[J]

[TC] El TC declara que la Ley 5/2018, que establece medidas rápidas para recuperar la vivienda ocupada ilegalmente, no vulnera el derecho a la inviolabilidad del domicilio ni a una vivienda digna [Más info] [Texto publicado]


[J]

[TS][Civil] Revisión de sentencia firme por maquinación fraudulenta consistente en la ocultación maliciosa del domicilio del demandado [Más info] [Texto publicado]


[J]

[TS][Penal] Responsabilidad civil subsidiaria: la existencia de un vínculo superpuesto de prestación de servicios entre el autor del delito y la víctima, no excluye la responsabilidad civil subsidiaria de la entidad de la que era empleado el acusado si la actividad delictiva se llevó a cabo en el desempeño de sus funciones como tal empleado. [Más info] [Texto publicado]


[J]

[TS][Contencioso-Advo] Reglamento de Viviendas Vacacionales de Canarias. Decreto 113/2015 de 22 de mayo. Exclusión de las edificaciones ubicadas en suelos turísticos que se encuentre dentro de las zonas turísticas y de viviendas ubicadas en urbanizaciones turísticas. Las restricciones impuestas en dicho reglamento al ejercicio de la actividad económica consistente en ofertar viviendas vacacionales en zonas turísticas, resultan incompatibles con las exigencias de necesidad y proporcionalidad a que alude el artículo 5 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado. [Más info] [Texto publicado]


[J]

[TS][Social] Excedencia voluntaria de un trabajador que intenta la reincorporación cuando la actividad de la empresa ha desaparecido en su totalidad. No tiene derecho a indemnización. [Más info] [Texto publicado]


[N]

La Audiencia Provincial de Asturias confirma que un préstamo hipotecario suscrito al 19,9 de interés es usurario [Más info] [Texto publicado]


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La entrada en vigor del permiso de paternidad de ocho semanas se retrasa y coincidirá con el 8-M [Más info] [Texto publicado]


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Un instituto de Huelva castiga sin recreo a los niños el 8M para que comprendan a la mujer [Más info] [Texto publicado]


Legislación Estatal

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[BOE] Recurso de inconstitucionalidad n.º 976-2019, contra los arts. 1.1; 1.2; 2.1; 2.2 apartados d) y e) [en este último caso exclusivamente respecto de la mención al "pacto"]; 3; 4; 5.1; 5.2.b); 7.1.c); 9; 10.1; 13; 14 a 22; 25; 26.1, 2 y 3; 27; 32.a); 33.5; Disposiciones adicionales segunda y tercera; y Disposición final tercera de la Ley de las Cortes de Aragón 8/2018, de 28 de junio, de actualización de los derechos históricos de Aragón. BOE 6 - 3 - 2019 [Más info] [Texto publicado]


[L]

[BOE] Cuestión interna de inconstitucionalidad n.º 688-2019, en relación con la Disposición adicional séptima, apartado 1, regla tercera, letra c) del Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, en la redacción dada al precepto por el art. 5.2 del Real Decreto-ley 11/2013, de 2 de agosto, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social, por posible contradicción con el art. 14 CE. BOE 6 - 3 - 2019 [Más info] [Texto publicado]


[L]

[BOE] Conflicto positivo de competencia n.º 259-2019, en relación con los artículos 8.3, apartados a y b; 10.2; 11; 12; 13; 15.3; 16, apartados 1, 2, 3; 17.4; 19, apartados 1, 2 (exclusivamente en su mención a la Unidad responsable) y 3; 20.2.b (exclusivamente en su mención a la Unidad responsable); Disposición Adicional Segunda (sobre las Asambleas Legislativas autonómicas) y Disposición Transitoria Única del Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público. BOE 6 - 3 - 2019 [Más info] [Texto publicado]


[L]

[BOE] Aplicación provisional del Acuerdo para el alojamiento del Centro de Respaldo del Centro de Supervisión de la Seguridad de Galileo entre la Comisión Europea, la Agencia del GNSS Europeo y el Reino de España, hecho en Madrid y Bruselas el 21 de enero de 2019. BOE 6 - 3 - 2019 [Más info] [Texto publicado]


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[BOE] Orden HAC/235/2019, de 25 de febrero, por la que se modifica la Orden HAP/369/2015, de 27 de febrero, por la que se aprueba el modelo 586 "Declaración recapitulativa de operaciones con gases fluorados de efecto invernadero", y se establece la forma y procedimiento para su presentación, y se modifican las claves de actividad del impuesto recogidas en el anexo III de la Orden HAP/685/2014, de 29 de abril, por la que se aprueba el modelo 587 "Impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero. Autoliquidación" y se establece la forma y procedimiento para su presentación. BOE 6 - 3 - 2019 [Más info] [Texto publicado]


