[J]

[TJUE] Una frontera interior de un Estado miembro en la que se hayan restablecido los controles no puede asimilarse a una frontera exterior en el sentido de la Directiva sobre el retorno. Francia y España [Más info] [Texto publicado]


[J]

[TJUE] El Tribunal General anula la Decisión de la Comisión mediante la que se declaraba que una intervención de apoyo efectuada por un consorcio de carácter privado en favor de uno de sus miembros constituía una «ayuda otorgada por un Estado» [Más info] [Texto publicado]


[J]

[TJUE] Un solicitante de asilo puede ser trasladado al Estado miembro en principio responsable de la tramitación de su solicitud o que le ha concedido ya protección subsidiaria salvo que las condiciones de vida que previsiblemente encuentran los beneficiarios de protección internacional lo expongan en ese Estado miembro a una situación de privación material extrema, contraria a la prohibición de los tratos inhumanos o degradantes.
Las insuficiencias del sistema social del Estado miembro de que se trate no permiten, por sí solas, llegar a la conclusión de que existe riesgo de que se produzca un trato de esa naturaleza [Más info] [Texto publicado]


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El desbarajuste del Brexit aboca a una prórroga de difícil digestión [Más info] [Texto publicado]


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Un indulto para Antonio, el niño arruinado por el impuesto de sucesiones: tendrá otra oportunidad [Más info] [Texto publicado]


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¿Van a por Marchena? [Más info] [Texto publicado]


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Legislación Estatal

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[BOE] Enmiendas de 2017 al Anexo del Protocolo de 1997 que enmienda el Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques, 1973, modificado por el Protocolo de 1978, adoptadas en Londres el 7 de julio de 2017 mediante la Resolución MEPC.286(71). BOE 19 - 3 - 2019 [Más info] [Texto publicado]


[L]

[BOE] Orden TFP/303/2019, de 12 de marzo, por la que se crean las Subsedes Electrónicas del Portal Funciona y del Portal de la Transparencia, como sedes electrónicas derivadas de la Sede Electrónica del Punto de Acceso General de la Administración General del Estado. BOE 19 - 3 - 2019 [Más info] [Texto publicado]


Legislación Autonómica

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[BOE] Ley [COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS] 4/2019, de 31 de enero, de Microcooperativas de las Illes Balears. BOE 19 - 3 - 2019 [Más info] [Texto publicado]


[L]

[BOE] Ley [COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS] 6/2019, de 8 de febrero, de modificación de la Ley 7/2013, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de actividades en las Illes Balears. BOE 19 - 3 - 2019 [Más info] [Texto publicado]


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[BOE] Ley [COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS] 7/2019, de 8 de febrero, para la sostenibilidad medioambiental y económica de la Isla de Formentera. BOE 19 - 3 - 2019 [Más info] [Texto publicado]


Legislación Comunitaria

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[DOCE] Decisión (UE) 2019/434 de la Comisión, de 27 de febrero de 2019, sobre la propuesta de iniciativa ciudadana titulada «Europe CARES: una educación inclusiva de calidad para los niños con discapacidad» [notificada con el número C(2019) 1545] DOCE 19 - 3 - 2019 [Más info] [Texto publicado]


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[DOCE] Decisión (UE) 2019/435 de la Comisión, de 12 de marzo de 2019, sobre la propuesta de iniciativa ciudadana denominada «Housing for all» [notificada con el número C(2019) 2004] DOCE 19 - 3 - 2019 [Más info] [Texto publicado]


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[DOCE] Decisión de Ejecución (UE) 2019/419 de la Comisión, de 23 de enero de 2019, con arreglo al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la adecuación de la protección de los datos personales por parte de Japón en virtud de la Ley sobre la protección de la información personal DOCE 19 - 3 - 2019 [Más info] [Texto publicado]



[Jurisprudencia] [TJUE] Una frontera interior de un Estado miembro en la que se hayan restablecido los controles no puede asimilarse a una frontera exterior en el sentido de la Directiva sobre el retorno. Francia y España

