[J]

[TJUE] El Derecho de la Unión no se opone a la pérdida de la nacionalidad de un Estado miembro y, por consiguiente, de la ciudadanía de la Unión, en caso de interrupción duradera del vínculo efectivo entre la persona de que se trate y dicho Estado miembro
No obstante, el principio de proporcionalidad exige que se lleve a cabo un examen individual sobre las consecuencias de dicha pérdida para las personas afectadas desde el punto de vista del Derecho de la Unión [Más info] [Texto publicado]


[J]

[TS][Mercantil] Seguro de vida vinculado. Legitimación del cónyuge del asegurado a pesar de que el primer beneficiario era la entidad prestamista. Declaración del riesgo. Existencia de dolo por ocultar que fumaba más de 40 cigarros y posterior muerte por cáncer de pulmón [Más info] [Texto publicado]


[J]

[TS][Penal] Obtención de datos de tráfico y localización. [Más info] [Texto publicado]


[J]

[TS][Contencioso-Advo] Derecho a figurar afiliada a la Seguridad Social por el tiempo trabajado y cotizado. El informe de vida laboral debe reflejar lo que consta en las resoluciones que deciden sobre el alta y la baja en la afiliación. [Más info] [Texto publicado]


[J]

[TS][Social] Renta activa de inserción. Propietario de vivienda que promueve en ella la instalación de energía solar fotovoltaica , contratando al efecto con dos empresas. Exclusión de la RAI por actividad incompatible con la percepción de dicha renta. [Más info] [Texto publicado]


[N]

El Tribunal Supremo fija en una sentencia los criterios orientativos a la hora de valorar la declaración de una víctima en el proceso penal [Más info] [Texto publicado]


[N]

May logra nuevas garantías legales de la UE para intentar salvar el Brexit [Más info] [Texto publicado]


[N]

La JEC obliga a Torra a quitar entre hoy y mañana los lazos amarillos y las esteladas [Más info] [Texto publicado]


[N]

La Generalitat abre un expediente a una empresa de Cabify para aclarar la contratación y prestación del servicio [Más info] [Texto publicado]


[N]

España registra un nuevo récord en solicitud de patentes [Más info] [Texto publicado]


[N]

Los políticos hacen carrera en los despachos de abogados [Más info] [Texto publicado]


[N]

Cani Fernández: En los despachos, hay un bache tremendo cuando tienes hijos [Más info] [Texto publicado]


[N]

Puigdemont irá al TJUE para recoger su acta de eurodiputado y tener así inmunidad comunitaria para volver a España [Más info] [Texto publicado]


Legislación Estatal

Normas más importantes publicadas en los últimos días [Más info]
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[BOE] Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo. BOE 12 - 3 - 2019 [Más info] [Texto publicado]


[L]

[BOE] Resolución de 28 de febrero de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de Convalidación del Real Decreto-ley 3/2019, de 8 de febrero, de medidas urgentes en el ámbito de la Ciencia, la Tecnología, la Innovación y la Universidad. BOE 12 - 3 - 2019 [Más info] [Texto publicado]


[L]

[BOE] Resolución de 28 de febrero de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de Convalidación del Real Decreto-ley 4/2019, de 22 de febrero, del Régimen Especial de las Illes Balears. BOE 12 - 3 - 2019 [Más info] [Texto publicado]


[L]

[BOE] Resolución de 8 de marzo de 2019, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se actualiza el anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales. BOE 12 - 3 - 2019 [Más info] [Texto publicado]


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[BOE] Acuerdo de 28 de febrero de 2019, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se adapta el permiso de paternidad regulado en el artículo 373.6 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, a lo dispuesto en el artículo 49 c) del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público. BOE 12 - 3 - 2019 [Más info] [Texto publicado]


Legislación Autonómica

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[BOE] Ley [COMUNITAT VALENCIANA] 3/2019, de 18 de febrero, de servicios sociales inclusivos de la Comunitat Valenciana. BOE 12 - 3 - 2019 [Más info] [Texto publicado]


