Credito Inmobiliario

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538 páginas, 1ª edición, junio 2019,

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Guía para la gestión integral de comunidades de propietarios

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588 páginas, 1ª edición, julio 2019,

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