[J]

[TJUE] Las diferencias de trato por razón de la lengua no están admitidas, en principio, en los procedimientos selectivos del personal de las instituciones de la Unión.
No obstante, puede admitirse una diferencia de trato de este tipo siempre que responda a necesidades reales del servicio, sea proporcionada a estas necesidades y esté motivada por criterios claros, objetivos y previsibles [Más info] [Texto publicado]


[J]

[TJUE] Un menor acogido según el régimen de tutela de la kafala argelina por un ciudadano de la Unión no puede ser considerado «descendiente directo» de dicho ciudadano.
Sin embargo, el Estado miembro en el que resida ese ciudadano debe facilitar, previa evaluación, la entrada y residencia del menor en su territorio [Más info] [Texto publicado]


[J]

[TS][Contencioso-Advo] Impuesto de Transmisión Patrimonial. Dación en pago al acreedor hipotecario de un inmueble hipotecado. Hecho imponible específico (art. 7.2.a) TRITPAJD. Determinación de la base imponible: interpretación conjunta de los artículos 10.1 y 46.3 TRITPAJD; comprobación de valores e integración de la base imponible; principio de coherencia, análisis de la cuestión en otras figuras tributarias; principio de capacidad económica. [Más info] [Texto publicado]


[N]

Una potencia extranjera atacó los ordenadores de Defensa [Más info] [Texto publicado]


[N]

El Parlamento británico arrebata a May el control sobre el brexit [Más info] [Texto publicado]


[N]

El Gobierno rechaza pedir perdón a México por la Conquista y le pide leer sin ira el pasado [Más info] [Texto publicado]


[N]

El TJUE tumba la cláusula hipotecaria que mantenía en vilo unos 17.000 desahucios [Más info] [Texto publicado]


[N]

Bruselas obliga por primera vez a un propietario a vender su casa tras diez años desocupada [Más info] [Texto publicado]


[N]

Los venezolanos encuentran una vía para quedarse en España: la figura del desplazado [Más info] [Texto publicado]


Legislación Estatal

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[L]

[BOE] Orden TMS/331/2019, de 20 de marzo, por la que se establecen los requisitos y condiciones para la suscripción de convenios de habilitación para la presentación electrónica de documentos en los expedientes relativos a las autorizaciones de residencia previstas en la sección de movilidad internacional de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. BOE 26 - 3 - 2019 [Más info] [Texto publicado]


[L]

[BOE] Resolución de 25 de marzo de 2019, de la Secretaria de Estado de Migraciones, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de marzo de 2019, por el que se aprueban las instrucciones por las que se determina el procedimiento, en caso de retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea sin que se haya alcanzado el acuerdo previsto en el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, para la documentación de los nacionales del Reino Unido residentes en España antes de la fecha de retirada y de los miembros de su familia, así como para la documentación de los nacionales del Reino Unido que reúnan la condición de trabajadores fronterizos antes de la fecha de retirada. BOE 26 - 3 - 2019 [Más info] [Texto publicado]


Legislación Comunitaria

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[DOCE] Revisado el DOUE de hoy, no encontramos disposiciones reseñables DOCE 26 - 3 - 2019 [Más info] [Texto publicado]



[Jurisprudencia] [TJUE] Las diferencias de trato por razón de la lengua no están admitidas, en principio, en los procedimientos selectivos del personal de las instituciones de la Unión.
No obstante, puede admitirse una diferencia de trato de este tipo siempre que responda a necesidades reales del servicio, sea proporcionada a estas necesidades y esté motivada por criterios claros, objetivos y previsibles

