[J]

[TS][Civil] Reclamación en procedimiento ordinario de créditos de una comunidad frente a los herederos de un copropietario. [Más info] [Texto publicado]


[J]

[TS][Penal] Delito fiscal. Regularización. Responsabilidad de la Persona jurídica. [Más info] [Texto publicado]


[J]

[TS][Contencioso-Advo] Rectificación de datos de la vida laboral; inclusión de periodos no reconocidos en la vida laboral de la recurrente. Ausencia de dar de alta en plazo e ingreso extemporáneamente las cuotas: los efectos del alta han de retrotraerse. Legitimación [Más info] [Texto publicado]


[J]

[TS][Social] Incomparecencia injustificada del demandante a los actos de conciliación y juicio. Letrada que no solicita el aplazamiento conforme a lo dispuesto en el art. 83.1 LRJS. No es causa justa la coincidencia temporal de otro señalamiento en un diferente juzgado del mismo edificio, si la letrada disponía de tiempo más que suficiente para acudir a las dependencias del órgano judicial y no se acredita impedimento alguno para poner esa circunstancia en conocimiento del juzgado afectado. [Más info] [Texto publicado]


[N]

122.000 empresas pantalla bajo la lupa de los investigadores [Más info] [Texto publicado]


[N]

Nueva Zelanda cambiará su ley de armas después de que el terrorista de Christchurch las comprara por internet [Más info] [Texto publicado]


[N]

La Fiscalía, en el laberinto de la rebelión [Más info] [Texto publicado]


[N]

¿Se puede penalizar la obsolescencia programada? [Más info] [Texto publicado]


[N]

Los gigantes del software se lanzan a por el negocio del control de horarios de los empleados [Más info] [Texto publicado]


[N]

Telefónica pide 300 millones adicionales a Hacienda por intereses de demora [Más info] [Texto publicado]


[N]

Hacienda cambia la Ley para permitir que se adjudiquen contratos a dedo a una misma empresa [Más info] [Texto publicado]


Legislación Estatal

Normas más importantes publicadas en los últimos días [Más info]
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[L]

[BOE] Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario. BOE 16 - 3 - 2019 [Más info] [Texto publicado]


[L]

[BOE] Enmiendas al texto principal del Convenio aduanero relativo al transporte internacional de mercancías, al amparo de los cuadernos TIR, adoptadas en Ginebra el 12 de octubre de 2017. BOE 18 - 3 - 2019 [Más info] [Texto publicado]


Legislación Comunitaria

[L]

[DOCE] Información relativa a la firma y la aplicación provisional de un Protocolo del Acuerdo euromediterráneo por el que se crea una asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y el Estado de Israel, por otra, para tener en cuenta la adhesión de la República de Croacia a la Unión Europea DOCE 18 - 3 - 2019 [Más info] [Texto publicado]


[L]

[DOCE] Reglamento (UE) 2019/424 de la Comisión, de 15 de marzo de 2019, por el que se establecen requisitos de diseño ecológico para servidores y productos de almacenamiento de datos de conformidad con la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 617/2013 de la Comisión ( 1 ) DOCE 18 - 3 - 2019 [Más info] [Texto publicado]


[L]

[DOCE] Decisión (UE) 2019/425 del Consejo, de 12 de marzo de 2019, sobre la posición que debe adoptarse en nombre de la Unión Europea en el Comité mixto establecido por el Acuerdo entre la Unión Europea y el Reino de Noruega en materia de cooperación administrativa, lucha contra el fraude y cobro de créditos en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido DOCE 18 - 3 - 2019 [Más info] [Texto publicado]



[Jurisprudencia] [TS][Civil] Reclamación en procedimiento ordinario de créditos de una comunidad frente a los herederos de un copropietario.

El litigio causante de los presentes recursos versa sobre la reclamación en procedimiento ordinario de créditos a favor de la comunidad frente a los herederos de quien fue propietario de un local. La Audiencia estimó la demanda, tanto porque los demandados no habían impugnado el acuerdo de la comunidad en el que se aprobó la liquidación de la deuda como por razones de fondo, al considerar acreditada la existencia de la deuda reclamada. Interpone recurso por infracción procesal y recurso de casación la parte demandada condenada.

El Supremo desestima la demanda.

