[J]

[TJUE] El Tribunal General confirma las Decisiones de la Comisión Europea en las que se calificó de ayuda de Estado incompatible con el mercado interior el régimen fiscal español de amortización del fondo de comercio financiero [Más info] [Texto publicado]


[J]

[TS][Civil] Reclamación de la filiación paterna no matrimonial. La conformidad sobre los apellidos del menor solo puede venir referida a su orden y no a la supresión de los de un progenitor, pues iría en contra de la norma y del interés del menor. [Más info] [Texto publicado]


[J]

[TS][Penal] Condena en costas a la acusación particular. Doctrina de la Sala. [Más info] [Texto publicado]


[J]

[TS][Social] Grado de discapacidad. Aplicación del Cap. 12 RD 1971/1999 (deficiencias del aparato visual). Porcentaje de discapacidad aplicable en caso de déficit de agudeza visual y del campo visual de un ojo del 95%. Rectifica doctrina. [Más info] [Texto publicado]


[N]

El acuerdo del Brexit obliga a España y Reino Unido a cooperar sobre Gibraltar [Más info] [Texto publicado]


[N]

Llarena, desprotegido por el Estado: dos ataques a su casa, un escrache, amenazas... ningún detenido [Más info] [Texto publicado]


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Viviendas turísticas: el Gobierno quiere presentar a final de este año el borrador de la nueva regulación [Más info] [Texto publicado]


[N]

Unos 400 jueces recurren la elección de Marchena como presidente del CGPJ [Más info] [Texto publicado]


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La Fiscalía ve «fraude de ley» en el sindicato de prostitutas que metió «un gol» al Gobierno [Más info] [Texto publicado]


[N]

El médico no está obligado a informar del riesgo "excepcional" de un fármaco [Más info] [Texto publicado]


[N]

Nadie quiere (o puede) ser médico forense en Madrid: solo se cubren 23 de 84 plazas [Más info] [Texto publicado]


[N]

El Gobierno endurecerá las multas a las empresas por los contratos temporales fraudulentos [Más info] [Texto publicado]


Legislación Estatal

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[L]

[BOE] Orden TMS/1182/2018, de 13 de noviembre, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2018 para las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social. BOE 15 - 11 - 2018 [Más info] [Texto publicado]


[L]

[BOE] Resolución de 5 de noviembre de 2018, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se autoriza a diferir el pago de cuotas a las empresas y a los trabajadores por cuenta propia o autónomos afectados por las lluvias torrenciales y desbordamientos de torrentes acaecidos el 9 de octubre de 2018, en la Isla de Mallorca. BOE 15 - 11 - 2018 [Más info] [Texto publicado]


Legislación Comunitaria

[L]

[DOCE] Revisado el DOUE de hoy, no encontramos disposiciones reseñables DOCE 15 - 11 - 2018 [Más info] [Texto publicado]



[Jurisprudencia] [TJUE] El Tribunal General confirma las Decisiones de la Comisión Europea en las que se calificó de ayuda de Estado incompatible con el mercado interior el régimen fiscal español de amortización del fondo de comercio financiero

