[J]

[TS][Mercantil] Seguro de vida con cobertura de invalidez permanente absoluta. Art. 4 LCS. Nulidad. Riesgo inexistente, siniestro ya ocurrido cuando se celebró el contrato. Esquizofrenia paranoide diagnosticada y tratada desde mucho antes de contratarse el seguro y por la que el asegurado había estado de baja durante un año y nueve meses y solicitado la incapacidad laboral permanente también antes de contratar el seguro. [Más info] [Texto publicado]


[J]

[TS][Penal] Delito fiscal. [Más info] [Texto publicado]


[J]

[TS][Contencioso-Advo] Responsabilidad patrimonial de la Administración del Estado y del Estado legislador. Cierre de canales digitales adjudicados a las antiguas concesionarias, luego licencitarias, tras el apagón analógico. [Más info] [Texto publicado]


[J]

[TS][Social] Reclamación de cantidad. Abono de diferencias salariales en aplicación convenio colectivo del lugar de la sede de la empresa y no del lugar de prestación de servicios del trabajador. [Más info] [Texto publicado]


[N]

El Tribunal Supremo rechaza por unanimidad las recusaciones planteadas contra los miembros de la sala que enjuiciará la causa por el proceso secesionista de Cataluña [Más info] [Texto publicado]


[N]

Un fiscal imputa a Macri y parte de su Gobierno por el acuerdo con el FMI [Más info] [Texto publicado]


[N]

El Congreso invoca la inviolabilidad de Juan Carlos I para no investigar hechos desvelados por Corinna posteriores a su abdicación [Más info] [Texto publicado]


[N]

Ciudadanos quiere que heredar un piso esté libre de impuestos [Más info] [Texto publicado]


[N]

Menos velocidad y más radares [Más info] [Texto publicado]


[N]

La inteligencia artificial marca la agenda de los despachos [Más info] [Texto publicado]


[N]

La reforma de las costas procesales [Más info] [Texto publicado]


[N]

El veto a Arabia Saudí pone en peligro contratos millonarios de la industria armamentística española [Más info] [Texto publicado]


Legislación Estatal

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[L]

[BOE] Acuerdo de Servicios Aéreos entre el Reino de España y la Región Administrativa Especial de Hong Kong de la República Popular China, hecho en Madrid el 9 de mayo de 2017. BOE 5 - 9 - 2018 [Más info] [Texto publicado]


Legislación Comunitaria

[L]

[DOCE] Revisado el DOUE de hoy, no encontramos disposiciones reseñables DOCE 5 - 9 - 2018 [Más info] [Texto publicado]



[Jurisprudencia] [TS][Mercantil] Seguro de vida con cobertura de invalidez permanente absoluta. Art. 4 LCS. Nulidad. Riesgo inexistente, siniestro ya ocurrido cuando se celebró el contrato. Esquizofrenia paranoide diagnosticada y tratada desde mucho antes de contratarse el seguro y por la que el asegurado había estado de baja durante un año y nueve meses y solicitado la incapacidad laboral permanente también antes de contratar el seguro.
El presente litigio versa sobre la reclamación del asegurado contra su compañía de seguros exigiéndole el pago de la cantidad que decía corresponderle tras haberle sido reconocida una invalidez permanente absoluta que se encontraba cubierta por el seguro de vida con garantía de incapacidad suscrito en su día. Dicha pretensión fue desestimada en ambas instancias con base en el art. 4 LCS , al apreciarse que el demandante padecía la enfermedad mental que finalmente determinó su incapacidad con mucha anterioridad a la suscripción del seguro.

Los antecedentes más relevantes para la decisión de los recursos son los siguientes:

1.- Se han declarado probados o no se discuten estos hechos:

1.1. A solicitud del propio tomador-asegurado (doc. 1 de la demanda) se emitió con fecha 9 de julio de 2010 y fecha de efecto 7 de junio de 2010 la póliza n.º NUM000 (doc. 2 de la demanda) suscrita entre el demandante, D. Carmelo , y la entidad Axa Aurora Vida, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros (Axa Seguros Generales, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros), por la que se concertaba un seguro de vida para caso de fallecimiento denominado «2274 VIDA PLENA» que incluía entre sus coberturas el riesgo de «invalidez por cualquier causa» con un capital asegurado de 250.000 euros.