[Texto publicado] [Volver]

[Jurisprudencia] [TS][Penal] Delito fiscal. Regularización. Responsabilidad de la Persona jurídica.
Regularización tributaria. Su efecto exonerador queda bloqueado cuando se recibe una citación para declarar desde la Fiscalía "por delitos contra la Hacienda Pública", aunque no se consigne ni el concepto tributario, ni el ejercicio concreto.
Responsabilidad penal de personas jurídicas: Moderación de las penas de multa cuando se imponen tanto a la persona física responsable penal como a la persona jurídica por cuya cuenta actuó. Pautas para la modulación. [Texto publicado] [Volver]

[Jurisprudencia] [TS][Contencioso-Advo] Rectificación de datos de la vida laboral; inclusión de periodos no reconocidos en la vida laboral de la recurrente. Ausencia de dar de alta en plazo e ingreso extemporáneamente las cuotas: los efectos del alta han de retrotraerse. Legitimación

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias se interpuso el recurso contencioso-administrativo.

Se impugnó la resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) de Asturias, de 29 de agosto de 2014, que desestimaba el recurso de alzada interpuesto contra otra de 20 de mayo del mismo año, dictada por la Administración 33/01 de la misma TGSS. Ésta estimó en parte la solicitud de la recurrente y modificó el Informe de su Vida Laboral; la fecha real de alta en la empresa Ministerio de Educación y Cultura; la deja fijada el 13 de noviembre de 1986, según acta de liquidación expedida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITYSS).

La recurrente pretendió en su escrito de demanda que se rectificase su Informe de Vida Laboral, en primer lugar, y en cuanto a su fecha real de alta, en el sentido de que fue el 3 de noviembre de 1986, en lugar de 13 del mismo mes y año por ser en aquella fecha cuando tuvo lugar su primer nombramiento como profesora de religión, y en segundo lugar, y en lo concerniente a los efectos de dicha alta, que sean a partir del primer mes de cotización por el Ministerio como consecuencia de la liquidación de cuotas atrasadas, por la acta de ITYSS, y que fue el 1 de marzo de 1994.

La representación y defensa de la Tesorería General de la Seguridad Social articula dos motivos de casación.
El Supremo desestima el recurso. [Texto publicado] [Volver]

[Jurisprudencia] [TS][Social] Incomparecencia injustificada del demandante a los actos de conciliación y juicio. Letrada que no solicita el aplazamiento conforme a lo dispuesto en el art. 83.1 LRJS. No es causa justa la coincidencia temporal de otro señalamiento en un diferente juzgado del mismo edificio, si la letrada disponía de tiempo más que suficiente para acudir a las dependencias del órgano judicial y no se acredita impedimento alguno para poner esa circunstancia en conocimiento del juzgado afectado.

La cuestión a resolver es la de determinar si es ajustada a derecho la resolución judicial que tiene por desistida a la parte actora que no se persona en el juzgado a la hora señalada para los actos de conciliación y juicio.

Mediante decreto de la Letrada de la Administración de Justicia se tiene por desistido al actor de su demanda, al no haber comparecido a la hora señalada al acto de conciliación previo al juicio.

El Auto dictado por el juez de lo social desestima el recurso de revisión formulado por el demandante contra dicha resolución.

La sentencia de 7 de septiembre de 2016, rec.3009/205, de la Sala de lo Social del TSJ de Andalucía/ Sevilla desestima el recurso de suplicación del trabajador y confirma en sus términos el Auto del juzgado de instancia.

El Supremo desestima el recurso.

[Texto publicado] [Volver]

[Noticias] 122.000 empresas pantalla bajo la lupa de los investigadores
El nuevo registro de titularidades reales permite conocer quién controla las sociedades para luchar contra el blanqueo (elpais.es) [Texto publicado] [Volver]

[Noticias] Nueva Zelanda cambiará su ley de armas después de que el terrorista de Christchurch las comprara por internet
El autor de la masacre rechazó tener defensa y no mostró arrepentimiento. (20minutos.es) [Texto publicado] [Volver]

[Noticias] La Fiscalía, en el laberinto de la rebelión
El primer mes de juicio por el caso 1-O no avala con rotundidad la tesis de la violencia buscada de propósito para lograr la secesión (lavanguardia.com) [Texto publicado] [Volver]

[Noticias] ¿Se puede penalizar la obsolescencia programada?
No existe a nivel estatal ni tampoco europeo una regulación expresa que declare como delito y penalice la obsolescencia programada. Extremadura acaba de prohibirla en su Estatuto de Personas Consumidoras. (expansion.com) [Texto publicado] [Volver]

