[J]

[TJUE] Los Estados miembros deben obligar a los empresarios a implantar un sistema que permita computar la jornada laboral diaria [Más info] [Texto publicado]


[J]

[TJUE] Las disposiciones de la Directiva sobre los refugiados relativas a la revocación y a la denegación de la concesión del estatuto de refugiado por motivos relacionados con la protección de la seguridad o de la comunidad del Estado miembro de acogida son válidas.
La revocación y la denegación de la concesión del estatuto de refugiado no tienen por efecto privar a una persona que alberga temores fundados a ser perseguida en su país de origen ni de la condición de refugiado ni de los derechos que la Convención de Ginebra asocia a dicha condición [Más info] [Texto publicado]


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Legislación Estatal

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[L]

[BOE] Cuestión de inconstitucionalidad n.º 1022-2019, en relación con el artículo único del Real Decreto-ley 2/2016, de 30 de septiembre, por el que se introducen medidas tributarias dirigidas a la reducción del déficit público, que da nueva redacción a la disposición adicional decimocuarta ("Modificaciones en el régimen legal de los pagos fraccionados") de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, por posible vulneración de los artículos 31.1 y 86.1 CE. BOE 14 - 5 - 2019 [Más info] [Texto publicado]


[L]

[BOE] Recurso de inconstitucionalidad n.º 1893-2019, contra el artículo 23, apartado 1.a) y apartado 2, de la Ley Foral 14/2018, de 18 de junio, de residuos y su fiscalidad. BOE 14 - 5 - 2019 [Más info] [Texto publicado]


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[BOE] Recurso de inconstitucionalidad n.º 2065-2019, contra la Disposición Transitoria octava y los apartados 2 d) y 2 e) de la Disposición Derogatoria única, del Real Decreto-Ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo. BOE 14 - 5 - 2019 [Más info] [Texto publicado]


[L]

[BOE] Recurso de inconstitucionalidad n.º 2206-2019, contra el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación. BOE 14 - 5 - 2019 [Más info] [Texto publicado]


[L]

[BOE] Recurso de inconstitucionalidad n.º 2208-2019, contra el Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler. BOE 14 - 5 - 2019 [Más info] [Texto publicado]


Legislación Comunitaria

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[DOCE] Reglamento Delegado (UE) 2019/758 de la Comisión, de 31 de enero de 2019, por el que se completa la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación sobre las medidas mínimas y el tipo de medidas adicionales que han de adoptar las entidades de crédito y financieras para atenuar el riesgo de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo en determinados terceros países DOCE 14 - 5 - 2019 [Más info] [Texto publicado]



[Jurisprudencia] [TJUE] Los Estados miembros deben obligar a los empresarios a implantar un sistema que permita computar la jornada laboral diaria

