[J]

[TJUE] El cálculo de las indemnizaciones por despido y de recolocación de un trabajador por cuenta ajena en permiso parental a tiempo parcial debe efectuarse sobre la base de la retribución a tiempo completo.
Una normativa nacional contraria supone una discriminación indirecta por razón de sexo [Más info] [Texto publicado]


[J]

[TJUE] La normativa española en materia de cálculo de la pensión de jubilación de los trabajadores a tiempo parcial es contraria al Derecho de la Unión si se revela especialmente desventajosa para las trabajadoras [Más info] [Texto publicado]


[J]

[TJUE] Un marinero que mantiene su residencia en su Estado miembro de origen, pese a trabajar por cuenta de un empresario con domicilio en otro Estado miembro, en un buque que enarbola pabellón de un tercer Estado y que navega fuera del territorio de la Unión Europea, está comprendido en el ámbito de aplicación del Reglamento sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social.
Con arreglo a dicho Reglamento, la legislación nacional aplicable a esa persona es la de su Estado miembro de residencia [Más info] [Texto publicado]


[N]

La Audiencia de Lugo establece un plazo de cinco años desde 2019 para reclamar las cláusulas abusivas en hipotecas [Más info] [Texto publicado]


Legislación Autonómica

[L]

[BOE] Ley [COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA] 3/2019, de 8 de abril, del Sistema de Protección Civil y Gestión de Emergencias de Cantabria. BOE 8 - 5 - 2019 [Más info] [Texto publicado]


[L]

[BOE] Ley [COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA] 3/2019, de 22 de marzo, del Estatuto de las Personas Consumidoras en Castilla-La Mancha. BOE 8 - 5 - 2019 [Más info] [Texto publicado]


[L]

[BOE] Ley [COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS] 7/2019, de 9 de abril, de modificación de la Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres, y de modificación de las leyes reguladoras de los órganos de relevancia estatutaria para garantizar la representación equilibrada entre mujeres y hombres en su composición. BOE 8 - 5 - 2019 [Más info] [Texto publicado]


[L]

[BOE] Ley [COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS] 8/2019, de 9 de abril, de modificación de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares. BOE 8 - 5 - 2019 [Más info] [Texto publicado]


[L]

[BOE] Ley Foral [COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA] 17/2019, de 4 de abril, de igualdad entre Mujeres y Hombres. BOE 8 - 5 - 2019 [Más info] [Texto publicado]


[L]

[BOE] Ley Foral [COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA] 19/2019, de 4 de abril, de protección de los animales de compañía en Navarra. BOE 8 - 5 - 2019 [Más info] [Texto publicado]


[L]

[BOE] Ley Foral [COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA] 20/2019, de 4 de abril, por la que se modifica la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, y la Ley Foral 4/2019, de 4 de febrero, de Reforma de la Administración Local de Navarra. BOE 8 - 5 - 2019 [Más info] [Texto publicado]


Legislación Comunitaria

[L]

[DOCE] Decisión (UE) 2019/702 del Consejo, de 15 de abril de 2019, relativa a la celebración, en nombre de la Unión, del Acuerdo de transporte aéreo entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y Canadá, por otra DOCE 8 - 5 - 2019 [Más info] [Texto publicado]



[Jurisprudencia] [TJUE] El cálculo de las indemnizaciones por despido y de recolocación de un trabajador por cuenta ajena en permiso parental a tiempo parcial debe efectuarse sobre la base de la retribución a tiempo completo.
Una normativa nacional contraria supone una discriminación indirecta por razón de sexo

