[J]

[TJUE] Brexit: la pretensión de trece ciudadanos británicos que residen en diversos Estados de la UE distintos del Reino Unido de que se anule la decisión por la que se autoriza la apertura de las negociaciones del Brexit no es admisible.
El Tribunal General declara que dicha Decisión no produce efectos en la situación jurídica de los ciudadanos británicos que han interpuesto el recurso. [Más info] [Texto publicado]


[J]

[TS][Mercantil] Nulidad de cláusula suelo inserta en un contrato de ampliación de préstamo hipotecario destinado a la adquisición de la mitad del capital social de una mercantil. Quien contrata no tiene la condición de consumidor. [Más info] [Texto publicado]


[J]

[TS][Penal] La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ordena repetir el juicio contra un hombre que había sido condenado a 15 años de prisión por delito de homicidio cometido contra su mujer, en el domicilio familiar. [Más info] [Texto publicado]


[J]

[TS][Contencioso-Advo] Seguridad Social. Desempeño de funciones de dirección y gerencia. Alta de oficio en RETA y baja en régimen general. [Más info] [Texto publicado]


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[TS][Social] Valor liberatorio del finiquito, y determinación del convenio aplicable. [Más info] [Texto publicado]


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El Tribunal Supremo dictamina que la convivencia de uno de los cónyuges con una nueva pareja extingue el derecho de uso de la vivienda familiar tras el divorcio [Más info] [Texto publicado]


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El Tribunal Supremo avala el acuerdo del Gobierno que impuso el arbitraje obligatorio en la huelga de vigilantes del aeropuerto El Prat en agosto de 2017 [Más info] [Texto publicado]


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China asegura haber creado los primeros bebés de diseño, sin riesgo de VIH [Más info] [Texto publicado]


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Sólo ocho países de la UE reconocen como violación el sexo sin consentimiento [Más info] [Texto publicado]


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El Notariado avisa a las autoridades de 180.000 operaciones sospechosas de blanqueo de capitales [Más info] [Texto publicado]


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El Supremo dinamita el sistema de subrogación en las contratas de servicios [Más info] [Texto publicado]


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Cinco puntos negros de la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos [Más info] [Texto publicado]


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La justicia absuelve a las dos activistas de Femen que se encadenaron en La Almudena a favor del aborto [Más info] [Texto publicado]


Legislación Estatal

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[BOE] Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera. BOE 24 - 11 - 2018 [Más info] [Texto publicado]


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[BOE] Revisado el BOE de hoy, no encontramos disposiciones reseñables BOE 26 - 11 - 2018 [Más info] [Texto publicado]


Legislación Comunitaria

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[DOCE] Revisado el DOUE de hoy, no encontramos disposiciones reseñables DOCE 26 - 11 - 2018 [Más info] [Texto publicado]



[Jurisprudencia] [TJUE] Brexit: la pretensión de trece ciudadanos británicos que residen en diversos Estados de la UE distintos del Reino Unido de que se anule la decisión por la que se autoriza la apertura de las negociaciones del Brexit no es admisible.
El Tribunal General declara que dicha Decisión no produce efectos en la situación jurídica de los ciudadanos británicos que han interpuesto el recurso.

