[J]

[TJUE] Se puede ejercitar una acción individual contra Facebook Ireland en Austria como consumidor. En cambio, como cesionario de derechos de otros consumidores, no puede acogerse al fuero del consumidor para entablar una acción colectiva [Más info] [Texto publicado]


[J]

[TJUE] Un solicitante de asilo no puede ser sometido a un examen psicológico para determinar su orientación sexual.
La realización de este tipo de examen constituye una injerencia desproporcionada en la vida privada del solicitante [Más info] [Texto publicado]


[J]

[TC] Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (motivación): inadmisión del incidente de nulidad de actuaciones que deja sin explicación la decisión de no plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. [Más info] [Texto publicado]


[J]

[TC] Igualdad en el acceso a los cargos públicos: establecimiento de un quórum específico para la votación de una moción de censura al alcalde, aplicable a los supuestos en los que medien desvinculaciones del grupo municipal, que no supera el juicio de proporcionalidad respecto del derecho al ejercicio de los cargos representativos. Votos particulares. [Más info] [Texto publicado]


[N]

Rosemarie Aquilina, el honor y el privilegio de sentenciar al violador Larry Nassar [Más info] [Texto publicado]


[N]

Los distintos escenarios ante la posible investidura de Puigdemont [Más info] [Texto publicado]


[N]

Un restaurante veneciano cobra 1.143 euros a cuatro japoneses por cuatro chuletones y fritura [Más info] [Texto publicado]


[N]

Ofensiva legal contra los robots culpables de la reventa online [Más info] [Texto publicado]


[N]

Los jueces empiezan a cuestionar el aval del Supremo al IRPH hipotecario [Más info] [Texto publicado]


Legislación Estatal

Normas más importantes publicadas en los últimos días [Más info]
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[L]

[BOE] Resolución de 21 de diciembre de 2017, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se publica el Catálogo de ocupaciones de difícil cobertura para el primer trimestre de 2018. BOE 25 - 1 - 2018 [Más info] [Texto publicado]


Legislación Comunitaria

[L]

[DOCE] Revisado el DOUE de hoy, no encontramos disposiciones reseñables DOCE 25 - 1 - 2018 [Más info] [Texto publicado]



[Jurisprudencia] [TJUE] Se puede ejercitar una acción individual contra Facebook Ireland en Austria como consumidor. En cambio, como cesionario de derechos de otros consumidores, no puede acogerse al fuero del consumidor para entablar una acción colectiva

El Sr.  S. , que reside en Austria, ha demandado a Facebook Ireland («Facebook») ante los tribunales austriacos. Acusa a Facebook de haber infringido diversas disposiciones en materia de protección de datos en relación con su cuenta privada de Facebook  y con las de otros siete  usuarios que le cedieron sus derechos para entablar esta acción. Estos otros usuarios también son, según afirma, consumidores, y residen en Austria, Alemania y la India. El Sr. S. pretende, entre otras cosas, que los tribunales austriacos declaren inválidas determinadas estipulaciones contractuales y que condenen a Facebook, por una parte, a que deje de utilizar los datos controvertidos para sus propios fines o los de terceros y, por otra parte, a que abone una indemnización por daños y perjuicios.
Facebook considera que los órganos jurisdiccionales austriacos no son internacionalmente competentes. Según Facebook, el Sr. S. no puede invocar la norma de la Unión  que permite a los consumidores demandar a una contraparte contractual extranjera ante los tribunales de su domicilio («fuero del consumidor»). Afirma que, dado que también utiliza Facebook con fines profesionales (en particular, mediante una página de Facebook destinada a informar de sus acciones contra Facebook),  el Sr. S. no puede ser considerado consumidor. Por lo que respecta a los derechos cedidos, Facebook alega que el fuero del consumidor no es aplicable a éstos porque el referido foro no es transferible.
En este contexto, el Oberster Gerichtshof (Tribunal Supremo Civil y Penal, Austria) pide al Tribunal de Justicia que precise las condiciones en las que puede invocarse el fuero del consumidor.
Mediante su sentencia dictada hoy, el Tribunal de Justicia responde que el usuario de una cuenta privada de Facebook no pierde la condición de «consumidor» cuando publica libros, pronuncia conferencias, gestiona sitios de Internet, recauda donaciones y acepta la cesión de los derechos de numerosos consumidores para ejercerlos ante los tribunales.
En cambio, no puede invocarse el fuero del consumidor en el caso de la acción de un consumidor con la que pretende ejercer ante el tribunal del lugar en el que está domiciliado no sólo sus propios derechos, sino también derechos cedidos por otros consumidores domiciliados en el mismo Estado miembro, en otros Estados miembros o en terceros Estados.
Por lo que respecta a la calificación de consumidor, el Tribunal de Justicia señala que el fuero del consumidor solamente se aplica, en principio, en el supuesto de que el contrato celebrado entre las partes tenga por objeto un uso que no sea profesional del bien o servicio de que se trate. Tratándose de los servicios de una red social digital que van a ser utilizados durante un largo período de tiempo, debe tenerse en cuenta la evolución posterior del uso que se hace de dichos servicios.
Así, el demandante usuario de esos servicios que ejercita una acción ante los tribunales sólo podría invocar la condición de consumidor si el uso esencialmente no profesional de dichos servicios, para el cual celebró inicialmente un contrato, no ha adquirido con posterioridad un carácter esencialmente profesional.
En cambio, dado que el concepto de «consumidor» se define por oposición al de «operador económico» y que es independiente de los conocimientos y de la información de que la persona de que se trate disponga realmente, ni la especialización que esa persona pueda alcanzar en el ámbito del que forman parte dichos servicios, ni su implicación activa en la representación de los derechos e intereses de los usuarios de éstos le privan de la condición de «consumidor». En efecto, una interpretación del concepto de «consumidor» que excluyese tales actividades equivaldría a impedir una defensa efectiva de los derechos que tienen los consumidores frente a sus cocontratantes profesionales, incluidos los relativos a la protección de sus datos personales.
Por lo que se refiere a los derechos cedidos, el Tribunal de Justicia recuerda que el fuero del consumidor se creó para proteger al consumidor como parte del contrato en cuestión. Así pues, sólo se protege al consumidor en la medida en que sea personalmente demandante o demandado en un procedimiento. Por tanto, el demandante que no es, él mismo, parte en el contrato celebrado con consumidores de que se trate no puede acogerse a dicho fuero. La misma regla se aplica también respecto de un consumidor cesionario de los derechos de otros consumidores.