[L]

[BOE] Instrucción 3/2019, de 4 de marzo, de la Junta Electoral Central, sobre consecuencias de la simultaneidad en la celebración de las elecciones generales de 28 de abril de 2019 y de las elecciones locales, autonómicas y europeas de 26 de mayo de 2019, en lo que se refiere a la regulación de la campaña electoral. BOE 6 - 3 - 2019 [Más info] [Texto publicado]


Legislación Comunitaria

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[DOCE] Revisado el DOUE de hoy, núm. 65, no encontramos disposiciones reseñables DOCE 6 - 3 - 2019 [Más info] [Texto publicado]


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[DOCE] Decisión del Banco Europeo de Inversiones, de 6 de febrero de 2019, por la que se establece el reglamento interno relativo al tratamiento de datos personales por la División Investigación de Fraudes ((IG/IN) y la Oficina de Conformidad (OCCO) del Banco Europeo de Inversiones en lo que respecta a la comunicación de información a los interesados y la restricción de algunos de sus derechos DOCE 6 - 3 - 2019 [Más info] [Texto publicado]



[Jurisprudencia] [TC] El TC declara que la Ley 5/2018, que establece medidas rápidas para recuperar la vivienda ocupada ilegalmente, no vulnera el derecho a la inviolabilidad del domicilio ni a una vivienda digna

El Pleno del Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad promovido por más de 50 diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea en el Congreso de los Diputados, contra la Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación con la ocupación de viviendas ilegales.

Los recurrentes consideraban que la ley impugnada vulneraba, entre otros, el derecho a la inviolabilidad del domicilio y a disfrutar de una vivienda digna y adecuada porque hacían posible ejecutar un desalojo forzoso de la vivienda sin alternativa habitacional y sin permitir a los órganos judiciales valorar las concretas circunstancias concurrentes en cada caso. La sentencia, de la que ha sido ponente el Magistrado Andrés Ollero, señala que “la decisión judicial de proceder al desalojo de los ocupantes que puede adoptarse en el proceso sumario para la recuperación de la posesión de la vivienda instituido por la Ley 5/2018 no constituye una violación del derecho a la inviolabilidad del domicilio garantizado”. “El juez es la autoridad competente para ordenar y reconducir situaciones contrarias a la norma sustantiva y su adecuación a ella, sin que puedan oponérsele circunstancias de hecho encaminadas a hacer posible la permanencia y consolidación de una situación ilícita, como es la ocupación ilegal de una vivienda”.

El Tribunal explica que el derecho a la elección de residencia no es un derecho absoluto que habilite a ocupar cualquier vivienda o espacio sino que tiene límites y debe ejercerse dentro del respeto a la ley, ya que “para habitar lícitamente en una vivienda es necesario disfrutar de algún derecho que habilite al sujeto para la realización de tal uso del bien en el que pretende establecerse”.

Por otra parte, la orden judicial de desalojo de los ocupantes de la vivienda no excluye en modo alguno que los poderes públicos deban atender a las situaciones de exclusión residencial que pudieran producirse, en particular, cuando afecten a personas especialmente vulnerables. La sentencia añade que, “la resolución judicial que ordene el desalojo de los ocupantes ilegales de la vivienda se ha de comunicar por el órgano judicial a los servicios públicos competentes en materia de política social, para que en el plazo de siete días puedan adoptar las medidas de protección que fueren procedentes, en orden a la situación de vulnerabilidad en que pudieran quedar los afectados por el lanzamiento, siempre que estos hubieran manifestado su consentimiento”.

Tampoco se vulnera el derecho a una vivienda digna y adecuada en la medida en que dicho precepto “no garantiza un derecho fundamental sino que enuncia un principio rector de la política social y económica”. De ahí que la regulación controvertida no puede, en ningún caso, contravenir el mandato del art. 10.2 de la Constitución de interpretar las normas relativas a los derechos y libertades conforme con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los acuerdos y tratados internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.

En este punto, el Tribunal recuerda que “la prohibición de desalojos forzosos a la que se refieren los instrumentos de Naciones Unidas, citados por los recurrentes, no se aplica a los desalojos efectuados legalmente y de manera compatible con las normas internacionales de derechos humanos, en particular las referidas al derecho a un proceso con las debidas garantías”.

