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Legislación Estatal

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[BOE] Orden TMS/283/2019, de 12 de marzo, por la que se regula el Catálogo de Especialidades Formativas en el marco del sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral. BOE 14 - 3 - 2019 [Más info] [Texto publicado]


Legislación Autonómica

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[BOE] Ley [COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA] 1/2019, de 4 de marzo, de Medidas Económicas, Presupuestarias y Fiscales Urgentes para el año 2019. BOE 14 - 3 - 2019 [Más info] [Texto publicado]


Legislación Comunitaria

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[DOCE] Reglamento (UE) 2019/402 de la Comisión, de 13 de marzo de 2019, que modifica el Reglamento (CE) n.o 1126/2008 por el que se adoptan determinadas Normas Internacionales de Contabilidad de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo relativo a la Norma Internacional de Contabilidad 19 DOCE 14 - 3 - 2019 [Más info] [Texto publicado]



[Jurisprudencia] [TC] El TC anula la decisión de un juez por prescindir de la primacía del derecho europeo al no entrar a conocer de la abusividad de una cláusula

El Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado un recurso de amparo al considerar que ha sido vulnerado el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de la recurrente al no haber atendido el órgano judicial a lo dispuesto en la Sentencia de 26 de enero de 2017 dictada en el asunto Banco Primus S.A. y Jesús Gutiérrez García (C-421/14) ni, en su caso, haber planteado cuestión prejudicial, y declara nula la decisión por la que se inadmitió el incidente de nulidad de actuaciones en el que denunciaba la abusividad de la cláusula de vencimiento anticipado incluida en su contrato de préstamo.

El caso estudiado por el Tribunal es el siguiente: Una entidad bancaria presentó una demanda de ejecución hipotecaria contra la demandante y otros, como deudores hipotecarios en relación con el préstamo solicitado para la adquisición de su vivienda habitual. El juzgado despachó la ejecución y requirió de pago a los deudores. La recurrente, apoyándose en la sentencia anteriormente mencionada, planteó un incidente de nulidad de actuaciones y denunció por abusiva la cláusula de vencimiento anticipado incluida en su contrato de préstamo. El juez inadmitió tal incidente, entre otras motivos porque era indebido, fue planteado de forma extemporánea, el plazo para formular oposición a la ejecución había precluido y no procedía el planteamiento de cuestión prejudicial.

La sentencia, de la que ha sido ponente la Magistrada Encarnación Roca, señala que el juzgado de primera instancia debió atenerse a la interpretación de la Directiva 93/13 realizada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en la citada sentencia de 26 de enero de 2016. De ella “se desprende que las cláusulas cuyo eventual carácter abusivo no haya sido aún examinado en un anterior control judicial del contrato controvertido concluido con la adopción de una resolución con fuerza de cosa juzgada, deben ser conocidas por el juez nacional, bien a instancia de parte o de oficio”. “Por ello, el órgano judicial ante el cual el consumidor ha formulado un incidente de oposición (…) se encuentra obligado a apreciar el eventual carácter abusivo de la cláusula que se denuncia, con la única excepción de que hubiera sido examinada en un anterior control judicial que hubiera concluido con la adopción de una resolución con fuerza de cosa juzgada”.

Se destaca, al respecto, que el TJUE ha declarado que el artículo 6.1 de la Directiva 93/13 es “una disposición imperativa que pretende reemplazar el equilibrio formal que el contrato establece entre derechos y las obligaciones de las partes por un equilibrio real que pueda restablecer la igualdad entre éstas”, y que “debe considerarse una norma equivalente a las disposiciones nacionales que, en el ordenamiento jurídico interno, tienen rango de normas de orden público”. De ahí, que si no existió previo control de la cláusula, “no quepa considerar, como así hace el órgano judicial, que el plazo para denunciar la existencia de cláusulas abusivas había precluido por no haber formulado oposición a la ejecución en el plazo legal establecido” ni que “el incidente de nulidad no sea el cauce para ello o sea extemporánea su formulación”.