En el asunto C-377/16, España ha solicitado al Tribunal de Justicia la anulación, por discriminación lingüística, de la convocatoria de manifestaciones de interés publicada por el Parlamento Europeo en 2016 al objeto de constituir una base de datos de candidatos para ejercer la función de conductores. El formulario de candidatura solo estaba disponible en inglés, francés y alemán. Los candidatos debían tener, además de un profundo conocimiento de una de las 24 lenguas oficiales de la Unión Europea como «lengua 1» del procedimiento de selección, un conocimiento satisfactorio del inglés, del francés o del alemán como «lengua 2». El Parlamento motivó esta limitación de la elección de la lengua 2 «en función del interés del servicio, que exige que los nuevos agentes sean operativos inmediatamente y puedan comunicar con eficacia en su trabajo cotidiano» y por el hecho de que estas tres lenguas son las más utilizadas en esa institución.
En el asunto C-621/16 P, la Comisión ha interpuesto un recurso de casación mediante el que solicita la anulación de la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea  por la que este, tras sendos recursos interpuestos por Italia, anuló dos convocatorias de oposiciones generales de la Oficina Europea de Selección de Personal (en lo sucesivo, «EPSO»)  debido a la ilegalidad de la limitación de la elección de la «lengua 2» de las oposiciones al inglés, al francés y al alemán y de la limitación a esas tres lenguas de la elección de la lengua de comunicación entre los candidatos y la EPSO.
Mediante sus sentencias de hoy, el Tribunal de Justicia, en el asunto C-377/16, anula la convocatoria de manifestaciones de interés y la base de datos establecida en virtud de dicha convocatoria, y, en el asunto C-626/16 P, desestima el recurso de casación interpuesto por la Comisión.
El Tribunal de Justicia recuerda  que el Estatuto de los Funcionarios  prohíbe toda discriminación, como la ejercida por razón de la lengua, bien entendido que pueden autorizarse diferencias de trato por razón de la lengua siempre y cuando estén objetiva y razonablemente justificadas por un objetivo legítimo de interés general, como el interés del servicio, esto es, las necesidades reales relativas a las funciones que las personas seleccionadas habrán de ejercer. A este respecto, el Tribunal de Justicia pone de manifiesto que, en un proceso selectivo, las instituciones disponen de una amplia facultad de apreciación para valorar las cualificaciones y los méritos de los candidatos que deben tenerse en cuenta. Sin embargo, están obligadas no solo a garantizar que toda diferencia de trato por razón de la lengua sea apta para responder al interés del servicio y proporcionada en relación con él, sino también a motivar tal diferencia con criterios claros, objetivos y previsibles, para permitir a los candidatos comprender las razones de este requisito y a los tribunales de la Unión controlar su legalidad.
En lo que atañe al asunto C-377/16, el Tribunal de Justicia observa que, a falta de indicaciones sobre el hecho de que el formulario de inscripción, disponible únicamente en inglés, francés y alemán, pudiera cumplimentarse en cualquier lengua oficial de la Unión, los candidatos podían razonablemente suponer que debía cumplimentarse obligatoriamente en una de esas tres lenguas. De ello deduce la existencia de una diferencia de trato por razón de la lengua, en principio prohibida. Sin embargo, el Parlamento no ha demostrado la existencia de un objetivo legítimo de interés general que justifique esta diferencia de trato.
A continuación, el Tribunal de Justicia señala que la limitación de la «lengua 2» únicamente al inglés, al francés y al alemán constituye también una diferencia de trato por razón de lengua, en principio prohibida. Ahora bien, la convocatoria de manifestaciones de interés publicada por el Parlamento no justifica esta limitación con respecto a las necesidades lingüísticas concretas relativas a las funciones que los conductores contratados tendrán que desempeñar. El Tribunal de Justicia pone de manifiesto que ni la circunstancia según la cual los conductores deberán ejercer sus tareas en ciudades francófonas o germanófonas ni aquella según la cual las personas a quienes los conductores deberán conducir utilizan con mayor frecuencia el inglés pueden justificar la limitación de la elección de la «lengua 2» a las tres lenguas mencionadas. En efecto, el Parlamento no ha demostrado por qué cada una de estas lenguas tiene una utilidad especial para el ejercicio de las funciones de que se trata ni por qué esta elección no puede abarcar otras lenguas oficiales potencialmente pertinentes para dichas funciones. Además, mientras el Parlamento Europeo no haya adoptado normas internas sobre las modalidades de aplicación de su régimen lingüístico, no puede afirmarse que esas tres lenguas sean, necesariamente, las más útiles para realizar todas las funciones en dicha institución.
Por lo que respecta al asunto C-621/16 P, el Tribunal de Justicia señala antes de nada que una convocatoria de oposición establece el marco normativo de una oposición específica. De este modo, cada convocatoria de oposición produce efectos jurídicos obligatorios autónomos, y, en consecuencia, puede ser objeto autónomo de un recurso. Por tanto, el Tribunal General declaró acertadamente la admisibilidad de los recursos interpuestos por Italia.
A continuación, el Tribunal de Justicia afirma que el Tribunal General declaró correctamente que las más altas cualidades de competencia, rendimiento e integridad son independientes de los conocimientos lingüísticos, ya que estos son el medio para demostrar los primeros. En consecuencia, el Tribunal General no incurrió en error al considerar que el objetivo de seleccionar funcionarios con estas altas cualidades no justifica una diferencia de trato por razón de la lengua. Por otro lado, el Tribunal de Justicia observa que el Tribunal General examinó acertadamente si existían «indicaciones concretas» que permitieran demostrar objetivamente la existencia de un interés del servicio que justificara la limitación de la elección de la «lengua 2» de la oposición, Además, el Tribunal de Justicia pone de manifiesto que el Tribunal General no sustituyó la apreciación de la EPSO por la suya propia, sino que se limitó a controlar el fundamento de las justificaciones aportadas por la EPSO en relación con la limitación de la elección de la «lengua 2» de la oposición.