La sentencia concluye afirmando que la Ley 5/2018, aun siendo una norma procesal, no es ajena a la preocupación del legislador por hacer frente a las situaciones de especial vulnerabilidad social que puedan producirse como consecuencia del desalojo de viviendas judicialmente decretado. Además, “el legislador dispone de un amplio margen de apreciación para adoptar disposiciones en materia social y económica”.

El voto concurrente, formulado por la Magistrada María Luisa Balaguer, parte de la consideración de que el reconocimiento, el respeto y la protección de los principios rectores deben informar la legislación positiva, y, por tanto, condicionan la libertad del legislador; como deben informar también la práctica judicial, en la que no puede dejar de incluirse la jurisdicción constitucional. El parámetro de control para el Tribunal Constitucional es la Constitución, y, por lo tanto, también el art. 47 CE, y desde esta posición, desde la perspectiva de la garantía de plena eficacia de la totalidad del texto constitucional, también de los principios rectores que contiene, es desde donde debe formularse el juicio de constitucionalidad abstracto en el supuesto de la norma impugnada.

El hecho de que el art. 47 CE no haya sido considerado como un derecho fundamental en la Constitución, no lo convierte en un texto vacío de juridicidad, sino que es una norma con fuerza jurídica, cuyo nivel de coercibilidad no llega a la aplicación directa inmediata, pero si obliga al operador jurídico a formular un parámetro de constitucionalidad respecto de la norma cuya constitucionalidad enjuicia, en relación con las exigencias de un Estado social y democrático de derecho, que es el establecido en la Constitución.

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[Jurisprudencia] [TS][Civil] Revisión de sentencia firme por maquinación fraudulenta consistente en la ocultación maliciosa del domicilio del demandado

Pretensión del demandante de revisión

D. Luciano , parte demandante en este proceso de revisión de sentencia firme, fundamenta su pretensión revisora en las siguientes y resumidas alegaciones:

i. Pretende la revisión de la sentencia firme n.º 56/2016, de 18 de abril, dictada por el Juzgado de 1.ª instancia n.° 1 de Vilanova i la Geltrú , en el juicio ordinario n.º 527/2015, seguido a instancia de Dña. Carmen , en el que el Sr. Luciano resultó condenado al pago de 7.500 €, intereses y costas.

ii. El Sr. Luciano no pudo ser emplazado en dicho procedimiento, porque el domicilio que facilitó la actora era inexistente. También era incorrecto el DNI indicado, sobre todo porque el Sr. Luciano no es ciudadano español y carece de dicho documento.

iii. La actora conocía que el Sr. Luciano no tenía ya su domicilio en el lugar que figuraba en el contrato y que para comunicarse con él debería hacerlo a través de un abogado inglés, al que había dirigido previamente otras comunicaciones.

iv. El Sr. Luciano no tuvo conocimiento de la existencia del procedimiento hasta que en noviembre de 2017 comprobó que le había sido embargada una cuenta bancaria.

Oposición de la parte demandada de revisión

La parte demandada de revisión se opuso a la demanda, por las siguientes y abreviadas alegaciones:

i. Caducidad de la acción: el Sr. Luciano conoció la existencia del procedimiento en noviembre de 2017, pese a lo cual no presentó la demanda de revisión hasta marzo de 2018.

ii. No existe maquinación fraudulenta, porque se intentó emplazar al demandado en la única dirección que había facilitado en España.

iii No hay indefensión, porque el demandante de revisión sabía que tenía que devolver la fianza arrendaticia y puede reclamar los desperfectos en el inmueble que considere que pueda haber.

El Supremo estima el recurso.

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[Jurisprudencia] [TS][Penal] Responsabilidad civil subsidiaria: la existencia de un vínculo superpuesto de prestación de servicios entre el autor del delito y la víctima, no excluye la responsabilidad civil subsidiaria de la entidad de la que era empleado el acusado si la actividad delictiva se llevó a cabo en el desempeño de sus funciones como tal empleado.

El condenado prestó sus servicios como empleado en el Banco Sabadell en la sucursal sita en Madrid y a su vez desde la misma fecha actuó como contable de empresas clientes del banco. El acusado se aprovechó de su doble condición de empleado del Banco de Sabadell y del hecho de que llevaba la contabilidad de V S.A., cliente del citado Banco, para distraer dinero de la citada sociedad a través de operativa de disposiciones fraudulentas que se dirán a continuación y sin que la administradora tuviera conocimiento de esta operativa . De este modo en el periodo de tiempo comprendido entre el mes de junio de 2003 y el mes de noviembre de 2011 se apoderó de fondos directamente de la cuenta NUM002 de la mercantil V S.A. por importe de 153.453,32€.

El Supremo desestima el recurso del codenado y del Banco como responsable civil subsidiario.