El Sr. Abdelaziz A. , de nacionalidad marroquí, fue sometido a un control de identidad en territorio francés, a proximidad de la frontera terrestre que separa Francia de España, a bordo de un autobús procedente de Marruecos. Previamente había sido objeto de una medida de expulsión del territorio francés. Sospechoso de haber entrado ilegalmente en el territorio francés, fue detenido y el préfet des Pyrénées-Orientales (Prefecto del departamento de los Pirineos Orientales, Francia) adoptó una resolución por la que se le obligaba a abandonar el territorio francés y se ordenaba su internamiento. La detención preventiva fue anulada por el tribunal de grande instance de Perpignan (Tribunal de Primera Instancia de Perpiñán, Francia). La cour d’appel de Montpellier (Tribunal de Apelación de Montpellier, Francia) confirmó la decisión de primera instancia y el Prefecto interpuso recurso de casación ante la Cour de cassation (Tribunal de Casación, Francia).
El principio de libre circulación en el interior del espacio Schengen implica la inexistencia de controles de las personas que crucen las fronteras interiores entre los Estados miembros. El control en cuestión se realizó en 2016, durante un período en el que se habían restablecido temporalmente en Francia los controles en las fronteras interiores. Al declarar el estado de emergencia, Francia había decidido restablecer los controles en las fronteras interiores frente a una amenaza grave para su orden público y su seguridad interior, conforme a las disposiciones del Código de fronteras Schengen. 
En este contexto, la Cour de cassation señala que la Directiva sobre el retorno  permite a los Estados miembros no aplicar a los nacionales de terceros países el procedimiento de retorno que establece cuando a estos se les deniegue la entrada o cuando sean detenidos o interceptados con ocasión del cruce irregular de las fronteras exteriores de un Estado miembro y no hayan obtenido ulteriormente una autorización o derecho de estancia en ese Estado miembro.
Dicho órgano jurisdiccional pregunta al Tribunal de Justicia si una frontera interior en la que se hayan restablecido los controles es asimilable, a los efectos de la citada Directiva sobre el retorno, a una frontera exterior y, si, en consecuencia, Francia puede decidir no aplicar al Sr. A. el procedimiento de retorno previsto por la Directiva sobre el retorno.
En su sentencia de hoy, el Tribunal de Justicia recuerda, en primer lugar, que el Sr. A. , de nacionalidad marroquí, no fue objeto de una decisión de denegación de entrada en el territorio francés, sino que fue sometido a un control de identidad por las autoridades francesas, en las inmediaciones de la frontera francoespañola, tras haberse restablecido los controles en dicha frontera en virtud del artículo 25 del Código de fronteras Schengen, y fue detenido, a raíz de ese control, por ser sospechoso de haber cometido el delito de entrada irregular en el territorio francés.
Por lo tanto, según el Tribunal de Justicia, es preciso determinar si un nacional de un tercer país que se encuentra en situación irregular en el territorio de un Estado miembro y que ha sido detenido en las inmediaciones de una frontera interior de dicho Estado miembro está comprendido en la excepción establecida a la aplicación de la Directiva sobre el retorno, cuando el Estado miembro de que se trate haya restablecido los controles en esa frontera con arreglo al artículo 25 del Código de fronteras Schengen.
El Tribunal de Justicia recuerda que, según su jurisprudencia, la Directiva sobre el retorno debe interpretarse en el sentido de que no permite a los Estados miembros excluir de su ámbito de aplicación a los nacionales de terceros países incursos en situación irregular por haber entrado de forma ilegal a través de una frontera interior. Estima además que el restablecimiento por un Estado miembro de controles en sus fronteras interiores no altera esta conclusión. A este respecto, el Tribunal de Justicia considera en particular que, a la vista del objetivo perseguido por la Directiva sobre el retorno, no procede distinguir el supuesto de un nacional de un tercer país en situación irregular, aprehendido en las inmediaciones de una frontera interior, según que se hayan restablecido o no los controles en dicha frontera.
A continuación, señala que se deduce del Código de fronteras Schengen que una frontera interior en la que un Estado miembro haya restablecido los controles no equivale a una frontera exterior en el sentido del propio Código. En efecto, a tenor del Código de fronteras Schengen, los conceptos de «fronteras interiores» y «fronteras exteriores» se excluyen mutuamente. El Código se limita a disponer que cuando un Estado miembro restablezca los controles en las fronteras interiores, únicamente se aplicarán las disposiciones de dicho Código relativas a las fronteras exteriores que sean pertinentes. El Tribunal de Justicia considera por lo tanto que el propio tenor del Código de fronteras Schengen se opone a que una frontera interior en la que se hayan restablecido los controles se asimile a una frontera exterior.
El Tribunal de Justicia concluye que la excepción a la aplicación del procedimiento de retorno previsto por la Directiva sobre el retorno no tiene por objeto el caso de un nacional de un tercer país, detenido en las inmediaciones de una frontera interior y en situación irregular en el territorio de un Estado miembro, aun cuando ese Estado miembro haya restablecido los controles en dicha frontera debido a una amenaza grave para el orden público o la seguridad interior del citado Estado miembro.


Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por el que se establece un Código de normas de la Unión para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen) (DO 2016, L 77, p. 1).

Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular (DO 2008, L 348, p. 98).

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[Jurisprudencia] [TJUE] El Tribunal General anula la Decisión de la Comisión mediante la que se declaraba que una intervención de apoyo efectuada por un consorcio de carácter privado en favor de uno de sus miembros constituía una «ayuda otorgada por un Estado»

En 2013 un banco italiano (Banca Popolare di Bari; en lo sucesivo, «BPB») expresó su interés en suscribir la ampliación de capital de otro banco italiano (Banca Tercas; en lo sucesivo, «Tercas»), que estaba desde 2012 bajo administración extraordinaria después de que Banca d’Italia (autoridad pública que ejerce las funciones de Banco Central de Italia) hubiera constatado determinadas irregularidades.
Entre los requisitos planteados por BPB para la operación estaban que el Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (en lo sucesivo, «FITD») cubriera el déficit patrimonial de Tercas y que se realizara una auditoría de este mismo banco. El FITD es un consorcio de naturaleza privada, mutualista y establecido entre bancos, que dispone de la facultad de intervenir en favor de sus consorciados no solo al amparo de la garantía legal de los depósitos establecida para los supuestos de liquidación forzosa de uno de dichos consorciados por decisión administrativa (intervenciones obligatorias) sino también con carácter voluntario, de conformidad con sus Estatutos, cuando la intervención permita reducir las cargas que pueden derivarse de la garantía de depósitos que recae sobre los consorciados (intervenciones voluntarias, incluidas las intervenciones voluntarias de apoyo o preventivas).
En 2014, y tras asegurarse de que la intervención en favor de Tercas resultaba más ventajosa económicamente que el rembolso de los depósitos del banco, el FITD decidió cubrir el déficit patrimonial de Tercas y otorgarle determinadas garantías. Banca d’Italia dio su aprobación a las medidas.
La Comisión inició una investigación exhaustiva sobre las medidas mencionadas, por las dudas que le suscitaba su compatibilidad con la normativa de la Unión en materia de ayudas de Estado. Mediante Decisión de 23 de diciembre de 2015  la Comisión concluyó que las medidas en cuestión constituían una ayuda de Estado ejecutada por Italia en favor de Tercas.
Italia (asunto T-98/16), BPB (asunto T-196/16) y el FITD, apoyado por Banca d’Italia (asunto T‑198/16), solicitaron al Tribunal General de la Unión Europea que anulara la Decisión de la Comisión.
Mediante su sentencia de hoy el Tribunal General anula la Decisión de la Comisión, puesto que esta incurrió en error al estimar que las medidas adoptadas en favor de Tercas implicaban el uso de fondos estatales y eran imputables al Estado.
Por lo que se refiere al concepto de «ayuda otorgada por un Estado», a los efectos del artículo 107, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el Tribunal General recuerda que las ayudas de Estado deben cumplir dos requisitos diferenciados y acumulativos: ser imputables al Estado y otorgarse mediante fondos estatales.
Respecto del requisito de la imputabilidad de la ayuda al Estado, el Tribunal General observa que, dado que la intervención en favor de Tercas fue realizada por una entidad privada (el FITD), la Comisión tenía que disponer de suficientes indicios como para llegar a la conclusión de que dicha intervención se adoptó bajo la influencia o el control efectivo de las autoridades públicas y de que, por ello, era imputable al Estado. En el caso de autos la Comisión no disponía de suficientes indicios para llegar a esa conclusión sino que, al contrario, en los autos hay numerosos datos que indican que el FITD actuó autónomamente al adoptar la intervención en favor de Tercas.