El riesgo objeto de cobertura quedaba delimitado en la póliza en los siguientes términos (doc. 2 de la demanda, folio 18 de las actuaciones de primera instancia):

«Qué le cubre:

»Es la situación física irreversible y consolidada del Asegurado provocada por cualquier causa que le incapacita para mantener cualquier relación laboral o actividad profesional.

»Irreversible y consolidada:

»Es la situación proveniente de lesiones físicas, psíquicas o fisiológicas cualquiera que sea la causa, siempre que el diagnóstico de esta situación sea considerado irrecuperable por los peritos médicos.

»Igualmente, se considerará invalidez el dictamen por el Organismo competente de una Incapacidad Permanente Absoluta.

»Qué no le cubre:

»Además de las exclusiones generales de la póliza incluidas en el apartado "Exclusiones generales de la póliza", en esta póliza no está cubierta:

»a) La invalidez causada voluntariamente por el Asegurado durante el primer año de vigencia del contrato.

»b) La derivada de la Resolución de Incapacidad del I.N.S.S. o del organismo que asuma sus funciones dictada después de fallecer el Asegurado.

»El pago de esta garantía, como anticipo del capital de fallecimiento, supone la anulación de la póliza».

Además, como «exclusiones generales» (folio 19) -entendiendo por tales «aquellas situaciones que no estén cubiertas bajo ninguna circunstancia en este seguro»- se recogían:

«1. Todas las situaciones incluidas en el apartado "No le cubre" de cada una de las garantías.

»2. Además del apartado anterior, las situaciones descritas a continuación:

[...]

»d) La Entidad Aseguradora no cubre las consecuencias de accidentes o enfermedades originados con anterioridad a la entrada en vigor del contrato».

1.2. Para su suscripción no se presentó ningún cuestionario de salud al asegurado.

1.3. Cuando suscribió el seguro el asegurado no podía desconocer que padecía una esquizofrenia paranoide, previamente diagnosticada y por la que venía recibiendo tratamiento médico-farmacológico desde hacía varios años. En este sentido, de la documentación médica incorporada a las actuaciones resulta que, tras sufrir algún brote psicótico, en noviembre de 2007 el asegurado inició consulta en el servicio de psiquiatría del Hospital Universitario de Vigo por una «clínica activa psicótica compatible con un diagnóstico de esquizofrenia paranoide»; que en enero de 2008 fue diagnosticado de esta enfermedad mental y comenzó su tratamiento; que a consecuencia de esta patología permaneció de baja laboral desde abril de 2008 hasta el 20 de noviembre de 2009 (545 días), y que si entonces no fue administrativamente declarado en situación de incapacidad permanente absoluta fue porque no se presentó a la cita con el tribunal médico (doc. 5 de la demanda). También consta que a consecuencia de dicha patología comenzó un nuevo periodo de baja el 1 de junio de 2010, situación que persistía a la fecha de inicio de los efectos de la póliza.

1.4. Por resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social (en adelante INSS) de fecha 4 de abril de 2011, dictada a propuesta del Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI) de la Dirección Provincial del INSS de Pontevedra, el demandante fue declarado en situación de incapacidad permanente absoluta para todo trabajo, constando como cuadro clínico residual desencadenante de dicha incapacidad una «esquizofrenia paranoide» (doc. 4 de la demanda).

1.5. A primeros de septiembre de 2011 el asegurado formuló reclamación a su aseguradora, que contestó requiriendo la aportación de determinada información. Pese a insistir el asegurado en que había atendido debidamente tal requerimiento, la aseguradora consideró que había incumplido su deber de información y le comunicó por burofax (recibido el 17 de abril de 2012) su decisión de rehusar el siniestro y de anular la póliza.

