[J]

[TJUE] La comercialización de tarjetas SIM que contienen servicios de pago preinstalados y preactivados constituye una práctica comercial agresiva y desleal cuando los consumidores no son informados de ello previamente.
Este comportamiento constituye un «suministro no solicitado» que puede ser sancionado por una autoridad nacional distinta de la establecida por el Derecho de la Unión en el sector de las comunicaciones electrónicas [Más info] [Texto publicado]


[J]

[TJUE] Las autoridades nacionales de supervisión financiera pueden estar obligadas a dar acceso a los datos protegidos por el secreto profesional para garantizar el derecho de defensa o para su utilización en un procedimiento civil o mercantil.
Quienes deberán ponderar los intereses contrapuestos de las partes son las autoridades y órganos jurisdiccionales nacionales competentes [Más info] [Texto publicado]


[J]

[TJUE] Las autoridades nacionales de supervisión financiera pueden estar obligadas a dar acceso a los datos protegidos por el secreto profesional para garantizar el derecho de defensa o para su utilización en un procedimiento civil o mercantil
Quienes deberán ponderar los intereses contrapuestos de las partes son las autoridades y órganos jurisdiccionales nacionales competentes [Más info] [Texto publicado]


[J]

[TJUE] Una persona no puede ser excluida del derecho a la protección subsidiaria si se considera que ha «cometido un delito grave» únicamente sobre la base de la pena prevista según el Derecho del Estado miembro de que se trate
La autoridad o el tribunal nacional que resuelva sobre la solicitud de protección subsidiaria debe apreciar la gravedad de la infracción mediante un examen completo de todas las circunstancias específicas del caso concreto [Más info] [Texto publicado]


[N]

Un juez multa con 5.258 euros por mala fe a un banco que se negó a devolver a una clienta las cantidades indebidamente percibidas [Más info] [Texto publicado]


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El Supremo rechaza la petición de PwC de ocultar en las redes la multa por el Popular [Más info] [Texto publicado]


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[BOE] Revisado el BOE de hoy, no encontramos disposiciones reseñables BOE 13 - 9 - 2018 [Más info] [Texto publicado]


Legislación Comunitaria

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[DOCE] Reglamento Delegado (UE) 2018/1229 de la Comisión, de 25 de mayo de 2018, por el que se completa el Reglamento (UE) n.o 909/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación relativas a la disciplina de liquidación DOCE 13 - 9 - 2018 [Más info] [Texto publicado]



[Jurisprudencia] [TJUE] La comercialización de tarjetas SIM que contienen servicios de pago preinstalados y preactivados constituye una práctica comercial agresiva y desleal cuando los consumidores no son informados de ello previamente.
Este comportamiento constituye un «suministro no solicitado» que puede ser sancionado por una autoridad nacional distinta de la establecida por el Derecho de la Unión en el sector de las comunicaciones electrónicas

