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[TJUE] El derecho de desistimiento de los consumidores en caso de venta en línea se aplica a un colchón cuya protección ha sido retirada después de la entrega.
Como en el caso de una prenda de vestir, cabe presumir que el comerciante puede, mediante un tratamiento de limpieza o desinfección, hacer que el colchón esté en condiciones de ser nuevamente comercializado, sin contravenir los imperativos de protección de la salud o de higiene [Más info] [Texto publicado]


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[TJUE] Abogado General : El Tribunal de Justicia debería declarar que España no ha adoptado las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a la Directiva sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial
España debería ser condenada a pagar una multa coercitiva diaria de unos 106 000 euros hasta que dé cumplimiento a la Directiva [Más info] [Texto publicado]


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[TS][Penal] Hurto. Multirreincidencia. [Más info] [Texto publicado]


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[TS][Contencioso-Advo] Tramitación de oficio el alta y baja de trabajador en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. [Más info] [Texto publicado]


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[TS][Social] Despido disciplinario por transgresión de la buena fe contractual y abuso de confianza. La empresa imputa al trabajador la falta consistente en vender el cableado de desecho obteniendo un beneficio, lo que realiza sin conocimiento ni consentimiento de la empresa, siendo conocedor del protocolo que establece el tratamiento que ha de darse a estos residuos. [Más info] [Texto publicado]


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El Parlamento británico rechaza las ocho propuestas para desbloquear el brexit [Más info] [Texto publicado]


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[Jurisprudencia] [TJUE] El derecho de desistimiento de los consumidores en caso de venta en línea se aplica a un colchón cuya protección ha sido retirada después de la entrega.
Como en el caso de una prenda de vestir, cabe presumir que el comerciante puede, mediante un tratamiento de limpieza o desinfección, hacer que el colchón esté en condiciones de ser nuevamente comercializado, sin contravenir los imperativos de protección de la salud o de higiene

El Sr.  L. adquirió un colchón en el sitio web de la empresa alemana de venta en línea slewo. Una vez efectuada la entrega, retiró la capa de protección de la que estaba revestido el colchón. Posteriormente, devolvió el colchón a slewo y le reclamó la devolución del precio de compra de 1 094,52 euros y de los gastos de envío.
slewo considera que el Sr. L. no podía ejercer el derecho de desistimiento de que dispone el consumidor normalmente en caso de compra en línea durante catorce días. En efecto, a su juicio, la Directiva sobre los derechos de los consumidores  excluye el derecho de desistimiento cuando se trate de «bienes precintados que no sean aptos para ser devueltos por razones de protección de la salud o de higiene y que hayan sido desprecintados por el consumidor después de su entrega».
El Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo Civil y Penal, Alemania), que conoce del litigio, pide al Tribunal de Justicia que interprete la Directiva. En particular, desea saber si la exclusión prevista por la Directiva es aplicable a un bien como un colchón cuya protección ha sido retirada por el consumidor después de la entrega.
Mediante su sentencia de hoy, el Tribunal de Justicia responde en sentido negativo a esta cuestión. Así pues, la retirada, por el consumidor, de la capa de protección de un colchón adquirido en Internet no priva a este de la posibilidad de ejercer su derecho de desistimiento.
El Tribunal de Justicia recuerda que el derecho de desistimiento tiene por objeto proteger al consumidor en la situación concreta de una venta a distancia, en la que no tiene la posibilidad real de ver el producto antes de celebrar el contrato. Por tanto, se considera que ese derecho compensa la desventaja resultante para el consumidor de un contrato a distancia, concediéndole un plazo de reflexión apropiado durante el cual tiene la posibilidad de examinar y probar el bien adquirido en la medida necesaria para determinar la naturaleza, las características y el funcionamiento de dicho bien.
En relación con la exclusión de que se trata, es la naturaleza de un bien la que puede justificar el precintado de su embalaje por razones de protección de la salud o de higiene. Por tanto, el desprecintado del embalaje priva al bien que contiene de la garantía en términos de protección de la salud o de higiene. Una vez retirado el precinto del embalaje por el consumidor y, por lo tanto, privado de la garantía en términos de protección de la salud o de higiene, existe el riesgo de que dicho bien no sea objeto de una nueva utilización por un tercero, y, en consecuencia, no pueda ser nuevamente comercializado.
Según el Tribunal de Justicia, en el caso de autos, la excepción al derecho de desistimiento controvertida no es aplicable a un colchón cuya protección ha sido retirada por el consumidor después de la entrega.
En efecto, por un lado, no parece que el colchón, por el mero hecho de que pueda haber sido utilizado, deje definitivamente de estar en condiciones de ser nuevamente utilizado por un tercero o de ser nuevamente comercializado. A este respecto, basta con recordar en particular que un mismo colchón sirve a sucesivos clientes de un hotel, que existe un mercado de ocasión para los colchones y que los colchones utilizados pueden ser objeto de una limpieza en profundidad.
Por otro lado, a efectos del derecho de desistimiento, un colchón puede asimilarse a una prenda de vestir, categoría para la cual la Directiva prevé expresamente la posibilidad de que el comprador pueda devolverla al término de la prueba. Es posible asimilar estas dos categorías de productos, ya que, aun en caso de contacto directo de esos bienes con el cuerpo humano, cabe presumir que el comerciante puede, después de su devolución por el consumidor, y mediante un tratamiento de limpieza o desinfección, hacer que estén en condiciones de ser nuevamente utilizados por un tercero y, por tanto, de ser nuevamente comercializados, sin contravenir los imperativos de protección de la salud o de higiene.
No obstante, el Tribunal de Justicia señala que, según la Directiva, el consumidor responde de toda depreciación de un bien que resulte de las manipulaciones que no sean necesarias para determinar la naturaleza, las características y el buen funcionamiento de este, sin que se le prive por ello de su derecho de desistimiento.


Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre los derechos de los consumidores, por la que se modifican la Directiva 93/13/CEE del Consejo y la Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan la Directiva 85/577/CEE del Consejo y la Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO 2011, L 304, p. 64).
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[Jurisprudencia] [TJUE] Abogado General : El Tribunal de Justicia debería declarar que España no ha adoptado las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a la Directiva sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial
España debería ser condenada a pagar una multa coercitiva diaria de unos 106 000 euros hasta que dé cumplimiento a la Directiva

La Comisión ha interpuesto un recurso por incumplimiento contra España por no haber adoptado, antes del 21 de marzo de 2016, las disposiciones necesarias para transponer la Directiva sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial.  La Comisión solicita asimismo al Tribunal de Justicia que imponga a España una multa coercitiva diaria de 105 991,60 euros, con efecto a partir de la fecha del pronunciamiento de la sentencia por la que se declare el incumplimiento de la obligación de comunicar a la Comisión las disposiciones de transposición de la Directiva.
Este asunto brinda al Tribunal de Justicia la oportunidad de pronunciarse, por primera vez, sobre el artículo 260 TFUE, apartado 3, introducido por el Tratado de Lisboa, que permite a la Comisión interponer un recurso por incumplimiento ante el Tribunal de Justicia sobre la base de que «un Estado miembro ha incumplido la obligación de informar sobre las medidas de transposición de una directiva adoptada con arreglo a un procedimiento legislativo» y solicitar al Tribunal de Justicia que imponga al mismo tiempo sanciones pecuniarias a dicho Estado miembro.
En sus conclusiones de hoy, el Abogado General Evgeni Tanchev propone al Tribunal de Justicia que declare que España ha incumplido sus obligaciones de informar y que, en consecuencia, imponga una multa coercitiva diaria. El Abogado General defiende asimismo una interpretación amplia acerca de cuándo un Estado miembro «ha incumplido la obligación de informar» sobre las medidas de transposición con arreglo al artículo 260 TFUE, apartado 3, en el sentido de que tal incumplimiento comprende la transposición incompleta o incorrecta.
El Abogado General señala que España no niega haber incumplido la obligación de adoptar las medidas necesarias para transponer dicha Directiva a su Derecho interno y de comunicar tales medidas a la Comisión. Por consiguiente, propone que el Tribunal de Justicia declare que la primera pretensión de la Comisión es fundada.
A continuación, el Abogado General examina el significado del incumplimiento por parte de un Estado miembro de «la obligación de informar» a efectos del artículo 260 TFUE, apartado 3. Tras un análisis de la redacción, la génesis, los objetivos y el contexto de la mencionada disposición, el Abogado General concluye que el artículo 260 TFUE, apartado 3, ha de interpretarse en el sentido de que se refiere al incumplimiento por parte de un Estado miembro de una obligación «sustantiva» de efectuar la transposición, lo que comprende tanto la ausencia absoluta de comunicación de cualquier medida de transposición como la notificación por un Estado miembro de medidas que constituyen una transposición incompleta o incorrecta de la Directiva en cuestión.
Seguidamente, el Abogado General analiza la evaluación de las sanciones pecuniarias en virtud del artículo 260 TFUE, apartado 3. Más concretamente, el Abogado General estima que la Comisión debería poder utilizar el mismo método para calcular las sanciones pecuniarias que ella propone con arreglo a disposiciones similares del TFUE. Asimismo, considera que, sobre la base del artículo 260 TFUE, apartado 3, el Tribunal de Justicia puede imponer el pago de una suma a tanto alzado, así como una multa coercitiva, o una sanción pecuniaria que no haya propuesto la Comisión, dentro del límite al importe de la sanción pecuniaria que establece la referida disposición. A su juicio, ese límite afecta únicamente al importe de la sanción pecuniaria y no restringe la facultad de apreciación del Tribunal de Justicia en cuanto al tipo de sanción pecuniaria que debe imponerse.
En el caso de autos, el Abogado General considera que la imposición de una multa coercitiva es adecuada como medida persuasiva y que procede desestimar la alegación de España de que se trata de una sanción desproporcionada. También recomienda que el Tribunal de Justicia use como fecha de inicio de la duración de la infracción la fecha de referencia que figura en el dictamen motivado. A la luz del límite máximo establecido en el artículo 260 TFUE, apartado 3, el Abogado General propone al Tribunal de Justicia que imponga una multa diaria que ascienda hasta el pleno importe indicado por la Comisión.


Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014, sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial y por la que se modifican las Directivas 2008/48/CE y 2013/36/UE y el Reglamento (UE) n.º 1093/2010 (la denominada Directiva sobre créditos hipotecarios) (DO 2014, L 60, p. 34).
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[Jurisprudencia] [TS][Penal] Hurto. Multirreincidencia.
Interpretación restrictiva del art. 235.1.7º CP. La multirreincidencia no es sustrato del subtipo hiperagravado de hurto cuando los antecedentes penales son por delitos leves. Se reitera doctrina del Pleno: el concepto de reincidencia que se acoge en la parte general del C Penal (arts. 22.8ª y 66) ha de operar también al aplicar la multirreincidencia como supuesto específico de agravación en los subtipos de la parte especial (STS 481/2017, de 28 de junio). [Texto publicado] [Volver]

[Jurisprudencia] [TS][Contencioso-Advo] Tramitación de oficio el alta y baja de trabajador en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.

En la instancia se impugnaron los acuerdos de la TGSS en los que se resolvió que el ahora recurrente debió estar dado de alta en el RETA entre el 1 de junio de 2010 y 31 de julio de 2011, fechas en las que, de oficio y respectivamente, se le dio de alta y baja en dicho régimen especial de la Seguridad Social.

Según la sentencia impugnada el ahora recurrente sostuvo en su demanda que debía mantenérsele en el Régimen General de la Seguridad Social (en adelante, RGSS) por haber trabajado por cuenta de la empresa D S.L. A tal efecto invocó el artículo 97 y disposición adicional vigésimo séptima de la LGSS y sostuvo que no poseía el control efectivo de la sociedad ni ejercía funciones de dirección o gerencia ni prestaba servicios para la sociedad; añadía que tales normas establecen unas presunciones que admiten prueba en contrario y que con independencia de su condición de socio, mantenía con esa sociedad una relación laboral por cuenta ajena y lo basaba en la sentencia del Juzgado de lo Social de 10 de febrero de 2012.

El Supremo desestima el recurso.

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[Jurisprudencia] [TS][Social] Despido disciplinario por transgresión de la buena fe contractual y abuso de confianza. La empresa imputa al trabajador la falta consistente en vender el cableado de desecho obteniendo un beneficio, lo que realiza sin conocimiento ni consentimiento de la empresa, siendo conocedor del protocolo que establece el tratamiento que ha de darse a estos residuos.

El objeto de este recurso de casación para la unificación de doctrina es examinar la calificación que haya de darse al despido disciplinario del actor por transgresión de la buena fe contractual y abuso de confianza, habiendo imputado la empresa al trabajador que vende el cableado de desecho obteniendo un beneficio, lo que realiza sin conocimiento ni consentimiento de la empresa, siendo conocedor del protocolo que establece el tratamiento que ha de darse a estos residuos .

El Supremo desestima el recurso de la empresa.

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[Noticias] Reparto por sorteo, falsa competición y subcontratas: así funcionaba el cártel de las obras del AVE
Los correos de los directivos muestran la estrategia de las empresas sancionadas con 118 millones por la CNMC (elpais.es) [Texto publicado] [Volver]

[Noticias] El Parlamento británico rechaza las ocho propuestas para desbloquear el brexit
Las opciones con más apoyos fueron la convocatoria de un referéndum para ratificar un eventual acuerdo y negociar una unión aduanera con la Unión Europea. (elespanol.com) [Texto publicado] [Volver]

[Noticias] El Supremo suaviza el criterio para considerar ilegal la subcontratación de empleados
Rectifica al TSJ andaluz y, en vez de fraude, ve la necesaria coordinación para el éxito de la contrata (cincodias.com) [Texto publicado] [Volver]

[Noticias] Vídeos, derechos humanos y ley de ritos: las tres broncas de Marchena con las defensas
En una jornada en la que los platos fuertes eran testigos propuestos por las defensas, las chispas volvieron a saltar en el Tribunal Supremo (elconfidencial.com) [Texto publicado] [Volver]


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Las sentencias publicadas han sido suministradas por el Centro de Documentación Judicial o por los Gabinetes de Prensa del CGPJ

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