2.- Con fecha 7 de mayo de 2014 el asegurado promovió el presente litigio contra su compañía de seguros en reclamación de la suma asegurada para el riesgo de invalidez (250.000 euros), más los intereses del art. 20 LCS y costas procesales.

La sentencia de primera instancia desestimó la demanda con imposición de costas al demandante. La sentencia de segunda instancia, desestimando el recurso de apelación del demandante, confirmó la sentencia apelada con imposición de costas al apelante.

El Supremo desestima el recurso.

[Texto publicado] [Volver]

[Jurisprudencia] [TS][Penal] Delito fiscal.
Son recurridas en la causa las condenas por tres delitos fiscales relativos al Impuesto de Sociedades contra cinco acusados y otra condena por delito fiscal por el impago del Impuesto sobre la Renta de persona física contra uno solo de los acusados. A cuatro de los acusados recurrentes se les impuso una pena privativa de libertad de dos años y siete meses de prisión por cada uno de los delitos y una pena de multa, y al quinto por complicidad una pena de seis meses de prisión por cada uno de los delitos. Por el delito fiscal relacionado con el Impuesto sobre la Renta: un año y seis meses de prisión para uno solo de los acusados. Al margen de estas condenas había otras por delitos contra la ordenación del territorio con conformidad sobre la pena. Recurren también el M. Fiscal y el Ayuntamiento de Marbella por las absoluciones referentes a los delitos de cohecho, fraude de funcionario y malversación de caudales públicos.- El núcleo de las defraudaciones fiscales consistió en que los gestores, representantes y titulares de la empresa que construyó y vendió el complejo urbanístico de Marbella, con el fin de evitar pagar el Impuesto de Sociedades correspondiente a la venta de los 72 apartamentos de lujo (cada uno valía alrededor de 1.500.000 euros de media), realizaron dos operaciones simuladas: una de compra de acciones de la entidad vendedora del terreno por una suma de 40 millones de euros, y otra de compraventa de futuro de acciones de Google por un importe de 35 millones de euros. Con esas operaciones pretendían justificar unas pérdidas societarias ficticias por 75 millones de euros, que trasladaron a los ejercicios fiscales de los años 2005, 2006 y 2007. Con lo cual evitaron pagar más de quince millones de euros en concepto de Impuesto de Sociedades. En la sentencia de casación absolvemos del primer delito fiscal (año 2005) porque (fundamento duodécimo) consideramos acreditado que la compra real del terreno en el año 2001 superó los 14 millones de euros y no fue por tanto de 1.187.479 euros. Al reducir la base imponible correspondiente a la liquidación tributaria de ese año arroja un saldo negativo, con lo que procede absolver de ese primer delito. No así de los otros dos.- Se desestima la impugnación relativa a la vulneración de derechos fundamentales por la entrada y registro en el despacho de abogados de los acusados. Y también por infracciones legales ordinarias, a pesar de que el Secretario se ausentó en dos ocasiones del lugar de la diligencia para atender las practicadas en otros registros. - No procede declarar la nulidad de la apertura de los archivos de emails, pues había sido autorizada por el Juez de Instrucción, por lo que no habría vulneración del derecho fundamental a la intimidad ni al secreto de las comunicaciones. Sí cabría objetar un supuesto de indefensión por no haber sido citado debidamente el interesado para la práctica de la apertura a su presencia, como señala la parte en el recurso. Sin embargo, se hace una referencia genérica a una hipotética indefensión, sin que se concreten las razones por las que se considera material y efectiva. La queja del recurrente es meramente retórica sin que llegue a argumentarse con datos singularizados mediante los que se signifique cómo se plasmó ello en un cercenamiento del derecho de defensa y cómo influyó su falta de presencia en la diligencia a la hora de orientar y materializar sus alegaciones defensivas dentro del procedimiento penal. - Se desestima la impugnación contra investigación llevada a cabo por los inspectores de la Agencia Tributaria por haberse extendido ilegítimamente en el tiempo sin trasladar el expediente al Ministerio Fiscal o al Juez de instrucción, a pesar de que podía ya concurrir el tanto de culpa necesario para abandonar la investigación administrativa preprocesal y entrar a tramitar el expediente en el ámbito de un proceso penal. - Se descarta la nulidad de todo el procedimiento por la utilización de prueba ilícita, debido a que 18 de los 128 tomos de la causa corresponden a comisiones rogatorias remitidas a Panamá y a Uruguay que han sido declaradas ilícitas por el TC de Panamá y por un Tribunal ordinario de Uruguay. Nulidades que han sido ratificadas por otra Sección de la AP de Málaga en apelación. El Tribunal sentenciador aplazó la resolución de la cuestión previa de las consecuencias de esas nulidades para