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[TJUE] Las trabajadoras embarazadas, que han dado a luz o en período de lactancia con trabajo a turnos desempeñado parcialmente en horario de noche realizan un trabajo nocturno y tienen derecho a la protección específica contra los riesgos que este trabajo puede presentar [Más info] [Texto publicado]


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[TJUE] La notificación del Reino Unido de su intención de salir de la UE no tiene como consecuencia que la ejecución de una orden de detención europea emitida por ese Estado miembro deba ser rechazada o quedar pospuesta.
Cuando no existan razones serias y fundadas para creer que, tras la salida de la Unión del Estado miembro de emisión, la persona que es objeto de esa orden correrá el riesgo de verse privada de los derechos reconocidos por la Carta y la Decisión Marco dicha orden debe ejecutarse mientras dicho Estado miembro forme parte de la Unión [Más info] [Texto publicado]


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Legislación Estatal

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[BOE] Acuerdo de colaboración y cooperación entre la Unión Europea y sus Estados Miembros, por una parte, y la República de Iraq, por otra parte, hecho en Bruselas el 11 de mayo de 2012. BOE 19 - 9 - 2018 [Más info] [Texto publicado]


[L]

[BOE] Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público. BOE 19 - 9 - 2018 [Más info] [Texto publicado]


Legislación Comunitaria

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[DOCE] Revisado el DOUE de hoy, núm. 235, no encontramos disposiciones reseñables DOCE 19 - 9 - 2018 [Más info] [Texto publicado]


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[DOCE] Reglamento (UE) 2018/1240 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de septiembre de 2018, por el que se establece un Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (SEIAV) y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n. o 1077/2011, (UE) n. o 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 y (UE) 2017/2226 DOCE 19 - 9 - 2018 [Más info] [Texto publicado]


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[DOCE] Reglamento (UE) 2018/1241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de septiembre de 2018, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2016/794 con objeto de establecer el Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (SEIAV) DOCE 19 - 9 - 2018 [Más info] [Texto publicado]



[Jurisprudencia] [TJUE] Las trabajadoras embarazadas, que han dado a luz o en período de lactancia con trabajo a turnos desempeñado parcialmente en horario de noche realizan un trabajo nocturno y tienen derecho a la protección específica contra los riesgos que este trabajo puede presentar