Trece ciudadanos británicos que residen en diversos Estados miembros distintos del Reino Unido han solicitado al Tribunal General de la Unión Europea que anule la Decisión del Consejo de la Unión Europea por la que se autoriza la apertura de las negociaciones relativas al Brexit.
Los demandantes alegan que se les privó del derecho de voto en el referéndum debido a su expatriación, que la Decisión impugnada tiene consecuencias directas sobre los derechos que les confieren los Tratados y constituye un acto por el que el Consejo aceptó la notificación de la intención del Reino Unido de retirarse de la Unión Europea. Señalan además que la Decisión impugnada no contempla el objetivo de garantizar que se mantenga su condición de ciudadanos de la Unión y que el proceso de retirada es nulo si no media una autorización constitucional. Por último, los demandantes subrayan que el recurso interpuesto ante el Tribunal General es la única vía efectiva ante el juez de la Unión antes de que pierdan de manera ineluctable su condición de ciudadanos de la Unión el 29 de marzo de 2019.
El Consejo solicita al Tribunal General que declare que el recurso es inadmisible y que por tanto el asunto no puede enjuiciarse, puesto que la Decisión impugnada no puede ser recurrida por una persona física o jurídica y los demandantes carecen tanto de interés en ejercitar la acción como de legitimación para impugnarla. Según el Consejo la Decisión impugnada no produce ningún efecto en la situación jurídica de los demandantes; constituye únicamente un acto de trámite y se limita a extraer las consecuencias de la notificación del Reino Unido de su intención de retirarse. En su opinión, no será hasta que finalice el procedimiento previsto en el artículo 50 TUE  cuando los derechos de los demandantes podrían verse afectados.
En su sentencia dictada hoy, el Tribunal General comprueba si el recurso de anulación interpuesto por los trece ciudadanos británicos es admisible, es decir, si se dirige contra una decisión que produce efectos en su situación jurídica. El Tribunal General hace constar que los demandantes no son destinatarios del acto y, en consecuencia, recuerda la norma de que, para poder interponer un recurso, el acto debe afectar, al menos, directamente a los demandantes  y producir directamente efectos en su situación jurídica. El Tribunal General observa que, si bien la Decisión del Consejo por la que se autoriza la apertura de las negociaciones del Brexit produce efectos jurídicos entre la Unión y sus Estados miembros, así como entre las instituciones de la Unión, en particular la Comisión, a la que esta Decisión autoriza a abrir las negociaciones relativas a la celebración de un acuerdo con el Reino Unido, no produce directamente efectos en la situación jurídica de los demandantes.
En efecto, el Tribunal General considera que la Decisión no modifica la situación jurídica de los ciudadanos británicos que residen en un Estado miembro distinto del Reino Unido ni en lo referente a su situación en la fecha de la Decisión impugnada ni en lo relativo a su situación con posterioridad a la fecha de la retirada. De este modo, el Tribunal General considera que los demandantes yerran al alegar que se ven directamente afectados en lo tocante, en particular, a su condición de ciudadanos de la Unión, su derecho de voto en las elecciones europeas y municipales, su derecho al respeto de la vida privada y familiar, su libertad de circulación, de residencia y de trabajo, su derecho de propiedad y sus derechos a las prestaciones sociales. El Tribunal General añade que, si bien es cierto que la situación jurídica de los demandantes puede verse afectada por la retirada del Reino Unido –concretamente en lo que respecta a su condición de ciudadanos de la Unión–, pueda o no alcanzarse un acuerdo, esta posible afectación de sus derechos, cuya consistencia y alcance no puede por lo demás evaluarse a día de hoy, no es resultado de la Decisión impugnada.
El Tribunal General precisa además que la Decisión impugnada no incluye ninguna decisión por la que se ratifique o acepte la notificación de la intención de retirarse de 29 de marzo de 2017, por lo que considera que los demandantes no pueden sostener fundadamente que la Decisión comporta un acto implícito mediante el que el Consejo aceptó la notificación de la intención de retirarse de 29 de marzo de 2017 ni que la Decisión impugnada certifica la «salida» del Reino Unido de la Unión.
En lo que respecta al mantenimiento de la condición de ciudadanos de la Unión de los demandantes, la Decisión impugnada es un mero acto de trámite que no prejuzga el contenido del eventual acuerdo definitivo, en particular en lo referente al ámbito de aplicación de las eventuales disposiciones relativas a la salvaguarda del estatuto y de los derechos de los ciudadanos británicos en la Unión de los 27 Estados miembros, máxime cuando el objeto de la Decisión impugnada no es determinar esos derechos en caso de que no se alcance un acuerdo. Por lo tanto, los demandantes no pueden alegar que la Decisión impugnada no aporta ninguna certidumbre acerca de los derechos de los ciudadanos británicos expatriados.
En cuanto a la supuesta falta de una autorización constitucional cierta basada en el voto de todos los ciudadanos británicos, el Tribunal General observa que la finalidad de esta alegación es impugnar la legalidad de la Decisión impugnada. Ahora bien, según el Tribunal General, esta alegación carece de relevancia a efectos de la inadmisibilidad del recurso, ya que no desvirtúa la falta de efectos directos de la Decisión sobre la situación jurídica de los demandantes.
En lo que respecta a la alegación basada en la falta de cualquier otra vía efectiva ante el juez de la Unión, el Tribunal General observa en primer lugar que el alcance de la Decisión impugnada sometida a su examen no abarca la eventual pérdida de la condición de ciudadano de la Unión, puesto que la Decisión tiene para los demandantes el valor de un acto de trámite. En segundo lugar, el Tribunal General recuerda que el control judicial del cumplimiento del ordenamiento jurídico de la Unión corresponde no sólo al Tribunal de Justicia y al Tribunal General, sino también a los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros. El acto mediante el que el Reino Unido notificó al Consejo su intención de retirarse de la Unión y el hecho de que determinados ciudadanos británicos no pudieran votar podrían haber sido recurridos ante los tribunales del Reino Unido. Además, por lo que respecta a la alegación de los demandantes de que el recurso que han interpuesto ante el Tribunal General es el único que puede garantizar su derecho a una tutela judicial efectiva en caso de que se suscite un litigio acerca del eventual acuerdo de retirada, el Tribunal General subraya que la admisibilidad de su recurso no depende de si el Reino Unido se considerará vinculado por las decisiones del juez de la Unión, sino del requisito de que la Decisión impugnada debe producir directamente efectos en la situación jurídica de los demandantes.
En consecuencia, el Tribunal General desestima el recurso por inadmisible, dado que la Decisión del Consejo por la que se autoriza la apertura de las negociaciones relativas al Brexit no produce efectos jurídicos obligatorios que puedan afectar a los intereses de los demandantes modificando sustancialmente su situación jurídica.