El sindicato español Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO) interpuso ante la Audiencia Nacional un recurso con objeto de que se dictase sentencia en la que se declarara la obligación de Deutsche Bank, S.A.E. de establecer un sistema de registro de la jornada laboral diaria que realiza la plantilla de esta entidad. El sindicato considera que este sistema permitiría comprobar el cumplimiento de los horarios de trabajo pactados y de la obligación, establecida en la normativa nacional,  de comunicar a los representantes sindicales la información sobre las horas extraordinarias realizadas mensualmente. Según CCOO, la obligación de establecer ese sistema de registro no deriva sólo de la normativa nacional, sino también de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea («Carta») y de la Directiva relativa al tiempo de trabajo.  Deutsche Bank sostiene que de la jurisprudencia del Tribunal Supremo se desprende que el Derecho español no establece esa obligación con carácter general. De esta jurisprudencia resulta que la normativa española únicamente exige, salvo pacto en contrario, que se lleve un registro de las horas extraordinarias realizadas por los trabajadores y que, al final de cada mes, se comunique a los trabajadores y a sus representantes el número de horas extraordinarias efectuadas.
La Audiencia Nacional ha expresado sus dudas sobre la conformidad con el Derecho de la Unión de la interpretación dada por el Tribunal Supremo a la normativa española y ha planteado cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia sobre este particular. Según la información que ha proporcionado al Tribunal de Justicia, el 53,7 % de las horas extraordinarias trabajadas en España no se registran. Por otra parte, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social indica que, para comprobar si se han hecho horas extraordinarias, es necesario conocer con exactitud el número de horas ordinarias de trabajo realizadas. La Audiencia Nacional hace hincapié en que la interpretación del Derecho español adoptada por el Tribunal Supremo priva en la práctica, por un lado, a los trabajadores de un medio probatorio esencial para demostrar que su jornada laboral ha superado la duración máxima del tiempo de trabajo y, por otro, a los representantes de aquéllos de un medio necesario para comprobar si se respetan las normas aplicables en la materia. Por consiguiente, a su entender, el Derecho español no puede garantizar el cumplimiento efectivo de las obligaciones establecidas en la Directiva relativa al tiempo de trabajo y en la Directiva relativa a la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo. 
Mediante su sentencia dictada hoy, el Tribunal de Justicia declara que estas Directivas, consideradas a la luz de la Carta, se oponen a una normativa que, según la interpretación que de ella hace la jurisprudencia nacional, no impone a los empresarios la obligación de establecer un sistema que permita computar la jornada laboral diaria realizada por cada trabajador.
El Tribunal de Justicia comienza destacando la importancia del derecho fundamental de todo trabajador a la limitación de la duración máxima del tiempo de trabajo y a períodos de descanso diario y semanal, consagrado en la Carta y cuyo contenido se ve precisado por la Directiva relativa al tiempo de trabajo. Los Estados miembros deben velar por que los trabajadores se beneficien efectivamente de los derechos que se les han conferido, sin que los criterios concretos elegidos para garantizar la aplicación de la Directiva puedan vaciar de contenido esos derechos. A este respecto, el Tribunal de Justicia recuerda que el trabajador debe ser considerado la parte débil de la relación laboral, de modo que es necesario impedir que el empresario pueda imponerle una restricción de sus derechos.
El Tribunal de Justicia observa que, sin un sistema que permita computar la jornada laboral diaria realizada por cada trabajador, no es posible determinar de manera objetiva y fiable el número de horas de trabajo efectivas ni su distribución en el tiempo, como tampoco el número de horas extraordinarias, lo que dificulta en extremo, cuando no imposibilita en la práctica, que los trabajadores logren hacer respetar sus derechos.
En efecto, determinar de manera objetiva y fiable el número de horas de trabajo diario y semanal es esencial para comprobar si se han respetado la duración máxima del tiempo de trabajo semanal —que incluye las horas extraordinarias— y los períodos mínimos de descanso diario y semanal. Por ello, el Tribunal de Justicia considera que una normativa nacional que no establezca la obligación de utilizar un instrumento que permita realizar esa comprobación no puede asegurar el efecto útil de los derechos que confieren la Carta y la Directiva relativa al tiempo de trabajo, ya que priva tanto a los empresarios como a los trabajadores de la posibilidad de comprobar si se respetan esos derechos. Por consiguiente, una normativa de esa índole puede comprometer el objetivo de esta Directiva, que consiste en garantizar una mejor protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores, independientemente de cuál sea la duración máxima del tiempo de trabajo semanal adoptada por el Derecho nacional. En cambio, un sistema de registro de la jornada laboral ofrece a los trabajadores un medio particularmente eficaz para acceder con facilidad a datos objetivos y fiables relativos a la duración efectiva del trabajo realizado, lo que puede facilitar tanto el que los trabajadores prueben que se han vulnerado sus derechos como el que las autoridades y los tribunales nacionales competentes controlen que se respetan efectivamente esos derechos.
En consecuencia, para garantizar el efecto útil de los derechos que confieren la Directiva relativa al tiempo de trabajo y la Carta, los Estados miembros deben imponer a los empresarios la obligación de implantar un sistema objetivo, fiable y accesible que permita computar la jornada laboral diaria realizada por cada trabajador. Corresponde a los Estados miembros definir los criterios concretos de aplicación de ese sistema, especialmente la forma que éste debe revestir, teniendo en cuenta, en su caso, las particularidades propias de cada sector de actividad de que se trate e incluso las especificidades de determinadas empresas, como su tamaño.


Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (BOE n.º 255, de 24 de octubre de 2015) y Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo (BOE n.º 230, de 26 de septiembre de 1995).

Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo (DO 2003, L 299, p. 9).

Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo (DO 1989, L 183, p. 1).