En 2012, la Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Autoridad de Defensa de la Competencia italiana; AGCM) impuso unas multas a las sociedades Wind Telecomunicazioni (actualmente Wind Tre) y Vodafone Omnitel (actualmente Vodafone Italia) por haber comercializado tarjetas SIM (Subscriber Identity Module) en las que se habían preinstalado y preactivado unos servicios de navegación por Internet y de contestador cuyos gastos se facturaban al usuario a menos que éste hubiera solicitado expresamente su desactivación. La AGCM acusaba a estas dos sociedades de no haber informado previamente y de modo adecuado a los consumidores de la preinstalación y preactivación de dichos servicios ni de que eran de pago. El servicio de navegación por Internet podía incluso dar lugar a conexiones efectuadas sin conocimiento del usuario, en particular a través de las aplicaciones denominadas «always on» (siempre activadas).
El Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Tribunal Regional de lo Contencioso-Administrativo del Lacio, Italia), ante el que habían recurrido Wind Tre y Vodafone Italia, anuló las decisiones de la AGCM declarando que esas sanciones eran competencia de otra autoridad, la Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Autoridad de Comunicaciones; AGCom).
El Consiglio di Stato (Consejo de Estado, Italia), que conoce de los asuntos en apelación, planteó unas cuestiones preliminares al respecto al Pleno de dicha institución. Mediante unas resoluciones dictadas en 2016, el Pleno del Consiglio di Stato determinó que, con arreglo al Derecho italiano, la competencia para sancionar un mero incumplimiento de la obligación de información en el sector de las comunicaciones electrónicas corresponde a la AGCom, mientras que la sanción de una «práctica comercial agresiva en cualquier circunstancia» (como, por ejemplo, un «suministro no solicitado») corresponde a la AGCM, incluso en el sector de las comunicaciones electrónicas. 
El Consiglio di Stato se pregunta, sin embargo, si esta interpretación de su Pleno es compatible con el Derecho de la Unión, por lo que decidió plantear unas cuestiones sobre la interpretación, por una parte, de la Directiva sobre las prácticas comerciales desleales  (que pretende garantizar un alto nivel de protección para todos los consumidores) y, por otra parte, del Derecho de la Unión en materia de comunicaciones electrónicas (más concretamente, de la Directiva marco  y de la Directiva sobre el servicio universal  , que pretenden garantizar la existencia de servicios de buena calidad disponibles al público a través de una competencia y de una libertad de elección reales, encomendando a las autoridades de reglamentación nacionales —en Italia, la AGCom— la misión de garantizar un alto nivel de protección de los consumidores en el sector específico de las comunicaciones electrónicas). En particular, el Consiglio di Stato pregunta al Tribunal de Justicia si el comportamiento imputado a los operadores de telefonía puede calificarse de «suministro no solicitado» o, más en general, de «práctica comercial agresiva» con arreglo a la Directiva sobre las prácticas comerciales desleales, y si el Derecho de la Unión en materia de comunicaciones electrónicas se opone a una normativa nacional en virtud de la cual a un «suministro no solicitado» se le aplica la Directiva sobre las prácticas comerciales desleales, con la consecuencia de que la autoridad de reglamentación nacional no es competente para sancionar ese comportamiento.
En  su sentencia dictada hoy, el Tribunal de Justicia indica que la solicitud de un servicio debe ser una elección libre del consumidor. Ahora bien, cuando el consumidor no ha sido informado ni del coste de unos servicios ni siquiera de que están preinstalados y preactivados en la tarjeta SIM que ha comprado (extremo que debe comprobar el tribunal nacional), no es posible considerar que el consumidor haya elegido libremente el suministro de dichos servicios. A este respecto resulta indiferente que la utilización de esos servicios haya podido requerir, en ciertos casos, una acción consciente por parte del consumidor. Del mismo modo, resulta indiferente que el consumidor haya tenido la posibilidad de hacer que se desactiven esos servicios o de desactivarlos él mismo, dado que no había sido informado previamente de su existencia.
El Tribunal de Justicia pone de relieve que, aunque corresponde al tribunal nacional determinar la reacción típica del consumidor medio, no parece evidente que un comprador medio de una tarjeta SIM pueda ser consciente de que dicha tarjeta contiene servicios preinstalados y preactivados capaces de generar gastos adicionales o bien de que ciertas aplicaciones o el propio aparato pueden conectarse a Internet sin que el comprador sea consciente de ello, ni tampoco que ese comprador disponga de conocimientos técnicos suficientes para desactivar en su aparato esos servicios o esas conexiones automáticas.
El Tribunal de Justicia deduce de ello que, a reserva de las verificaciones que efectúe el órgano jurisdiccional nacional, unos comportamientos como los que se imputan a los operadores de telefonía de que se trata constituyen un «suministro no solicitado» y por tanto, según la Directiva sobre las prácticas comerciales desleales, una práctica desleal —más concretamente, una práctica agresiva— en cualquier circunstancia.
Por otra parte, el Tribunal de Justicia considera que no existe conflicto entre la Directiva sobre las prácticas comerciales desleales y la Directiva sobre el servicio universal en lo que respecta a los derechos de los usuarios finales. En efecto, esta última obliga al proveedor de servicios de comunicaciones electrónicas a facilitar determinada información en el contrato, mientras que la primera regula aspectos concretos de las prácticas comerciales desleales, como el «suministro no solicitado». El Tribunal de Justicia declara, por consiguiente, que el Derecho de la Unión no se opone a una normativa nacional en virtud de la cual un «suministro no solicitado» debe apreciarse con arreglo a la Directiva sobre las prácticas comerciales desleales, con la consecuencia de que, según dicha normativa, no es competente para sancionar tal comportamiento la autoridad nacional de reglamentación mencionada en la Directiva marco.