El artículo 50 TUE prevé que todo Estado miembro podrá decidir retirarse de la Unión de conformidad con sus normas constitucionales. Así, el Estado miembro que decida retirarse notificará su intención al Consejo Europeo. A la luz de las orientaciones del Consejo Europeo, la Unión negociará y celebrará con ese Estado un acuerdo que establecerá la forma de su retirada, teniendo en cuenta el marco de sus relaciones futuras con la Unión. Este acuerdo se negocia y celebra en nombre de la Unión, por mayoría cualificada, previa aprobación del Parlamento Europeo.

Artículo 263 TFUE, párrafo cuarto.

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[Jurisprudencia] [TS][Mercantil] Nulidad de cláusula suelo inserta en un contrato de ampliación de préstamo hipotecario destinado a la adquisición de la mitad del capital social de una mercantil. Quien contrata no tiene la condición de consumidor.

1. El 15 de marzo de 2006, Augusto y Violeta se subrogaron en un préstamo que Nueva Caja Rural de Aragón, Sociedad Cooperativa de Crédito (Bantierra) había concedido en el año 2004 al promotor de la vivienda que habían comprado.

En el préstamo hipotecario originario, había una cláusula suelo de 2,50% y una cláusula techo del 15%. Y en la escritura de subrogación se fijó un suelo del 3%. No obstante, en una escritura privada firmada por Augusto y Violeta y la Caja Rural, se redujo el suelo al 2,75%. En la oferta vinculante, la cláusula suelo se fijaba en un 3% y la cláusula techo en un 15%.

El 22 de febrero de 2008, las partes ampliaron el préstamo hipotecario en la cuantía de 60.000 euros. El destino del préstamo fue su aportación para la adquisición de la mitad de las participaciones de una sociedad mercantil (Documents Store, S.L.). En la escritura se convino una cláusula suelo del 4% y una cláusula techo del 15%, lo que coincide con la oferta vinculante fechada el 15 de febrero de 2008.

El 20 de diciembre de 2010, se redujo la cláusula suelo al 2,50%, por la especial vinculación del prestatario con la caja.

2. En su demanda, Augusto y Violeta pidieron que se declarara «la nulidad de la cláusula suelo insertada en la escritura de ampliación del principal y novación modificativa, suscrito entre las partes el día 22 de febrero de 2008, por abusividad debido a la falta de transparencia». Y como consecuencia, pedían que se eliminara la citada cláusula del contrato de préstamo hipotecario suscrito entre las partes.

3. La sentencia de primera instancia desestimó la demanda, porque la escritura de ampliación del principal y novación modificativa, suscrita el día 22 de febrero de 2008, no está afectada por la normativa de protección de consumidores, en la medida en que el destino del préstamo no fue un acto de consumo, sino una actividad mercantil, la suscripción de la mitad del capital social de una sociedad de responsabilidad limitada. De tal forma que no cabía el control de transparencia y sólo el de inclusión, que lo pasaba porque existía una oferta vinculante, que contenía de forma clara y precisa las condiciones de la ampliación del préstamo hipotecario, y las cláusulas de la escritura estaban igualmente redactadas con claridad, concisión y sencillez.

4. Recurrida la sentencia en apelación, la Audiencia desestimó el recurso.

El Supremo desestima el recurso.