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[BOE] Ley [COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA] 5/2019, de 20 de febrero, de Renta Extremeña Garantizada. BOE 12 - 3 - 2019 [Más info] [Texto publicado]


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[BOE] Ley [COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA] 6/2019, de 20 de febrero, del Estatuto de las personas consumidoras de Extremadura. BOE 12 - 3 - 2019 [Más info] [Texto publicado]


Legislación Comunitaria

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[DOCE] Revisado el DOUE de hoy, no encontramos disposiciones reseñables DOCE 12 - 3 - 2019 [Más info] [Texto publicado]



[Jurisprudencia] [TJUE] El Derecho de la Unión no se opone a la pérdida de la nacionalidad de un Estado miembro y, por consiguiente, de la ciudadanía de la Unión, en caso de interrupción duradera del vínculo efectivo entre la persona de que se trate y dicho Estado miembro
No obstante, el principio de proporcionalidad exige que se lleve a cabo un examen individual sobre las consecuencias de dicha pérdida para las personas afectadas desde el punto de vista del Derecho de la Unión

Varias personas de nacionalidad neerlandesa que poseen asimismo la nacionalidad de otro Estado no miembro de la UE interpusieron recurso contencioso-administrativo ante la negativa del Ministerio de Asuntos Exteriores de examinar sus solicitudes de renovación del pasaporte nacional. La negativa de dicho Ministerio se basó en la Ley neerlandesa sobre la nacionalidad, que dispone que todo mayor de edad perderá esta nacionalidad si posee a la vez una nacionalidad extranjera y si, tras alcanzar la mayoría de edad, establece su residencia principal, durante un período ininterrumpido de diez años, fuera de los Países Bajos y de la Unión Europea. No obstante, este período de diez años se considerará interrumpido cuando el interesado, durante un período inferior a un año, establezca su residencia principal en los Países Bajos o en la Unión Europea. Del mismo modo, el período se interrumpirá si el interesado solicita la expedición de una declaración sobre la posesión de la nacionalidad neerlandesa, de un documento de viaje (pasaporte) o de un documento de identidad neerlandés. Un nuevo período de diez años comenzará a correr a partir de la expedición de cualquiera de los mencionados documentos. Por otro lado, un menor de edad perderá, en principio, la nacionalidad neerlandesa si su padre o madre pierden esta nacionalidad.
Habiendo de conocer sobre los referidos litigios, el Raad van State (Consejo de Estado, Sección de lo Contencioso-Administrativo) se interroga sobre el margen de apreciación de que disponen los Estados miembros a la hora de establecer las condiciones de la pérdida de la nacionalidad y plantea al Tribunal de Justicia una cuestión prejudicial a este respecto. En particular, pide que se dilucide si la pérdida automática de la nacionalidad neerlandesa por imperativo de la ley (ipso iure), que lleva consigo igualmente la pérdida de la ciudadanía de la Unión, es compatible con el Derecho de la Unión.
En la sentencia del día de hoy, el Tribunal de Justicia recuerda que ya se ha declarado que el artículo 20 TFUE confiere a toda persona que tenga la nacionalidad de un Estado miembro el estatuto de ciudadano de la Unión, estatuto que se aspira a que se convierta en el estatuto fundamental de los nacionales de los Estados miembros. Por lo tanto, la situación de los ciudadanos de la Unión que, como sucede con las demandantes en el procedimiento principal, poseen únicamente la nacionalidad de un solo Estado miembro y que, al perder esta nacionalidad, se ven abocados a la pérdida de la ciudadanía europea, así como de los derechos vinculados a la misma, está comprendida, por su propia naturaleza y por sus consecuencias, dentro del ámbito del Derecho de la Unión.