El Pleno del Consiglio di Stato tuvo también en cuenta el procedimiento de infracción abierto por la Comisión Europea contra Italia por no haber transpuesto la Directiva sobre las prácticas comerciales desleales en el sector de las comunicaciones electrónicas.

Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) n.º 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO 2005, L 149, p. 22).

Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva marco) (DO 2002, L 108, p.  3), en su versión modificada por la Directiva 2009/140/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009 (DO 2009, L 337, p. 37, y corrección de errores en DO 2013, L 241, p. 8).

Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva servicio universal) (DO 2002, L 108, p. 51), en su versión modificada por la Directiva 2009/136/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 2009 (DO 2009, L 337, p. 11).

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[Jurisprudencia] [TJUE] Las autoridades nacionales de supervisión financiera pueden estar obligadas a dar acceso a los datos protegidos por el secreto profesional para garantizar el derecho de defensa o para su utilización en un procedimiento civil o mercantil.
Quienes deberán ponderar los intereses contrapuestos de las partes son las autoridades y órganos jurisdiccionales nacionales competentes

Asunto C‑358/16
En 2010, la Comisión luxemburguesa de supervisión del sector financiero («CSSF») declaró que el Sr. DV ya no era digno de confianza y que debía por lo tanto renunciar a sus funciones de administrador en una entidad supervisada por la CSSF. La CSSF motivó su decisión, entre otras consideraciones, debido a las funciones desempeñadas por el Sr. DV en la constitución y puesta en marcha de Luxalpha, una sociedad que, al parecer, estuvo implicada en las actuaciones fraudulentas del Sr. Bernard Madoff.
Para poder garantizar su defensa, el Sr. DV solicitó a la CSSF que le entregara los documentos que había recopilado durante la supervisión de Luxalpha y del banco depositario de ésta, UBS. Según el Sr. DV, dichos documentos son imprescindibles para comprender las funciones de quienes intervinieron con ocasión de la constitución de Luxalpha, concretamente en relación con el asunto Madoff. La CSSF se negó a entregar los documentos, invocando su obligación de respetar el secreto profesional en su calidad de autoridad de supervisión del sector financiero.
La Cour administrative du Luxembourg (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Luxemburgo), que conoce del litigio, se pregunta si la obligación de mantener el secreto profesional resulta imperativa para CSSF a los efectos de su negativa a entregar los documentos solicitados por el Sr. DV. En efecto, la Directiva sobre los mercados de instrumentos financieros  dispone que, con carácter excepcional, el secreto profesional podrá no ser tenido en cuenta en los supuestos contemplados por el Derecho penal. La Cour administrative du Luxembourg se pregunta si este precepto es aplicable en este caso, ya que la medida impuesta al Sr. DV es de naturaleza administrativa con arreglo al Derecho luxemburgués, pero está contemplada dentro del Derecho penal en sentido amplio, tal y como lo define el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En caso de respuesta negativa, el citado tribunal se pregunta sobre el modo de conciliar la obligación de mantener el  secreto profesional con el respeto del derecho de defensa.
El Tribunal de Justicia señala que, según reiterada jurisprudencia, debe mantenerse una interpretación estricta de las excepciones a la prohibición general de divulgar información confidencial. Por consiguiente, la posibilidad de dispensar la obligación de mantener el secreto profesional exige que la solicitud de divulgación se refiera a datos respecto a los cuales el solicitante proporcione indicios precisos y coherentes que permitan suponer de manera plausible que resultan pertinentes a los efectos de un procedimiento civil o mercantil ya en tramitación o pendiente de iniciarse, cuyo objeto debe ser identificado de manera concreta por el solicitante, y fuera del cual no pueden utilizarse los datos en cuestión.
Corresponde a las autoridades y órganos jurisdiccionales competentes ponderar el interés del solicitante en disponer de la información solicitada y los intereses ligados al mantenimiento de la confidencialidad de esa misma información amparada por el secreto profesional, antes de divulgar cada uno de los datos confidenciales solicitados.

 Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión, por la que se modifica la Directiva 2002/87 y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE (DO 2013, L 176, p. 338).

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[Jurisprudencia] [TJUE] Las autoridades nacionales de supervisión financiera pueden estar obligadas a dar acceso a los datos protegidos por el secreto profesional para garantizar el derecho de defensa o para su utilización en un procedimiento civil o mercantil
Quienes deberán ponderar los intereses contrapuestos de las partes son las autoridades y órganos jurisdiccionales nacionales competentes

Asunto C‑594/16
Desde el año 2004, el Sr.  B. es titular de una cuenta corriente abierta en una entidad de crédito italiana, la Banca Network Investimenti Spa («BNI»). Tras el procedimiento de liquidación forzosa de dicha entidad en 2012, el Sr. B. sólo recibió un reintegro parcial del Fondo Interbancario di tutela dei dipositi (Fondo interbancario de garantía de los depósitos). En 2015, con objeto de conseguir información adicional para valorar la oportunidad de ejercitar una acción judicial contra la Banca d’Italia («BdI») y contra la BNI por los perjuicios sufridos, el Sr. B. solicitó a la BdI que divulgase varios documentos relativos a la supervisión de la BNI. La BdI rechazó parcialmente esta solicitud, debido a que, en particular, determinados documentos cuya divulgación se solicitaba contenían datos confidenciales amparados por el deber de mantener el secreto profesional al que estaba sujeta. El Sr. B. interpuso entonces ante los tribunales italianos de lo contencioso-administrativo un recurso para que se anulara esta resolución denegatoria.
El Consiglio di Stato (Consejo de Estado, Italia), órgano jurisdiccional que conoce en última instancia, suspendió el procedimiento y planteó unas cuestiones al Tribunal de Justicia. Pregunta al Tribunal de Justicia si la Directiva 2013/36  se opone a que las autoridades competentes de los Estados miembros (en este caso, la BdI) proporcionen información confidencial a una persona que la haya solicitado con el fin de poder iniciar un procedimiento civil o mercantil para proteger intereses patrimoniales menoscabados debido a la liquidación forzosa de una entidad de crédito.
En su sentencia dictada hoy en el asunto C‑358/16, el Tribunal de Justicia considera, en primer lugar, que la Directiva sobre los mercados de instrumentos financieros, cuando establece que la obligación de mantener el secreto profesional puede dispensarse con carácter excepcional en los supuestos contemplados por el Derecho penal, sólo se refiere a la transmisión o utilización de información confidencial a efectos de las actuaciones emprendidas, así como a las sanciones impuestas de conformidad con el Derecho penal nacional.
El Tribunal de Justicia examina a continuación en qué medida la obligación de mantener el secreto profesional establecida en esta Directiva está limitada por el respeto del derecho de defensa proclamado en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. A este respecto, el Tribunal de Justicia considera que el derecho a la divulgación de los documentos pertinentes para la defensa no es ilimitado y absoluto, y que la protección de la confidencialidad de los datos amparados por la obligación de mantener el secreto profesional que incumbe a las autoridades competentes debe ser garantizada y cumplida de tal modo que sea compatible con el respeto del derecho de defensa.
El Tribunal de Justicia recuerda que corresponde a las autoridades y a los órganos jurisdiccionales competentes alcanzar, atendiendo a las circunstancias de cada caso concreto, un equilibrio entre esos intereses contrapuestos. Por lo tanto, cuando una autoridad competente invoque la obligación de mantener el secreto profesional establecida en la Directiva para negarse a entregar información que obre en su poder y que no está contenida en el expediente relativo a la persona destinataria de un acto lesivo, corresponde al tribunal nacional competente comprobar si esos datos tienen un vínculo objetivo con los cargos presentados contra ella y, en caso afirmativo, ponderar los intereses en conflicto antes de resolver sobre la entrega de cada uno de los datos solicitados.
En el asunto C‑594/16, el Tribunal de Justicia recuerda, en primer lugar, que la aplicación eficaz del régimen de supervisión prudencial de las entidades de crédito exige que tanto las entidades de crédito supervisadas como las autoridades competentes estén seguras de que los datos confidenciales proporcionados mantendrán en principio su carácter confidencial. Por lo tanto, la imposición por regla general, por parte de la Directiva 2013/36 de la obligación de mantener el secreto profesional responde a la finalidad de proteger no sólo los intereses específicos de las entidades de crédito directamente interesadas, sino también el interés general relacionado con la estabilidad del sistema financiero dentro de la Unión.
El Tribunal de Justicia observa asimismo que la Directiva 2013/36 establece excepciones a dicho principio general. En este caso, la Directiva permite a la autoridad competente divulgar únicamente a las personas directamente afectadas por la quiebra o liquidación forzosa de la entidad de crédito datos confidenciales que no afecten a terceros involucrados en los intentos de rescate de dicha entidad, con el objeto de utilizarlos en procedimientos civiles o mercantiles.
El Tribunal de Justicia señala que, según reiterada jurisprudencia, debe mantenerse una interpretación estricta de las excepciones a la prohibición general de divulgar información confidencial. Por consiguiente, la posibilidad de dispensar la obligación de mantener el secreto profesional exige que la solicitud de divulgación se refiera a datos respecto a los cuales el solicitante proporcione indicios precisos y coherentes que permitan suponer de manera plausible que resultan pertinentes a los efectos de un procedimiento civil o mercantil ya en tramitación o pendiente de iniciarse, cuyo objeto debe ser identificado de manera concreta por el solicitante, y fuera del cual no pueden utilizarse los datos en cuestión.