RE fue contratada el 22 de noviembre de 1999 por Praxair MRC como asistente comercial mediante un contrato de trabajo de duración determinada y a tiempo completo y, posteriormente, a partir del 1 de agosto de 2000, mediante un contrato indefinido a tiempo completo. La trabajadora disfrutó de un primer permiso de maternidad, seguido de un permiso parental de dos años por cuidado de hijos. Más adelante disfrutó de un segundo permiso de maternidad, seguido de un permiso parental por cuidado de hijos en forma de reducción en una quinta parte de su jornada laboral. Este último permiso debía finalizar el 29 de enero de 2011.
El 6 de diciembre de 2010 RE fue despedida en el marco de un procedimiento de despido colectivo por causas económicas. La trabajadora aceptó un permiso de recolocación de nueve meses de duración.
La trabajadora renunció a la reducción de su jornada a partir del 1 de enero de 2011, quedando definitivamente extinta la relación laboral entre RE y Praxair MRC el 7 de septiembre de 2011.
RE impugna las modalidades de cálculo de la indemnización por despido y del subsidio por permiso de recolocación abonados con motivo de su despido por causas económicas, que tuvo lugar mientras disfrutaba de un permiso parental a tiempo parcial.
La Cour de cassation (Tribunal de Casación, Francia), que conoce del litigio, decidió plantear cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia para saber si el Acuerdo Marco sobre el permiso parental  se opone a que, cuando se despide a un trabajador contratado por tiempo indefinido y a tiempo completo mientras disfruta de un permiso parental a tiempo parcial, la indemnización por despido y el subsidio por permiso de recolocación que se han de abonar a dicho trabajador se fijen, al menos parcialmente, sobre la base de la retribución, de menor importe, que percibe en el momento en que tiene lugar el despido. También pregunta al Tribunal de Justicia, en la medida en que un número significativamente mayor de mujeres que de hombres opta por tomar un permiso parental a tiempo parcial, si la consiguiente discriminación indirecta que resulta de ello en lo que atañe a la percepción de una indemnización por despido y de un subsidio por permiso de recolocación, ambos de menor importe, infringe las disposiciones del artículo 157 TFUE relativas al principio de igualdad de retribución entre trabajadores y trabajadoras para un mismo trabajo o para un trabajo de igual valor.
En su sentencia dictada hoy, el Tribunal de Justicia recuerda que el Acuerdo Marco sobre el permiso parental se basa en el compromiso de los interlocutores sociales de establecer medidas destinadas a permitir tanto a los hombres como a las mujeres conciliar sus responsabilidades profesionales y sus obligaciones familiares y que se aplica a todos los trabajadores, hombres y mujeres, que tengan un contrato o una relación de trabajo definida por la legislación, los convenios colectivos o los usos vigentes en cada Estado miembro.
También recuerda que, cuando se despide a un trabajador contratado por tiempo indefinido y a tiempo completo mientras disfruta de un permiso parental a tiempo parcial, su indemnización por despido debe determinarse íntegramente sobre la base de la retribución correspondiente a las prestaciones laborales efectuadas a tiempo completo por ese trabajador. En efecto, una legislación nacional que condujera a una reducción de los derechos derivados de la relación laboral en caso de permiso parental podría disuadir al trabajador de tomar dicho permiso y llevar al empresario a despedir a los trabajadores que se encuentren en situación de permiso parental antes que al resto. Esto iría directamente en sentido opuesto a la finalidad del Acuerdo Marco sobre el permiso parental, uno de cuyos objetivos es conciliar mejor la vida familiar y profesional.
En estas circunstancias, el Acuerdo Marco sobre el permiso parental se opone a una disposición nacional que entraña tener en cuenta la retribución, de menor importe, percibida por un trabajador que disfruta de un permiso parental a tiempo parcial cuando tiene lugar el despido.
En lo que atañe al subsidio por permiso de recolocación, el Tribunal de Justicia observa que esta retribución constituye un derecho derivado de la relación laboral, a la que el trabajador puede tener derecho frente al empresario. El mero hecho de que el abono de ese subsidio no tenga carácter automático y de que se produzca durante el período del permiso de recolocación que exceda la duración del preaviso no altera esta conclusión. En estas circunstancias, el Acuerdo Marco sobre el permiso parental es aplicable a una prestación como el subsidio por permiso de recolocación.
De este modo, el Tribunal de Justicia concluye que, al igual que ocurre con la indemnización por despido, con arreglo al Acuerdo Marco sobre el permiso parental una prestación como el subsidio por permiso de recolocación debe determinarse íntegramente en función de la retribución correspondiente a las prestaciones laborales efectuadas a tiempo completo por ese trabajador.
En relación con la cuestión de la conformidad con el artículo 157 TFUE de la diferencia de trato vinculada al permiso parental, el Tribunal de Justicia indica en un primer momento que el concepto de «retribución» objeto de dicho artículo debe interpretarse en sentido amplio y que, en consecuencia, prestaciones como la indemnización por despido y el subsidio por permiso de recolocación deben calificarse de «retribuciones», en el sentido del artículo 157 TFUE.
En un segundo momento, el Tribunal de Justicia recuerda que existe discriminación indirecta por razón de sexo cuando la aplicación de una medida nacional, aunque formulada de manera neutra, perjudique de hecho a un número mayor de trabajadores de un sexo que del otro. Esa medida sólo será compatible con el principio de igualdad de trato si la diferencia de trato entre ambas categorías de trabajadores que genera está justificada por factores objetivos ajenos a cualquier discriminación por razón de sexo.
La Cour de cassation ha indicado en la remisión prejudicial que un número considerablemente más elevado de mujeres que de hombres optan por disfrutar de un permiso parental a tiempo parcial, dado que, en Francia, el 96 % de los trabajadores que toman un permiso parental son mujeres. En ese supuesto, una normativa nacional como la francesa sólo sería compatible con el principio de igualdad de trato si la diferencia de trato entre trabajadoras y trabajadores ocasionada pudiese estar justificada, en su caso, por factores objetivos ajenos a cualquier discriminación por razón de sexo. A este respecto, el Tribunal de Justicia observa que el Estado miembro de que se trata no invoca ningún factor objetivamente justificado y, por tanto, concluye que la normativa controvertida no resulta conforme con el principio de igualdad de retribución entre trabajadores y trabajadoras para un mismo trabajo o para un trabajo de igual valor, tal como establece el artículo 157 TFUE.