El Pleno, a la luz de lo expuesto, afirma que “el órgano judicial debió admitir el incidente y conocer de la posible abusividad de la cláusula en atención a lo dispuesto en la sentencia Banco Primus, o, de haber considerado que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se mostraba incompleta o no resolvía en su totalidad la cuestión planteada, o tenía dudas sobre su aplicación a la resolución del litigio (…), plantear la cuestión prejudicial ante al Tribunal de Justicia, al ser el competente para resolver sobre la aplicabilidad del Derecho de la Unión. Sin embargo, ni admitió el incidente ni tampoco planteó cuestión prejudicial al apreciar que no concurrían los requisitos del artículo 267 TFUE”.

Por todas estas razones, el juez de instancia “infringió el citado principio de primacía del Derecho de la Unión al prescindir por su propia, autónoma y exclusiva decisión, de la interpretación impuesta y señalada por el órgano competente para hacerlo con carácter vinculante; “incurrió, por ello, en una interpretación irrazonable y arbitraria de una norma aplicada al proceso”, y “consiguientemente, vulneró, de este modo, el derecho a la tutela judicial efectiva de la recurrente (art. 24.1 CE)”.

En consecuencia, el Tribunal Constitucional ordena “retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente anterior al pronunciamiento de la citada resolución para que el órgano judicial dicte una nueva respetuosa con el derecho fundamental vulnerado”.

La sentencia cuenta con un voto particular formulado por el Magistrado Ricardo Enríquez, quien considera que el recurso de amparo debió de ser desestimado. A su juicio la sentencia realiza una interpretación errónea de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 26 de enero de 2017, la cual en ningún caso otorga a la parte ejecutada el derecho a exigir al juez el control de oficio de la cláusula abusiva cuando desee, con quebranto de la cosa juzgada de las resoluciones firmes que se han dictado, sino que ha de pedirlo en el trámite previsto por la ley, expresamente dice en el incidente de oposición a la ejecución, salvo que la persona no hubiera podido disponer de él.

En el caso de la recurrente, cuando se despachó ejecución ya se había dictado la STJUE de 14 de marzo de 2013 sobre los criterios para valorar el carácter abusivo de la cláusula de vencimiento anticipado, por lo que pudo exigir su control al juez, solicitando primero la aclaración o complemento del auto de despacho de la ejecución y, en todo caso, a través del incidente de oposición, pues la LEC para entonces ya se había modificado a fin de permitir dentro de este dicho control. La recurrente no hizo nada y presentó un escrito de nulidad más de tres años después, pendiente tan solo la puesta en posesión del bien inmueble al adquirente, invocando la STJUE de 26 de enero de 2017 que de ningún modo le era aplicable. Al otorgar el amparo en estas condiciones, la doctrina que sienta la sentencia aprobada pone en riesgo la seguridad jurídica en los procesos de ejecución, hipotecarios o no, con olvido de la tutela judicial que merecen las demás partes que intervienen en ellos.

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[Jurisprudencia] [TJUE] La enseñanza de la conducción automóvil para las categorías B y C1 no es una enseñanza escolar o universitaria exenta de IVA

