[J]

[TS][Civil] Propiedad Horizontal. Alteración de elementos comunes. Obras ejecutadas por algunas de las comunidades de propietarios de un conjunto residencial (cerramiento de soportales o porches y su utilización para trasteros). Inexistencia de supracomunidad. [Más info] [Texto publicado]


[J]

[TS][Penal] Homicidio, robo con violencia y organización criminal. [Más info] [Texto publicado]


[J]

[TS][Contencioso-Advo] Defensa de la competencia. Interpretación del artículo 51.4 de la Ley 15/2017 de la Ley de Defensa de la Competencia. Cambio de calificación jurídica. Necesidad de un nuevo trámite de audiencia. Indefensión material. [Más info] [Texto publicado]


[J]

[TJUE] El Tribunal de Justicia anula la resolución que suspende en sus funciones al gobernador del Banco de Letonia
Letonia no aportó pruebas de la falta grave reprochada al gobernador de su banco central [Más info] [Texto publicado]


[N]

REAL DECRETO-LEY de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler. [Más info] [Texto publicado]


[N]

España y Reino Unido pactan frenar la evasión fiscal en Gibraltar [Más info] [Texto publicado]


[N]

Desheredados de millones por una hermana con la ley vasca: Javier cuenta su drama [Más info] [Texto publicado]


[N]

Sobre la regulación expropiatoria de las autorizaciones VTC [Más info] [Texto publicado]


[N]

El futuro es feminista [Más info] [Texto publicado]


[N]

La ilegalidad de la exigencia de autorización autonómica en la deducción en guarderías [Más info] [Texto publicado]


[N]

Redes sociales: Pezón no, porro sí [Más info] [Texto publicado]


Legislación Estatal

Normas más importantes publicadas en los últimos días [Más info]
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[L]

[BOE] Ley Orgánica 2/2019, de 1 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de imprudencia en la conducción de vehículos a motor o ciclomotor y sanción del abandono del lugar del accidente. BOE 2 - 3 - 2019 [Más info] [Texto publicado]


[L]

[BOE] Ley 2/2019, de 1 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, y la Directiva (UE) 2017/1564 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017. BOE 2 - 3 - 2019 [Más info] [Texto publicado]


[L]

[BOE] Ley 3/2019, de 1 de marzo, de mejora de la situación de orfandad de las hijas e hijos de víctimas de violencia de género y otras formas de violencia contra la mujer. BOE 2 - 3 - 2019 [Más info] [Texto publicado]


[L]

[BOE] Real Decreto-ley 5/2019, de 1 de marzo, por el que se adoptan medidas de contingencia ante la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea sin que se haya alcanzado el acuerdo previsto en el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea. BOE 2 - 3 - 2019 [Más info] [Texto publicado]


[L]

[BOE] Real Decreto 102/2019, de 1 de marzo, por el que se crea la Autoridad Macroprudencial Consejo de Estabilidad Financiera, se establece su régimen jurídico y se desarrollan determinados aspectos relativos a las herramientas macroprudenciales. BOE 2 - 3 - 2019 [Más info] [Texto publicado]


[L]

[BOE] Revisado el DOUE de hoy, no encontramos disposiciones reseñables BOE 4 - 3 - 2019 [Más info] [Texto publicado]



[Jurisprudencia] [TS][Civil] Propiedad Horizontal. Alteración de elementos comunes. Obras ejecutadas por algunas de las comunidades de propietarios de un conjunto residencial (cerramiento de soportales o porches y su utilización para trasteros). Inexistencia de supracomunidad.

1. Las comunidades de propietarios de la calle DIRECCION000 NUM003 NUM007 y NUM008 (bloques NUM009 y NUM002 del conjunto residencial DIRECCION001), NUM001 NUM007 y NUM008 (bloques NUM010 y NUM000 del citado conjunto) y NUM006 NUM007 y NUM008 (bloques NUM005 y NUM011) interpusieron una demanda frente a las comunidades de propietarios de la calle DIRECCION000 NUM005 (bloque NUM012 del citado conjunto residencial) NUM000 (bloque NUM001) y NUM002 NUM008 e NUM007 (bloques NUM003 y NUM004) por haber realizado modificaciones en los elementos comunes de la urbanización sin la debida autorización de la comunidad general de propietarios, integrada por los presidentes de las comunidades de propietarios de cada uno de los 10 edificios que conforman el conjunto residencial. En concreto, dichas alteraciones consistieron en el cerramiento de los porches o soportales y su utilización como trasteros.