El Tribunal de Justicia pone de relieve que la voluntad del legislador neerlandés fue la de establecer un régimen idóneo, entre otras cosas, para excluir los efectos perjudiciales de la posesión de múltiples nacionalidades por una misma persona. El Gobierno neerlandés precisa, a este respecto, que entre los objetivos de la Ley sobre la nacionalidad figura el de evitar que las personas obtengan o conserven la nacionalidad neerlandesa pese a no haber tenido nunca vínculo alguno con los Países Bajos o a haber dejado de tenerlo. Por su parte, la finalidad de las disposiciones de esta Ley relativas a los menores no es otra que mantener la unidad de nacionalidad en el seno de una misma familia.
A este respecto, el Tribunal de Justicia estima que un criterio que se fundamenta en la residencia habitual de los nacionales de los Países Bajos durante un período ininterrumpido de diez años fuera de la Unión Europea puede considerarse legítimo porque refleja la inexistencia del mencionado vínculo efectivo. Además, tal legitimidad viene corroborada por las disposiciones internacionales que prevén la posibilidad de que, en situaciones similares, una persona pierda la nacionalidad del Estado miembro de que se trate, siempre que se excluya el riesgo de apatría, lo que precisamente dispone en este caso la Ley neerlandesa. La referida legitimidad resulta confirmada asimismo por el hecho de que la expedición de una declaración sobre la posesión de la nacionalidad neerlandesa, de un documento de viaje o de un documento de identidad neerlandés es suficiente para considerar que la persona en cuestión manifiesta su voluntad de conservar un vínculo efectivo con los Países Bajos.
No obstante, la pérdida automática de la nacionalidad de un Estado miembro por imperativo de la ley resultaría incompatible con el principio de proporcionalidad si las normas nacionales pertinentes no permitieran, en ningún momento, un examen individual de las consecuencias que tal pérdida tendría para las personas afectadas desde el punto de vista del Derecho de la Unión. Según el Tribunal de Justicia, en efecto, las autoridades administrativas y los tribunales nacionales competentes deben estar en condiciones de examinar, con carácter incidental, las consecuencias de tal pérdida de nacionalidad y, eventualmente, de arbitrar el mecanismo adecuado para que la persona afectada recupere con carácter retroactivo la nacionalidad en el momento en que solicite la obtención de un documento de viaje o de cualquier otro documento que haga constar su nacionalidad.
El Tribunal de Justicia añade que, en el marco del referido examen de proporcionalidad, incumbe especialmente a las autoridades nacionales competentes ―y, en su caso, a los tribunales nacionales― verificar si la pérdida de la nacionalidad resulta conforme con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y, muy especialmente, con el derecho al respeto de la vida familiar, en relación con la obligación de tomar en consideración el interés superior del niño.
En cuanto a las circunstancias pertinentes relacionadas con tal examen, el Tribunal de Justicia menciona, en particular, el hecho de que la persona afectada se verá expuesta a limitaciones en el ejercicio del derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, que supondrán en su caso dificultades particulares para continuar desplazándose a los Países Bajos o a otro Estado miembro con el fin de mantener allí relaciones afectivas y continuadas con los miembros de su familia, de desarrollar su actividad profesional o de iniciar las gestiones y trámites necesarios para ejercer tal actividad. Resultan asimismo pertinentes, por una parte, el hecho de que la persona afectada no haya podido renunciar a la nacionalidad de un Estado tercero, y, por otra parte, el riesgo fundado de deterioro sustancial de la seguridad o de la libertad de movimientos al que se vería expuesta la persona afectada en razón de la imposibilidad con la que se encontraría de beneficiarse de la protección consular.

Siempre que las autoridades administrativas y judiciales competentes estén en condiciones de llevar a cabo tal examen individual de la situación de la persona afectada a la luz del conjunto de circunstancias pertinentes, el Derecho de la Unión no se opone a la pérdida de la nacionalidad de un Estado miembro en circunstancias como las que prevé la legislación neerlandesa.

