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[TS][Civil] Anticipo de cantidades en compraventa de vivienda. Sujeción a la Ley 57/68. Responsabilidad de la entidad financiera que admita el ingreso de cantidades en una cuenta del promotor sin exigir la apertura de cuenta especial. [Más info] [Texto publicado]


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[TS][Contencioso-Advo] Operaciones documentadas en escritura pública de adquisición y enajenación de terrenos de naturaleza urbana. Minusvalía patrimonial. Inconstitucionalidad del sistema de estimación objetiva de la base imponible, artículos 107.1, 107.2.a) y 110.4 TRLHL, cuando se someten a tributación la existencia de situaciones inexpresivas de capacidad económica; esto es, aquellas que no presentan aumento de valor del terreno al momento de la transmisión. Carga de la prueba y medios probatorios útiles para solventarla. Art. 105 LGT. [Más info] [Texto publicado]


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[TS][Social] Desempleo. Trabajador extranjero sin permiso. No es computable la etapa irregular para la fijación del derecho a la prestación contributiva. [Más info] [Texto publicado]


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Legislación Estatal

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[BOE] Instrumento de ratificación del Protocolo de Nagoya-Kuala Lumpur sobre responsabilidad y compensación, suplementario al Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología, hecho en Nagoya el 15 de octubre de 2010. BOE 19 - 1 - 2018 [Más info] [Texto publicado]


Legislación Comunitaria

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[DOCE] Revisado el DOUE de hoy, núm. 14, no encontramos disposiciones reseñables DOCE 19 - 1 - 2018 [Más info] [Texto publicado]


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[DOCE] Revisado el DOUE de hoy, núm. 15, no encontramos disposiciones reseñables DOCE 19 - 1 - 2018 [Más info] [Texto publicado]



[Jurisprudencia] [TS][Civil] Anticipo de cantidades en compraventa de vivienda. Sujeción a la Ley 57/68. Responsabilidad de la entidad financiera que admita el ingreso de cantidades en una cuenta del promotor sin exigir la apertura de cuenta especial.
En el presente recurso de casación se plantea si la entidad de crédito demandada debe responder con arreglo al art. 1.2.ª de la Ley 57/1968 frente a los compradores de una vivienda en construcción respecto de la totalidad de las cantidades anticipadas e ingresadas en una cuenta no especial abierta por la promotora-vendedora en dicha entidad.

Son antecedentes relevantes para la decisión del recurso los siguientes:

1.º) Con fecha 26 de septiembre de 2006 D. Primitivo y D.ª Zaida suscribieron con la promotora Impacta un contrato privado de compraventa de vivienda en construcción que tuvo por objeto la señalada como « NUM000 » de la planta NUM001 y anejos (trastero y garaje), de un edificio de 34 viviendas que la vendedora iba a construir en el solar de su propiedad sito en el n.º NUM002 de la CALLE000 de la localidad coruñesa de Ares (doc. 2 de la demanda).

2.º) El precio se fijó en 119.865,60 euros más el 7% de IVA, y para su pago se pactó que la parte compradora anticipara en el acto de la firma del documento privado la cantidad de 11.986,56 euros más IVA, así como que posteriormente pagara esa misma cantidad, tanto al momento de terminación de la estructura como de terminación del cierre exterior del edificio, y, finalmente, que la cantidad restante, 83.905,92 euros más IVA, se abonara en el momento del otorgamiento de la escritura.

3.º) No se discute que, de conformidad con dicho calendario de pagos, la parte compradora anticipó a cuenta del precio un total de 47.476,85 euros, según el siguiente desglose:

(i) 12.825,62 euros (11.986,56 más IVA) con fecha 26 de septiembre de 2006, mediante talón nominativo a favor de la inmobiliaria, que esta ingresó en la cuenta n.º NUM003 que tenía abierta a su nombre desde el 14 de septiembre de 2004 en la entidad Caixa Galicia, luego NGC Banco S.A. (doc. 3 de la demanda).

(ii) 12.825,62 euros (11.986,56 más IVA) con fecha 23 de octubre de 2007, mediante transferencia bancaria a la misma cuenta, indicada previamente a los compradores por correo electrónico (docs. 4 y 5 de la demanda).

(iii) 12.825,62 euros (11.986,56 más IVA) con fecha 10 de noviembre de 2008, mediante transferencia bancaria a la misma cuenta (doc. 6 de la demanda).