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[Jurisprudencia] [TS][Contencioso-Advo] Reglamento de Viviendas Vacacionales de Canarias. Decreto 113/2015 de 22 de mayo. Exclusión de las edificaciones ubicadas en suelos turísticos que se encuentre dentro de las zonas turísticas y de viviendas ubicadas en urbanizaciones turísticas. Las restricciones impuestas en dicho reglamento al ejercicio de la actividad económica consistente en ofertar viviendas vacacionales en zonas turísticas, resultan incompatibles con las exigencias de necesidad y proporcionalidad a que alude el artículo 5 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado.

El presente recurso de casación impugna la sentencia dictada por la Sección Segunda de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Santa Cruz de Tenerife de 25 de mayo de 2017 (rec. 99/2015 ) por la que se estimó el recurso interpuesto por doña Almudena contra el art. 3.2 del Decreto 113/2015 por el que se aprueba el Reglamento de Viviendas Vacacionales de la Comunidad Autónoma de Canarias y se anuló el art. 3.2 y subapartado tercero del apartado IV del anexo 2.

El interés casacional que se apreció al tiempo de admitir el recurso de casación estatal se circunscribía a determinar si el artículo 3.2 del Decreto 113/2015, de 22 de mayo , por el que se aprueba el Reglamento de las viviendas vacacionales de la Comunidad Autónoma de Canarias, que pretende limitar la oferta turística de viviendas ( artículo 3.2) resulta, o no, contraria a lo establecido por el artículo 5 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre , de garantía de la unidad de mercado, y si resulta proporcionada y está suficientemente justificada su necesidad por la salvaguarda de alguna razón imperiosa de interés general de entre las comprendidas en el artículo 3.11 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre , sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

El Supremo desestima el recurso del Letrado de la Comunidad Autónoma.

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[Jurisprudencia] [TS][Social] Excedencia voluntaria de un trabajador que intenta la reincorporación cuando la actividad de la empresa ha desaparecido en su totalidad. No tiene derecho a indemnización.

EL trabajador, que venía disfrutando de excedencia voluntaria desde el mes de agosto de 2010, con fecha límite 1 de septiembre de 2013, solicitó su ingreso a lo que la empresa contestó que no podía ser readmitido por no estar en activo, refiriéndose a que la empresa había sido dada de baja en la TGSS el 4 de diciembre de 2012. El juzgado de lo Social desestimó la demanda del actor, su resolución fue confirmada en suplicación al entender que ni puede ofrecer un puesto de trabajo la demandada por cuanto se halla inactiva desde el año anterior a la solicitud y en cuanto a la posibilidad de obtener la indemnización por su pérdida, al no existir el derecho a esa compensación cuando la inexistencia de vacante se debe a la desaparición de la empresa.

El Supremo desestima el recurso del trabajador.

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[Noticias] La Audiencia Provincial de Asturias confirma que un préstamo hipotecario suscrito al 19,9 de interés es usurario
La sentencia refleja que, en las fechas en el que se suscribió, el interés medio TAE para operaciones de este tipo era del 2,88% (poderjudicial.es) [Texto publicado] [Volver]

[Noticias] Muere José Pedro Pérez-Llorca, uno de los padres de la Constitución, a los 78 años
Su despacho de abogados informa de su fallecimiento a causa de una enfermedad pulmonar (elpais.es) [Texto publicado] [Volver]

[Noticias] El WhatsApp contra Zoido que circula entre mandos policiales: Lo del Supremo nos avergüenza
Califican la declaración del ex ministro de Interior en el juicio del procés como gravísima: No sabe contestar ni a la mitad de las preguntas. (elespanol.com) [Texto publicado] [Volver]

[Noticias] La entrada en vigor del permiso de paternidad de ocho semanas se retrasa y coincidirá con el 8-M
El Ejecutivo atribuye a un error el retraso de la medida (lavanguardia.com) [Texto publicado] [Volver]

[Noticias] Los bufetes conquistan la milla de oro de Madrid y Barcelona
Los despachos de abogados son los grandes protagonistas de las operaciones inmobiliarias en las mejores zonas de oficinas, ocupando los edificios emblemáticos del corazón financiero de las ciudades. (expansion.com) [Texto publicado] [Volver]

[Noticias] Las inmobiliarias alertan de que el nuevo decreto del alquiler elevará los precios
El sector cree que la regulación que hoy entra en vigor desincentivará la oferta y perjudicará a los inquilinos con menor solvencia (cincodias.com) [Texto publicado] [Volver]