[Noticias] Los gigantes del software se lanzan a por el negocio del control de horarios de los empleados
Ven especial oportunidad entre las empresas de menos de 100 trabajadores, que deben instalar una solución antes del 12 de mayo (cincodias.com) [Texto publicado] [Volver]

[Noticias] Telefónica pide 300 millones adicionales a Hacienda por intereses de demora
La operadora calcula que esta es la cantidad que le corresponde por el histórico pleito con la Agencia Tributaria por el ya va a recibir al menos 702 millones (elconfidencial.com) [Texto publicado] [Volver]

[Noticias] Hacienda cambia la Ley para permitir que se adjudiquen contratos a dedo a una misma empresa
Hacienda considera que la Ley, tal y como está, supone riesgos para la seguridad jurídica y genera confusión, además de restricciones injustificadas. (okdiario.com) [Texto publicado] [Volver]

[Legislación] [BOE] Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario.

La Ley se estructura en cuatro Capítulos, que se corresponden con las líneas esenciales de la regulación, doce disposiciones adicionales, cinco disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y dieciséis disposiciones finales, así como dos Anexos, el I referente a la Ficha Europea de Información Normalizada (FEIN) y el II al Cálculo de la Tasa Anual Equivalente (TAE).

El Capítulo I recoge las disposiciones generales que alcanzan al objeto, ámbito de aplicación, carácter irrenunciable de los derechos que reconoce para los prestatarios y definiciones a efectos de la Ley. En los mismos términos que la referida Directiva 2014/17/UE, la Ley se aplicará tanto a la concesión profesional de préstamos con garantía hipotecaria sobre bienes inmuebles de uso residencial y préstamos para la adquisición de inmuebles de uso residencial como a la intermediación profesional en alguna de las dos actividades anteriores.

El Capítulo II establece las normas de transparencia y de conducta orientadas, en particular, a la concesión responsable de financiación que afecte a inmuebles, así como a favorecer la progresiva implantación de un mercado de crédito fiable, con reglas homogéneas en el espacio europeo y con un mayor grado de confianza de los clientes en las entidades prestamistas; un mercado en el que las personas físicas que busquen financiación hipotecaria puedan hacerlo con la confianza de que las entidades prestamistas se comportarán de forma profesional y responsable. En este sentido, la Ley contribuye a la implantación de un mercado único europeo más transparente, competitivo y homogéneo, con contratos de crédito que afectan a bienes inmuebles más equitativos y que aseguran un elevado nivel de protección a las personas físicas que obtienen financiación.

Este Capítulo se estructura, a su vez, en tres secciones. La sección 1.ª recoge, a modo de disposiciones generales, los principios de actuación básicos en la concesión de préstamos inmobiliarios, dirigidos a la protección de los legítimos intereses, las características generales de la información precontractual, las obligaciones de transparencia en relación con los contratos, la determinación del cálculo de la Tasa Anual Equivalente (TAE) y la Ficha Europea de Información Normalizada (FEIN).

Entre los aspectos más novedosos de la Ley se establece una regulación detallada de la fase precontractual. En este sentido, se ha optado por ir más allá de la estricta transposición de la Directiva 2014/17 con el objetivo de garantizar que el prestatario tenga a su disposición la información necesaria para que pueda comprender en su integridad la carga económica y jurídica del préstamo que va a contratar y que, por lo tanto, se pueda considerar cumplido el principio de transparencia en su vertiente material.

Esta medida, destinada a reforzar el equilibrio que debe existir entre las partes en toda relación jurídica contractual, se complementa atribuyendo al notario la función de asesorar imparcialmente al prestatario, aclarando todas aquellas dudas que le pudiera suscitar el contrato, y de comprobar que tanto los plazos como los demás requisitos que permiten considerar cumplido el citado principio de transparencia material, especialmente los relacionados con las cláusulas contractuales de mayor complejidad o relevancia en el contrato, concurren al tiempo de autorizar en escritura pública el contrato de préstamo o crédito hipotecario.

De ese modo, se constituirá prueba en beneficio de ambas partes –prestamista y prestatario– de que el primero ha cumplido con su obligación de entregar en los plazos previstos dicha documentación y el segundo podrá ejercer el derecho, que presupone también la existencia de un deber, a conocer las consecuencias de aquello a lo que se obliga.