Según el Derecho fiscal español, la amortización del fondo de comercio (goodwill) sólo es posible a efectos fiscales en caso de combinación de empresas. Sin embargo, con arreglo a una medida fiscal introducida en 2001 en la Ley española del Impuesto sobre Sociedades,  si una empresa sujeta a este impuesto adquiere una participación de al menos un 5 % en una sociedad que no tenga su domicilio fiscal en España y dicha participación se posee de manera ininterrumpida durante al menos un año, el fondo de comercio «financiero» resultante de esta adquisición puede deducirse, en forma de amortización, de la base imponible del impuesto sobre sociedades que deba pagar esa empresa. El fondo de comercio «financiero» se define como el fondo de comercio que se habría consignado en la contabilidad de la empresa adquirente en caso de que se hubieran combinado las dos empresas.
Mediante preguntas escritas planteadas en 2005 y 2006, varios parlamentarios europeos preguntaron a la Comisión si dicha medida fiscal debía calificarse de ayuda estatal. La Comisión respondió en síntesis que, conforme a la información de que disponía, esa medida no constituía una ayuda estatal. Sin embargo, a raíz de la denuncia de una empresa privada, la Comisión abrió un procedimiento de investigación formal en octubre de 2007. El procedimiento relativo a las adquisiciones de participaciones realizadas dentro de la Unión Europea concluyó con la adopción de una Decisión de 28 de octubre de 2009,  y el procedimiento relativo a las adquisiciones de participaciones realizadas fuera de la Unión concluyó con la adopción de una Decisión de 12 de enero de 2011.  Ambas Decisiones declararon que la medida controvertida era incompatible con el mercado interior y ordenaron a España que recuperara las ayudas otorgadas.
Varias empresas establecidas en España, entre ellas Autogrill España, S.A. (actualmente World Duty Free Group, S.A.), Banco Santander y Santusa Holding, solicitaron al Tribunal General de la Unión Europea que anulara estas Decisiones de la Comisión. En sendas sentencias de 7 de noviembre de 2014,  el Tribunal General anuló las dos Decisiones de la Comisión por considerar que esta última no había demostrado el carácter selectivo de la medida controvertida. El Tribunal de Justicia anuló estas dos sentencias en 2016,  obligando así al Tribunal General a pronunciarse de nuevo sobre si la medida fiscal controvertida es o no selectiva, dado que la selectividad es uno de los requisitos acumulativos necesarios para calificar una medida nacional de ayuda de Estado.
Una medida es selectiva cuando favorece a determinadas empresas en relación con otras, al impedir que estas últimas puedan beneficiarse de ella o bien, según el método de análisis en tres etapas cuya importancia recordó el Tribunal de Justicia en su sentencia de 2016, cuando trata de modo diferente empresas que se encuentran en situaciones comparables, sin que esta diferencia de trato esté justificada. Según dicho método, para calificar de selectiva una medida fiscal nacional la Comisión debe identificar, primero, el régimen tributario común o general aplicable en el Estado miembro de que se trate y, a continuación, demostrar que la medida fiscal en cuestión supone una excepción a ese régimen común. Sin embargo, el concepto de «ayuda estatal» no se aplica a las medidas que establecen una diferenciación entre empresas que se encuentren en una situación fáctica y jurídica comparable desde el punto de vista del objetivo perseguido por el régimen jurídico en cuestión ―medidas que, por tanto, son a priori selectivas― si el Estado miembro de que se trate consigue demostrar que esa diferenciación está justificada porque deriva de la naturaleza o de la estructura del sistema en que se enmarcan dichas medidas.
Aplicando este método en tres etapas, el Tribunal General concluye que la medida controvertida es selectiva, a pesar de que todas las empresas sujetas al impuesto sobre sociedades en España puedan acceder a la ventaja que establece dicha medida. Sobre este punto, el Tribunal General pone de relieve, entre otras cosas que, cuando las empresas sujetas al impuesto sobre sociedades en España adquieren participaciones en sociedades fiscalmente domiciliadas en España, no pueden obtener en virtud de esas operaciones la ventaja prevista en el mecanismo de deducción de que se trata, a diferencia de lo que ocurre con las empresas que adquieren participaciones en el extranjero. El Tribunal General deduce de ello que una medida fiscal nacional como la medida controvertida, que confiere una ventaja cuya obtención depende de la realización de una operación económica, puede ser selectiva incluso en caso de que, dadas las características de la operación en cuestión, cualquier empresa pueda optar libremente por realizar esa operación. A este respecto hace constar que a partir de ahora, según el Tribunal de Justicia, una medida puede ser selectiva aunque la diferencia de trato derivada de ella se base en la distinción entre las empresas que optan por realizar ciertas operaciones y las empresas que optan por no realizarlas, y no en la distinción entre empresas en función de sus características propias.
Para llegar a la conclusión de que la medida fiscal controvertida es selectiva, el Tribunal General considera, al igual que la Comisión, que dicha medida establece unas diferencias de trato entre las empresas que no están justificadas por la naturaleza y la estructura del régimen de tratamiento fiscal del fondo de comercio aplicado en España.
Así pues, en las sentencias dictadas hoy (asuntos T-227/10, T-239/11, T-405/11, T-406/11, T‑219/10 RENV y T-399/11 RENV), el Tribunal General confirma las dos Decisiones de la Comisión.
En lo que respecta al asunto T‑207/10, el Tribunal General confirma igualmente la disposición de la Decisión de 2009 que permitía que esta medida fiscal española siguiera aplicándose, durante todo el período de amortización, a las adquisiciones de participaciones realizadas antes del 21 de diciembre de 2007 (fecha de publicación en el Diario Oficial de la Decisión de abrir el procedimiento de investigación formal) o cuya realización se hubiera acordado irrevocablemente antes de esa fecha. Esta disposición pretendía proteger la confianza legítima de los beneficiarios de la medida que, a causa de las respuestas en ese sentido dadas por la Comisión en 2006 a las preguntas parlamentarias antes mencionadas, podían pensar legítimamente que dicha medida no constituía una ayuda de Estado. En particular, el Tribunal General afirma que la Comisión había dado a los beneficiarios de la medida controvertida garantías precisas de que esa medida no entraba en el ámbito de aplicación de las normas sobre ayudas de Estado, y que la confianza de dichos beneficiarios en la legalidad de la medida resultaba legítima. Por otra parte, estima que la Comisión obró correctamente al considerar que la confianza legítima resultante de sus respuestas de 2006 concernía al mantenimiento de la medida fiscal que entró en vigor en 2002 y cubría, por tanto, las adquisiciones de participaciones efectuadas a partir de esa fecha y las ayudas otorgadas para tales adquisiciones de participaciones, incluso en caso de que se hubieran otorgado antes de esas respuestas.