El Tribunal General estima a ese respecto que, ante todo, el mandato conferido por la legislación italiana al FITD consiste exclusivamente en el rembolso de los depósitos (con un límite de 100 000 euros por depositante) en su condición de sistema de garantía de depósitos cuando un banco consorciado es objeto de liquidación forzosa por decisión administrativa. Fuera de ese contexto, no se puede decir que el FITD actúe en cumplimiento de un mandato público de la normativa italiana. Por tanto, la finalidad de las intervenciones de apoyo en favor de Tercas es distinta que la del sistema de garantía de depósitos en casos de liquidación forzosa por decisión administrativa, y dichas intervenciones no suponen la aplicación de ningún mandato público.
Por otra parte, el Tribunal General observa que la Comisión no ha demostrado que las autoridades públicas italianas intervinieran en la adopción de la medida en cuestión. El Tribunal General señala sobre ese particular que el FITD es un consorcio de carácter privado que, con arreglo a sus Estatutos, actúa «por cuenta y en interés de los consorciados». Además, sus órganos directivos son elegidos por su Asamblea General y, al igual que esta, están formados por representantes de los bancos consorciados. Por ser ello así, el Tribunal General destaca que la autorización de la intervención del FITD en favor de Tercas por parte de Banca d’Italia no es indicio de la imputabilidad de la medida en cuestión al Estado italiano, puesto que cuando Banca d’Italia autorizó las ayudas se limitó, en su labor de supervisor prudencial, a comprobar que fueran compatibles con el marco regulador, sin obligar en absoluto al FITD a intervenir en apoyo de Tercas. Por añadidura, los delegados de Banca d’Italia que asisten a las reuniones de los órganos directivos del FITD desempeñan en ellas un papel puramente pasivo de meros observadores. Además, la intervención de Banca d’Italia en las negociaciones seguidas entre el FITD, BPB y el comisario especial de Tercas es simplemente expresión de un diálogo legítimo y corriente con la autoridad supervisora y no tuvo ninguna incidencia en la decisión del FITD de intervenir en favor de Tercas.
Respecto del requisito de la financiación de la intervención con medios estatales, el Tribunal General llega a la conclusión de que la Comisión no ha probado que los fondos otorgados a Tercas en virtud de la intervención de apoyo del FITD estuvieran sujetos al control de las autoridades públicas italianas. El Tribunal General señala sobre ese punto que el origen de la intervención del consorcio en favor de Tercas hay que buscarlo en la propuesta inicial de BPB, hecha suya por Tercas, de conformidad con los Estatutos del FITD, mediante el uso de fondos facilitados por los bancos consorciados y actuando en interés de estos, ya que la ayuda a Tercas resultaba menos costosa que la aplicación de la garantía legal en favor de los depositantes de Tercas que habría recaído en caso de liquidación forzosa de este por una decisión administrativa.


Decisión (UE) 2016/1208 de la Comisión, de 23 de diciembre de 2015, relativa a la ayuda estatal SA.39451 (2015/C) (ex 2015/NN) ejecutada por Italia en favor de Banca Tercas (DO 2016, L 203, p. 1).
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[Jurisprudencia] [TJUE] Un solicitante de asilo puede ser trasladado al Estado miembro en principio responsable de la tramitación de su solicitud o que le ha concedido ya protección subsidiaria salvo que las condiciones de vida que previsiblemente encuentran los beneficiarios de protección internacional lo expongan en ese Estado miembro a una situación de privación material extrema, contraria a la prohibición de los tratos inhumanos o degradantes.
Las insuficiencias del sistema social del Estado miembro de que se trate no permiten, por sí solas, llegar a la conclusión de que existe riesgo de que se produzca un trato de esa naturaleza