Desde 2010, el Sr. S. se sirve de una cuenta de Facebook únicamente para sus actividades privadas. Además, desde 2011, tiene abierta una página de Facebook a fin de i) informar a los internautas sobre su actuación contra Facebook Ireland, sus conferencias, sus participaciones en debates públicos y sus apariciones en los medios, ii) solicitar donaciones y iii) hacer publicidad de sus libros.

El Sr. S. ha conseguido además que más de veinticinco mil personas de todo el mundo le cedan derechos para que los ejerza ante los tribunales.

Reglamento (CE) n.º 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2001, L 12, p. 1, «Reglamento Bruselas I»). Según este Reglamento, en principio, el demandado debe serlo ante los tribunales del Estado miembro en el que reside o tiene su sede. Sólo en determinados casos, enumerados taxativamente, puede o debe ser demandado ante los tribunales de otro Estado miembro.

Véase la nota 1.

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[Jurisprudencia] [TJUE] Un solicitante de asilo no puede ser sometido a un examen psicológico para determinar su orientación sexual.
La realización de este tipo de examen constituye una injerencia desproporcionada en la vida privada del solicitante

En abril de 2015, un nacional nigeriano presentó ante las autoridades húngaras una solicitud de asilo en la que alegaba que tenía fundados temores de ser perseguido en su país de origen por razón de su homosexualidad. Estas autoridades consideraron que las declaraciones de F no eran contradictorias, a pesar de lo cual denegaron la solicitud de asilo sobre la base de que el informe pericial psicológico requerido para explorar la personalidad del solicitante no había confirmado la orientación sexual alegada por éste.
El solicitante de asilo interpuso un recurso contra esta decisión ante los tribunales húngaros, alegando que los exámenes psicológicos del citado informe pericial vulneraban gravemente sus derechos fundamentales y no eran adecuados para determinar su orientación sexual.
El Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social de Szeged, Hungría), que conoce del asunto, pregunta al Tribunal de Justicia si las autoridades húngaras pueden valorar las declaraciones de un solicitante de asilo relativas a su orientación sexual basándose en un informe pericial psicológico. En caso de que el Tribunal de Justicia responda negativamente a esta pregunta, el órgano jurisdiccional húngaro desea saber si existe algún método de valoración que puedan utilizar las autoridades nacionales para examinar la veracidad de las alegaciones presentadas en una solicitud de asilo fundada en el riesgo a ser perseguido por razón de la orientación sexual.
En su sentencia dictada hoy, el Tribunal de Justicia señala, en primer lugar, que la Directiva relativa a los requisitos para la obtención del estatuto de refugiado  permite a las autoridades nacionales ordenar un dictamen pericial durante el examen de una solicitud de asilo con el fin de evaluar la necesidad real de protección internacional del solicitante. No obstante, las modalidades de un eventual dictamen pericial deben respetar los derechos fundamentales garantizados por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, como el derecho a la dignidad humana y el derecho al respeto de la vida privada y familiar.
No puede descartarse que, en el contexto particular de la apreciación de las declaraciones de un solicitante de asilo relativas a su orientación sexual, algunos métodos periciales puedan resultar útiles para valorar hechos y circunstancias que consten en la solicitud y puedan aplicarse sin vulnerar los derechos fundamentales de dicho solicitante. Sin embargo, a este respecto, el Tribunal de Justicia subraya que, al evaluar las declaraciones de un solicitante de asilo relativas a su orientación sexual, las autoridades y órganos jurisdiccionales nacionales no pueden fundamentar su decisión exclusivamente en las conclusiones de un dictamen pericial ni quedar vinculados por éstas.