resolverlas en sentencia, donde fueron confirmadas ambas nulidades. El problema se suscita al haber operado la Agencia Tributaria con esas comisiones para elaborar los informes periciales que fue aportando en el curso de la causa, informes que también operaron en la vista oral del juicio, ya que hasta sentencia no se dirimió la cuestión. La Audiencia la resolvió salomónicamente absolviendo por los delitos fiscales relacionados con el impago del Impuesto sobre la Renta, menos en un caso, y por el contrario consideró que el contenido de las comisiones rogatorias no era necesario para fundamentar la condena por los delitos fiscales relativos al Impuesto de Sociedades. La sentencia sólo dedica unas cuantas líneas a la materia, sin embargo, la decisión adoptada tiene cierta lógica y el problema se ha conseguido solventar (no sé si con algunas secuelas) en el fundamento quinto de la sentencia de casación. - Falta de imparcialidad por parte de uno de los jueces de instrucción que intervinieron en la causa debido a que el Abogado del Estado, que realizó una acusación muy activa en la tramitación de los delitos fiscales, se acabó casando con la hermana del Juez de Instrucción. No procede la impugnación.- Se pide la nulidad de todo el procedimiento porque el Abogado del Estado presentó una nueva calificación una vez que emitió los informes del juicio oral. Se ignora en qué momento concreto. En el escrito se añaden hechos que no había plasmado en la calificación definitiva, algunos de los cuales se plasman en la sentencia. También hace referencias al resultado de la prueba a tenor de algunos de los informes del juicio oral. Se salvan en el fundamento sexto de la sentencia los problemas suscitados.- Modificación de la liquidación de la deuda tributaria correspondiente al ejercicio del año 2005 debido a la realización de una nueva valoración del terreno sobre el que se edificó la urbanización (fundamento duodécimo sentencia, apartado 6).- La prueba de la autoría en los delitos fiscales.- Requisitos para apreciar la complicidad en lugar de la coautoría o la cooperación necesaria. - Determinación de la pena y su motivación. No se accede a aplicar la última reforma del C. Penal para operar con el nuevo suelo mínimo de la pena, que ahora comprende de 2 a 6 años de prisión, al tratarse del subtipo agravado de cuantía y de la utilización de personas y sociedades pantallas intermediarias, además de la intervención de sociedades ubicadas en paraísos fiscales. Se argumenta que no procede modificar el tipo penal nuevo por el antiguo, dado que en conjunto, y atendiendo a las circunstancias del caso, no le favorece a los acusados (fundamento decimoquinto). - Tampoco procede modificar la pena del delito fiscal relativo al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (fundamento decimosexto).- No cabe apreciar el delito fiscal continuado en lugar del concurso real de delitos, que es el apreciado en la instancia. No concurren en el caso los elementos objetivos y subjetivos del delito continuado (fundamento decimo).- No procede apreciar la atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificada y tampoco la atenuante analógica de cuasi-prescripción.- Requisitos para apreciar la responsabilidad civil subsidiaria de las sociedades que intervinieron en los hechos. Razones por las que sí se dan en el caso y no procede acoger los recursos. - Sí procede acoger el recurso de una de las sociedades al imponerle la responsabilidad civil solidaria con respecto a las restantes entidades responsables civiles subsidiarias. En la sentencia recurrida se condena a todas las entidades responsables civiles subsidiarias a que respondan solidariamente entre ellas frente a la parte perjudicada, decisión que no se considera correcta toda vez que Gestoría Quijada, S.L., responde subsidiariamente de la condena por responsabilidad civil que se le ha impuesto al cómplice, y como el cómplice responde subsidiariamente con respecto a los autores (art. 116.2 CP), indemnizará a los perjudicados una vez que no se pueda cobrar de los autores. Ese extremo se ha solventado especificando que en el caso de la responsabilidad civil subsidiaria de la entidad recurrente ésta sólo responderá, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 116.2 del C. Penal, una vez que no resulte factible cobrar ni de los autores ni de las entidades que responden subsidiariamente del impago de los mismos.- No procede estimar los recursos del Ministerio Fiscal y del Ayuntamiento de Marbella en los que se solicita la condena por los delitos de cohecho, fraude de funcionario y malversación de caudales públicos. Y ello porque al impugnar fallos absolutorios se vulneraría el derecho a un proceso con todas las garantías. En este caso la garantía de que la prueba de cargo sea apreciada con arreglo a los principios de inmediación y contradicción en un caso en que se pretende convertir un fallo absolutorio en otro condenatorio. [Texto publicado] [Volver]