Artículo 12, apartado 5, de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, introducido en dicha Ley mediante la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (BOE n.º 313, de 31 de diciembre de 2001, p. 50493) y recogido en el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (BOE n.º 61, de 11 de marzo de 2004, p. 10951).

Decisión 2011/5/CE de la Comisión, de 28 de octubre de 2009, relativa a la amortización fiscal del fondo de comercio financiero para la adquisición de participaciones extranjeras C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) aplicada por España (DO 2011, L 7, p. 48).

Decisión 2011/282/UE de la Comisión, de 12 de enero de 2011, relativa a la amortización fiscal del fondo de comercio financiero para la adquisición de participaciones extranjeras C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) aplicada por España (DO 2011, L 135, p. 1). Esta Decisión fue objeto de dos correcciones de errores publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea el 3 de marzo de 2011 y el 26 de noviembre de 2011.

Sentencias de 7 de noviembre de 2014 T-219/10, Autogrill España, S.A./Comisión, y T-399/11, Banco Santander, S.A., y Santusa Holding, S.L./Comisión (véase el CP 145/14).

Sentencia de 21 de diciembre de 2016, asuntos acumulados C-20/15 P y C-21/15 P; Comisión/World Duty Free Group y otros (véase el CP 139/16).

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[Jurisprudencia] [TS][Civil] Reclamación de la filiación paterna no matrimonial. La conformidad sobre los apellidos del menor solo puede venir referida a su orden y no a la supresión de los de un progenitor, pues iría en contra de la norma y del interés del menor.

Se ejercita en el escrito inicial del procedimiento acción personal de reclamación de filiación paterna no matrimonial, sin posesión de estado, presentada por D. Teofilo respecto a su hijo menor Secundino . nacido el NUM000 del 2009 fruto de la relación sentimental que tuvo con D.ª Ariadna , inscribiéndose en el Registro Civil de Valladolid como hijo de Da Ariadna , con los dos apellidos de ésta, interesando en la demanda no sólo el reconocimiento de dicha filiación paterna de carácter no- matrimonial, sino que se modifique la inscripción practicada en el Registro Civil en tal sentido, todo ello al amparo de los arts. 108 y ss del Código Civil .

A esta pretensión se opone la parte demandada que no niega ni la relación sentimental unos meses en 2008 e inicio del 2009, ni tampoco la filiación paterna, si bien manifiesta que fue abandonada por el actor nada más conocer el embarazo rehusó a cualquier detalle al respecto instando a la interrupción de la gestación, habiendo conocido en todo momento a través de su propia familia tanto el hecho del nacimiento, como de la inscripción, no habiéndose preocupado nunca de las necesidades del menor y sin relación alguna con el mismo hasta la presentación de esta demanda.

Por ello, estima que el actor carece de acción para reclamar dicha filiación en este momento (pasados 6 años desde el nacimiento del menor).

La sentencia de primera instancia desestimó la demanda por considerar caducada la acción. La Audiencia Provincial de Valladolid estimó el recurso.

El Supremo desestima el recurso de la madre.

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[Jurisprudencia] [TS][Penal] Condena en costas a la acusación particular. Doctrina de la Sala.