Acuerdo Marco sobre el permiso parental, celebrado el 14 de diciembre de 1995, que figura en anexo a la Directiva 96/34/CE del Consejo, de 3 de junio de 1996, relativa al Acuerdo Marco sobre el permiso parental celebrado por la UNICE, el CEEP y la CES (DO 1996, L 145, p. 4), en su versión modificada por la Directiva 97/75/CE del Consejo, de 15 de diciembre de 1997 (DO 1998, L 10, p. 24).
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[Jurisprudencia] [TJUE] La normativa española en materia de cálculo de la pensión de jubilación de los trabajadores a tiempo parcial es contraria al Derecho de la Unión si se revela especialmente desventajosa para las trabajadoras

La Sra.  V. impugnó el cálculo de su pensión de jubilación realizado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). El importe de su pensión se calculó tomando en consideración el hecho de que la Sra. V. había trabajado a tiempo parcial durante una parte importante de su vida laboral. La Sra. V. alega que la diferencia de trato establecida por la normativa nacional da lugar a una discriminación indirecta por razón de sexo, ya que la mayoría de los trabajadores a tiempo parcial son mujeres.
Tras ser desestimada su demanda, la Sra. V. interpuso un recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Este Tribunal expone que, en la mayoría de los casos, las reglas del Derecho español relativas al cálculo del importe de las pensiones de jubilación tienen efectos desfavorables para los trabajadores a tiempo parcial, y considera que la legislación española da lugar a una discriminación indirecta por razón de sexo, contraria a la Directiva sobre el principio de igualdad de trato,  ya que, según el Instituto Nacional de Estadística, en el primer trimestre de 2017, el 75 % de los trabajadores a tiempo parcial eran mujeres.
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León decidió plantear al Tribunal de Justicia cuestiones prejudiciales para que se dilucide, en particular, si la normativa española es contraria a la citada Directiva. Según esta normativa, el importe de la pensión de jubilación de tipo contributivo de un trabajador a tiempo parcial se calcula multiplicando una base reguladora, determinada en función de los salarios efectivamente percibidos y de las cotizaciones efectivamente satisfechas, por un porcentaje que depende de la duración del período de cotización. A este período se aplican un coeficiente de parcialidad equivalente a la relación existente entre la jornada a tiempo parcial efectivamente trabajada y la jornada realizada por un trabajador a tiempo completo comparable, y un incremento de un coeficiente de 1,5.
En su sentencia dictada hoy, el Tribunal de Justicia declara que la Directiva se opone a la normativa española si ésta se revela especialmente desventajosa para las trabajadoras.
El Tribunal de Justicia señala en primer lugar que la Directiva prohíbe toda discriminación por razón de sexo, ya sea directa o indirectamente, en lo relativo, entre otras cosas, al cálculo de las prestaciones en materia de seguridad social. Tras descartar la existencia de una discriminación directa, el Tribunal de Justicia recuerda que constituye discriminación indirecta por razón de sexo una situación en la que una disposición aparentemente neutra sitúa a personas de un sexo determinado en desventaja particular con respecto a personas del otro sexo. Esa desventaja existe cuando una normativa afecta negativamente a una proporción de personas de un sexo significativamente más alta que la de las personas del otro sexo.