El Tribunal de Justicia hace constar seguidamente que, cuando las autoridades nacionales responsables de la evaluación de la solicitud de asilo ordenan que se lleve a cabo un examen psicológico dirigido a determinar la realidad de la orientación sexual del solicitante, la persona que debe someterse a este examen se encuentra en una situación en la que su futuro está fuertemente condicionado por la decisión que tomen dichas autoridades respecto de su solicitud. Asimismo, un potencial rechazo a someterse a ese examen puede considerarse un factor importante sobre el que se basarán las autoridades nacionales a la hora de determinar si la persona ha fundamentado suficientemente su solicitud.
Por tanto, incluso cuando la realización de estos exámenes esté formalmente subordinada a la expresión del consentimiento del solicitante, cabe considerar que dicho consentimiento no se presta necesariamente con total libertad, dado que viene impuesto por la presión de las circunstancias en las que aquél se encuentra. En estas condiciones, utilizar un informe psicológico para determinar la orientación sexual del solicitante constituye una injerencia en el derecho al respeto de su vida privada.
En cuanto a la cuestión de si esta injerencia en la vida privada puede justificarse por el objetivo de recabar datos útiles para valorar la necesidad real de protección internacional del solicitante, el Tribunal de Justicia hace hincapié en que sólo puede admitirse un dictamen si se basa en métodos suficientemente fiables, aspecto éste sobre el que no le corresponde pronunciarse, aunque sí ha sido muy cuestionado por la Comisión y por varios gobiernos nacionales. Además, el Tribunal de Justicia señala que la incidencia de un examen como el controvertido sobre la vida privada del solicitante parece desproporcionada en relación con el objetivo perseguido. A este respecto, el Tribunal de Justicia observa, en particular, que una injerencia de este tipo presenta una especial gravedad, puesto que está dirigida a proporcionar una visión general de los aspectos más personales de la vida del solicitante.
El Tribunal de Justicia también subraya que la realización de un examen psicológico con el fin de determinar la orientación sexual de un solicitante de asilo no es indispensable para evaluar la credibilidad de las declaraciones de éste relativas a su orientación sexual. En este sentido, el Tribunal de Justicia señala que, en virtud de la Directiva, ante una situación en la que la orientación sexual del solicitante no se recoge en pruebas documentales, las autoridades nacionales, que deben disponer de personal competente, pueden basarse, entre otras opciones, en la coherencia y la credibilidad de las declaraciones de dicho solicitante. Además, en el mejor de los casos, el mencionado examen no tiene más que una fiabilidad limitada, por lo que puede cuestionarse su utilidad para evaluar la credibilidad de las declaraciones de un solicitante de asilo, especialmente en casos como el del presente asunto, en los que las declaraciones del solicitante no son contradictorias.
En estas circunstancias, el Tribunal de Justicia concluye que la utilización de un examen psicológico con el fin de determinar la realidad de la orientación sexual de un solicitante de asilo no se ajusta a la Directiva leída a la luz de la Carta. 


Directiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, por la que se establecen normas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional, a un estatuto uniforme para los refugiados o para las personas con derecho a protección subsidiaria y al contenido de la protección concedida (DO 2011, L 337, p. 9).

Artículo 7.