Las comunidades de propietarios demandadas se opusieron a la demanda al considerar que a dichos elementos le correspondía la calificación de elementos privativos de cada edificio.

2. La sentencia de primera instancia estimó la demanda.

3. Interpuesto el recurso de apelación por las comunidades de propietarios demandadas, la sentencia de la Audiencia lo desestimó y confirmó la sentencia de primera instancia.

El Supremo desestima el recurso.

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[Jurisprudencia] [TS][Penal] Homicidio, robo con violencia y organización criminal.
La Sala de lo Penal ha reducido de 15 a 5 años de prisión la condena impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón a los acusados de la muerte de un comerciante de Fuentes Claras (Teruel) en 2015 al anular la pena por un delito de homicidio (10 años prisión) y mantener las correspondientes a los delitos de robo con violencia (4 años prisión) y pertenencia a grupo criminal (1 año prisión). La Sala les absuelve del delito de homicidio por entender que no se puede considerar que el tribunal del jurado declarase probado que los recurrentes conocían la existencia del peligro para la vida de la víctima derivado de una previsible reacción de los autores materiales que ejercieron una violencia adecuada para causar la muerte, ni que esa conclusión se pueda desprender de los hechos probados. El tribunal ha estimado de forma parcial los recursos de casación interpuestos por los dos condenados contra la sentencia del TSJA que les impuso dicha condena por los tres delitos citados y modificó el fallo del Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial de Teruel que les impuso 19 años de prisión (4 años por delito de robo con violencia, 10 años de prisión por delito de homicidio y 5 años de prisión por delito de pertenencia a organización criminal). En sus recursos alegaban que habían sido condenados indebidamente por el delito de homicidio porque de los hechos resulta que fueron dos personas no enjuiciadas las que se introdujeron en la vivienda de la víctima, que ellos no participaron en la agresión y que no se encontraban en el lugar de los hechos. La Sala en su sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Miguel Colmenero Menéndez de Luarca, afirma que no puede aceptarse que el tribunal haya declarado probado que los acusados recurrentes, que permanecieron fuera de la vivienda, tuvieran conocimiento del elevado riesgo para la vida del morador de la vivienda derivado de la probable reacción de los autores materiales del robo ante la presencia de aquel en la misma. Tampoco los hechos probados, añade el tribunal, dadas sus características, autorizan dicha conclusión incriminatoria, pues "no consta que los acusados portaran armas o instrumentos peligrosos con los que ejercer sobre el morador una violencia que pudiera poner en peligro su vida. Tampoco que dentro del pacto asumido por todos se incluyen una tal clase de violencia, pues no consta que se pactara expresamente ni llevaban armas o instrumentos adecuados para ello. Y tampoco que tal clase de violencia fuera necesaria para alcanzar la consumación de la sustracción". En consecuencia, concluyen los magistrados, el empleo de violencia con la finalidad de consumar el robo es imputable a todos los acusados, en tanto que admitieron la posibilidad de que la víctima retornara a su domicilio y se encontrara con los autores materiales. Ello justifica la condena como autores de un delito de robo con violencia en casa habitada, que no es discutida en este motivo. Sin embargo, "no puede considerarse que el tribunal del jurado declarase probado que los recurrentes conocían la existencia del peligro para la vida de la víctima derivado de una previsible reacción de los autores materiales ejerciendo una violencia adecuada para causar la muerte, ni tampoco que esa conclusión pueda desprenderse de las características de los hechos probados", subraya el tribunal. [Texto publicado] [Volver]

[Jurisprudencia] [TS][Contencioso-Advo] Defensa de la competencia. Interpretación del artículo 51.4 de la Ley 15/2017 de la Ley de Defensa de la Competencia. Cambio de calificación jurídica. Necesidad de un nuevo trámite de audiencia. Indefensión material.

El presente recurso de casación impugna la sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, Sección Sexta, de 19 de junio de 2017 (rec. 424/2014) por la que se estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por I, S.L., y M, S.L., contra la resolución de 22 de septiembre de 2014, del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia, mediante la cual se le impuso a M, S.L., una sanción de multa de 437.971,02 euros, por la comisión de una infracción única y continuada de carácter complejo consistente en la fijación de precios y condiciones comerciales y el intercambio de información relativa a las cifras de producción y/o reparación de los palés de madera de calidad controlada EUR/EPAL, desde abril de 2005 hasta noviembre de 2011, y solidariamente su matriz, I, S.L., desde mayo de 2010 hasta noviembre de 2011.

