[J]

[TJUE] El concepto de «cónyuge» incluye, en relación con la libertad de residencia de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de su familia, a los cónyuges del mismo sexo.
Aunque los Estados miembros tienen libertad para autorizar o no el matrimonio entre personas del mismo sexo, no pueden obstaculizar la libertad de residencia de un ciudadano de la Unión denegando la concesión a su cónyuge, del mismo sexo, nacional de un Estado no miembro de la Unión, un derecho de residencia permanente en su territorio [Más info] [Texto publicado]


[J]

[TS][Mercantil] Comercialización de productos financieros complejos. Participaciones financieras subordinadas. Determinación del daño indemnizable por el incumplimiento contractual de la entidad financiera en la comercialización del producto financiero. Procedencia de descontar del daño indemnizable los cupones cobrados por los clientes. [Más info] [Texto publicado]


[J]

[TS] Expropiación. Servidumbre de paso subterráneo. Denegación improcedente de pericial judicial: retrotraer actuaciones [Más info] [Texto publicado]


[J]

[TS][Social] Salarios de tramitación y descuento cuotas de la Seguridad Social. [Más info] [Texto publicado]


[N]

El Gobierno invoca las leyes catalanas para desechar la investidura telemática de Puigdemont [Más info] [Texto publicado]


[N]

El TS aborta una maniobra de abogados de Puigdemont para negociar su entrega [Más info] [Texto publicado]


[N]

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[N]

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Legislación Autonómica

[L]

[BOE] Ley [COMUNITAT VALENCIANA] 19/2017, de 20 de diciembre, de renta valenciana de inclusión. BOE 11 - 1 - 2018 [Más info] [Texto publicado]


Legislación Comunitaria

[L]

[DOCE] Revisado el DOUE de hoy, no encontramos disposiciones reseñables DOCE 11 - 1 - 2018 [Más info] [Texto publicado]



[Jurisprudencia] [TJUE] El concepto de «cónyuge» incluye, en relación con la libertad de residencia de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de su familia, a los cónyuges del mismo sexo.
Aunque los Estados miembros tienen libertad para autorizar o no el matrimonio entre personas del mismo sexo, no pueden obstaculizar la libertad de residencia de un ciudadano de la Unión denegando la concesión a su cónyuge, del mismo sexo, nacional de un Estado no miembro de la Unión, un derecho de residencia permanente en su territorio