No obstante, es importante señalar que, al igual que como sucedió con las modificaciones introducidas en su momento por la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios, las innovaciones en la fase precontractual, derivadas de la aplicación de esta Ley, no serán de aplicación, salvo a lo que expresamente se atribuya efecto retroactivo, a la cartera hipotecaria concedida. Y no lo serán ni siquiera como parámetro de comparación, en la medida en que nos encontramos ante contratos que se celebraron al amparo de una legislación que determinaba en su integridad los requisitos de transparencia a los que quedaban sujetos tales contratos.

La sección 2.ª recoge las normas de conducta que prestamistas, intermediarios de crédito inmobiliario y representantes designados deben cumplir en el proceso de elaboración, promoción, comercialización y contratación de préstamos inmobiliarios, tanto respecto de su organización interna, como respecto del cliente. Cabe destacar algunas de ellas por su especial relevancia. Así, en primer lugar, se exige que el personal que evalúa la solvencia y comercializa préstamos inmobiliarios deba cumplir con determinados requisitos de capacitación que aseguren (artículo 16) que el prestatario recibe una información adecuada y ajustada a sus necesidades por parte del prestamista. Se prohíben, en segundo lugar y con carácter general, las ventas vinculadas, es decir, ventas de paquetes integrados por el préstamo y otros productos, cuando el contrato de préstamo no se ofrezca al prestatario también por separado (artículo 17). Esta medida está orientada a favorecer la elección del producto más adecuado por parte del cliente y fomentar la competencia entre prestamistas, posibilitando la venta agrupada en aquellos casos en los que resulte más beneficioso para aquellos. Por otro lado, se imponen límites a la política retributiva del personal de los prestamistas y de los asesores, evitando incentivos adversos que favorezcan una posible contratación excesiva en detrimento de una adecuada valoración del riesgo y de la provisión de la necesaria información al cliente, estableciendo, en particular, que el volumen de préstamos contratados no sea el factor predominante a la hora de retribuir al personal que los diseña, comercializa o los recomienda (artículo 18). También se limita la actividad de asesoramiento en materia de préstamos y créditos que, con determinadas excepciones, sólo podrá prestarse por los intermediarios de crédito inmobiliario y los prestamistas inmobiliarios (artículo 19), estableciendo al tiempo reglas que aseguren la provisión de recomendaciones claras, objetivas y adaptadas al cliente. Por otra parte, se incorpora por vez primera en nuestro ordenamiento jurídico el derecho del consumidor a convertir el préstamo denominado en moneda extranjera a la moneda en la que el prestatario reciba sus ingresos o la del Estado miembro en el que resida, como mecanismo sencillo y fácil de comprender para conseguir cobertura y protección frente al riesgo de cambio (artículo 20). No obstante, el prestatario profesional, que no sea consumidor, podrá sustituir este derecho por otro tipo de mecanismo alternativo para la cobertura del riesgo de cambio. La cobertura del riesgo de cambio viene acompañada de la obligación de información periódica del prestamista al prestatario sobre la evolución de la deuda y del derecho de éste a convertir, en su caso, el préstamo a una moneda alternativa.

La sección 3.ª regula la forma, ejecución y resolución de los contratos. Como novedad se establece el derecho del prestatario a reembolsar, con carácter general, todo o parte del préstamo sin tener que soportar comisiones o compensaciones para el prestamista. Únicamente se satisfará al prestamista la pérdida financiera de éste cuando el reembolso se produzca en los primeros años de vigencia del contrato (difieren entre los contratos a tipo variable y los contratos a tipo fijo), y siempre que esa pérdida no supere aplicando unos porcentajes máximos previstos legalmente (artículo 23). Igualmente reseñable es la opción de favorecer la subrogación y la novación modificativa de préstamos cuando tengan por finalidad la modificación del tipo de interés variable a uno fijo. El objetivo perseguido es lograr que los prestatarios puedan conocer con exactitud el coste que en el medio y largo plazo les va a suponer la financiación que contratan, lo que les permitirá realizar una planificación financiera a largo plazo, a la par que favorece la simplicidad en la redacción de los contratos y en consecuencia la transparencia con los prestatarios. En todo caso, la regulación trata de establecer un punto de equilibrio entre facilitar a las personas físicas el reembolso de sus préstamos y no generar escenarios adversos en los prestamistas respecto de la oferta de contratos de préstamo a tipo fijo, en los que el riesgo de tipo de interés es mayor.