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[Jurisprudencia] [TS][Penal] La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ordena repetir el juicio contra un hombre que había sido condenado a 15 años de prisión por delito de homicidio cometido contra su mujer, en el domicilio familiar.
El tribunal estima parcialmente el recurso del acusado al entender que se ha vulnerado su derecho fundamental a un proceso con todas las garantías y anula la sentencia del TSJ de Madrid, que a su vez confirmó la del Tribunal de Jurado.Éste había considerado probado que el 11 de junio de 2012 el acusado, en la cocina del domicilio familiar, acabó con la vida de su pareja de forma consciente e intencionada. Después se deshizo del cadáver, tirándolo a un contenedor de basura. El Jurado no creyó la versión sostenida por el hombre de que el fallecimiento había sido consecuencia de un accidente doméstico. Así lo entendió también el TSJ de Madrid, que confirmó la sentencia del Jurado.El Ministerio Fiscal había calificado provisionalmente los hechos como un homicidio imprudente y no doloso (en concurso con un maltrato en el ámbito familiar), al ignorarse cuál había sido la dinámica de la acción homicida, dinámica que tampoco se describe en la sentencia del Tribunal de Jurado. La acusación particular calificó los hechos como homicidio doloso. En la calificación definitiva ambas partes acusadoras calificaron los hechos como homicidio doloso. En su recurso ante el Tribunal Superior de Justicia y ante el Tribunal Supremo la defensa del condenado denunciaba diversas infracciones procesales, que habían generado indefensión al recurrente y vulnerado el derecho a un proceso con todas las garantías. Una de esas graves infracciones denunciadas, que admite la Sala en su sentencia, es el hecho de que la prueba de cargo contra el acusado se fue consolidando en el curso de la vista oral del juicio con una utilización reiterada de las declaraciones que prestó en la comisaría de policía, declaraciones que después no fueron ratificadas ante el Juez de instrucción. El tribunal recuerda la doctrina del TC sobre la materia, así como su propia reiterada jurisprudencia, que impide utilizar las declaraciones policiales si no han sido ratificadas en sede judicial. El hecho de que el juicio girara en sus aspectos sustanciales sobre una declaración policial no ratificada judicialmente, conlleva necesariamente la vulneración de una garantía procesal que adultera y distorsiona el resultado probatorio, señalan los magistrados. Después de haber interrogado al acusado sobre sus declaraciones policiales, la acusación pública interrogó durante más de dos horas sobre esas declaraciones a los dos funcionarios de policía que participaron en el interrogatorio al detenido, que fue así reproducido oralmente. En el curso de esos interrogatorios y también en el del Jefe del Grupo 1 de Homicidios de Madrid, se les preguntó en diferentes ocasiones sobre opiniones y conjeturas y no sobre hechos percibidos o datos observados por los testigos. De tal forma que se les interrogó incluso sobre su criterio acerca de la posible autoría del acusado, respondiendo el Jefe de Grupo que estaba plenamente convencido de que el acusado era el autor de la muerte de María Consuelo. Además, el tribunal, después de haber visionado la grabación digital del juicio concluye también que se han vulnerado las garantías del acusado en relación con la última pregunta que le formuló la acusación pública durante el juicio: Se arrepiente de haber matado a su esposa. Según la Sala, esa pregunta era capciosa y tendenciosa y además la respuesta del acusado fue alterada y tergiversada por la acusación pública en el informe oral ante el Jurado, pues la respuesta que realmente dio el interrogado expresaba lo contrario de lo que se le apuntó al Jurado.
La sentencia, con ponencia del magistrado Alberto Jorge Barreiro, concluye que el juicio pivotó sobre una declaración policial que no puede operar como prueba de cargo por lo que sólo cabe concluir que se ha vulnerado el derecho a un proceso con todas las garantías probatorias, infracción cuya influencia en el resultado probatorio no puede excluirse, una vez que se constata su presencia repetida en los momento cruciales del proceso. La anulación de la sentencia y del juicio conlleva la retroacción de las actuaciones al momento anterior al señalamiento de la vista oral, que se celebrará con un magistrado presidente y un Jurado diferentes a los que intervinieron en la causa.
VOTO PARTICULAR magistrado Julián Sánchez Melgar firma un voto particular discrepante con sus compañeros porque considera que debía confirmarse la condena por homicidio doloso. Este magistrado califica de sumamente razonables las conclusiones a las que llegó el Jurado, partiendo de hechos anteriores, coetáneos y posteriores, para no creer la versión del accidente doméstico ofrecida por el acusado tanto en sus declaraciones policiales como durante el juicio. [Texto publicado] [Volver]

[Jurisprudencia] [TS][Contencioso-Advo] Seguridad Social. Desempeño de funciones de dirección y gerencia. Alta de oficio en RETA y baja en régimen general.