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[Jurisprudencia] [TJUE] Las disposiciones de la Directiva sobre los refugiados relativas a la revocación y a la denegación de la concesión del estatuto de refugiado por motivos relacionados con la protección de la seguridad o de la comunidad del Estado miembro de acogida son válidas.
La revocación y la denegación de la concesión del estatuto de refugiado no tienen por efecto privar a una persona que alberga temores fundados a ser perseguida en su país de origen ni de la condición de refugiado ni de los derechos que la Convención de Ginebra asocia a dicha condición

En Bélgica y en la República Checa, a un nacional costamarfileño y a otro congoleño, así como a un individuo de origen checheno, titulares o solicitantes del estatuto de refugiado según cada caso, se les revocó este estatuto o se les denegó la concesión del mismo, respectivamente, sobre la base de las disposiciones  de la Directiva sobre los refugiados  que permiten la adopción de esas medidas contra aquellas personas que representen un peligro para la seguridad o, al haber sido condenadas por un delito de especial gravedad, para la comunidad del Estado miembro de acogida. Estos sujetos han impugnado la revocación o la denegación de la concesión del estatuto de refugiado, respectivamente, ante el Conseil du contentieux des étrangers (Consejo del Contencioso de Extranjería, Bélgica) y el Nejvyšší správní soud (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, República Checa), los cuales albergan dudas acerca de la conformidad de esas disposiciones de la Directiva con la Convención de Ginebra. 
Los órganos jurisdiccionales citados subrayan que, si bien la Convención de Ginebra permite expulsar y devolver a los nacionales extranjeros y a los apátridas por los mencionados motivos, no contempla la pérdida de la condición de refugiado. En este contexto, se preguntan si las disposiciones de la Directiva que permiten a los Estados miembros revocar o denegar la concesión del estatuto de refugiado por los referidos motivos podrían contener un motivo de cesación o de exclusión no recogido en la Convención de Ginebra. En estas circunstancias, preguntan al Tribunal de Justicia si esas disposiciones son válidas a la luz de las normas de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE («Carta») y del TFUE en virtud de las cuales la política de asilo de la UE debe respetar la Convención de Ginebra.
Mediante su sentencia dictada hoy, el Tribunal de Justicia señala para empezar que, aunque la Directiva establece un sistema de protección de los refugiados específico de la UE, se fundamenta en la Convención de Ginebra y tiene por finalidad que esta última se respete plenamente.
En este contexto, el Tribunal de Justicia precisa que, mientras un nacional de un país no miembro de la UE o un apátrida tenga temores fundados a ser perseguido en su país de origen o de residencia, esa persona debe tener la consideración de refugiado en el sentido de la Directiva y de la Convención de Ginebra, con independencia de que se le haya concedido o no formalmente el estatuto de refugiado. El Tribunal de Justicia señala a este respecto que el estatuto de refugiado aparece definido en la Directiva como el reconocimiento por un Estado miembro de la condición de refugiado y que este acto de reconocimiento tiene carácter puramente declaratorio, no constitutivo, de dicha condición.
En relación con ello, el Tribunal de Justicia observa que el reconocimiento formal de la condición de refugiado implica que el refugiado de que se trate disponga del conjunto de los derechos y prestaciones que la Directiva asocia a este tipo de protección internacional, entre los cuales figuran tanto derechos equivalentes a los recogidos en la Convención de Ginebra como derechos más protectores que dimanan directamente de la Directiva y no encuentran equivalente en la Convención.
El Tribunal de Justicia señala seguidamente que los motivos de revocación y de denegación contemplados en la Directiva se corresponden con los motivos establecidos en la Convención de Ginebra que permiten la devolución de un refugiado. A este respecto, el Tribunal de Justicia subraya que, mientras que, en los supuestos en que concurren los requisitos que permiten invocar los citados motivos, la Convención de Ginebra puede privar al refugiado del beneficio del principio de no devolución a un país en el que peligre su vida o su libertad, la Directiva debe interpretarse y aplicarse dentro del respeto de los derechos garantizados por la Carta que excluyen la posibilidad de proceder a una devolución a un país de estas características. En efecto, la Carta prohíbe en términos absolutos la tortura y las penas y los tratos inhumanos o degradantes, con independencia del comportamiento de la persona de que se trate, así como su expulsión a un Estado donde exista un riesgo serio de que sea sometida a esos tratos.
En estas circunstancias, el Tribunal de Justicia considera que, en la medida en que, con la finalidad de garantizar la protección de la seguridad y de la comunidad del Estado miembro de acogida, la Directiva prevé la posibilidad de que éste revoque o deniegue la concesión del estatuto de refugiado, mientras que la Convención de Ginebra permite, por los mismos motivos, devolver a un refugiado a un Estado donde peligre su vida o su libertad, el Derecho de la UE concede a los refugiados de que se trata una protección internacional más amplia que la garantizada por dicha Convención.
El Tribunal de Justicia estima asimismo que la revocación del estatuto de refugiado o la denegación de su concesión no tienen por efecto que la persona que alberga temores fundados a ser perseguida en su país de origen pierda la condición de refugiado. En consecuencia, aunque esa persona no pueda disfrutar o deje de disfrutar del conjunto de derechos y prestaciones que la Directiva reserva a los titulares del estatuto de refugiado, disfruta o sigue disfrutando de una serie de derechos contemplados en la Convención de Ginebra. El Tribunal de Justicia precisa al respecto que una persona que tiene la condición de refugiado debe disponer imperativamente de los derechos consagrados por la Convención de Ginebra a los que hace expresa referencia  la Directiva en el contexto de la revocación y de la denegación del estatuto de refugiado por los motivos mencionados, así como de los derechos previstos por dicha Convención cuyo goce no exija una residencia legal, sino la mera presencia física del refugiado en el territorio del Estado de acogida.
En estas circunstancias, el Tribunal de Justicia concluye que las disposiciones en cuestión de la Directiva son conformes con la Convención de Ginebra y con las normas de la Carta y del TFUE que obligan a respetar esta Convención. De ello se sigue que debe considerarse que esas disposiciones son válidas.