[Jurisprudencia] [TS][Contencioso-Advo] Responsabilidad patrimonial de la Administración del Estado y del Estado legislador. Cierre de canales digitales adjudicados a las antiguas concesionarias, luego licencitarias, tras el apagón analógico.

La controversia subyacente al presente recurso contencioso-administrativo ha venido a quedar esclarecida por esta Sala por medio de una cadena de resoluciones que han dado respuesta a las entidades mercantiles que se encontraban en análoga situación a la de las ahora recurrentes y que por esa razón acudieron en defensa de sus derechos a esta misma instancia jurisdiccional, valiéndose de los mismos o muy similares argumentos.

En concreto, son tres las sentencias que con anterioridad a ésta han venido a pronunciarse sobre esta misma controversia: las Sentencias 477/2017, de 21 de marzo de 2017 (RCA 3933/2015 ), 1538/2017, de 11 de octubre de 2017 (RCA 1508/2015 ) y 1676/2017, de 7 de diciembre de 2017 (RCA 4346/2015 ).

Las empresas actoras, como señalamos, se encontraban en análoga situación a la de las que ahora recurren, en tanto que, a falta de convocatoria del correspondiente concurso al amparo de la Ley 7/2010 (artículo 22.1 ), vieron anulada por nuestra sentencia de 27 de noviembre de 2012 (RCA 442/2012 ) la adjudicación de los múltiples digitales que se les había otorgado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 16 de julio de 2010, como consecuencia de lo cual se había decretado a la postre el cierre de los correspondientes canales el 6 de mayo de 2014.

El Supremo desestima el recurso.

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[Jurisprudencia] [TS][Social] Reclamación de cantidad. Abono de diferencias salariales en aplicación convenio colectivo del lugar de la sede de la empresa y no del lugar de prestación de servicios del trabajador.

El Juzgado de lo Social número 2 de los de Palencia dictó sentencia el 1 de junio de 2015 , autos número 277/2015, desestimando la demanda sobre reclamación de cantidad formulada contra S SA, absolviendo al demandado de las pretensiones deducidas en su contra.