Se impugna en este recurso la sentencia dictada el 8 de junio de 2016 por la Sección tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Madrid y recaída en el recurso nº 932/2015, que desestimó el recurso contencioso administrativo interpuesto por don Pio y doña Eva y la mercantil "S, S.A." contra resolución de la Dirección Provincial de Madrid de la Tesorería General de la Seguridad Social de 25 de mayo de 2015, por la que se desestima los recursos de alzada formulados contra dos resoluciones que habían sido dictadas el 16 de febrero de 2015 por la Dirección de Administración número 28/20 de aquella Dirección General y por la que se procedió, de oficio, (1) al alta de don Pio y doña Eva en el Régimen General de Seguridad Social (RGSS) correspondiente al código cuenta de cotización de la empresa "S, S.A." con fecha real de 1 de enero de 2012, fecha de efectos el día 15 de febrero de 2013 y fecha de baja el día 31 de diciembre de 2013; y (2) cursar su alta en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Ajena (RETA) con fecha 1 de enero de 2014.

La razón por la que las Resoluciones impugnadas determinan que procede incluir en el RGSS a los recurrentes en el periodo 15 de febrero del año 2013 al 31 de diciembre del año 2013, son que aunque con fecha 21 de febrero del año 2013 adquieren cada uno el 25 % del capital de la sociedad, las funciones de dirección y gerencia de aquella, en su calidad de Consejero Delegado, las ostentaba Don Lázaro hasta que el 27 de enero del 2014 se otorga poder especial a don Jesús Manuel y doña Eva para que, en nombre y representación de la sociedad, solidariamente ejerzan funciones propias del órgano de administración.

El Supremo desestima el recurso.

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[Jurisprudencia] [TS][Social] Valor liberatorio del finiquito, y determinación del convenio aplicable.

El trabajador prestó servicios para Transportes Arias, S.A. desde el 28 de enero de 2014 en virtud de contrato de obra o servicio determinado para la construcción de plataforma tramo Cerdedelo-Prado UTE II siendo la contratista principal Cerdedelo Prado UTE II. El demandante suscribió un finiquito por importe de 4.631,80 € en concepto de liquidación por todos los conceptos, en el que figura dicha principal como otorgante.

La sentencia de instancia condenó a los codemandados al pago de 13.965,50 €, al tiempo que declara de aplicación el Convenio Colectivo para el Transporte de Asturias en lugar del Convenio para la Construcción de Orense, resolución que fue confirmada en suplicación.

Recurre UTE Cerdedelo-Prado II en casación para la unificación de doctrina y ofrece como sentencia de contraste la dictada el 13 de febrero de 2014 por la Sala homónima para el primero de los motivos dedicado a defender el carácter liberatorio del finiquito.

El Supremo desestima el recurso de la empresa.

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[Noticias] El Tribunal Supremo dictamina que la convivencia de uno de los cónyuges con una nueva pareja extingue el derecho de uso de la vivienda familiar tras el divorcio
Para la Sala de lo Civil, el derecho de uso de la vivienda familiar se confiere y se mantiene en tanto que conserve este carácter familiar (poderjudicial.es) [Texto publicado] [Volver]

[Noticias] El Tribunal Supremo avala el acuerdo del Gobierno que impuso el arbitraje obligatorio en la huelga de vigilantes del aeropuerto El Prat en agosto de 2017
La Sala razona que se dieron las circunstancias de perjuicio a la economía nacional, posiciones alejadas de las partes, y duración o consecuencias de la huelga que habilitan al Gobierno a imponer una solución de este tipo (poderjudicial.es) [Texto publicado] [Volver]