Artículo 14, apartados 4 y 5.

Directiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, por la que se establecen normas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional, a un estatuto uniforme para los refugiados o para las personas con derecho a protección subsidiaria y al contenido de la protección concedida (DO 2011, L 337, p. 9)

Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, hecha en Ginebra el 28 de julio de 1951 [Recopilación de los Tratados de las Naciones Unidas, vol. 189, p. 150, n.º 2545 (1954)], que entró en vigor el 22 de abril de 1954, en su versión completada por el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, hecho en Nueva York el 31 de enero de 1967, que entró en vigor el 4 de octubre de 1967.

Artículo 14, apartado 6.

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[Jurisprudencia] [TJUE] El Tribunal General de la UE confirma la nulidad del registro por parte de un tercero de la marca «NEYMAR»

En diciembre de 2012, el Sr. M., con residencia en Guimarães (Portugal), solicitó a la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) el registro como marca de la Unión del signo denominativo «NEYMAR» para prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería. La marca fue registrada en abril de 2013.
En febrero de 2016, el Sr. Neymar Da Silva Santos Júnior presentó ante la EUIPO una solicitud de declaración de nulidad contra esta marca respecto de la totalidad de los productos que designa. La EUIPO estimó esta solicitud de nulidad.
El Sr. M. presentó posteriormente ante el Tribunal General de la Unión Europea un recurso de anulación contra la resolución de la EUIPO.
En su sentencia pronunciada hoy, el Tribunal General confirma la resolución de la EUIPO, según la cual el Sr. M. actuó de mala fe cuando presentó la solicitud de registro de la marca «NEYMAR».
Aunque el Sr. M. reconoció que, cuando presentó la solicitud de registro de la marca «NEYMAR», conocía la existencia del Sr. Da Silva Santos Júnior, afirmó, no obstante, que ignoraba que el brasileño fuese en ese momento una estrella ascendente del fútbol, dotada de un talento reconocido internacionalmente, y sostiene que el jugador aún no era conocido en Europa.
El Tribunal General observa que de la resolución de la EUIPO se desprende que las pruebas aportadas para fundamentar la solicitud de declaración de nulidad presentada ante la EUIPO demuestran que el Sr. Da Silva Santos Júnior ya era conocido en Europa en la fecha pertinente, en particular por sus resultados obtenidos con la selección brasileña de fútbol, y que había gozado de una enorme atención por parte de los medios de comunicación en Europa entre los años 2009 y 2012, especialmente en Francia, en España y en el Reino Unido. El Sr. Da Silva Santos Júnior ya era pues reconocido como un futbolista muy prometedor, en el que se habían fijado grandes clubes de fútbol europeo con vistas a un futuro fichaje, varios años antes de que se incorporara efectivamente al FC Barcelona en 2013.
El Tribunal General confirma igualmente que el Sr. M. tenía algo más que un conocimiento limitado del mundo del fútbol, como demuestra el hecho de que hubiera presentado una solicitud de registro de la marca denominativa «IKER CASILLAS» –marca que se corresponde con el nombre de otro famoso futbolista– el mismo día que solicitó el registro de la marca «NEYMAR». Asimismo, el Tribunal General destaca que, por lo demás, el Sr. M. admitió tener conocimiento del mundo del fútbol en esa fecha. Habida cuenta de estas consideraciones, así como del hecho de que la marca —compuesta por el único elemento denominativo «NEYMAR»— se corresponde exactamente con el nombre con el cual el Sr. Da Silva Santos Júnior se dio a conocer por sus prestaciones futbolísticas, no era concebible que el Sr. M. no tuviese conocimiento de la existencia del futbolista cuando presentó la solicitud de registro de la marca «NEYMAR».