La autoescuela privada A & G Fahrschul-Akademie (en lo sucesivo, «A & G») impugna ante los órganos jurisdiccionales alemanes la negativa de las autoridades tributarias alemanas a eximir del pago del impuesto sobre el valor añadido (IVA) a los cursos de conducción automóvil que imparte. Se trata en concreto de cursos para la obtención de los permisos de conducción para los vehículos de las categorías B y C1,  vehículos destinados al transporte de personas y que no excedan de 3,5 o 7,5 toneladas.
A & G alega que los cursos que imparte cubre la transmisión de los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para la obtención de permisos de conducción para vehículos de las categorías B y C1. En su opinión, la finalidad de esa enseñanza no es puramente recreativa, dado que la posesión de esos permisos puede responder, en particular, a necesidades profesionales. En consecuencia, considera que la enseñanza impartida a tal efecto está comprendida en la exención prevista por la Directiva IVA  para la «enseñanza escolar o universitaria».
El Bundesfinanzhof (Tribunal Supremo de lo Tributario, Alemania) pretende saber si el concepto de «enseñanza escolar o universitaria» cubre la enseñanza de la conducción automóvil en cuestión.
Mediante su sentencia de hoy, el Tribunal de Justicia da una respuesta negativa.
Según el Tribunal de Justicia, el concepto de «enseñanza escolar o universitaria», en el sentido de la Directiva, remite, en general, a un sistema integrado de transmisión de conocimientos y competencias relativas a un conjunto amplio y diversificado de materia, así como a la profundización y al desarrollo de esos conocimientos y de esas competencias por los alumnos y los estudiantes a medida de su progresión y de su especialización en el seno de los distintos grados constitutivos de ese sistema.
Ese concepto no cubre la enseñanza de la conducción automóvil impartida por una autoescuela, como A & G, para la obtención de los permisos de conducción para vehículos de las categorías B y C1.
Cierto es que la enseñanza de la conducción automóvil tiene por objeto varios conocimientos de índole teórica y práctica. No obstante, no deja de ser una enseñanza especializada que no equivale, por sí sola, a la transmisión de conocimientos y de competencias relativas a un conjunto amplio y diversificado de materias, así como a su profundización y su desarrollo, que resulta característica de la enseñanza escolar o universitaria.


En el sentido del artículo 4, apartado 4, de la Directiva 2006/126/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, sobre el permiso de conducción (DO 2006, L 403, p. 18, y corrección de errores DO 2009, L 19, p. 67).

Véase el artículo 132, apartados 1, letras i) y j), de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (DO 2006, L 347, p. 1).

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[Jurisprudencia] [TJUE] Los rendimientos del patrimonio de residentes franceses afiliados al régimen de seguridad social suizo no pueden ser gravados con contribuciones sociales destinadas a financiar prestaciones de seguridad social en Francia

El Sr. y la Sra. D. son residentes fiscales franceses afiliados al régimen de seguridad social suizo, al haber desarrollado el Sr. D. su carrera profesional en Suiza. En 2016, la administración tributaria francesa gravó a los esposos D. con contribuciones y exacciones destinadas, en particular, a la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (Caja Nacional de Solidaridad para la Autonomía; en lo sucesivo, «CNSA») sobre sus ingresos procedentes del patrimonio percibidos en Francia durante el año 2015.
Al considerar que las prestaciones gestionadas por dicho organismo y financiadas por las contribuciones y exacciones controvertidas eran prestaciones de seguridad social, los esposos D. impugnaron ante los tribunales franceses su sujeción a las referidas contribuciones y exacciones, debido a que ya estaban afiliados al régimen de seguridad social suizo y no estaban obligados a contribuir a la financiación del régimen de seguridad social francés. En efecto, el Reglamento de la Unión sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social  dispone que las personas a las que resulta aplicable están sujetas a la legislación de un único Estado miembro, considerando a Suiza, a estos efectos, como un Estado miembro.
La Cour administrative d’appel de Nancy (Tribunal de Apelación de lo Contencioso-Administrativo de Nancy, Francia), que conoce del asunto entre los esposos D. y la administración tributaria, francesa, expresó sus dudas sobre la naturaleza de las prestaciones que se financian con las contribuciones y exacciones destinadas a la CNSA. Por lo tanto, pregunta al Tribunal de Justica si dichas prestaciones, a saber la asignación personalizada de autonomía (en lo sucesivo, «APA») y la prestación compensatoria de discapacidad (en lo sucesivo, «PCH»), pueden considerarse prestaciones de seguridad social.
En su sentencia de hoy, el Tribunal de Justicia recuerda que una prestación podrá ser considerada prestación de seguridad social en la medida en que, por un lado, se conceda a sus beneficiarios al margen de cualquier apreciación individual y discrecional de sus necesidades personales, en función de una situación legalmente definida (primer requisito), y, por otro lado, en la medida en que la prestación se refiera a alguno de los riesgos expresamente enumerados en el Reglamento de que se trata (segundo requisito).
El Tribunal de Justicia también recuerda que la toma en consideración de los recursos del beneficiario únicamente a los efectos de calcular el importe efectivo de las prestaciones de acuerdo con criterios objetivos y legalmente definidos no implica una apreciación individual de las necesidades personales de dicho beneficiario. Según el Tribunal de Justicia, ese es el caso de la APA y de la PCH, puesto que la toma en consideración de los recursos del beneficiario únicamente se refiere a las modalidades de cálculo de esas prestaciones, las cuales han de concederse cuando el solicitante reúne los requisitos que dan derecho a las referidas prestaciones, independientemente del nivel de sus recursos.
En este contexto, el Tribunal de Justicia precisa que la necesidad de evaluar el grado de pérdida de autonomía o de discapacidad del solicitante a fin de conceder una APA o una PCH tampoco implica una apreciación individual de las necesidades personales de dicho solicitante. En efecto, la evaluación de la pérdida de autonomía o de la discapacidad la realiza un médico o un profesional de un equipo médico-social o un equipo pluridisciplinario a la luz de tablas, listas y normas previamente definidas, es decir, de acuerdo con criterios objetivos y legalmente definidos que dan derecho a la prestación correspondiente desde el momento en que se cumplen.
Por último, el Tribunal de Justicia considera que, habida cuenta de que se desprende a la vez de su sentencia de hoy y de las constataciones del tribunal remitente que se reúnen los dos requisitos antes mencionados, por lo que la APA y la PCH deben calificarse de «prestaciones de seguridad social», no procede analizar si esas dos prestaciones pueden considerarse «prestaciones especiales en metálico no contributivas» en el sentido del Reglamento, pues el Tribunal de Justicia ya ha declarado que esos dos conceptos se excluyen mutuamente.