El Sr. C. , nacional rumano, y el Sr. H. , nacional americano, convivieron durante cuatro años en Estados Unidos antes de contraer matrimonio en Bruselas en 2010. En diciembre de 2012, el Sr. C. y su esposo solicitaron a las autoridades rumanas que les expidieran los documentos necesarios para que el Sr. C. pudiese trabajar y residir permanentemente en Rumanía con su cónyuge. Esta solicitud se basaba en la Directiva relativa al ejercicio de la libertad de circulación,  que permite al cónyuge de un ciudadano de la Unión que ha ejercido esta libertad reunirse con él en el Estado miembro en que éste reside.
Sin embargo, las autoridades rumanas denegaron conceder al Sr. H. un derecho de residencia, basándose, concretamente, en que en Rumanía no podía ser considerado «cónyuge» de un ciudadano de la Unión, ya que dicho Estado miembro no reconoce los matrimonios homosexuales.
En consecuencia, el Sr. C. y el Sr. H. interpusieron un recurso ante los tribunales rumanos para impugnar la decisión de las autoridades rumanas. La Curtea Constituţională (Tribunal Constitucional, Rumanía), que conoce de una cuestión de inconstitucionalidad planteada en el marco de dicho litigio, solicita al Tribunal de Justicia que dilucide si debe reconocerse al Sr. H. , en su calidad de cónyuge de un ciudadano de la Unión que ha ejercido su libertad de circulación, un derecho de residencia permanente en Rumanía.
En sus conclusiones leídas hoy, el Abogado General Melchior Wathelet precisa ante todo que el problema jurídico que constituye el eje central del litigio no es la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, sino la libre circulación de los ciudadanos de la Unión. Pues bien, aunque los Estados miembros disponen de la libertad de prever o no el matrimonio entre personas del mismo sexo en sus ordenamientos jurídicos internos, deben cumplir las obligaciones que les incumben en virtud de la libertad de circulación de los ciudadanos de la Unión.
A continuación, el Abogado General observa que la Directiva no contiene ninguna remisión al Derecho de los Estados miembros para determinar la condición de «cónyuge», de modo que dicho concepto debe tener en toda la Unión una interpretación autónoma y uniforme. Sobre este particular, el Abogado General subraya que el concepto de «cónyuge» en el sentido de la Directiva está ligado a un vínculo basado en el matrimonio, aun siendo al mismo tiempo neutro desde el punto de vista del género de las personas de que se trata e indiferente en relación con el lugar donde se ha contraído el matrimonio. En este marco, el Abogado General considera que, a la luz de la evolución general de las sociedades de los Estados miembros de la Unión durante el último decenio en materia de autorización del matrimonio entre personas del mismo sexo,  la jurisprudencia del Tribunal de Justicia  en virtud de la cual «el término “matrimonio”, según la definición admitida en general por los Estados miembros, designa una unión entre dos personas de distinto sexo» ya no puede seguir aplicándose.
El Abogado General señala también que el concepto de «cónyuge» está relacionado necesariamente con la vida familiar, que está protegida de idéntico modo por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el Convenio Europeo de los Derechos del Hombre (CEDH).  A este respecto, el Abogado General recuerda que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha reconocido que las parejas homosexuales, por un lado, pueden disfrutar de una vida familiar,  y, por otro, deben tener la posibilidad de obtener el reconocimiento legal y la protección jurídica de su pareja.  Además, el TEDH también ha considerado, que en el ámbito de la reagrupación familiar, el objetivo consistente en la protección de la familia tradicional no puede justificar una discriminación por razón de la orientación sexual
En estas circunstancias, el Abogado General considera que el concepto de «cónyuge» en el sentido de la Directiva incluye también a los cónyuges del mismo sexo. En consecuencia, tal persona puede también residir permanentemente en el territorio del Estado miembro en que su cónyuge se ha establecido en su condición de ciudadano de la Unión tras haber ejercido su libertad de circulación. Esta conclusión es también aplicable  al Estado de origen del ciudadano, cuando regresa a él tras haber residido permanentemente en otro Estado miembro en el que ha desarrollado o consolidado una vida familiar, como ha hecho el Sr. C. con el Sr. H. en el caso de autos.


Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) n.º 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE (DO 2004, L 158, p. 77, y corrección de errores en DO 2004, L 229, p. 35, y DO 2007, L 204, p. 28).

En la actualidad, el matrimonio entre personas del mismo sexo está autorizado en 13 Estados miembros de la Unión. En virtud de la sentencia del Tribunal Constitucional austriaco de 4 de diciembre de 2017 (G 258-259/2017-9), lo estará también en Austria a más tardar el 1 de enero de 2019.

Véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 31 de mayo de 2001, D y Suecia/Consejo (C-122/99 P y C-125/99 P).

Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950.

Véase la sentencia del TEDH de 24 de junio de 2010, Schalk y Kopf c. Austria, § 94.

Véase la sentencia del TEDH de 21 de julio de 2015, Oliari y otros c. Italia, § 185.

Véase la sentencia del TEDH de 30 de junio de 2016, Tadeucci y McCall c. Italia, § 93.

Sobre la base del artículo 21 TFUE, apartado 1.

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[Jurisprudencia] [TS][Mercantil] Comercialización de productos financieros complejos. Participaciones financieras subordinadas. Determinación del daño indemnizable por el incumplimiento contractual de la entidad financiera en la comercialización del producto financiero. Procedencia de descontar del daño indemnizable los cupones cobrados por los clientes.

El presente caso plantea, como cuestión de fondo, la determinación del daño indemnizable tras el ejercicio de la acción de responsabilidad contractual contra la entidad bancaria en la comercialización de unas aportaciones financieras subordinadas, particularmente con relación al posible descuento de los cupones cobrados por los clientes.

En síntesis, D. Raimundo y D.ª Lourdes , demandantes y aquí recurridos, el 22 de junio de 2007, suscribieron una orden de adquisición de aportaciones financieras subordinadas del grupo E, por un importe de 180.000 €. Dicha adquisición o compra fue comercializada por la entidad BBVA.