La sentencia recurrida anuló la resolución administrativa impugnada en la instancia al considerar que se había producido un cambio de calificación jurídica en la resolución administrativa que impidió a la recurrente formular alegaciones y defenderse. Esta modificación la consideró relevante, porque implicaba una ampliación de los hechos (ya que frente a las dos conductas que se le imputaban inicialmente, la resolución recurrida la sanciona por su participación en una infracción única, continuada y compleja de fijación de precios e intercambio de información desde abril de 2005). El cambio de calificación se produce, según la sentencia, porque en vez de imputarle dos infracciones únicas y continuadas se considera cometida una infracción única y continuada, de naturaleza compleja. Y que la nueva calificación jurídica presenta una valoración distinta con incidencia en posibles reclamaciones futuras de daños conforme al artículo 73 de la LDC.

El Supremo desestima el recurso de la Abogacía del Estado.

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[Jurisprudencia] [TJUE] El Tribunal de Justicia anula la resolución que suspende en sus funciones al gobernador del Banco de Letonia
Letonia no aportó pruebas de la falta grave reprochada al gobernador de su banco central

El 19 de febrero de 2018, el Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción, Letonia) adoptó varias medidas contra el Sr. Ilmārs Rimšēvičs, gobernador del Latvijas Banka (Banco de Letonia), en particular la prohibición de ejercer sus funciones de gobernador del Banco de Letonia, la obligación de abonar una fianza y la prohibición de abandonar el país sin autorización previa. Estas medidas se impusieron provisionalmente al Sr. Rimšēvičs en el marco de una investigación previa relativa a hechos constitutivos de cohecho y de tráfico de influencias que se sospecha cometió el interesado.
Los recursos interpuestos por el Sr. Rimšēvičs (C-202/18) y el Banco Central Europeo (BCE) (C‑238/18) contra esta resolución son los primeros asuntos sometidos al Tribunal de Justicia en virtud de la competencia que le confiere el artículo 14.2, párrafo segundo, de los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) y del BCE  (en lo sucesivo, «Estatutos del SEBC y del BCE») para conocer de las decisiones por las que se releve de su mandato a los gobernadores de los bancos centrales nacionales.
La atribución de esta competencia al Tribunal de Justicia tiene por objeto, en particular, garantizar la independencia de los gobernadores de los bancos centrales nacionales, que son autoridades nacionales pero desempeñan funciones en el marco del SEBC. Cuando dirigen un banco central de un Estado miembro cuya moneda es el euro, como Letonia, también forman parte del Consejo de Gobierno del BCE.
En su sentencia, el Tribunal de Justicia declara ante todo que una prohibición, aun provisional como en el caso de autos, a un gobernador de un banco central nacional de ejercer sus funciones es un relevo del mandato en el sentido del artículo 14.2, párrafo segundo, de los Estatutos del SEBC y del BCE y, por tanto, cuya legalidad incumbe al Tribunal de Justicia controlar. La sentencia enuncia a continuación que el recurso previsto por el artículo 14.2, párrafo segundo, de los Estatutos del SEBC y del BCE tiene por objeto que el Tribunal de Justicia anule un acto de Derecho nacional adoptado para relevar del mandato a un gobernador de un banco central nacional. De este modo, dicho recurso establece una excepción al reparto general de competencias entre el juez nacional y el juez de la Unión previsto por los Tratados, en particular por el artículo 263 TFUE. Finalmente, el Tribunal de Justicia examina el fundamento del recurso.
A este respecto, el Tribunal de Justicia precisa que, cuando conoce de un asunto sobre la base del artículo 14.2, párrafo segundo, de los Estatutos del SEBC y del BCE, no le corresponde sustituir a los tribunales nacionales competentes para pronunciarse sobre la responsabilidad penal del gobernador investigado ni tampoco interferir en la investigación penal preliminar llevada a cabo en su contra por las autoridades administrativas o judiciales competentes. El Tribunal de Justicia señala que, a efectos de esta investigación, y en particular para impedir que el gobernador afectado la obstruya, puede ser necesario acordar la suspensión temporal de este en sus funciones.
En cambio, corresponde al Tribunal de Justicia, en el marco de la competencia que le confiere el artículo 14.2, párrafo segundo, de los Estatutos del SEBC y del BCE, comprobar que únicamente se decida relevar del mandato a un gobernador de un banco central nacional si existen indicios suficientes de que ha incurrido en una falta grave que pueda justificar tal medida.
El Sr. Rimšēvičs alegó ante el Tribunal de Justicia que no cometió ninguna de las infracciones que se le imputan y considera, al igual que el BCE, que Letonia no aporta la menor prueba de ellas. El Tribunal de Justicia señala que, durante la fase escrita del procedimiento ante el Tribunal de Justicia, Letonia no aportó ningún principio de prueba de las acusaciones de cohecho que motivaron la adopción de la resolución impugnada.
Además, en la vista, el Presidente del Tribunal de Justicia pidió a los representantes de Letonia que remitieran al Tribunal de Justicia, lo antes posible, los documentos que justifican la resolución impugnada. No obstante, ninguno de los documentos aportados por Letonia tras la vista contiene elementos probatorios que permitan demostrar la existencia de indicios suficientes del fundamento de las acusaciones formuladas contra el Sr. Rimšēvičs.
En consecuencia, el Tribunal de Justicia declara que la República de Letonia no ha acreditado que el relevo del mandato del Sr. Rimšēvičs se basara en la existencia de indicios suficientes de que hubiera incurrido en falta grave, en el sentido del artículo 14.2, párrafo segundo, de los Estatutos del SEBC y del BCE.