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[Jurisprudencia] [TS][Mercantil] Seguro de vida vinculado. Legitimación del cónyuge del asegurado a pesar de que el primer beneficiario era la entidad prestamista. Declaración del riesgo. Existencia de dolo por ocultar que fumaba más de 40 cigarros y posterior muerte por cáncer de pulmón

El presente litigio versa sobre la reclamación dirigida por la esposa del asegurado fallecido contra la compañía de seguros exigiéndole el pago de la suma prevista para caso de muerte en un seguro de vida, vinculado a un préstamo hipotecario y en vigor al producirse el fallecimiento. Esta pretensión fue desestimada en ambas instancias por falta de legitimación activa de la demandante (hoy recurrente) al considerarse que la única legitimada era la entidad de crédito prestamista designada en la póliza como primera beneficiaria, si bien en apelación también se desestimó la demanda por razones de fondo relacionadas con la infracción del deber de declaración del riesgo -dolo del asegurado-.

El Supremo estima el recurso en lo referente a la legitimación, pero lo desestima respecto al fondo.

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[Jurisprudencia] [TS][Penal] Obtención de datos de tráfico y localización.
Doctrina de la Sala tras SS TJUE de 8 de abril de 2014 y 21 de diciembre de 2016. Volcado de datos de ordenador.
Atentado. Incendio de vehículo sustraído. Falsedad como delito instántaneo con efectos permanentes [Texto publicado] [Volver]

[Jurisprudencia] [TS][Contencioso-Advo] Derecho a figurar afiliada a la Seguridad Social por el tiempo trabajado y cotizado. El informe de vida laboral debe reflejar lo que consta en las resoluciones que deciden sobre el alta y la baja en la afiliación.

Doña Elvira , psicóloga, fue contratada por la Comunidad Autónoma de Madrid en virtud del convenio de cooperación que tenía suscrito con el Colegio de Psicólogos de Madrid. Su contrato contemplaba un horario de nueve a catorce horas. La Sra. Elvira prestó servicios entre el 28 de noviembre de 2005 y el 15 de junio de 2010. Bajo la vigencia de su relación con la Comunidad Autónoma de Madrid la Sra. Elvira solicitó el reconocimiento del carácter laboral de su relación ante la Jurisdicción Social y obtuvo la sentencia n.º 149/2009, de 28 de abril, del Juzgado de lo Social n.º 26 de los de Madrid, confirmada en suplicación por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid por su sentencia n.º 13, de 11 de enero de 2010 , que así lo declaró. Como consecuencia y, como quiera que no las había satisfecho, la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Madrid levantó a la Comunidad Autónoma de Madrid un acta de liquidación por las cotizaciones sociales correspondientes. Como quiera que estaban prescritas las de los años anteriores a los cuatro últimos, a contar desde el 29 de abril de 2011 en que dio inicio a su actuación la limitó al período posterior y, en su virtud, la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de oficio, por resolución de 21 de junio de 2011, dió de alta a la Sra. Elvira con efectos del 29 de abril de 2007 y de baja con efectos del 15 de junio de 2010, con un porcentaje de jornada del 57,10%, tal como constaba en el acta de la Inspección.

La Sra. Elvira no impugnó en tiempo esa resolución. No obstante, meses más tarde, el 16 de diciembre de 2011, solicitó que se le reconociera también el período que va del 28 de noviembre de 2005 al 28 de febrero de 2007 y un porcentaje de jornada del 71,43% y que así constara en los informes de su vida laboral. Se le comunicó el 8 de febrero de 2012 que no procedía atender su solicitud sin perjuicio de que, comprobado que la Comunidad Autónoma de Madrid había cotizado desde el mes de marzo de 2007, igualar la fecha de efectos del alta al 1 de marzo, y que no cabía modificar el porcentaje de jornada. Interpuesto recurso de alzada contra esa resolución, fue inadmitido por extemporáneo ya que se entendió que la impugnada era la resolución de 21 de junio de 2011, pero la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 19 de los de Madrid, de 30 de octubre de 2013 , acogió el recurso de la Sra. Elvira y consideró que la comunicación de 8 de febrero de 2012 no era un acto de mero trámite ya que se pronunciaba sobre los efectos de la fecha de alta y modificaba en el sentido indicado la de 21 de junio de 2011.