La Sra. G. trabaja como vigilante de seguridad para Prosegur España, S.L. En noviembre de 2014 dio a luz a un hijo, que recibió lactancia materna. Desde marzo de 2015 la Sra. G. desempeña sus funciones en un centro comercial en turnos rotatorios y variables de 8 horas, de las que parte se realizan en horario nocturno. Intentó obtener la suspensión de su contrato de trabajo y la concesión de la prestación económica por riesgo durante la lactancia natural prevista por la normativa española.  A tal fin, solicitó a Mutua Umivale –una mutua privada sin ánimo de lucro que gestiona las contingencias de accidente de trabajo y enfermedad profesional– que le expidiera un certificado médico que acreditara que su puesto de trabajo presentaba un riesgo para la lactancia natural. Su solicitud fue denegada, por lo que la Sra. G. presentó una reclamación, que también fue desestimada. A raíz de ello interpuso recurso contra esta desestimación ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia.
La Directiva 92/85, relativa a la seguridad y la salud de las trabajadoras embarazadas, que han dado a luz o en período de lactancia,  dispone, en particular, que estas trabajadoras no se han de ver obligadas a realizar un trabajo nocturno durante el embarazo o durante un período consecutivo al parto, a reserva de la presentación de un certificado médico que dé fe de la necesidad de ello para su seguridad o salud. Por su parte, la Directiva 2006/54, relativa a la igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación,  prevé una inversión de la carga de la prueba. De este modo, cuando una persona que se considere perjudicada por no habérsele aplicado el principio de igualdad de trato presente, ante un órgano jurisdiccional u otro órgano competente, hechos que permitan presumir la existencia de discriminación directa o indirecta, corresponde a la parte demandada demostrar que no ha habido vulneración del principio de igualdad de trato.
En este contexto, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia decidió plantear varias cuestiones al Tribunal de Justicia. Por un lado, alberga dudas acerca de la interpretación del concepto de «trabajo nocturno», en el sentido de la Directiva 92/85, cuando dicho trabajo nocturno se combina con un trabajo a turnos. Por otro lado, el citado tribunal considera que es posible que la evaluación de los riesgos que presenta el puesto de trabajo de la Sra. González Castro no se llevara a cabo correctamente y que, en realidad, su puesto de trabajo presente un riesgo para su salud o seguridad. Así, desea saber si, en este marco, procede aplicar las normas de inversión de la carga de la prueba previstas en la Directiva 2006/54 y, en caso afirmativo, se pregunta si corresponde a la trabajadora afectada o a la parte demandada –es decir, el empleador o la institución responsable del pago de la prestación económica por riesgo durante la lactancia natural, demostrar que la adaptación de las condiciones de trabajo o el cambio de puesto de trabajo de la trabajadora afectada no resultan técnica u objetivamente posibles o no pueden exigirse razonablemente.
Mediante su sentencia dictada hoy, el Tribunal de Justicia declara, en primer lugar, que la Directiva 92/85 se aplica a una situación en la que la trabajadora de que se trata realiza un trabajo a turnos en el que sólo una parte de sus funciones son desempeñadas en horario nocturno. El Tribunal de Justicia observa, para empezar, que la Directiva 92/85 no contiene ninguna precisión sobre el alcance exacto del concepto de «trabajo nocturno». Señala que de las disposiciones generales de la Directiva 2003/88, relativa a la ordenación del tiempo de trabajo,  se deduce que debe considerarse que una trabajadora que realiza un trabajo a turnos en el que sólo una parte de sus funciones son desempeñadas en horario nocturno realiza un trabajo durante el «período nocturno», y por lo tanto debe calificarse de «trabajador nocturno». El Tribunal de Justicia observa que las disposiciones específicas de la Directiva 92/85 no deben interpretarse de manera menos favorable que las disposiciones generales de la Directiva 2003/88 ni de manera contraria a la finalidad de la Directiva 92/85, que es reforzar la protección de las trabajadoras embarazadas, que hayan dado a luz o en período de lactancia. El Tribunal de Justicia añade que, para poder beneficiarse de esta protección en el marco del trabajo nocturno, la trabajadora de que se trata debe presentar un certificado médico que dé fe de la necesidad de ello desde el punto de vista de su seguridad o su salud. Incumbe al Tribunal Superior de Justicia de Galicia comprobar si así sucede en el caso de autos.
En segundo lugar, el Tribunal de Justicia declara que las reglas de inversión de la carga de la prueba previstas en la Directiva 2006/54 se aplican a una situación como la de la Sra. González Castro, cuando la trabajadora de que se trata expone hechos que pueden sugerir que la evaluación de los riesgos que presenta su puesto de trabajo no incluyó un examen específico que tuviese en cuenta su situación individual y que permitan así presumir la existencia de una discriminación directa por razón de sexo, en el sentido de esta Directiva. El Tribunal de Justicia pone de manifiesto a este respecto que, en la medida en que la Directiva 92/85 establece que las trabajadoras embarazadas, que hayan dado a luz o en período de lactancia que realizan un trabajo nocturno tienen derecho a una protección reforzada y específica contra el riesgo concreto que puede presentar el desempeño de ese trabajo, la evaluación de los riesgos que presenta el puesto de trabajo de estas trabajadoras no puede estar sujeta a requisitos menos estrictos que los aplicados en el marco del régimen general establecido por esta Directiva, que define las acciones que deben emprenderse con respecto a todas las actividades que puedan conllevar un riesgo específico para estas trabajadoras. El Tribunal de Justicia añade que esta evaluación debe incluir un examen específico que tenga en cuenta la situación individual de la trabajadora de que se trata para determinar si su salud o su seguridad o las de su hijo están expuestas a un riesgo. En el supuesto de que no se haya llevado a cabo dicho examen, existirá un trato menos favorable a una mujer en relación con el embarazo o el permiso por maternidad a los efectos de la Directiva 92/85, lo que constituirá una discriminación directa por razón de sexo, en el sentido de la Directiva 2006/54, que permite la inversión de la carga de la prueba. El Tribunal de Justicia observa que aparentemente la evaluación de los riesgos del puesto de trabajo de la Sra. G. no comportó un examen específico que tuviera en cuenta su situación individual, y que la interesada sufrió discriminación. Corresponde al Tribunal Superior de Justicia de Galicia comprobar si éste fue efectivamente el caso. Si lo fue, corresponderá a la parte recurrida demostrar lo contrario.


 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales (BOE n.º 269, de 10 de noviembre de 1995, p. 32590).

 Directiva 92/85/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia (DO 1992, L 348, p. 1).

 Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación (DO 2006, L 204, p. 23).

 Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo (DO 2003, L 299, p. 9).