Por último, esta sección aborda la nueva regulación del vencimiento anticipado del contrato de préstamo y de los intereses de demora, sustituyendo el régimen vigente, en el que existía cierto margen a la autonomía de la voluntad de las partes, por normas de carácter estrictamente imperativo. Así, mediante el nuevo régimen del vencimiento anticipado se garantiza que este solo pueda tener lugar cuando el incumplimiento del deudor es suficientemente significativo en atención al préstamo contratado. Del mismo modo dota de una mayor seguridad jurídica a la contratación, y se sustituye el anterior régimen de los intereses de demora, en el que únicamente se establecía un límite máximo para cuantificarlos, por un criterio claro y fijo para su determinación. En ambos casos se persigue impedir la inclusión en el contrato de cláusulas que pudieran ser abusivas y, a la vez, robustecer el necesario equilibrio económico y financiero entre las partes.

El Capítulo III con la rúbrica de régimen jurídico de los intermediarios de crédito inmobiliario, sus representantes designados y los prestamistas inmobiliarios, se estructura en cuatro secciones. La sección 1.ª describe las fuentes del régimen jurídico de estas figuras (artículo 26). Las secciones 2.ª, 3.ª y 4.ª se refieren a los intermediarios de crédito inmobiliario, los representantes designados de los intermediarios y los prestamistas inmobiliarios, respectivamente. Regulan los requisitos de acceso a la actividad y el régimen de supervisión de los mismos. Aquellos operadores que deseen realizar profesionalmente estas actividades deberán estar debidamente inscritos en el correspondiente registro público y contar, entre otros aspectos, con reconocido prestigio y conocimientos y competencia adecuados.

El Capítulo IV se dedica a la regulación del régimen sancionador. A estos efectos, las obligaciones establecidas en esta Ley tienen el carácter de normas de ordenación y disciplina para los intermediarios de crédito inmobiliario y los prestamistas inmobiliarios, que aplicarán el Banco de España o el órgano designado por cada Comunidad Autónoma, en función del ámbito geográfico en el que opere el intermediario o el prestamista inmobiliario, con un abanico de infracciones y sanciones proporcionales a la dimensión de los destinatarios.

Las disposiciones adicionales, doce en total, regulan ámbitos específicos vinculados con el régimen jurídico de los contratos de crédito inmobiliario en ámbitos tales como la resolución de controversias a través de reclamaciones extrajudiciales en referencia a la Autoridad Independiente para velar por la protección y transparencia en la contratación inmobiliaria prevista en la Disposición adicional primera de la Ley 7/2017, de 2 de noviembre, la cooperación entre las autoridades competentes, la educación financiera, el régimen de conservación de la documentación precontractual, aspectos de desarrollo autonómico, los supuestos de subrogación de deudor y novación modificativa del contrato de préstamo, las obligaciones del empresario con ocasión de la transmisión del inmueble hipotecado, las obligaciones de notarios y registradores con ocasión de la autorización e inscripción del préstamo hipotecario, los honorarios notariales y registrales en caso de subrogación o novación modificativa de los préstamos por cambio de tipo de interés variable a fijo, el régimen de valoración de bienes inmuebles y la adhesión al Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual.

La disposición transitoria primera establece como regla general la aplicación no retroactiva de sus disposiciones, de la que se exceptúan los supuestos regulados en sus apartados dos a cuatro. En cuanto a este último, se determina que quedará regulado bajo los términos de esta Ley el vencimiento anticipado de los contratos que tenga lugar a partir de la entrada en vigor de la misma, aunque los contratos se hubieran celebrado con anterioridad e incluso aunque contuvieran alguna estipulación al respecto, salvo que el deudor alegara que la previsión que contiene resulta más favorable para él. Por tanto, esta regulación no se aplica al vencimiento anticipado de los contratos que hubiera tenido lugar antes de la entrada en vigor de la Ley, se hubiera instado o no un procedimiento de ejecución hipotecaria para hacerlo efectivo, y estuviera este suspendido o no.

Por su parte, la disposición transitoria segunda prevé la obligación de adaptación al nuevo régimen por parte de los intermediarios de crédito inmobiliario y prestamistas inmobiliarios preexistentes.