Del relato fáctico de dicha resolución estacamos los siguientes datos: 1) el actor, con residencia en Palencia y categoría de conductor mecánico, ha venido prestando servicios para la demandada desde el 22 de enero de 2001, estando la empresa dedicada al transporte nacional e internacional de mercancías por carretera. 2) La empresa tiene su domicilio social en Barcelona y cuenta con plataformas logísticas en varias localidades. 3) El demandante fue contratado para prestar servicios en el centro de trabajo de Palencia, habiéndole sido de aplicación siempre el Convenio Colectivo de Transportes de Mercancías de la Provincia de Palencia. 4) El centro de trabajo de Villamuriel de Cerrrato (Palencia) se cerró en el año 2011. En abril de 2011 la empresa alquiló un área de estacionamiento de camiones donde aparcan aquellos vehículos que tienen asignados los conductores de la empresa que residen en Palencia. Así mismo arrendó una oficina en la que presta servicios un trabajador, con categoría de auxiliar administrativo, no acudiendo todos los días de la semana ya que tiene que ir a Valladolid e, incluso, a las fábricas de vehículos para conseguir cargas. 5) En diciembre de 2011 se eligieron representantes de los trabajadores del centro de trabajo de Palencia, computándose doce trabajadores en el censo electoral. 6) La empresa mantiene un código de cuenta de cotización de la Seguridad Social en la provincia de Palencia, apareciendo de alta en el mismo 12 trabajadores, entre ellos el actor. 7) Se ha realizado una evaluación de riesgos laborales en el centro S, S.A.-CTRA. SANTANDER (PALENCIA).

2. Recurrida en suplicación por la parte demandante, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede de Valladolid, dictó sentencia el 11 de mayo de 2016, recurso número 407/2016 , desestimando el recurso formulado.

El Supremo desestima el recurso.

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[Noticias] El Tribunal Supremo rechaza por unanimidad las recusaciones planteadas contra los miembros de la sala que enjuiciará la causa por el proceso secesionista de Cataluña
El auto en el que se motiva la decisión se notificará en los próximos días (poderjudicial.es) [Texto publicado] [Volver]

[Noticias] Un fiscal imputa a Macri y parte de su Gobierno por el acuerdo con el FMI
El ministerio público ve abuso de autoridad, al no haber sometido a debate en el Congreso el acuerdo (elpais.es) [Texto publicado] [Volver]

[Noticias] El Congreso invoca la inviolabilidad de Juan Carlos I para no investigar hechos desvelados por Corinna posteriores a su abdicación
El caso Corinna no se investigará en el Congreso: PP, PSOE y Cs votan en contra. (elespanol.com) [Texto publicado] [Volver]

[Noticias] Ciudadanos quiere que heredar un piso esté libre de impuestos
Su intención también es reducirlo en otros grados de parentesco. Según su propuesta, por ejemplo, heredar un piso no debería generar obligación de pagar impuestos. (20minutos.es) [Texto publicado] [Volver]

[Noticias] Menos velocidad y más radares
Tras el verano más mortal en las carreteras españolas, con 259 fallecidos, la cifra más alta desde el año 2012, la DGT propone unas soluciones para reducir la siniestralidad que ya desaconsejaron el Consejo de Estado y la Dirección General de Carreteras en 2014 (larazon.es) [Texto publicado] [Volver]

[Noticias] La inteligencia artificial marca la agenda de los despachos
El sector legal se encuentra plenamente inmerso en un proceso de transformación digital. El objetivo pasa por mejorar los procesos y adaptarlos a los nuevos modelos de negocio que presenta la economía. (expansion.com) [Texto publicado] [Volver]

[Noticias] La reforma de las costas procesales
La condena en costas se impondría a la parte vencida que hubiera actuado con temeridad o de mala fe (cincodias.com) [Texto publicado] [Volver]

[Noticias] El veto a Arabia Saudí pone en peligro contratos millonarios de la industria armamentística española
Las corbetas encargadas a Navantia o la venta de Eurofighters podrían verse afectadas por una represalia de Riad tras la cancelación del contrato de bombas (elconfidencialdigital.com) [Texto publicado] [Volver]

[Legislación] [BOE] Acuerdo de Servicios Aéreos entre el Reino de España y la Región Administrativa Especial de Hong Kong de la República Popular China, hecho en Madrid el 9 de mayo de 2017.
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[Legislación] [DOCE] Revisado el DOUE de hoy, no encontramos disposiciones reseñables
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Fuentes