Reglamento (CE) n.º 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social (DO 2004, L 166, p. 1, y corrección de errores DO 2004, L 200, p. 1).
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[Jurisprudencia] [TJUE] Los permisos de residencia obtenidos en concepto de reagrupación familiar y el estatuto de residente de larga duración pueden ser retirados cuando han sido concedidos sobre la base de documentos falsificados, incluso si sus titulares desconocían el fraude cometido.
No obstante, cuando se trata de permisos de residencia obtenidos en concepto de reagrupación familiar, las autoridades nacionales deben efectuar un examen previo individualizado de la situación de las personas de que se trata

En 2001, Y.Z., de nacionalidad china, obtuvo un permiso de residencia de duración limitada en los Países Bajos, en el marco de sus actividades alegadas de dirigente de una sociedad. En 2002, su esposa (la madre) y su hijo menor, también de nacionalidad china, obtuvieron permisos de residencia en ese Estado miembro en el marco de una reagrupación familiar. En 2006, la madre y el hijo obtuvieron permisos de residencia como residentes de larga duración.
En 2014, el Secretario de Estado neerlandés retiró, con carácter retroactivo, por un lado, los permisos de residencia concedidos a Y.Z., debido a que el empleo supuestamente ejercido por este era ficticio, ya que la sociedad que lo empleaba no ejercía actividad alguna, y que esos permisos habían sido obtenidos por tanto de modo fraudulento. Por otro lado, el Secretario de Estado retiró también, con efecto retroactivo, los permisos de residencia concedidos a la madre y al hijo en el marco de la reagrupación familiar y los permisos de residencia de larga duración expedidos a estos debido a que esos permisos habían sido concedidos de modo fraudulento, ya que habían sido expedidos sobre la base de los certificados fraudulentos de empleo de Y.Z. Según el Secretario de Estado, la circunstancia de que la madre y el hijo tuvieran conocimiento o no del fraude cometido por Y.Z. y del carácter fraudulento de esos certificados de empleo no era pertinente.
Al conocer del asunto en apelación interpuesta por Y.Z., la madre y el hijo, el Raad van State (Consejo de Estado, Países Bajos) pregunta si, incluso cuando la madre y el hijo ignoraban las actuaciones fraudulentas de Y.Z., el Secretario de Estado estaba facultado para retirar, por un lado, los permisos de residencia de la madre y del hijo, con arreglo a la Directiva sobre la reagrupación familiar  y, por otro lado, los permisos de residencia de larga duración concedidos a estos, en aplicación de la Directiva sobre los residentes de larga duración.  En esas circunstancias, el Raad van State planteó cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia.
En su sentencia de hoy, el Tribunal de Justicia recuerda en primer lugar, que, con arreglo a la Directiva sobre la reagrupación familiar, los Estados miembros pueden, en principio, retirar los permisos de residencia de los miembros de la familia de un nacional de un tercer país (el reagrupante) si se han presentado documentos falsificados o si se ha recurrido al fraude para la obtención de esos títulos El Tribunal de Justicia precisa a este respecto que la Directiva no identifica a la persona que ha proporcionado esos documentos o que ha cometido el fraude ni exige que los miembros de la familia de que se trata hayan tenido conocimiento de ello.