La disposición transitoria tercera establece un régimen especial en los procesos de ejecución en curso a la entrada en vigor de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social para dar cumplimiento a las sentencias de 29 de octubre de 2015 y de 26 de enero de 2017 dictadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Con ello se otorga a los deudores hipotecarios contemplados en la disposición transitoria cuarta de la citada Ley un nuevo plazo de diez días para formular oposición sobre la base de la posible existencia de cláusulas abusivas cuando se den determinadas circunstancias. Este nuevo plazo se contará a partir de la notificación al deudor de su posibilidad de plantear la oposición. Dicha notificación deberá realizarse en el plazo de 15 días naturales a contar desde la entrada en vigor de esta Ley.

Las circunstancias que excluyen el otorgamiento de un nuevo plazo residen en razones de seguridad jurídica y coherencia. Por ello no se aplicará la previsión a los supuestos en que el juez de oficio hubiese analizado la existencia de cláusulas abusivas; cuando se hubiera notificado personalmente al ejecutado la posibilidad de formular el incidente extraordinario de oposición basado en la existencia de las causas de oposición previstas en el apartado 7.ª del artículo 557.1 y 4.ª del artículo 695.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; cuando el ejecutado hubiera formulado el citado incidente extraordinario de oposición, conforme a lo recogido en la citada disposición transitoria cuarta de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, o cuando con base en la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 29 de octubre de 2016 se haya admitido la oposición del ejecutado.

Conforme a la disposición transitoria cuarta, los prestamistas podrán seguir utilizando la Ficha de Información Personalizada prevista en el artículo 22 y el anexo II de la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios, hasta el 21 de marzo de 2019.

La disposición transitoria quinta establece el régimen transitorio para la resolución de quejas y reclamaciones en tanto se crea la Autoridad Independiente a que se refiere la Disposición adicional primera de esta Ley.

La Ley contiene 16 disposiciones finales.

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[Legislación] [BOE] Enmiendas al texto principal del Convenio aduanero relativo al transporte internacional de mercancías, al amparo de los cuadernos TIR, adoptadas en Ginebra el 12 de octubre de 2017.
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[Legislación] [DOCE] Información relativa a la firma y la aplicación provisional de un Protocolo del Acuerdo euromediterráneo por el que se crea una asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y el Estado de Israel, por otra, para tener en cuenta la adhesión de la República de Croacia a la Unión Europea
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[Legislación] [DOCE] Reglamento (UE) 2019/424 de la Comisión, de 15 de marzo de 2019, por el que se establecen requisitos de diseño ecológico para servidores y productos de almacenamiento de datos de conformidad con la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 617/2013 de la Comisión ( 1 )
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[Legislación] [DOCE] Decisión (UE) 2019/425 del Consejo, de 12 de marzo de 2019, sobre la posición que debe adoptarse en nombre de la Unión Europea en el Comité mixto establecido por el Acuerdo entre la Unión Europea y el Reino de Noruega en materia de cooperación administrativa, lucha contra el fraude y cobro de créditos en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido
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Fuentes

Las e-fuentes consultadas: Legislación: DOCE, BOE, Boletín Oficial de las Cortes Generales (BOCG). Jurisprudencia: TC, TS, TJCE y TEDH. Noticias: europa press, EFE, EL PAÍS, EL MUNDO, ABC, LA RAZÓN, LA VANGUARDIA, EXPANSIÓN, a3n.tv, libertaddigital.com, 20minutos.es, 5dias.com, cope.es, vnet.es, diariodirecto.com

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Este diario es una publicación distribuida por paraprofesionales.com y se dirige exclusivamente a sus suscriptores. Su reenvío a terceras personas distintas del destinatario requiere autorización expresa de paraprofesionales.com. No nos hacemos responsables de las decisiones tomadas con base en el contenido del presente diario. Las colaboraciones firmadas recogen la opiniones de sus autores.

Las sentencias publicadas han sido suministradas por el Centro de Documentación Judicial o por los Gabinetes de Prensa del CGPJ

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2112 páginas, 3ª edición, febrero 2019,

Precio: 99,00€ Oferta: 94,05€ (iva incl.) En mano 24 H

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GPS Concursal

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896 páginas, 1ª edición, febrero 2019,

Precio: 99,00€ Oferta: 94,05€ (iva incl.) En mano 24 H

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GPS fiscal

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1048 páginas, edición anual, marzo 2019,

Precio: 99,00€ Oferta: 94,05€ (iva incl.) En mano 24 H

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GPS laboral

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1336 páginas, 5ª edición, febrero 2019,

Precio: 99,00€ Oferta: 94,05€ (iva incl.) En mano 24 H

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