[Noticias] La Audiencia Provincial de Madrid condena a la banca a devolver las cantidades indebidamente cobradas por las cláusulas suelo desde la firma de la hipoteca
La Sección 28 de la Audiencia Provincial de Madrid, entre otros pronunciamientos, ha estimado íntegramente el recuso de apelación interpuesto por ADICAE contra la Sentencia de fecha 7 de abril de 2016 del Juzgado Mercantil Nº 11 de Madrid, y ha revocado parcialmente esta resolución, en lo relativo al pronunciamiento de condena a la restitución de cantidades, la cual, en lugar de lo que se dispuso, habrá de comprender todas las sumas percibidas por las entidades cuya condena se mantiene, por aplicación del citado tipo de estipulación identificada como cláusula suelo, con el interés legal a ello aparejado.
Esta resolución puede ser recurrida en casación ante la ante la Sala Primera del Tribunal Supremo. (poderjudicial.es) [Volver]

[Noticias] La reforma que condicionó al Poder Judicial
El dominio conservador en la judicatura pesó al cambiar en 1985 el sistema de elección de los vocales del CGPJ (elpais.es) [Texto publicado] [Volver]

[Noticias] China asegura haber creado los primeros bebés de diseño, sin riesgo de VIH
No existe evidencia científica de la hazaña, que aviva la polémica sobre la edición genética en humanos. (elespanol.com) [Texto publicado] [Volver]

[Noticias] May trata de evitar ahora un segundo referéndum sobre el Brexit tras la aprobación de la UE a su plan
La primera ministra británica carece ahora de los apoyos necesarios para sacar adelante el acuerdo, que se votará el 12 de diciembre (lavanguardia.com) [Texto publicado] [Volver]

[Noticias] El actual CGPJ denuncia una campaña de descrédito contra Lesmes para sacarlo «a toda prisa»
La ruptura del acuerdo para renovar el Poder Judicial supone que el actual CGPJ estará en funciones meses (abc.es) [Texto publicado] [Volver]

[Noticias] Sólo ocho países de la UE reconocen como violación el sexo sin consentimiento
El grueso de países europeos -entre los que se incluye España- consideran este hecho como un tipo penal más leve (larazon.es) [Texto publicado] [Volver]

[Noticias] El Notariado avisa a las autoridades de 180.000 operaciones sospechosas de blanqueo de capitales
El Notariado español, a través del Órgano Centralizado de Prevención del Consejo General, ha proporcionado a las autoridades información sobre más de 180.000 operaciones sospechosas de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. (expansion.com) [Texto publicado] [Volver]

[Noticias] El Supremo dinamita el sistema de subrogación en las contratas de servicios
Las adjudicatarias cargarán con deudas que afloren con Hacienda o la Seguridad Social.
El Alto Tribunal ha unificado doctrina tras sentencias en Luxemburgo (cincodias.com) [Texto publicado] [Volver]

[Noticias] Cinco puntos negros de la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos
España adapta así al ordenamiento el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) europeo pero ha querido ir más allá, ya que incluye un título dedicado a regular algunos derechos digitales de los ciudadanos y ciertos preceptos que han suscitado polémica, como la posibilidad de que los partidos rastreen las opiniones políticas de los votantes en la red. (publico.es) [Texto publicado] [Volver]

[Noticias] La justicia absuelve a las dos activistas de Femen que se encadenaron en La Almudena a favor del aborto
El Juzgado de lo Penal nº 23 de Madrid entiende que no hubo delito contra los sentimientos religiosos y enmarca la acción en una expresión de la posición pública ante la reforma del aborto que entonces planeaba el PP.
Las dos activistas irrumpieron en la catedral madrileña en junio de 2014 desnudas de cintura para arriba y gritando proclamas a favor del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (eldiario.es) [Texto publicado] [Volver]

[Legislación] [BOE] Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera.
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[Legislación] [BOE] Revisado el BOE de hoy, no encontramos disposiciones reseñables
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[Legislación] [DOCE] Revisado el DOUE de hoy, no encontramos disposiciones reseñables
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Las e-fuentes consultadas: Legislación: DOCE, BOE, Boletín Oficial de las Cortes Generales (BOCG). Jurisprudencia: TC, TS, TJCE y TEDH. Noticias: europa press, EFE, EL PAÍS, EL MUNDO, ABC, LA RAZÓN, LA VANGUARDIA, EXPANSIÓN, a3n.tv, libertaddigital.com, 20minutos.es, 5dias.com, cope.es, vnet.es, diariodirecto.com

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Este diario es una publicación distribuida por paraprofesionales.com y se dirige exclusivamente a sus suscriptores. Su reenvío a terceras personas distintas del destinatario requiere autorización expresa de paraprofesionales.com. No nos hacemos responsables de las decisiones tomadas con base en el contenido del presente diario. Las colaboraciones firmadas recogen la opiniones de sus autores.

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