El Tribunal de Justicia pone de manifiesto que las disposiciones nacionales controvertidas tienen en la mayoría de los casos efectos desfavorables para los trabajadores a tiempo parcial respecto de los trabajadores a tiempo completo. Por lo que se refiere a los trabajadores a tiempo parcial reducido (es decir, los que han trabajado, de media, menos de dos tercios de la jornada ordinaria de un trabajador a tiempo completo comparable), el porcentaje aplicable a su base reguladora es inferior al aplicable a la base reguladora de los trabajadores a tiempo completo. De lo anterior se deduce que esos trabajadores, que según la información que obra en poder del Tribunal de Justicia representan el 65 % de los trabajadores a tiempo parcial, sufren una desventaja como consecuencia de la aplicación de dicho porcentaje.
El Tribunal de Justicia estima que corresponde al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León apreciar si los datos estadísticos relativos a la distribución de trabajadores de sexo masculino y femenino aportados ante él son válidos, representativos y significativos. Si el tribunal español, basándose en esos datos y, en su caso, en otros elementos pertinentes, llega a la conclusión de que la normativa nacional controvertida coloca a las mujeres en una posición particularmente menos ventajosa que la de los hombres, dicha normativa sería contraria a la Directiva, salvo que esté objetivamente justificada.
A continuación, el Tribunal de Justicia examina si la normativa española responde a una finalidad legítima de política social. El Tribunal de Justicia recuerda en este sentido que una medida que implica una reducción del importe de una pensión de jubilación de un trabajador en una proporción mayor a la correspondiente a la toma en consideración de sus períodos de ocupación a tiempo parcial no puede considerarse objetivamente justificada por el hecho de que la pensión sea, en ese caso, la contraprestación de una prestación de trabajo de menor entidad.
El Tribunal de Justicia observa que la normativa nacional controvertida comporta dos elementos que pueden reducir el importe de las pensiones de jubilación de los trabajadores a tiempo parcial. En primer término, la base reguladora de la pensión de jubilación se calcula a partir de las bases de cotización, integradas por la remuneración efectivamente percibida en función de las horas trabajadas. Ello tiene como resultado que dicha base reguladora sea, en el caso de un trabajador a tiempo parcial, inferior a la de un trabajador a tiempo completo comparable. En segundo término, mientras que dicha base reguladora se multiplica por un porcentaje que depende del número de días cotizados, se aplica a ese mismo número de días un coeficiente de parcialidad que refleja la relación entre el tiempo de trabajo a tiempo parcial efectivamente realizado por el trabajador de que se trate y el tiempo de trabajo realizado por un trabajador a tiempo completo comparable. Aunque este segundo elemento queda atenuado por la circunstancia de que el número de días cotizados resultante de la aplicación del coeficiente de parcialidad se incrementa con la aplicación de un coeficiente de 1,5, el primer elemento permite ya lograr el objetivo perseguido, que consiste, en particular, en salvaguardar el sistema de seguridad social de tipo contributivo. Por lo tanto, aplicar adicionalmente un coeficiente de parcialidad relativo al trabajo a tiempo parcial va más allá de lo necesario para alcanzar dicho objetivo y representa, para el grupo de los trabajadores que prestaron sus servicios a tiempo parcial reducido, una reducción del importe de la pensión de jubilación superior a la que resultaría únicamente de tomar en consideración su jornada de trabajo pro rata temporis.


Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materias de seguridad social (DO 1979, L 6, p. 24; EE 05/02, p. 174).
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[Jurisprudencia] [TJUE] Un marinero que mantiene su residencia en su Estado miembro de origen, pese a trabajar por cuenta de un empresario con domicilio en otro Estado miembro, en un buque que enarbola pabellón de un tercer Estado y que navega fuera del territorio de la Unión Europea, está comprendido en el ámbito de aplicación del Reglamento sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social.
Con arreglo a dicho Reglamento, la legislación nacional aplicable a esa persona es la de su Estado miembro de residencia

Entre el 13 de agosto y el 31 de diciembre de 2013, SF, nacional letón residente en Letonia, trabajó como marinero para una empresa con domicilio en los Países Bajos. Ejercía esa actividad a bordo de un buque que enarbolaba pabellón de las Bahamas, que navegaba en el Mar del Norte, fuera del territorio de la Unión Europea. Las autoridades tributarias neerlandesas libraron una liquidación en la que declaraban que SF debía pagar las cotizaciones sociales al régimen de seguridad social neerlandés correspondientes al citado período. SF acudió a los tribunales neerlandeses, pues considera que ese régimen no le es aplicable.
El Hoge Raad der Nederlanden (Tribunal Supremo de los Países Bajos) alberga dudas sobre la interpretación que ha de darse a las disposiciones del Reglamento sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social  con el fin de determinar la legislación aplicable en una situación como la de SF, por lo que decidió dirigirse con carácter prejudicial al Tribunal de Justicia.
En su sentencia dictada hoy, el Tribunal de Justicia recuerda, en primer lugar, su jurisprudencia con arreglo a la cual la mera circunstancia de que las actividades de un trabajador se ejerzan fuera del territorio de la Unión no basta para descartar la aplicación de las normas de la Unión sobre la libre circulación de trabajadores, y concretamente del Reglamento en cuestión, si la relación laboral guarda un vínculo suficientemente estrecho con ese territorio. El Tribunal de Justicia precisa que es lo que sucede, en particular, cuando un ciudadano de la Unión, residente en un Estado miembro, ha sido contratado por una empresa con domicilio en otro Estado miembro por cuenta de la cual ejerce sus actividades.
En el presente asunto, el Tribunal de Justicia considera que la relación laboral conserva un vínculo suficientemente estrecho con el territorio de la Unión, ya que durante el período en cuestión, SF residía en Letonia y el lugar del domicilio de su empresario se situaba en los Países Bajos. Una situación de ese tipo está por tanto comprendida en el ámbito de aplicación del Reglamento sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social.
Tras comprobar que ni las reglas especiales previstas en los artículos 12 a 16 del Reglamento,  ni la regla general relativa a la gente de mar contenida en el artículo 11, apartado 4 del Reglamento ni tampoco las situaciones reguladas por el artículo 11, apartado 3, letras a) a d),  del mismo Reglamento son aplicables a SF, el Tribunal de Justicia examina si SF estaba comprendido en el ámbito de aplicación del artículo 11, apartado 3, letra e), del citado Reglamento.
Esa disposición prevé que las personas distintas de las contempladas en los puntos a) a d) del artículo 11, apartado 3, están sujetas a la legislación del Estado miembro de residencia, sin perjuicio de otras disposiciones del Reglamento que les garanticen prestaciones en virtud de la legislación de uno o de varios Estados miembros.
El Tribunal de Justicia subraya que una interpretación restrictiva del artículo 11, apartado 3, letra e), del Reglamento que limitara el ámbito de aplicación de esa disposición únicamente a las personas que no ejercen una actividad económica (como alegan el Gobierno neerlandés y la Comisión), de modo que SF quedara excluido del ámbito de aplicación de esa disposición, podría privar a personas que no están contempladas en los supuestos a los que se refiere ese artículo, ni en otras disposiciones del Reglamento, de protección en materia de seguridad social, a falta de legislación que les resulte aplicable.
Esa interpretación resulta contraria al objetivo perseguido por dicha disposición y, con carácter más general, por el Reglamento, que constituye un sistema completo y uniforme de normas de conflicto de ley cuyo objetivo no es únicamente evitar la aplicación simultánea de varias legislaciones nacionales y las complicaciones que pueden resultar de ello, sino también impedir que las personas comprendidas en el ámbito de aplicación del Reglamento se vean privadas de protección en materia de seguridad social.
En consecuencia, el Tribunal de Justicia determina que el artículo 11, apartado 3, letra e), del Reglamento debe interpretarse en el sentido de que se aplica a todas las personas que no están contempladas en los puntos a) a d) de esa disposición, y no sólo a las que no ejercen ninguna actividad económica.
El Tribunal de Justicia señala que no privan de validez a esa interpretación ni las notas explicativas ni la Guía práctica sobre la legislación aplicable en la Unión Europea (UE), el Espacio Económico Europeo (EEE) y Suiza, elaborada y aprobada por la Comisión Administrativa de Coordinación de los Sistemas de Seguridad Social y publicada en el mes de diciembre de 2013. En efecto, aunque esos documentos constituyen instrumentos útiles para la interpretación del Reglamento sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, carecen de fuerza obligatoria y, por tanto, no pueden vincular al Tribunal de Justicia a la hora de interpretarlo.