Corresponde a las autoridades y órganos jurisdiccionales competentes ponderar el interés del solicitante en disponer de la información solicitada y los intereses ligados al mantenimiento de la confidencialidad de esa misma información amparada por el secreto profesional, antes de divulgar cada uno de los datos confidenciales solicitados.

 Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos financieros, por la que se modifican las Directivas 85/611/CEE y 93/6/CEE del Consejo y la Directiva 2000/12 del Parlamento Europeo y del Consejo y se deroga la Directiva 93/22/CEE del Consejo (DO 2004, L 145, p. 1).

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[Jurisprudencia] [TJUE] Una persona no puede ser excluida del derecho a la protección subsidiaria si se considera que ha «cometido un delito grave» únicamente sobre la base de la pena prevista según el Derecho del Estado miembro de que se trate
La autoridad o el tribunal nacional que resuelva sobre la solicitud de protección subsidiaria debe apreciar la gravedad de la infracción mediante un examen completo de todas las circunstancias específicas del caso concreto

En 2000, el Sr.  A. , nacional afgano, obtuvo el estatuto de refugiado en Hungría debido al riesgo de ser perseguido que corría en su país de origen. En el marco de un procedimiento penal iniciado posteriormente en Hungría contra él, el Sr. A. solicitó que se informara plenamente al consulado de Afganistán de su situación. Al considerar que de la solicitud de protección que el Sr. A. había remitido voluntariamente a su país de origen podía deducirse que había desaparecido el peligro de persecución, las autoridades húngaras le retiraron su estatuto de refugiado en 2014.
En 2016, en un nuevo procedimiento administrativo,  las autoridades húngaras desestimaron la solicitud del Sr. A. tanto respecto de la concesión del estatuto de refugiado como de la concesión del estatuto de protección subsidiaria, haciendo constar al mismo tiempo la existencia de un obstáculo a la devolución. En particular, no podía concederse al Sr. A. la protección subsidiaria debido a la existencia de una causa de exclusión en el sentido de la Ley húngara sobre el derecho de asilo, que traspone la Directiva de la Unión sobre los refugiados:  la comisión de un «delito grave» para el que el Derecho húngaro prevé una pena privativa de libertad de cinco o más años.
El Sr. A. interpuso un recurso contra dicha resolución ante los tribunales húngaros, alegando que la normativa nacional priva de toda facultad de apreciación a los órganos administrativos encargados de su aplicación y a los tribunales encargados de controlar la legalidad de las decisiones de dichos órganos, cuando la expresión «han cometido un delito grave», utilizada en la Directiva,  implica la obligación de apreciar el conjunto de las circunstancias del caso concreto.
El Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social de la Capital), que conoce del litigio, solicita al Tribunal de Justicia que interprete esta expresión como causa de exclusión del derecho a protección subsidiaria. Ese tribunal se pregunta más concretamente si la gravedad del delito puede evaluarse únicamente sobre la base de la pena prevista para un delito determinado en el Derecho del Estado miembro de que se trata.
En su sentencia dictada hoy el Tribunal de Justicia indica para empezar que de la Directiva se desprende que el legislador de la Unión quiso introducir un estatuto uniforme en favor de todos los beneficiarios de protección internacional y que, en lo que respecta a las causas de exclusión, se inspiró en las normas aplicables a los refugiados para extenderlas, en la medida de lo posible, a los beneficiarios del estatuto de protección subsidiaria.
A continuación, el Tribunal de Justicia recuerda su jurisprudencia  según la cual cualquier decisión de excluir a una persona del estatuto de refugiado debe ir precedida de un examen completo de todas las circunstancias específicas de su caso individual y no puede ser adoptada de manera automática. Esta exigencia debe aplicarse a las decisiones de exclusión de la protección subsidiaria.