No obstante, el Sr. M. niega haber solicitado el registro de la marca «NEYMAR» con el único propósito de explotar el renombre del futbolista brasileño. Afirma, entre otras cosas, que eligió el nombre «NEYMAR» por el único motivo de su fonética y no porque hiciera referencia al futbolista. Así pues, según el Sr. M. , la decisión de utilizar el signo denominativo «NEYMAR» obedece a una mera coincidencia y no a la voluntad consciente de utilizar el nombre de un futbolista conocido. El Tribunal General rechaza el argumento de que esa decisión sea el resultado de una coincidencia, puesto que el futbolista ya gozaba de una sólida notoriedad en la fecha pertinente en el mundo del fútbol, incluyendo Europa, y que el Sr. M. tenía algo más que un conocimiento limitado del mismo. En consecuencia, no puede sostener que ignoraba quién era el Sr. Da Silva Santos Júnior. El Tribunal General recuerda a este respecto que la marca se compone únicamente del elemento denominativo «NEYMAR», idéntico al nombre con el que el brasileño ha adquirido renombre internacional en el mundo del fútbol.
El Tribunal General señala, igualmente, que el Sr. M. no ha presentado ningún argumento convincente capaz de rebatir la apreciación de la EUIPO según la cual ningún otro motivo diferente de la voluntad de explotar de forma parasitaria el renombre del futbolista podía explicar su solicitud de registro de la marca.
Por último, el Tribunal General rechaza la alegación del Sr. M. según la cual la EUIPO se basó en meras conjeturas para considerar, equivocadamente, que su intención era aprovecharse de forma indebida de la reputación del futbolista con el fin de obtener determinadas ventajas económicas. En efecto, para llegar a tal conclusión la EUIPO se basó, en particular, en elementos objetivos, resultantes de una documentación probatoria compuesta por artículos de prensa y artículos difundidos en línea, así como en el hecho de que el Sr. M. hubiera presentado el mismo día una solicitud de registro de la marca denominativa «IKER CASILLAS» y una solicitud de registro de la marca «NEYMAR».

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El acusado consiguió que la mujer, a la que conoció a través de una página de contactos de internet, le entregase 127.000 euros (poderjudicial.es) [Texto publicado] [Volver]

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El tribunal escuchará este martes los testimonios de dos miembros de la Mesa del Parlament pendientes de ser juzgados en Cataluña (elpais.es) [Texto publicado] [Volver]

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[Legislación] [BOE] Recurso de inconstitucionalidad n.º 2206-2019, contra el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación.
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[Legislación] [BOE] Recurso de inconstitucionalidad n.º 2208-2019, contra el Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler.
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Reconstrucción del derecho a la vivienda en España

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Precio: 58,24€ Oferta: 55,33€ (iva incl.) En mano 24 H

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Comentarios y casos prácticos de contabilidad fiscal: IS e IVA

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512 páginas, 1ª edición, abril 2019,

Precio: 43,20€ Oferta: 41,04€ (iva incl.) En mano 24 H

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IVA práctico 2019

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616 páginas, 22ª edición, abril 2019,

Precio: 39,21€ Oferta: 37,25€ (iva incl.) En mano 24 H

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Guía práctica sobre la reforma del alquiler de vivienda. Real Decreto-Ley 7/2019, de 1 de marzo

Guía práctica sobre la reforma del alquiler de vivienda. Real Decreto-Ley 7/2019, de 1 de marzo

270 páginas, 1ª edición, abril 2019,

Precio: 41,60€ Oferta: 39,52€ (iva incl.) En mano 24 H

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Tratado Sobre el Proceso Administrativo (LJCA)

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900 páginas, 1ª edición, abril 2019,

Precio: 119,00€ Oferta: 113,05€ (iva incl.) En mano 24 H

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Mediación Civil y Comercial

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366 páginas, 1ª edición, abril 2019,

Precio: 59,90€ Oferta: 56,91€ (iva incl.) En mano 24 H

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Delitos contra la seguridad vial

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418 páginas, 1ª edición, abril 2019,

Precio: 36,40€ Oferta: 34,58€ (iva incl.)

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