[Noticias] El Gobierno congela el diálogo social y paraliza la contrarreforma laboral
Desde que levantara la Mesa de Empleo por “motivos de agenda”, hace una semana, el Gobierno no ha vuelto a reunirse con los agentes sociales (elconfidencial.com) [Texto publicado] [Volver]

[Noticias] Un instituto de Huelva castiga sin recreo a los niños el 8M para que comprendan a la mujer
Un colegio público de Huelva ha enviado una circular a sus profesores en la que exige que se prohíba a los alumnos varones salir al recreo el día de la huelga feminista del 8M. (okdiario.com) [Texto publicado] [Volver]

[Legislación] [BOE] Recurso de inconstitucionalidad n.º 976-2019, contra los arts. 1.1; 1.2; 2.1; 2.2 apartados d) y e) [en este último caso exclusivamente respecto de la mención al "pacto"]; 3; 4; 5.1; 5.2.b); 7.1.c); 9; 10.1; 13; 14 a 22; 25; 26.1, 2 y 3; 27; 32.a); 33.5; Disposiciones adicionales segunda y tercera; y Disposición final tercera de la Ley de las Cortes de Aragón 8/2018, de 28 de junio, de actualización de los derechos históricos de Aragón.
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[Legislación] [BOE] Cuestión interna de inconstitucionalidad n.º 688-2019, en relación con la Disposición adicional séptima, apartado 1, regla tercera, letra c) del Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, en la redacción dada al precepto por el art. 5.2 del Real Decreto-ley 11/2013, de 2 de agosto, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social, por posible contradicción con el art. 14 CE.
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[Legislación] [BOE] Conflicto positivo de competencia n.º 259-2019, en relación con los artículos 8.3, apartados a y b; 10.2; 11; 12; 13; 15.3; 16, apartados 1, 2, 3; 17.4; 19, apartados 1, 2 (exclusivamente en su mención a la Unidad responsable) y 3; 20.2.b (exclusivamente en su mención a la Unidad responsable); Disposición Adicional Segunda (sobre las Asambleas Legislativas autonómicas) y Disposición Transitoria Única del Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público.
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[Legislación] [BOE] Aplicación provisional del Acuerdo para el alojamiento del Centro de Respaldo del Centro de Supervisión de la Seguridad de Galileo entre la Comisión Europea, la Agencia del GNSS Europeo y el Reino de España, hecho en Madrid y Bruselas el 21 de enero de 2019.
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[Legislación] [BOE] Orden HAC/235/2019, de 25 de febrero, por la que se modifica la Orden HAP/369/2015, de 27 de febrero, por la que se aprueba el modelo 586 "Declaración recapitulativa de operaciones con gases fluorados de efecto invernadero", y se establece la forma y procedimiento para su presentación, y se modifican las claves de actividad del impuesto recogidas en el anexo III de la Orden HAP/685/2014, de 29 de abril, por la que se aprueba el modelo 587 "Impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero. Autoliquidación" y se establece la forma y procedimiento para su presentación.
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[Legislación] [BOE] Instrucción 3/2019, de 4 de marzo, de la Junta Electoral Central, sobre consecuencias de la simultaneidad en la celebración de las elecciones generales de 28 de abril de 2019 y de las elecciones locales, autonómicas y europeas de 26 de mayo de 2019, en lo que se refiere a la regulación de la campaña electoral.
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[Legislación] [DOCE] Revisado el DOUE de hoy, núm. 65, no encontramos disposiciones reseñables
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[Legislación] [DOCE] Decisión del Banco Europeo de Inversiones, de 6 de febrero de 2019, por la que se establece el reglamento interno relativo al tratamiento de datos personales por la División Investigación de Fraudes ((IG/IN) y la Oficina de Conformidad (OCCO) del Banco Europeo de Inversiones en lo que respecta a la comunicación de información a los interesados y la restricción de algunos de sus derechos
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Fuentes

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Este diario es una publicación distribuida por paraprofesionales.com y se dirige exclusivamente a sus suscriptores. Su reenvío a terceras personas distintas del destinatario requiere autorización expresa de paraprofesionales.com. No nos hacemos responsables de las decisiones tomadas con base en el contenido del presente diario. Las colaboraciones firmadas recogen la opiniones de sus autores.

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Manual para el asesoramiento, representación y defensa de las Entidades Locales

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Código electoral

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Claves Prácticas Valoración de las indemnizaciones por secuelas derivadas de accidentes de tráfico

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Código Práctico Fiscal 2019

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Diccionario Jurisprudencial de Derecho Civil Gallego

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Manual de Auditoría

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Memento Urbanismo 2019 (s)

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