Así, pues, la Dirección Provincial de Madrid de la Tesorería General de la Seguridad Social hubo de dictar resolución el 13 de marzo de 2014 sobre el recurso de alzada, desestimándolo esta vez. Las razones invocadas eran la prescripción de las cotizaciones anteriores a los últimos cuatro años previos al inicio de la actuación inspectora.

La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid conoció del recurso contencioso-administrativo de la Sra. Elvira contra esa resolución de 13 de marzo de 2014. La demanda hacía valer las mismas pretensiones de aplicación y de porcentaje de jornada ya indicadas y alegaba especialmente que en el proceso seguido ante la Jurisdicción Social por el reconocimiento de la prestación de desempleo había tenido conocimiento de que la Comunidad Autónoma de Madrid había cotizado por todo el período de su relación contractual, es decir desde el 28 de noviembre de 2005 hasta el 15 de junio de 2010, tal como constaba en el certificado aportado a los autos, y que la propia Tesorería General de la Seguridad Social reconocía en el informe obrante en autos que la Comunidad Autónoma de Madrid había cotizado enero y febrero de 2007.

La sentencia objeto del presente recurso de casación desestimó las pretensiones de la Sra. Elvira .

El Supremo estima el recurso.

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[Jurisprudencia] [TS][Social] Renta activa de inserción. Propietario de vivienda que promueve en ella la instalación de energía solar fotovoltaica , contratando al efecto con dos empresas. Exclusión de la RAI por actividad incompatible con la percepción de dicha renta.

Se declara probado, y no se combate, que el asunto litigioso versa sobre renta activa de inserción, tratándose de un propietario de una vivienda que promueve en ella la instalación de energía solar fotovoltaica de dos placas, contratando al efecto con una empresa que realizó la tarea con una placa en 2004 y con otra entidad, para otra, en 2006, suscribiendo un contrato de mantenimiento con una tercera y recibiendo lecturas y facturas mensuales de una cuarta. En 2013 sus ingresos por explotación de tales placas ascendieron a 6.931,41 € más subvenciones de 2.313,45 €, habiendo satisfecho en gastos de reparación 256,80 €, con el resultado de una amortización anual de su inversión en 2013 de 6.585,39 €. En su declaración del IRPF para ese año reconoció como rendimiento un importe anual de 2.402,67 € resultante de deducir los gastos de amortización y conservación de los ingresos. El 04/03/2015 se dictó resolución de exclusión de RAI con efectos desde el 06/11/2013 y percepción indebida de 3.337 € por superación de rentas impropias, contra la cual interpuso reclamación previa no contestada. El 13/10/2016 se dictó nueva resolución anulando la anterior por improcedente, al ser, en realidad, el motivo de la exclusión "realizar trabajos" para la compañía que efectúa las citadas lecturas y transferencias. Ya se había dictado el 22/03/2011 otra resolución por este motivo que no había sido impugnada. La sentencia de instancia, tras apreciar que la actividad del actor es incompatible con la percepción de la RAI, estima la demanda que interpuso el SPEE/SEPE y revoca la resolución de 06/11/2013, declarando en su fallo la percepción indebida de 3.337 € por el período 06/11/2013 a 30/06/2014, lo que la Sala de suplicación reitera tras examinar el recurso del demandado, por lo que éste acude a la casación unificadora citando y aportando de contraste la STSJ de Málaga de 28/04/2016 . Impugna el SPEE.

El Supremo estima el recurso.