(iv) 9.000 euros (8.411,21 euros más IVA) con fecha 30 de diciembre de 2009, mediante transferencia bancaria a la misma cuenta (doc. 7 de la demanda).

4.º) Tampoco se discute que no se garantizó la devolución de tales anticipos mediante aval o seguro.

5.º) La entrega de la vivienda se fijó, como máximo, para finales del mes de septiembre de 2008, pero con posibilidad de prórroga por otros dos meses. No se discute que la obra no estaba terminada ni en esa fecha ni posteriormente.

6.º) Con fecha 25 de septiembre de 2007 el banco y la promotora-vendedora habían formalizado un contrato de préstamo para financiar la construcción del referido edificio. Para la disposición del capital del préstamo se abrió en dicha entidad y a nombre de la entidad prestataria la cuenta n.º NUM004 (folio 140 de las actuaciones).

7.º) Con fecha 9 de noviembre de 2011 los compradores comunicaron por burofax a la promotora-vendedora su voluntad de resolver el contrato por retraso en la entrega de la vivienda y falta de garantía de las cantidades anticipadas, solicitando la devolución de estas más sus intereses (doc. 8 de la demanda).

8.º) Con fecha 16 de noviembre de 2011 los compradores remitieron burofax al banco, recibido al día siguiente (doc. 11 de la demanda), instándole a devolver dichas cantidades y a que, en caso de negativa, se la comunicara a los compradores y les facilitara extracto de los ingresos realizados en la referida cuenta n.º NUM003 , a lo que el banco contestó con fecha 21 de noviembre de 2011 (doc. 12 de la demanda) que ni NGC ni la extinta Caixa Galicia habían otorgado aval en garantía de las cantidades entregadas a Impacta para la adquisición de su vivienda, por lo que debían dirigir su reclamación exclusivamente contra la promotora, y que tampoco podía facilitarles dicho extracto al no ser los titulares de la cuenta, si bien sí podía adjuntarles «copia de los duplicados de las boletas correspondientes a los [tres] traspasos que efectuaron».

En estos duplicados (folio 75 de las actuaciones) figuraban como «ordenante» los compradores (en los correspondientes a las transferencias de 24 de octubre de 2007 y 11 de noviembre de 2008, el Sr. Primitivo , y en el de 30 de diciembre de 2009, la Sra. Zaida ), como «beneficiario», en todos los casos, la entidad Impacta Grupo Inmobiliario S.L., y como «concepto», «entrega 2* cuota» (en el de 24 de octubre de 2007), «3* pago NUM001 NUM000 EDIFICIO000 » (en el de 11 de noviembre de 2008) y «4* pago NUM001 NUM000 EDIFICIO000 » (en el de 30 de diciembre de 2009).

9.º) Con fecha 25 de junio de 2012 los compradores formularon demanda contra la promotora-vendedora y contra el banco, interesando la resolución del contrato de compraventa por incumplimiento del plazo de entrega y la consiguiente restitución de las cantidades anticipadas a cuenta del precio más sus intereses (interés legal incrementado en dos puntos, desde su entrega), si bien la pretensión de restitución frente al banco tenía carácter subsidiario («para el caso de que la promotora no haga frente a la restitución») y se fundaba en la responsabilidad legal del art. 1.2.ª Ley 57/1968 .

10.º) La promotora-vendedora fue declarada en rebeldía. El banco se opuso alegando, en síntesis y por lo que ahora interesa: (i) que era ajeno a la relación contractual entre compradores e inmobiliaria; (ii) que no era cierto que los compradores hubieran ingresado los anticipos en la cuenta especial del promotor, ya que los ingresos correspondientes a las cantidades reclamadas se hicieron (por talón o por transferencia) en una «cuenta operativa ordinaria» abierta a nombre de la promotora desde dos años antes de que se suscribiera el contrato de compraventa litigioso; (iii) que el préstamo al promotor se formalizó mucho tiempo después, el 25 de enero de 2007; (iv) que, en consecuencia, el banco desconocía por completo que los compradores hubieran ingresado cantidades a cuenta del precio de su vivienda, lo que excluía la responsabilidad legal del banco al no tener por qué conocer ni investigar el origen y razón de dichos ingresos, habida cuenta que ni la promotora ni los compradores exigieron la apertura de cuenta especial ni la emisión de avales en garantía de devolución; y (v) que si se apreciaba alguna responsabilidad del banco, esta sería de naturaleza extracontractual y por tanto la acción estaría prescrita.