Objeto del asunto J. es, esencialmente, la cuestión de si la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta») se opone a que un solicitante de protección internacional sea trasladado, con arreglo al Reglamento Dublín III,  al Estado miembro en principio responsable de la tramitación de su solicitud si en dicho Estado miembro corre grave riesgo de sufrir un trato inhumano o degradante debido a las condiciones de vida que encontrará previsiblemente como beneficiario de protección internacional (suponiendo que se le conceda tal protección).
El Sr. Abubacarr J. , originario de Gambia, presentó una primera solicitud de asilo en Italia, a donde había llegado por mar. Tras continuar su viaje, presentó otra solicitud de asilo en Alemania. Las autoridades alemanas declararon inadmisible esta solicitud y ordenaron el traslado del Sr. J. a Italia. Sin embargo, el intento de trasladar al Sr. J. en junio de 2015 a Italia fracasó debido a que no se encontraba en el alojamiento comunitario donde se hospedaba. El Sr. J. declaró a su regreso que había visitado a un amigo en otra ciudad alemana y que nadie le había indicado que habría debido informar de su ausencia.
Ante el Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Tribunal Superior de lo Contencioso-Administrativo de Baden-Wurtemberg, Alemania), el Sr. J. alegó que Alemania había pasado a ser el Estado miembro responsable puesto que el plazo de seis meses establecido por el Reglamento Dublín III para trasladarlo al Estado miembro en principio responsable (esto es, Italia) había expirado. Al no haberse dado el Sr. J. a la fuga en el momento en que se intentó el traslado, ese plazo no podía ampliarse a un máximo de dieciocho meses. Además, a su parecer, su traslado a Italia sería ilícito porque en ese Estado miembro existen deficiencias sistemáticas en el procedimiento de asilo, en las condiciones de acogida de los solicitantes y en las condiciones de vida de los beneficiarios de protección internacional.
El Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg solicita al Tribunal de Justicia que interprete el Reglamento Dublín III y la prohibición de los tratos inhumanos o degradantes que figura en la Carta. Hace referencia al informe de la Organización Suiza de Ayuda a los Refugiados de agosto de 2016, en el que se recogen datos concretos que permiten llegar a la conclusión de que los beneficiarios de protección internacional en Italia corren el riesgo de vivir al margen de la sociedad, sin domicilio fijo y en la indigencia. Según el referido informe, el carácter insuficientemente desarrollado del sistema social del citado Estado miembro se compensa, por lo que respecta a la población italiana, gracias a la solidaridad familiar, que no existe en el caso de los beneficiarios de protección internacional. Dicho informe deja también constancia de la existencia de carencias en los mecanismos de integración en Italia.
Los asuntos Ibrahim y otros se refieren a la posibilidad prevista por la «Directiva sobre procedimientos»  de declarar inadmisibles solicitudes de asilo por haberse concedido anteriormente protección subsidiaria en otro Estado miembro.
A varios palestinos apátridas que habían residido en Siria se les concedió protección subsidiaria en Bulgaria, mientras que a un nacional ruso, que declara ser checheno, se le concedió tal protección en Polonia. Al haber sido denegadas las nuevas solicitudes de asilo que presentaron posteriormente en Alemania, recurrieron a los órganos jurisdiccionales alemanes.
En los asuntos relativos a los palestinos apátridas, el Bundesverwaltungsgericht (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Alemania) pretende que se dilucide, en particular, si la facultad de denegar una solicitud por considerarla inadmisible queda sin efecto cuando las condiciones de vida de los beneficiarios de protección subsidiaria en el Estado miembro que concedió tal protección deban ser consideradas trato inhumano o degradante, o cuando tales beneficiarios no reciban en dicho Estado miembro prestación alguna de subsistencia, o la que reciban sea netamente inferior a la que se percibe en otros Estados miembros, aun cuando dichas personas no sean tratadas a tal respecto de manera diferente a los nacionales del referido Estado miembro.
Mediante las sentencias de hoy, el Tribunal de Justicia recuerda que, en el contexto del sistema europeo común de asilo, que se basa en el principio de confianza mutua entre los Estados miembros, debe presumirse que el trato dispensado por un Estado miembro a los solicitantes de protección internacional y a las personas a las que se ha concedido protección subsidiaria es conforme con las exigencias de la Carta, de la Convención de Ginebra y del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
No obstante, no cabe excluir que este sistema se enfrente, en la práctica, a graves dificultades de funcionamiento en un Estado miembro determinado, de manera que exista un grave riesgo de que los solicitantes de protección internacional reciban en ese Estado un trato incompatible con sus derechos fundamentales y, en particular, con la prohibición absoluta de los tratos inhumanos o degradantes. 
Así, cuando el órgano jurisdiccional que conozca de un recurso interpuesto contra una decisión de traslado o contra una resolución que deniegue una nueva solicitud de protección internacional por considerarla inadmisible disponga de datos aportados por el solicitante para acreditar la existencia de un riesgo de trato inhumano o degradante en el otro Estado miembro, dicho órgano jurisdiccional estará obligado a evaluar la existencia de deficiencias, bien sistemáticas o generalizadas, o bien que afecten a ciertos grupos de personas.