El Tribunal de Justicia considera que esa interpretación se ve corroborada habida cuenta de la importancia central del reagrupante en el sistema instituido por la Directiva así como por el objetivo perseguido por esta de facilitar la integración de los reagrupantes en los Estados miembros permitiéndoles llevar una vida familiar gracias a la reagrupación familiar. En efecto, de ese objetivo y de una lectura en conjunto de la Directiva se desprende que, mientras los miembros de la familia del reagrupante no han adquirido un derecho de residencia autónomo, su derecho de residencia es un derecho derivado de aquel del reagrupante de que se trata, destinado a favorecer la integración de este. En esas circunstancias, un Estado miembro debe poder considerar que el fraude cometido por el reagrupante afecta al proceso de reagrupación familiar en su totalidad, en particular al derecho de residencia derivado de los miembros de la familia de ese reagrupante, y, sobre esa base, retirar a los miembros su permiso de residencia, incluso aunque estos no tuvieran conocimiento del fraude cometido. A mayor abundamiento sucede cuando, como en el presente asunto, el fraude cometido vicia la regularidad del derecho de residencia del reagrupante.
No obstante, el Tribunal de Justicia subraya que la retirada de los permisos de residencia concedidos a los miembros de la familia no puede producirse de modo automático. De ese modo, las autoridades nacionales deben efectuar, con carácter previo, un examen individualizado de la situación de los miembros de la familia de que se trata teniendo en cuenta todos los intereses en juego. Además, las medidas de retirada de esos permisos deben adoptarse de conformidad con los derechos fundamentales, en particular con el derecho al respeto de la vida privada y familiar.
De ese modo, en el presente asunto, las autoridades nacionales deben tener en cuenta en particular la duración de la residencia de la madre y del hijo en los Países Bajos, la edad en la que este llegó a ese Estado miembro y la eventual circunstancia de que ha recibido formación y educación, así como de la existencia de vínculos familiares, económicos, culturales y sociales de la madre y del hijo con y en ese mismo Estado miembro. También han de tomar en consideración la existencia eventual de esos vínculos de la madre y del hijo con y en su país de origen, que se aprecia sobre la base de circunstancias como, en particular, un círculo familiar presente en ese país, viajes o períodos de residencia en el mismo, o incluso por el grado de conocimiento de la lengua del país. Las autoridades también deben tener en cuenta la circunstancia de que ni la madre ni el hijo son, en sí mismos, responsables del fraude cometido por Y.Z. y de que no tenían conocimiento del mismo. Corresponde al Raad van State comprobar si la retirada de los permisos de residencia concedidos a la madre y al hijo está justificada a la luz de esas consideraciones.
A continuación, por lo que respecta al estatuto de residente de larga duración, el Tribunal de Justicia recuerda que la Directiva sobre esos residentes establece que se perderá el estatuto en caso de que se constate la adquisición fraudulenta de ese estatuto No obstante, la Directiva no identifica la persona que debe estar en el origen del fraude cometido y tampoco exige que el residente de que se trata haya tenido conocimiento del mismo.
Además, el Tribunal de Justicia señala que, habida cuenta de los derechos ampliados que se vinculan con el estatuto de residente de larga duración, es importante que los Estados miembros puedan luchar eficazmente contra el fraude retirando a su beneficiario ese estatuto cuando este se basa en un fraude. De ese modo, nadie puede pretender el mantenimiento de derechos adquiridos en virtud de la Directiva sobre esos residentes por medio de un fraude, con independencia de que ese fraude haya sido o no cometido por el beneficiario de esos derechos o conocido por este, siendo el elemento determinante el que la adquisición de los derechos sea el resultado de un fraude. El Tribunal de Justicia llega a la conclusión de que un nacional de un tercer país pierde su estatuto de residente de larga duración cuando se establezca que la adquisición de ese estatuto se basaba en documentos falsificados, incluso si ese nacional ignoraba el carácter fraudulento de esos documentos.