Por consiguiente, el Tribunal de Justicia anula la resolución impugnada en la medida en que prohíbe al Sr. Rimšēvičs ejercer sus funciones de gobernador del Banco de Letonia

Protocolo n.º 4 sobre los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) y del Banco Central Europeo (BCE), anejo al TUE y al TFUE (DO 2016, C 202, p. 230).

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[Noticias] REAL DECRETO-LEY de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler.
Se amplía la prórroga obligatoria del contrato de alquiler de tres a cinco años, si el arrendador es persona física, o a siete años, si es persona jurídica.
Se mandata al Gobierno a impulsar la oferta de viviendas en alquiler asequible mediante medidas para favorecer la información y la transparencia en el mercado del alquiler, así como las políticas de vivienda o fiscales.
Mejora la coordinación con los servicios sociales para proteger al desahuciado en los supuestos de vulnerabilidad además de que se implementa y agiliza el procedimiento. (lamoncloa.es) [Texto publicado] [Volver]

[Noticias] España y Reino Unido pactan frenar la evasión fiscal en Gibraltar
El Gobierno quiere evitar que este pequeño territorio de 30.000 habitantes, con 55.000 empresas registradas, amplíe su ventaja competitiva cuando abandone la UE (elpais.es) [Texto publicado] [Volver]

[Noticias] Desheredados de millones por una hermana con la ley vasca: Javier cuenta su drama
Saqueos de cuentas, donaciones, ocultación de bienes o la Ley de Derecho Civil Vasco, son algunas de las 'armas' que la hermana de Javier ha utilizado para quedarse con los 4M de la herencia de sus padres. (elespanol.com) [Texto publicado] [Volver]

[Noticias] Sobre la regulación expropiatoria de las autorizaciones VTC
(expansion.com) [Texto publicado] [Volver]

[Noticias] El futuro es feminista
El Poder Judicial no es un mero aplicador acrítico del derecho, sino que es el garante de los derechos de los ciudadanos (cincodias.com) [Texto publicado] [Volver]

[Noticias] La ilegalidad de la exigencia de autorización autonómica en la deducción en guarderías
La claridad de la norma y de las intenciones de la medida recogidas en su Exposición de motivos, se enturbian en el desarrollo del Reglamento del Impuesto (elconfidencialdigital.com) [Texto publicado] [Volver]

[Noticias] Redes sociales: Pezón no, porro sí
Facebook e Instagram siguen una estricta política sobre la publicación de desnudos. En cambio, se hacen eco de multitud de imágenes en las que aparecen alcohol, tabaco, cannabis y otras sustancias. Los expertos aseguran que este hecho no ha provocado un aumento de consumo, sino que muestra un reflejo de la vida en la que las drogas están normalizadas. (publico.es) [Texto publicado] [Volver]

[Legislación] [BOE] Ley Orgánica 2/2019, de 1 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de imprudencia en la conducción de vehículos a motor o ciclomotor y sanción del abandono del lugar del accidente.

La presente Ley Orgánica responde a una importante demanda social, ante el incremento de accidentes en los que resultan afectados peatones y ciclistas por imprudencia en la conducción de vehículos a motor o ciclomotor, y se asienta sobre tres ejes:

1.° La introducción de tres supuestos que se van a considerar imprudencia grave por disposición de la ley, así como una interpretación auténtica de la imprudencia menos grave.