Las e-fuentes consultadas: Legislación: DOCE, BOE, Boletín Oficial de las Cortes Generales (BOCG). Jurisprudencia: TC, TS, TJCE y TEDH. Noticias: europa press, EFE, EL PAÍS, EL MUNDO, ABC, LA RAZÓN, LA VANGUARDIA, EXPANSIÓN, a3n.tv, libertaddigital.com, 20minutos.es, 5dias.com, cope.es, vnet.es, diariodirecto.com

Documentación oficial: Presidencia del Gobierno, Ministerio de Hacienda-Agencia Tributaria, Ministerio de Trabajo-Seguridad Social, Ministerio de Justicia y CGPJ. Documentación corporativa: Consejo General de la Abogacía-Colegio de Abogados de Madrid, Consejo General del Notariado, Colegio de Registradores, Consejo General de Procuradores-Colegio de Madrid, Asociaciones judiciales (APM, JpD, Fco. Vitoria), Confederación Española de Organizaciones Empresariales CEOE, Instituto de la Empresa Familiar, Unión General de los Trabajadores UGT, Comisiones Obreras CCOO, Asociación Española de Usuarios de Internet (AUI), Asociación de Internautas, Sociedad General de Autores y Editores (SGAE).

Este diario es una publicación distribuida por paraprofesionales.com y se dirige exclusivamente a sus suscriptores. Su reenvío a terceras personas distintas del destinatario requiere autorización expresa de paraprofesionales.com. No nos hacemos responsables de las decisiones tomadas con base en el contenido del presente diario. Las colaboraciones firmadas recogen la opiniones de sus autores.

Las sentencias publicadas han sido suministradas por el Centro de Documentación Judicial o por los Gabinetes de Prensa del CGPJ

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Derecho de Blockchain

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504 páginas, 1ª edición, agosto 2018,

Precio: 63,16€ Oferta: 60,00€ (iva incl.) En mano 24 H

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Blockchain: aspectos tecnológicos empresariales y legales

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360 páginas, 1ª edición, julio 2018,

Precio: 47,37€ Oferta: 45,00€ (iva incl.) En mano 24 H

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Acuerdos y pactos parasociales: una visión práctica de su contenido

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406 páginas, 1ª edición, agosto 2018,

Precio: 44,21€ Oferta: 42,00€ (iva incl.) En mano 24 H

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El concurso y la conservación de la empresa

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380 páginas, 1ª edición, agosto 2018,

Precio: 41,05€ Oferta: 39,00€ (iva incl.) En mano 24 H

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El Empresario Público. La gestión del personal laboral tras la nueva Ley de Contratos del Sector Público

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210 páginas, 1ª edición, agosto 2018,

Precio: 36,85€ Oferta: 35,01€ (iva incl.) En mano 24 H

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Las plataformas de financiación participativa -Crowdfunding-

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278 páginas, 1ª edición, julio 2018,

Precio: 36,85€ Oferta: 35,01€ (iva incl.) En mano 24 H

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La separación como alternativa al reparto de dividendos en las sociedades no cotizadas (art.348 bis LSC)

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236 páginas, 1ª edición, julio 2018,

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No se alquila un vientre se adquiere un hijo

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350 páginas, 1ª edición, agosto 2018,

Precio: 36,85€ Oferta: 35,01€ (iva incl.) En mano 24 H

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El acoso sexual: Prevención compliance y marco legal

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300 páginas, 1ª edición, agosto 2018,

Precio: 31,57€ Oferta: 29,99€ (iva incl.) En mano 24 H

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Delito del art. 277 CP y revelación de secretos

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230 páginas, 1ª edición, agosto 2018,

Precio: 26,31€ Oferta: 25,00€ (iva incl.) En mano 24 H

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Despido colectivo de hecho

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191 páginas, 1ª edición, agosto 2018,

Precio: 26,31€ Oferta: 25,00€ (iva incl.) En mano 24 H

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El abogado y el juicio

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296 páginas, 1ª edición, mayo 2016,
REIMPRESIÓN EN 2018

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