La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Valencia, en su Procedimiento Abreviado n.º 47/2016, procedente del Procedimiento Abreviado 108/2015, de los del Juzgado de Instrucción n.º 18 de esa misma capital, dictó sentencia el 12 de diciembre de 2016, en la que se absolvió a Serafin , Sixto , Urbano , Jose Luis , Carlos Miguel y Jesús Manuel , del delito de apropiación indebida que se les imputaba. Junto al pronunciamiento absolutorio, la resolución impuso a las dos acusaciones particulares personadas el pago por mitad de las costas procesales causadas.

Contra dicha resolución se ha interpuesto recurso de casación.

El Supremo estima el recurso.

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[Jurisprudencia] [TS][Social] Grado de discapacidad. Aplicación del Cap. 12 RD 1971/1999 (deficiencias del aparato visual). Porcentaje de discapacidad aplicable en caso de déficit de agudeza visual y del campo visual de un ojo del 95%. Rectifica doctrina.

La cuestión suscitada en el recurso de casación para la unificación de doctrina se centra en determinar si procede aplicar el criterio de valoración de las deficiencias visuales del apartado 2.2.1 del Capítulo 12 del Anexo IA del Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, a supuestos en los que concurren déficits visuales en un ojo cuando el congénere es sano.

El Supremo estima el recurso.

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[Noticias] El acuerdo del Brexit obliga a España y Reino Unido a cooperar sobre Gibraltar
El protocolo crea un marco bilateral hasta ahora inexistente para abordar las relaciones de la colonia con su entorno español (elpais.es) [Texto publicado] [Volver]

[Noticias] Llarena, desprotegido por el Estado: dos ataques a su casa, un escrache, amenazas... ningún detenido
Aumenta la lista de desagravios hacia el magistrado del Supremo; Interior revisará los protocolos. (elespanol.com) [Texto publicado] [Volver]

[Noticias] Viviendas turísticas: el Gobierno quiere presentar a final de este año el borrador de la nueva regulación
Tendrán que cumplir las condiciones que ahora mismo, en la ilegalidad, no se pueden garantizar. La ministra del ramo le pide a la economía colaborativa que esté "dentro de la fiscalidad del siglo XXI”. (20minutos.es) [Texto publicado] [Volver]

[Noticias] Unos 400 jueces recurren la elección de Marchena como presidente del CGPJ
Denuncian que se incumple la ley orgánica del Poder Judicial, dado que su selección corresponde a los vocales y no a los políticos (lavanguardia.com) [Texto publicado] [Volver]

[Noticias] La Fiscalía ve «fraude de ley» en el sindicato de prostitutas que metió «un gol» al Gobierno
Sostiene que sólo pretende legalizar una actividad que implica «la cesión del derecho a la libertad sexual» de la mujer. (larazon.es) [Texto publicado] [Volver]

[Noticias] El médico no está obligado a informar del riesgo "excepcional" de un fármaco
La paciente sufrió una rotura de tendón a raíz del medicamento. El efecto secundario estaba catalogado como improbable (cincodias.com) [Texto publicado] [Volver]

[Noticias] Nadie quiere (o puede) ser médico forense en Madrid: solo se cubren 23 de 84 plazas
Madrid es la única comunidad sin Instituto de Medicina Legal, aunque se aprobó ponerlo en marcha en 2006. Unos 130 forenses (hay 150) se oponen al nuevo modelo diseñado (elconfidencial.com) [Texto publicado] [Volver]

[Noticias] El Gobierno endurecerá las multas a las empresas por los contratos temporales fraudulentos
Se va a disparar la cuantía de las sanciones: el nuevo régimen no contempla una penalización global, sino por cada uno de los trabajadores en situación irregular (elconfidencialdigital.com) [Texto publicado] [Volver]

[Legislación] [BOE] Orden TMS/1182/2018, de 13 de noviembre, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2018 para las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social.
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[Legislación] [BOE] Resolución de 5 de noviembre de 2018, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se autoriza a diferir el pago de cuotas a las empresas y a los trabajadores por cuenta propia o autónomos afectados por las lluvias torrenciales y desbordamientos de torrentes acaecidos el 9 de octubre de 2018, en la Isla de Mallorca.
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[Legislación] [DOCE] Revisado el DOUE de hoy, no encontramos disposiciones reseñables
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