De este modo, el Tribunal de Justicia considera que, aunque el criterio de la pena prevista en virtud de la normativa penal nacional reviste especial importancia para apreciar la gravedad del delito que justifica la exclusión de la protección subsidiaria, la autoridad competente del Estado miembro de que se trate únicamente puede invocar la causa de exclusión tras haber procedido, en cada caso individual, a evaluar los hechos concretos de los que ha tenido conocimiento con el fin de determinar si existen motivos fundados para pensar que los actos cometidos por el interesado –que por otro lado reúne los requisitos exigidos para obtener el estatuto solicitado– están comprendidos en esta causa de exclusión.
En estas circunstancias, el Tribunal de Justicia concluye que el Derecho de la Unión se opone a una norma de un Estado miembro en virtud de la cual se considera que el solicitante de protección subsidiaria ha «cometido un delito grave» que permite excluirle de dicha protección basándose únicamente en la pena prevista para un delito determinado según el Derecho nacional. Incumbe a la autoridad o al tribunal nacional competente para resolver sobre la solicitud de protección subsidiaria apreciar la gravedad de la infracción de que se trate, realizando un examen completo de todas las circunstancias específicas del caso concreto.


Al serle retirado el estatuto de refugiado, el Sr. A. presentó una nueva solicitud de concesión del estatuto de refugiado y del estatuto de protección subsidiaria. Posteriormente interpuso un recurso contencioso contra la resolución desestimatoria ante los tribunales húngaros, que estimaron el recurso y ordenaron a las autoridades nacionales competentes iniciar un nuevo procedimiento administrativo.

Directiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, por la que se establecen normas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional, a un estatuto uniforme para los refugiados o para las personas con derecho a protección subsidiaria y al contenido de la protección concedida (DO 2011, L 337, p. 9).

Artículo 17, apartado 1, letra b), de la Directiva (causas de exclusión del estatuto de protección subsidiaria).

Sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de noviembre de 2010, B y D (asuntos acumulados C‑57/09 y C‑101/09 ; véase también el CP n.º 111/10).

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La demandada había abonado 16.500 euros para saldar una deuda pero el juez anuló por abusivas las cláusulas de intereses de demora y los gastos y comisiones de los contratos. Caixabank, según el juez, se ha negado en dos ocasiones a realizar la liquidación de la deuda y devolver las cantidades detraídas por los conceptos declarados nulos (poderjudicial.es) [Texto publicado] [Volver]

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400 páginas, 1ª edición, septiembre 2018,

Precio: 45,76€ Oferta: 43,47€ (iva incl.) En mano 24 H

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Manual El despido en España tras la Reforma Laboral (2012-2014)

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145 páginas, 1ª edición, septiembre 2018,

Precio: 30,16€ Oferta: 28,65€ (iva incl.) En mano 24 H

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Los juicios verbales de desahucio

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216 páginas, 1ª edición, septiembre 2018,

Precio: 28,00€ Oferta: 26,59€ (iva incl.) En mano 24 H

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Movilidad, extranjería y nacionalidad

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584 páginas, 3ª edición, septiembre 2018,

Precio: 49,84€ Oferta: 47,34€ (iva incl.) En mano 24 H

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Lecciones fundamentales de derecho administrativo

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1118 páginas, 2ª edición, septiembre 2018,

Precio: 78,95€ Oferta: 74,99€ (iva incl.) En mano 24 H

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