El Tribunal de Justicia llega a la conclusión de que una persona que se encuentra en la situación de SF está comprendida en el ámbito de aplicación del Reglamento sobre coordinación de los sistemas de seguridad social, y más concretamente de su artículo 11, apartado 3, letra e), de modo que la legislación nacional aplicable es la del Estado miembro de residencia de esa persona.

Reglamento (CE) n.º 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social (DO 2004, L 166, p. 1; corrección de errores en DO 2004, L 200, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.º 465/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012 (DO 2012, L 149, p. 4).

Que se refieren a las personas destinadas en otro Estado miembro, a las que ejercen una actividad en dos o más Estados miembros, que han elegido un seguro voluntario o facultativo y a las que son agentes auxiliares de las instituciones europeas.

Que se refieren a las personas que ejercen una actividad por cuenta ajena en un Estado miembro, a funcionarios, a personas que reciben prestaciones por desempleo y a las personas que hacen el servicio militar o el servicio civil en un Estado miembro.

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[Noticias] La Audiencia de Lugo establece un plazo de cinco años desde 2019 para reclamar las cláusulas abusivas en hipotecas
El tribunal ha decretado en una sentencia el reintegro, por parte de un banco a dos clientes, de la mitad de los gastos notariales, de gestoría y de tasación relacionados con una hipoteca (poderjudicial.es) [Texto publicado] [Volver]

[Legislación] [BOE] Ley [COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA] 3/2019, de 8 de abril, del Sistema de Protección Civil y Gestión de Emergencias de Cantabria.
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[Legislación] [BOE] Ley [COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA] 3/2019, de 22 de marzo, del Estatuto de las Personas Consumidoras en Castilla-La Mancha.
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[Legislación] [BOE] Ley [COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS] 7/2019, de 9 de abril, de modificación de la Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres, y de modificación de las leyes reguladoras de los órganos de relevancia estatutaria para garantizar la representación equilibrada entre mujeres y hombres en su composición.
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[Legislación] [BOE] Ley [COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS] 8/2019, de 9 de abril, de modificación de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares.
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[Legislación] [BOE] Ley Foral [COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA] 17/2019, de 4 de abril, de igualdad entre Mujeres y Hombres.
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[Legislación] [BOE] Ley Foral [COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA] 19/2019, de 4 de abril, de protección de los animales de compañía en Navarra.
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[Legislación] [BOE] Ley Foral [COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA] 20/2019, de 4 de abril, por la que se modifica la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, y la Ley Foral 4/2019, de 4 de febrero, de Reforma de la Administración Local de Navarra.
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[Legislación] [DOCE] Decisión (UE) 2019/702 del Consejo, de 15 de abril de 2019, relativa a la celebración, en nombre de la Unión, del Acuerdo de transporte aéreo entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y Canadá, por otra
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Tratado Sobre el Proceso Administrativo (LJCA)

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