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[Noticias] El Tribunal Supremo fija en una sentencia los criterios orientativos a la hora de valorar la declaración de una víctima en el proceso penal
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[Noticias] La Generalitat abre un expediente a una empresa de Cabify para aclarar la contratación y prestación del servicio
Pide además una relación de los trayectos realizados entre el 7 y el 10 de marzo. Cabify asegura que no ha recibido ninguna notificación oficial Cabify anunció la semana pasada que volvía a operar en la ciudad y que la precontratación de 15 minutos solo se haría antes del primer viaje. (20minutos.es) [Texto publicado] [Volver]

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[Legislación] [BOE] Resolución de 28 de febrero de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de Convalidación del Real Decreto-ley 4/2019, de 22 de febrero, del Régimen Especial de las Illes Balears.
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[Legislación] [BOE] Resolución de 8 de marzo de 2019, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se actualiza el anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales.
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[Legislación] [BOE] Acuerdo de 28 de febrero de 2019, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se adapta el permiso de paternidad regulado en el artículo 373.6 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, a lo dispuesto en el artículo 49 c) del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público.
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[Legislación] [BOE] Ley [COMUNITAT VALENCIANA] 3/2019, de 18 de febrero, de servicios sociales inclusivos de la Comunitat Valenciana.
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[Legislación] [BOE] Ley [COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA] 5/2019, de 20 de febrero, de Renta Extremeña Garantizada.
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[Legislación] [BOE] Ley [COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA] 6/2019, de 20 de febrero, del Estatuto de las personas consumidoras de Extremadura.
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[Legislación] [DOCE] Revisado el DOUE de hoy, no encontramos disposiciones reseñables
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Fuentes

Las e-fuentes consultadas: Legislación: DOCE, BOE, Boletín Oficial de las Cortes Generales (BOCG). Jurisprudencia: TC, TS, TJCE y TEDH. Noticias: europa press, EFE, EL PAÍS, EL MUNDO, ABC, LA RAZÓN, LA VANGUARDIA, EXPANSIÓN, a3n.tv, libertaddigital.com, 20minutos.es, 5dias.com, cope.es, vnet.es, diariodirecto.com

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Este diario es una publicación distribuida por paraprofesionales.com y se dirige exclusivamente a sus suscriptores. Su reenvío a terceras personas distintas del destinatario requiere autorización expresa de paraprofesionales.com. No nos hacemos responsables de las decisiones tomadas con base en el contenido del presente diario. Las colaboraciones firmadas recogen la opiniones de sus autores.

Las sentencias publicadas han sido suministradas por el Centro de Documentación Judicial o por los Gabinetes de Prensa del CGPJ

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2095 páginas, edición anual, marzo 2019, Incluye suscripción, Edición especial para colectivos

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Memento IRPF 2019

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1391 páginas, edición anual, marzo 2019, Incluye suscripción, La tranquilidad de tener las claves para no pagar de más.

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Manual para el asesoramiento, representación y defensa de las Entidades Locales

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744 páginas, 1ª edición, marzo 2019, Reserve su ejemplar. Pedidos preferentes hasta el 25 de marzo, fecha prevista de publicación

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Código electoral

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1488 páginas, 9ª edición, marzo 2019, Reserve su ejemplar. Pedidos preferentes hasta el 25 de Marzo , fecha prevista de publicación

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Claves Prácticas Valoración de las indemnizaciones por secuelas derivadas de accidentes de tráfico

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100 páginas, 1ª edición, marzo 2019, Reserve su ejemplar. Pedidos preferentes hasta el 15 de marzo, fecha prevista de publicación

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Código Práctico Fiscal 2019

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2125 páginas, edición anual, abril 2019, Reserve su ejemplar. Pedidos preferentes hasta el 2 de abril, fecha prevista de publicación

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Diccionario Jurisprudencial de Derecho Civil Gallego

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518 páginas, 1ª edición, marzo 2019, Reserve su ejemplar. Pedidos preferentes hasta el 15 de marzo, fecha prevista de publicación

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Manual de Auditoría

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660 páginas, 6ª edición, marzo 2019, Incluye el Proyecto del Nuevo Reglamento de la LAC

Precio: 47,84€ Oferta: 45,45€ (iva incl.) En mano 24 H

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Memento Urbanismo 2019 (s)

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2140 páginas, edición anual, marzo 2019, Incluye suscripción,

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