Por último, el Tribunal de Justicia observa que, aunque las convocatorias de oposición deben publicarse íntegramente en el Diario Oficial de la Unión Europea en todas las lenguas oficiales de la Unión, en el marco de una oposición la EPSO no está obligada a comunicarse con un candidato en la lengua elegida libremente por este. No obstante, la limitación de la elección de la lengua de comunicación entre los candidatos y la EPSO a un número restringido de lenguas oficiales indicadas por la EPSO debe estar justificada. Ahora bien, en el caso de autos, la EPSO no ha aportado ninguna justificación de esta naturaleza

Sentencia del Tribunal General de 15 de septiembre de 2016, en los asuntos T-353/14 y T-17/15, Italia/Comisión.

Convocatoria de oposición general EPSO/AD/276/14, para la constitución de una lista de reserva de administradores (DO 2014, C 74 A, p. 4), y convocatoria de concurso-oposición general EPSO/AD/294/14, para la constitución de una lista de reserva de administradores en el ámbito de la protección de datos para el Supervisor Europeo de Protección de Datos (DO 2014, C 391 A, p. 1)

Sentencia del Tribunal de Justicia de 27 de noviembre de 2012, en el asunto C-566/10 P, Italia/Comisión (véase el comunicado de prensa n.º 153/12).

Reglamento (CEE, Euratom, CECA) n.º 259/68 del Consejo, de 29 de febrero de 1968, por el que se establece el Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas y el Régimen aplicable a los otros agentes de estas Comunidades y por el que se establecen medidas específicas aplicables temporalmente a los funcionarios de la Comisión (DO 1968, L 56, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (UE, Euratom) n.º 1023/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013 (DO 2013, L 287, p. 15).

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[Jurisprudencia] [TJUE] Un menor acogido según el régimen de tutela de la kafala argelina por un ciudadano de la Unión no puede ser considerado «descendiente directo» de dicho ciudadano.
Sin embargo, el Estado miembro en el que resida ese ciudadano debe facilitar, previa evaluación, la entrada y residencia del menor en su territorio