Tras la constatación de una pérdida significativa de la inversión realizada, el 8 de abril de 2014, los clientes formularon la demanda que dio inicio al presente procedimiento. En dicha demanda se solicitaba, de forma principal, la nulidad de la orden de compra por error vicio en el consentimiento prestado con la consiguiente devolución del importe nominal de la inversión realizada, más los intereses legales desde la fecha de la suscripción, con el incremento de dos puntos desde la fecha de la sentencia hasta el completo pago, más el abono de las costas judiciales. De forma subsidiaria, se solicitaba la declaración de responsabilidad contractual de la entidad bancaria por incumplimiento de sus obligaciones contractuales de diligencia, lealtad y deber de información, con la correspondiente indemnización de los daños y perjuicios sufridos que se correspondían a una pérdida del valor de la inversión, según mercado actual, equivalente a 113.000 €.

La sentencia de primera instancia estimó la demanda. Interpuesto recurso de apelación por la entidad bancaria, la sentencia de la Audiencia desestimó dicho recurso y confirmó la sentencia de primera instancia.

El Supremo estima parcialmente el recurso del Banco.

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[Jurisprudencia] [TS] Expropiación. Servidumbre de paso subterráneo. Denegación improcedente de pericial judicial: retrotraer actuaciones

Es objeto de impugnación en el presente recurso de casación, la sentencia dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el 28 de enero de 2016, en el recurso contencioso administrativo número 200/2013 , interpuesto por la mercantil también ahora recurrente, <>, contra resolución del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Tarragona, de 13 de mayo de 2000, por la que se fija el justiprecio de la servidumbre de paso subterráneo constituida sobre las fincas T.TO-629, T.TO-632 y T.TO 631, para ejecución del proyecto de <>.

El Supremo estima el recurso.

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[Jurisprudencia] [TS][Social] Salarios de tramitación y descuento cuotas de la Seguridad Social.

1. El Juzgado de lo Social de Soria, dictó auto el 6 de mayo de 2015 , procedimiento de ejecución número 5/2012, desestimando el recurso de revisión interpuesto por la Junta de Castilla y León (Consejería de Medio Ambiente) contra el Decreto de 14 de abril de 2015, por el que se acordaba, en ejecución de sentencia, el abono por dicha Comunidad Autónoma, de 9.259,71 euros, en concepto de salarios de tramitación.

Tal y como resulta de Auto, y en lo que es objeto del presente recurso de casación para la unificación de doctrina, el importe objeto de requerimiento de ejecución corresponde a los salarios de tramitación objeto de condena sin que proceda descuento alguno por cuotas a la Seguridad Social.

2. Recurrida en suplicación por la parte ejecutada, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León Burgos, dictó sentencia el 15 de octubre de 2015, recurso número 586/2015 , revocando el Auto del Juzgado de lo Social.

El Supremo desestima el recurso.

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[Noticias] El Gobierno invoca las leyes catalanas para desechar la investidura telemática de Puigdemont
Un informe jurídico sobre el reglamento del Parlament y el Estatuto desacredita esta opción (elpais.es) [Texto publicado] [Volver]

[Noticias] El TS aborta una maniobra de abogados de Puigdemont para negociar su entrega
Una letrada llamó al Supremo con la pretensión de hablar con el instructor, que ni siquiera se puso al teléfono. (elespanol.com) [Texto publicado] [Volver]

[Noticias] El Constitucional deja en manos de las comunidades la ayuda a parados de larga duración
Los pagos se mantendrán, pero ahora serán las autonomías las que gestionen esta ayuda, como quién accede o no a ella. Esta sentencia se suma a la dictada el pasado verano también por el Constitucional y por el mismo motivo contra el plan Prepara. El Gobierno quiere tener listo para mayo un modelo que simplifique los distintos programas de ayudas para parados de larga duración. (20minutos.es) [Texto publicado] [Volver]

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España acaba de incorporar la directiva que regula la información corporativa no financiera (cincodias.com) [Texto publicado] [Volver]

[Legislación] [BOE] Ley [COMUNITAT VALENCIANA] 19/2017, de 20 de diciembre, de renta valenciana de inclusión.
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[Legislación] [DOCE] Revisado el DOUE de hoy, no encontramos disposiciones reseñables
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