Siendo así las cosas, el Tribunal de Justicia precisa que la pérdida del estatuto de residente de larga duración no implica, en cuanto tal, que el citado nacional pierda también el derecho de residencia en el Estado miembro de acogida sobre cuya base obtuvo ese estatuto. En el supuesto en que, como sucede en el presente asunto, los nacionales de que se trata han obtenido ese estatuto sobre la base de un derecho de residencia concedido en virtud de la Directiva sobre la reagrupación familiar, corresponde al órgano jurisdiccional remitente, sobre la base de un examen individualizado de su situación, llevando a cabo una apreciación equilibrada y razonable de la totalidad de los intereses en juego, determinar si esos nacionales deben, con arreglo a esa Directiva, conservar el derecho de residencia que se les concedió en virtud de la misma.

Directiva 2003/86/CE del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre el derecho a la reagrupación familiar (DO 2003, L 251, p. 12).

Directiva 2003/109/CE del Consejo, de 25 de noviembre de 2003, relativa al estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración (DO 2004, L 16, p. 44).

Artículo 16, apartado 2, letra a).

Artículo 9, apartado 1, letra a).

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Fuentes

Las e-fuentes consultadas: Legislación: DOCE, BOE, Boletín Oficial de las Cortes Generales (BOCG). Jurisprudencia: TC, TS, TJCE y TEDH. Noticias: europa press, EFE, EL PAÍS, EL MUNDO, ABC, LA RAZÓN, LA VANGUARDIA, EXPANSIÓN, a3n.tv, libertaddigital.com, 20minutos.es, 5dias.com, cope.es, vnet.es, diariodirecto.com

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Actualidad Mercantil 2019

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677 páginas, 1ª edición, febrero 2019,

Precio: 39,90€ Oferta: 37,91€ (iva incl.) En mano 24 H

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Protocolos sobre violencia de genero

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316 páginas, 2ª edición, febrero 2019,

Precio: 25,00€ Oferta: 23,75€ (iva incl.) En mano 24 H

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El Buen Fiscal

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581 páginas, 1ª edición, febrero 2019,

Precio: 45,00€ Oferta: 42,75€ (iva incl.) En mano 24 H

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Colección GPS

GPS propiedad horizontal

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688 páginas, 5ª edición, febrero 2019,

Precio: 79,00€ Oferta: 75,05€ (iva incl.) En mano 24 H

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GPS Notarial

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1928 páginas, 1ª edición, febrero 2019,

Precio: 149,00€ Oferta: 141,55€ (iva incl.) En mano 24 H

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GPS derecho de sociedades

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696 páginas, 4ª edición, febrero 2019,

Precio: 89,00€ Oferta: 84,55€ (iva incl.) En mano 24 H

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GPS Contratos Civiles

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728 páginas, 2ª edición, febrero 2019,

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GPS procesal civil

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2112 páginas, 3ª edición, febrero 2019,

Precio: 99,00€ Oferta: 94,05€ (iva incl.) En mano 24 H

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GPS Concursal

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896 páginas, 1ª edición, febrero 2019,

Precio: 99,00€ Oferta: 94,05€ (iva incl.) En mano 24 H

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GPS fiscal

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1048 páginas, edición anual, marzo 2019,

Precio: 99,00€ Oferta: 94,05€ (iva incl.) En mano 24 H

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GPS laboral

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1336 páginas, 5ª edición, febrero 2019,

Precio: 99,00€ Oferta: 94,05€ (iva incl.) En mano 24 H

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