11.º) La sentencia de primera instancia estimó la demanda respecto de la promotora-vendedora y la desestimó respecto del banco. La sentencia de segunda instancia confirmó sustancialmente la sentencia apelada con la única precisión de no hacer especial imposición de las costas de primera instancia devengadas por la intervención del banco absuelto, sin imponer tampoco las de la segunda instancia.

El Supremo estima el recurso.

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[Jurisprudencia] [TS][Penal] Delito contra la salud pública y blanqueo de capitales.
Validez intervención comunicaciones telefónicas. Información independiente de la obtenida en otra causa. [Texto publicado] [Volver]

[Jurisprudencia] [TS][Contencioso-Advo] Operaciones documentadas en escritura pública de adquisición y enajenación de terrenos de naturaleza urbana. Minusvalía patrimonial. Inconstitucionalidad del sistema de estimación objetiva de la base imponible, artículos 107.1, 107.2.a) y 110.4 TRLHL, cuando se someten a tributación la existencia de situaciones inexpresivas de capacidad económica; esto es, aquellas que no presentan aumento de valor del terreno al momento de la transmisión. Carga de la prueba y medios probatorios útiles para solventarla. Art. 105 LGT.

Esta Sección de Admisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha considerado que la cuestión relativa a la determinación -cuando menos hasta que se produzcan las modificaciones o adaptaciones pertinentes en el régimen legal del IIVTNU- de si la carga de acreditar la inexistencia de un aumento real del valor del terreno en la fecha de devengo del IIVTNU, que pesa sobre el legalmente considerado como sujeto pasivo, puede ser solventada con cualquier medio de prueba que al menos indiciariamente permita apreciarla, como indudablemente lo es verbigracia la diferencia entre los precios de adquisición y de enajenación, o se requiere necesariamente una prueba pericial o cualquier otro medio especifico que la ponga de manifiesto, confirmando tales indicios, sin perjuicio de que en uno y otro supuesto la Administración tributaria pueda probar lo contrario) presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia, al darse la circunstancia del artículo 88.2.c) LJCA

En este recurso se plantea en cambio, en primer lugar, partiendo de la posibilidad de practicar liquidaciones no obstante la declaración de inconstitucionalidad parcial apreciada por el Tribunal Constitucional, la cuestión relativa de a quién le corresponde la carga de la prueba de la existencia o no del hecho imponible.

El Supremo admite a trámite el recurso.

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[Jurisprudencia] [TS][Social] Desempleo. Trabajador extranjero sin permiso. No es computable la etapa irregular para la fijación del derecho a la prestación contributiva.

El recurso de casación para unificación de doctrina de la actora plantea la cuestión de si, a los efectos de la prestación de desempleo, debe computarse el periodo de tiempo que prestó servicios por cuenta ajena sin estar en posesión de permiso de trabajo en España.

Como se desprende del relato de hechos probados de la sentencia, la demandante, inició su prestación de servicios el 31 de agosto de 2007 , sin embargo no obtuvo autorización administrativa hasta el 28 de noviembre de 2008. Al extinguirse el contrato por despido y solicitar la prestación de desempleo, la Entidad gestora le reconoció la misma teniendo en cuenta únicamente el periodo de cotización posterior a la citada obtención del permiso de trabajo (600 días).

El Supremo desestima el recurso.

La demanda rectora de este proceso tenía por objeto la declaración de que le correspondería un total de 720 días de prestación. Dicha pretensión fue desestimada, tanto en la instancia como en suplicación.

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La nueva norma dejará exentas las ventas con pérdidas y actualizará anualmente el valor de los inmuebles (elpais.es) [Texto publicado] [Volver]

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Es la decana de los abogados de Ribeira. Lleva 25 años ejerciendo. Tiene una hija solo un poco más mayor que Diana Quer cuando fue asesinada. Es una letrada comprometida contra la violencia machista. Pese a todo, defenderá a Enrique Abuín. El turno de oficio le obliga a ello. (elespanol.com) [Texto publicado] [Volver]

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[Legislación] [DOCE] Revisado el DOUE de hoy, núm. 14, no encontramos disposiciones reseñables
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