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[Jurisprudencia] [TC] Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (motivación): inadmisión del incidente de nulidad de actuaciones que deja sin explicación la decisión de no plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El presente recurso de amparo se interpone por la organización de productores núm. 652 Greenmed, S.L., solicitando que se declare la vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva por una triple vulneración: de una parte, el órgano judicial habría vulnerado su derecho al juez predeterminado por la Ley al no presentar cuestión prejudicial de interpretación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuando hubiera venido obligado a ello por virtud del artículo 267 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Además, tampoco se exteriorizaría una motivación suficiente para el rechazo de esa remisión prejudicial a la jurisdicción europea. En segundo lugar, se vulneraría el mismo precepto (art. 24 CE) por haberse realizado por el Tribunal de apelación una apreciación irracional y arbitraria de la prueba, que resultó en la estimación de la apelación y la revocación de la sentencia de instancia. Y finalmente, también se vulneraría el derecho a la tutela judicial en su vertiente de derecho de acceso al recurso, por haberse inadmitido por providencia inmotivada el incidente de nulidad de actuaciones contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 19 de febrero de 2014.

El Tribunal Constitucional otorga el amparo.

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[Jurisprudencia] [TC] Igualdad en el acceso a los cargos públicos: establecimiento de un quórum específico para la votación de una moción de censura al alcalde, aplicable a los supuestos en los que medien desvinculaciones del grupo municipal, que no supera el juicio de proporcionalidad respecto del derecho al ejercicio de los cargos representativos. Votos particulares.
La presente cuestión de inconstitucionalidad ha sido promovida por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Santa Cruz de Tenerife, respecto del artículo 197.1 a), párrafo tercero en relación con el segundo, de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de régimen electoral general (LOREG), en la redacción dada por la Ley Orgánica 2/2011, de 28 de enero, por posible vulneración del artículo 23.2 CE.
El órgano judicial entiende que el párrafo tercero de la letra a), establecido como medida para combatir el transfuguismo, configura limitaciones contrarias al derecho del artículo 23.2 CE, imponiendo restricciones en el núcleo esencial de los derechos propios del ejercicio del cargo público para los concejales que dejan de pertenecer a la formación política por la que concurrieron a las elecciones, pasando a la condición de no adscritos. En otras palabras, instituye obstáculos en la función de control de la acción de gobierno a través del apoyo a la iniciativa de mociones de censura en el ámbito local. En su opinión, el incremento que aquel párrafo tercero, por remisión al segundo, ordena sobre la mayoría absoluta exigida con carácter general en el primer párrafo de la letra a) del artículo 197.1 LOREG convierte en meramente nominal la posibilidad de que dichos concejales no adscritos impulsen una moción de censura, privando a sus adhesiones de efecto alguno en relación con la promoción de la misma, lo que contradice la cobertura ofrecida por el derecho fundamental consagrado en el artículo 23.2 CE.
El Constitucional decide declarar, con el alcance establecido en el fundamento jurídico 8, la inconstitucionalidad y nulidad del párrafo tercero del artículo 197.1 a) de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de régimen electoral general, en la redacción dada por la Ley Orgánica 2/2011, de 28 de enero. [Texto publicado] [Volver]

[Noticias] Rosemarie Aquilina, el honor y el privilegio de sentenciar al violador Larry Nassar
La jueza de Michigan, con sus declaraciones y su actitud durante el juicio, se ha convertido en protagonista de la sentencia al mayor depredador sexual de la historia del deporte. (elespanol.com) [Texto publicado] [Volver]

[Noticias] Los distintos escenarios ante la posible investidura de Puigdemont
Las opciones son básicamente dos: a distancia o presencial, ambas están obstaculizadas por el Gobierno y los tribunales (lavanguardia.com) [Texto publicado] [Volver]

[Noticias] Un restaurante veneciano cobra 1.143 euros a cuatro japoneses por cuatro chuletones y fritura
Tras sufrir este auténtico «sablazo», los jóvenes nipones procedieron a presentar una denuncia adjuntando la factura. El restaurante ha sido multado con 20.000 euros por cobrar esta increíble cifra (larazon.es) [Texto publicado] [Volver]

[Noticias] Ofensiva legal contra los robots culpables de la reventa online
¿Es necesario regular la reventa online de entradas? (expansion.com) [Texto publicado] [Volver]

[Noticias] Los jueces empiezan a cuestionar el aval del Supremo al IRPH hipotecario
Un juzgado y una Audiencia tumban hipotecas ligadas a este índice pese a la doctrina judicial.
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[Legislación] [BOE] Resolución de 21 de diciembre de 2017, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se publica el Catálogo de ocupaciones de difícil cobertura para el primer trimestre de 2018.
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[Legislación] [DOCE] Revisado el DOUE de hoy, no encontramos disposiciones reseñables
[Texto publicado] [Volver]


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Las sentencias publicadas han sido suministradas por el Centro de Documentación Judicial o por los Gabinetes de Prensa del CGPJ

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