No obstante, tales deficiencias solo serán contrarias a la prohibición de los tratos inhumanos o degradantes cuando alcancen un nivel particularmente elevado de gravedad, que dependerá del conjunto de circunstancias del asunto. Así, este umbral se alcanzaría cuando la indiferencia de las autoridades de un Estado miembro tuviese como consecuencia que una persona totalmente dependiente de la ayuda pública se encontrase, al margen de su voluntad y de sus decisiones personales, en una situación de privación material extrema que no le permitiese hacer frente a sus necesidades más elementales, como, entre otras, alimentarse, lavarse y alojarse, y que menoscabase su salud física o mental o la colocase en una situación de degradación incompatible con la dignidad humana.
Una gran precariedad o una notable degradación de las condiciones de vida no rebasa este umbral cuando no implique una privación material extrema que coloque a esa persona en una situación de tal gravedad que pueda equipararse a un trato inhumano o degradante.
Además, el hecho de que los beneficiarios de protección subsidiaria no reciban, en el Estado miembro que concedió tal protección al solicitante, ninguna prestación de subsistencia o de que la que reciban sea netamente inferior a la que se percibe en otros Estados miembros, sin ser tratados, no obstante, de manera diferente a los nacionales de dicho Estado miembro, solo permite concluir que el solicitante está expuesto en ese Estado a un riesgo real de sufrir un trato inhumano o degradante si tiene como consecuencia que este se encuentre, debido a su especial vulnerabilidad, al margen de su voluntad y de sus decisiones personales, en una situación de privación material extrema.
En cualquier caso, el mero hecho de que la protección social o las condiciones de vida sean más favorables en el Estado miembro en el que se ha presentado la nueva solicitud de protección internacional que en el Estado miembro en principio responsable o que haya concedido ya la protección subsidiaria no permiten afianzar la conclusión de que la persona afectada se verá expuesta, en caso de ser trasladada a este último Estado miembro, a un riesgo real de sufrir un trato inhumano o degradante.
El Tribunal de Justicia concluye que el Derecho de la Unión no se opone a que un solicitante de protección internacional sea trasladado al Estado miembro en principio responsable o a que se deniegue una solicitud de concesión del estatuto de refugiado por considerarla inadmisible debido a que otro Estado miembro ya ha concedido protección subsidiaria al solicitante, salvo que se acredite que el solicitante se encontraría en ese otro Estado miembro en una situación de privación material extrema, al margen de su voluntad y de sus decisiones personales.
En los asuntos Ibrahim y otros, el Tribunal de Justicia añade que el hecho de que el Estado miembro que haya concedido protección subsidiaria a un solicitante de protección internacional deniegue sistemáticamente, sin un examen real, la concesión del estatuto de refugiado no impide que los otros Estados miembros denieguen una nueva solicitud presentada en ellos por el interesado por considerarla inadmisible. En tal caso, corresponde al Estado miembro que concedió la protección subsidiaria reanudar el procedimiento dirigido a la concesión del estatuto de refugiado. En efecto, únicamente si, una vez llevada a cabo una evaluación individual, se aprecia que un solicitante de protección internacional no cumple los requisitos para que se le conceda el estatuto de refugiado podrá, en su caso, otorgársele la protección subsidiaria.
En el asunto J. , el Tribunal de Justicia puntualiza asimismo que un solicitante se da a la «fuga» cuando, con el fin de frustrar su traslado, huye deliberadamente de las autoridades nacionales competentes para efectuarlo. Se presume que ocurre así cuando el traslado no puede efectuarse porque el solicitante ha abandonado el lugar de residencia que le fue asignado, sin haber informado de su ausencia a las autoridades nacionales competentes, siempre que dicha persona haya sido informada de sus obligaciones a este respecto, extremo que corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente. El solicitante conserva la posibilidad de demostrar que el hecho de no haber avisado a las referidas autoridades de su ausencia está justificado por razones válidas y no por la intención de huir de tales autoridades.
Además, en un procedimiento contra una decisión de traslado con arreglo al Reglamento Dublín III, el solicitante de protección internacional afectado puede alegar que, en la medida en que no se ha dado a la fuga, el plazo de seis meses para el traslado ha expirado y que, debido a esta circunstancia, el Estado miembro que decidió su traslado se ha convertido en responsable del examen de su solicitud.
Finalmente, el Tribunal de Justicia destaca que, con el fin de ampliar a un máximo de dieciocho meses el plazo de traslado, es suficiente con que el Estado miembro requirente informe al Estado miembro en principio responsable, antes del vencimiento del plazo de traslado de seis meses, del hecho de que la persona interesada se ha dado a la fuga y con que indique, al mismo tiempo, el nuevo plazo de traslado.