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[Jurisprudencia] [TJUE] La notificación del Reino Unido de su intención de salir de la UE no tiene como consecuencia que la ejecución de una orden de detención europea emitida por ese Estado miembro deba ser rechazada o quedar pospuesta.
Cuando no existan razones serias y fundadas para creer que, tras la salida de la Unión del Estado miembro de emisión, la persona que es objeto de esa orden correrá el riesgo de verse privada de los derechos reconocidos por la Carta y la Decisión Marco dicha orden debe ejecutarse mientras dicho Estado miembro forme parte de la Unión

En 2016 el Reino Unido emitió dos órdenes de detención europeas («ODE») contra RO (la primera en enero y la segunda en mayo de ese año) para el ejercicio de acciones penales en relación con hechos calificados de asesinato, incendio intencionado y violación. RO fue detenido en Irlanda en virtud de esas ODEs y se halla en situación de prisión preventiva en ese último país desde el 3 de febrero de 2016. RO opuso objeciones a su entrega por Irlanda al Reino Unido alegando, entre otras, cuestiones relacionadas con la salida del Reino Unido de la Unión Europea. La High Court (Tribunal Superior, Irlanda) desestimó todas las objeciones de RO, excepto las relativas a las consecuencias del Brexit. En consecuencia, pide al Tribunal de Justicia que determine si, habida cuenta de que el 29 de marzo de 2017 el Reino Unido comunicó su intención de retirarse de la Unión Europea y ante la incertidumbre que planea sobre los acuerdos que puedan estar en vigor tras la salida del Reino Unido, está obligada a entregar al Reino Unido a una persona objeto de una ODE cuya entrega sería obligatoria en otras circunstancias. El Tribunal de Justicia recuerda en primer lugar que, en virtud del principio fundamental de la confianza mutua entre los Estados miembros, en el que se inspira la Decisión Marco sobre la ODE, la ejecución de la ODE constituye la regla, mientras que la denegación de la ejecución se concibe como una excepción que debe ser objeto de interpretación estricta. Seguidamente, el Tribunal de Justicia señala que la notificación por parte de un Estado miembro de su intención de retirarse de la Unión con arreglo al artículo 50 TUE no produce el efecto de suspender la aplicación del Derecho de la Unión en dicho Estado miembro y que, en consecuencia, las disposiciones de la Decisión Marco y los principios de confianza y de reconocimiento mutuos inherentes a esta última siguen plenamente en vigor en ese Estado hasta su retirada efectiva de la Unión. Así pues, el Tribunal de Justicia llega a la conclusión de que el mero hecho de que un Estado miembro notifique su intención de retirarse de la Unión no constituye una circunstancia «excepcional» que pueda justificar la negativa a ejecutar una ODE emitida por ese Estado miembro. Tal consecuencia supondría una suspensión unilateral de las disposiciones de la Decisión Marco y entraría en contradicción con su redacción, según la cual corresponde al Consejo Europeo declarar una violación de los principios contemplados en el artículo 2 TUE en el Estado miembro emisor para que pueda suspenderse el mecanismo de la ODE. En cambio, el Tribunal de Justicia señala que sigue incumbiendo a la autoridad judicial de ejecución examinar si existen razones serias y fundadas para creer que, tras la salida de la Unión del Estado miembro de emisión, la persona que es objeto de esa ODE correrá un riesgo real de verse privada de sus derechos fundamentales y de los derechos que le reconoce la Decisión Marco. A este respecto, el Tribunal de Justicia destaca que el Reino Unido es parte del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y que la continuidad de su participación en este Convenio no depende de su pertenencia a la Unión. Además, es también parte del Convenio Europeo de Extradición, de 13 de diciembre de 1957, y ha incorporado a su Derecho nacional otros derechos y obligaciones actualmente contenidos en la Decisión Marco. El Tribunal de Justicia considera, en consecuencia, que en esas circunstancias la autoridad judicial de ejecución puede presumir que, en relación con la persona que deba ser entregada, el Estado miembro emisor se atendrá, fundamentalmente, al contenido de los derechos derivados de la Decisión Marco aplicables al periodo posterior al de la entrega una vez que ese Estado miembro se haya retirado de la Unión. Sólo cuando existan indicios sólidos de que no será así podrán las autoridades judiciales de ejecución negarse a ejecutar la ODE. El Tribunal de Justicia estima que no parece que existan tales indicios, si bien es ésta una cuestión que debe comprobar el órgano jurisdiccional remitente. [Texto publicado] [Volver]

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[Legislación] [DOCE] Revisado el DOUE de hoy, núm. 235, no encontramos disposiciones reseñables
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[Legislación] [DOCE] Reglamento (UE) 2018/1241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de septiembre de 2018, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2016/794 con objeto de establecer el Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (SEIAV)
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