2.° El aumento de la punición de este tipo de conductas.

3.° La introducción del delito de abandono del lugar del accidente.

Por lo que se refiere al primero, cabe señalar que esta modificación supone darle carta legal a la actividad que ya desde el Ministerio Fiscal y por la jurisprudencia se venía acordando, como resulta patente en la Circular 10/2011 de la Fiscalía General del Estado sobre seguridad vial y la consideración de conducción temeraria cuando concurra un riesgo concreto para la integridad de las personas, si concurren los requisitos del artículo 379 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

Con ello se garantiza la mayor sanción para determinadas conductas particularmente graves con resultado de muerte, en particular cuando el conductor del vehículo de motor o ciclomotor conduzca bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de bebidas alcohólicas o exceso de velocidad. Se reconoce de forma expresa que existen determinadas circunstancias indicativas de una especial negligencia por parte del conductor y han de tener consideración inequívoca en las consecuencias penales como imprudencia grave.

El aumento de la punición de este tipo de conductas se propone a través de dos vías. Por un lado, la introducción de un nuevo artículo 142 bis. La redacción permitirá al Juez o Tribunal imponer la pena de hasta nueve años de prisión en caso de varios fallecidos, o fallecidos y heridos graves, causados por la imprudencia en la conducción de vehículos a motor.

Lo mismo sucede con la introducción del artículo 152 bis, que permite incrementar en un grado la pena cuando hubiera una pluralidad de personas que sufrieran las lesiones del artículo 152.1.2.º o 3.º, o de dos cuando ese número de lesionados fuera muy elevado.

Por otro lado, el aumento de la punición también se refleja en la introducción de la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores en un nuevo párrafo del artículo 382, complementaria de la ya prevista por la regla concursal que determina la aplicación de la pena del delito más grave en su mitad superior en los casos de producción de un resultado lesivo cuando concurra la conducción temeraria, prevista y penada en el artículo 381.

En tercer lugar, se introduce el delito de abandono del lugar del accidente con una redacción autónoma, dentro del capítulo IV del Código Penal, dedicado a los delitos contra la seguridad vial, por entender que se trata de una conducta diferente y, esta vez sí, dolosa e independiente de la conducta previa imprudente o fortuita. Lo que se quiere sancionar en este caso es la maldad intrínseca en el abandono de quien sabe que deja atrás a alguien que pudiera estar lesionado o incluso fallecido, la falta de solidaridad con las víctimas, penalmente relevante por la implicación directa en el accidente previo al abandono, y las legítimas expectativas de los peatones, ciclistas o conductores de cualquier vehículo a motor o ciclomotor, de ser atendidos en caso de accidente de tráfico. Se busca evitar el concurso de normas entre este tipo penal y el delito de omisión del deber de socorro del artículo 195.3 del Código Penal para los casos de lesiones a través de la previsión contenida en el texto, de subsidiariedad de este delito respecto del aquél, refiriéndolo a los casos de personas que sufran lesiones graves pero en las que no concurran los requisitos del peligro manifiesto y grave que exige la omisión del deber de socorro.

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[Legislación] [BOE] Ley 2/2019, de 1 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, y la Directiva (UE) 2017/1564 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017.
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[Legislación] [BOE] Ley 3/2019, de 1 de marzo, de mejora de la situación de orfandad de las hijas e hijos de víctimas de violencia de género y otras formas de violencia contra la mujer.
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[Legislación] [BOE] Real Decreto-ley 5/2019, de 1 de marzo, por el que se adoptan medidas de contingencia ante la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea sin que se haya alcanzado el acuerdo previsto en el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea.
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[Legislación] [BOE] Real Decreto 102/2019, de 1 de marzo, por el que se crea la Autoridad Macroprudencial Consejo de Estabilidad Financiera, se establece su régimen jurídico y se desarrollan determinados aspectos relativos a las herramientas macroprudenciales.
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[Legislación] [BOE] Revisado el DOUE de hoy, no encontramos disposiciones reseñables
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Las e-fuentes consultadas: Legislación: DOCE, BOE, Boletín Oficial de las Cortes Generales (BOCG). Jurisprudencia: TC, TS, TJCE y TEDH. Noticias: europa press, EFE, EL PAÍS, EL MUNDO, ABC, LA RAZÓN, LA VANGUARDIA, EXPANSIÓN, a3n.tv, libertaddigital.com, 20minutos.es, 5dias.com, cope.es, vnet.es, diariodirecto.com

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