Reglamento (UE) n.º 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida (DO 2013, L 180, p. 31).

Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre procedimientos comunes para la concesión o retirada de la protección internacional (DO 2013, L 180, p. 60).

Véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de diciembre de 2011, N.S. y otros (C-411/10 y C-493/10); véase también el CP n.º 140/11.

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[Legislación] [DOCE] Decisión de Ejecución (UE) 2019/419 de la Comisión, de 23 de enero de 2019, con arreglo al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la adecuación de la protección de los datos personales por parte de Japón en virtud de la Ley sobre la protección de la información personal
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Fuentes

Las e-fuentes consultadas: Legislación: DOCE, BOE, Boletín Oficial de las Cortes Generales (BOCG). Jurisprudencia: TC, TS, TJCE y TEDH. Noticias: europa press, EFE, EL PAÍS, EL MUNDO, ABC, LA RAZÓN, LA VANGUARDIA, EXPANSIÓN, a3n.tv, libertaddigital.com, 20minutos.es, 5dias.com, cope.es, vnet.es, diariodirecto.com

Documentación oficial: Presidencia del Gobierno, Ministerio de Hacienda-Agencia Tributaria, Ministerio de Trabajo-Seguridad Social, Ministerio de Justicia y CGPJ. Documentación corporativa: Consejo General de la Abogacía-Colegio de Abogados de Madrid, Consejo General del Notariado, Colegio de Registradores, Consejo General de Procuradores-Colegio de Madrid, Asociaciones judiciales (APM, JpD, Fco. Vitoria), Confederación Española de Organizaciones Empresariales CEOE, Instituto de la Empresa Familiar, Unión General de los Trabajadores UGT, Comisiones Obreras CCOO, Asociación Española de Usuarios de Internet (AUI), Asociación de Internautas, Sociedad General de Autores y Editores (SGAE).

Este diario es una publicación distribuida por paraprofesionales.com y se dirige exclusivamente a sus suscriptores. Su reenvío a terceras personas distintas del destinatario requiere autorización expresa de paraprofesionales.com. No nos hacemos responsables de las decisiones tomadas con base en el contenido del presente diario. Las colaboraciones firmadas recogen la opiniones de sus autores.

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