Dos cónyuges de nacionalidad francesa, residentes en el Reino Unido, solicitaron a las autoridades de este país un permiso de entrada, en calidad de adoptada, de una menor argelina cuyo acogimiento se les había atribuido en Argelia bajo la fórmula de la kafala, institución del Derecho de familia existente en algunos países de tradición coránica. Ante la negativa de las autoridades británicas a conceder el permiso, contra la que la menor interpuso los correspondientes recursos, la Supreme Court of the United Kingdom (Tribunal Supremo, Reino Unido) pregunta al Tribunal de Justicia, en síntesis, si la Directiva relativa a la libre circulación  permite calificar a dicha menor de «descendiente directo» de quienes la acogieron en kafala.
La Directiva contempla dos vías para que un menor que no sea ciudadano de la Unión pueda entrar y residir en un Estado miembro en compañía de las personas con las que tiene una «vida familiar». En el caso de los descendientes directos, la continuidad de la vida familiar se produce de manera prácticamente automática, mientras que, cuando se trata de cualquier otro miembro de la familia que esté a cargo o viva con el ciudadano de la Unión beneficiario del derecho de residencia con carácter principal, es preciso ponderar previamente las circunstancias antes de otorgarle esos derechos.
En su sentencia de hoy el Tribunal de Justicia declara con carácter preliminar que la kafala constituye, en virtud del Derecho argelino, el compromiso de un adulto de hacerse cargo del cuidado, la educación y la protección del menor, de igual forma que lo haría el progenitor, y de ejercer la tutela legal sobre dicho menor. A diferencia de la adopción, que está prohibida por el Derecho argelino, el acogimiento en régimen de kafala no confiere al menor la condición de heredero del tutor. Por otra parte, la kafala concluye con la mayoría de edad del menor y puede revocarse a solicitud de los padres biológicos o del tutor.
El Tribunal de Justicia aborda a continuación si el concepto de «descendiente directo» de ciudadano de la Unión que figura en la Directiva relativa a la libre circulación debe interpretarse en el sentido de que incluye a un menor que se halla bajo la tutela legal permanente de un ciudadano o ciudadanos de la Unión con arreglo a la institución de la kafala argelina.
El Tribunal de Justicia afirma a ese respecto que, a falta de una remisión expresa al Derecho nacional, se desprende de las exigencias tanto de la aplicación uniforme del Derecho de la Unión como del principio de igualdad que el tenor de la Directiva relativa a la libre circulación normalmente debe ser objeto en toda la Unión de una interpretación autónoma e uniforme. Además, teniendo en cuenta que la Directiva no contiene una definición del concepto de «descendiente directo», procede, para interpretar dicho concepto, tener en cuenta no solo el tenor literal de la disposición en cuestión sino también su contexto y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forma parte.
En ese contexto, el Tribunal de Justicia señala que el concepto de «descendiente directo» supone generalmente que existe un vínculo de filiación. Ese concepto de «vínculo de filiación» debe entenderse en sentido amplio, de modo que en él encaje cualquier vínculo de filiación, sea biológico o jurídico, y que, por consiguiente, se interprete que el concepto de «descendiente directo» de ciudadano de la Unión abarca tanto al hijo biológico como al hijo adoptivo de dicho ciudadano, siempre que resulte acreditado que la adopción crea un vínculo jurídico de filiación entre el menor y el ciudadano de la Unión de que se trate.
El Tribunal de Justicia observa que, dado que el acogimiento de un menor en régimen de kafala argelina no crea un vínculo de filiación entre el menor y su tutor, no puede considerarse que un menor que se halla bajo la tutela legal de ciudadanos de la Unión con arreglo a dicha institución sea «descendiente directo» de un ciudadano de la Unión.
No obstante, el Tribunal de Justicia considera que ese menor encajará en otro concepto de la Directiva relativa a la libre circulación, concretamente el de «otro miembro de la familia», que sí puede abarcar la situación de un menor que, respecto de determinados ciudadanos de la Unión, se halla bajo un régimen de tutela legal como puede ser la kafala argelina y cuyo cuidado, educación y protección han asumido dichos ciudadanos con arreglo a un compromiso adquirido en virtud del Derecho del país de origen del menor.
El Tribunal de Justicia destaca a ese respecto que el objetivo de la Directiva relativa a la libre circulación consiste en «mantener la unidad de la familia en un sentido amplio», facilitando la entrada y la residencia de las personas que mantengan con un ciudadano de la Unión relaciones familiares estrechas y estables por razón de circunstancias de hecho específicas, como una dependencia financiera, una relación de convivencia o motivos graves de salud.
Así pues, el Tribunal de Justicia destaca que los Estados miembros deben prever la posibilidad de que «los miembros de la familia en un sentido amplio» obtengan una decisión sobre su solicitud que esté basada en un estudio detenido de su situación personal que tenga en cuenta las diversas circunstancias pertinentes y que, en caso de denegación, esté motivada. Además, el margen de apreciación que corresponde a los Estados miembros se ejercerá a la luz y en consideración al respeto de las disposiciones de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, especialmente el derecho al respeto de la vida familiar y la protección del interés superior del menor.
El Tribunal de Justicia llega a la conclusión de que incumbe a las autoridades nacionales competentes facilitar la entrada y residencia de un menor que se halla bajo la tutela legal de ciudadanos de la Unión con arreglo al régimen de la kafala argelina como «otro miembro de la familia» de un ciudadano de la Unión, a través de una apreciación equilibrada y razonable del conjunto de circunstancias actuales y pertinentes del asunto que tenga en cuenta todos los intereses en juego y en especial el interés superior del menor afectado. Esa apreciación debe tener en cuenta asimismo el posible riesgo específico e individualizado de que los menores en cuestión sean víctima de abuso, explotación o tráfico, con la precisión de que no cabe presumir que existe tal riesgo por el hecho de que el procedimiento de colocación en régimen de kafala argelina esté basado en una evaluación de la aptitud del adulto y el interés del menor que se supone menos pormenorizada que la del procedimiento que se instruye en el Estado miembro de acogida respecto de la adopción o el acogimiento del menor.
En caso de que, tras dicha apreciación, se demuestre que, en circunstancias normales, el menor y su tutor (que es ciudadano de la Unión) llevarán una vida familiar efectiva y que el menor depende de su tutor, las exigencias vinculadas al derecho fundamental al respeto de la vida familiar, junto con la obligación de tener en cuenta el interés superior del menor, en principio requerirán que se otorgue a este el derecho de entrada y residencia al objeto de permitir que viva con su tutor en el Estado miembro de acogida de este.


Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) n.º 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE (DO 2004, L 158, p. 77; corrección de errores en DO 2004, L 229, p. 35).
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[Jurisprudencia] [TS][Contencioso-Advo] Impuesto de Transmisión Patrimonial. Dación en pago al acreedor hipotecario de un inmueble hipotecado. Hecho imponible específico (art. 7.2.a) TRITPAJD. Determinación de la base imponible: interpretación conjunta de los artículos 10.1 y 46.3 TRITPAJD; comprobación de valores e integración de la base imponible; principio de coherencia, análisis de la cuestión en otras figuras tributarias; principio de capacidad económica.

A través del presente recurso debemos resolver si en la dación en pago de un inmueble hipotecado al acreedor hipotecado, sujeta al ITPyAJD en su modalidad de TPO, la base imponible ha de fijarse en función del valor real del bien inmueble que se transmite o si, por el contrario, la misma ha de coincidir con el importe de la deuda pendiente de amortizar que se extingue con la operación.

A estos efectos, dado que toda obligación tributaria debe exigirse con arreglo a la naturaleza jurídica del hecho, acto o negocio realizado ( artículo 13 LGT ) procederá indagar la voluntad negocial de la dación en pago, como paso previo a analizar el hecho imponible del ITPAJD, en su modalidad TPO así como la base imponible, magnitud ésta sobre la que, precisamente, surge la discrepancia esencial entre las partes.

El Supremo desestima el recurso, y establece un criterio jurisprudencial.

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[Noticias] Una potencia extranjera atacó los ordenadores de Defensa
Los ciberespías, que infectaron con un virus tres meses la red de comunicación interna antes de ser detectados, querían acceder a secretos de la industria militar (elpais.es) [Texto publicado] [Volver]

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[Legislación] [BOE] Orden TMS/331/2019, de 20 de marzo, por la que se establecen los requisitos y condiciones para la suscripción de convenios de habilitación para la presentación electrónica de documentos en los expedientes relativos a las autorizaciones de residencia previstas en la sección de movilidad internacional de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización.
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[Legislación] [BOE] Resolución de 25 de marzo de 2019, de la Secretaria de Estado de Migraciones, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de marzo de 2019, por el que se aprueban las instrucciones por las que se determina el procedimiento, en caso de retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea sin que se haya alcanzado el acuerdo previsto en el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, para la documentación de los nacionales del Reino Unido residentes en España antes de la fecha de retirada y de los miembros de su familia, así como para la documentación de los nacionales del Reino Unido que reúnan la condición de trabajadores fronterizos antes de la fecha de retirada.
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[Legislación] [DOCE] Revisado el DOUE de hoy, no encontramos disposiciones reseñables
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Fuentes

Las e-fuentes consultadas: Legislación: DOCE, BOE, Boletín Oficial de las Cortes Generales (BOCG). Jurisprudencia: TC, TS, TJCE y TEDH. Noticias: europa press, EFE, EL PAÍS, EL MUNDO, ABC, LA RAZÓN, LA VANGUARDIA, EXPANSIÓN, a3n.tv, libertaddigital.com, 20minutos.es, 5dias.com, cope.es, vnet.es, diariodirecto.com

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Este diario es una publicación distribuida por paraprofesionales.com y se dirige exclusivamente a sus suscriptores. Su reenvío a terceras personas distintas del destinatario requiere autorización expresa de paraprofesionales.com. No nos hacemos responsables de las decisiones tomadas con base en el contenido del presente diario. Las colaboraciones firmadas recogen la opiniones de sus autores.

Las sentencias publicadas han sido suministradas por el Centro de Documentación Judicial o por los Gabinetes de Prensa del CGPJ

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3172 páginas, edición anual, marzo 2019, El libro del asesor fiscal
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Memento Igualdad

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700 páginas, 1ª edición, mayo 2019,

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Usb Formularios Jurídicos 2019

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