[Jurisprudencia] [TC] Despido de trabajadora embarazada. Es nulo, aunque la empresa ignore el embarazo.
Se aduce en la presente demanda de amparo la vulneración por las resoluciones judiciales de instancia y suplicación de los derechos a la igualdad y no discriminación (art. 14 CE) y a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) de la demandante de amparo, al haber declarado improcedente y no nulo el despido del que fue objeto cuando se encontraba embarazada. Considera la demandante que el despido fue motivado por su estado de embarazo, que era ya perceptible en la fecha en que se produjo, y que, en todo caso, las resoluciones judiciales han rechazado la declaración de su nulidad por la exigencia de un requisito –la acreditación del conocimiento por la empresa de su estado de embarazo- que no figura en la norma legal –art. 55.5.b) LET- y cuya aplicación resulta desproporcionada y perjudicial para la trabajadora.
El Tribunal Constitucional otorga el amparo. [Texto publicado] [Volver]

[Jurisprudencia] [TEDH] Derecho a un juicio justo. Condena a España. Caso Gomez de Liaño.
El juez Gomez de Liaño demanda por vulneración de su derecho a un juicio justo por contaminación de los jueces que le condenaron al haber participado en la instrucción de su proceso.
El Tribunal Europeo condena a España. (texto de la resolución en francés) [Texto publicado] [Volver]

[Jurisprudencia] [TJUE] Los proyectos de vías urbanas están comprendidos en el ámbito de aplicación de la Directiva relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente

Mediante resolución de 17 de enero de 2005, la Concejal del Área de Gobierno de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras del Ayuntamiento de Madrid aprobó diversos proyectos que se enmarcan en una compleja obra de ingeniería civil conocida como «Madrid calle 30». Esta obra tiene por objeto la mejora y reforma de la práctica totalidad de la autovía de circunvalación de Madrid.

Ecologistas en Acción introdujo un recurso de reposición contra la citada resolución de 17 de enero de 2005. Al ser éste desestimado mediante resolución de 23 de mayo de 2005, Ecologistas en Acción  interpuso recurso contencioso-administrativo contra esta última resolución ante el Juzgado de lo Contencioso­Administrativo nº 22 de Madrid. En el marco de dicho proceso, el juez remitente pregunta al Tribunal de Justicia si conforme a la Directiva relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, los proyectos deberían haber sido obligatoriamente objeto de evaluación de impacto ambiental.

De acuerdo con la Directiva, los proyectos enumerados en su anexo I son objeto de evaluación. Entre los proyectos que dicho anexo menciona figuran los proyectos de «construcción de autopistas y vías rápidas» y los proyectos de «construcción de una nueva carretera de cuatro carriles o más, o realineamiento y/o ensanche de una carretera existente de dos carriles o menos con objeto de conseguir cuatro carriles o más, cuando tal nueva carretera o el tramo de carretera realineado y/o ensanchado alcance o supere los 10 kilómetros en una longitud continua».

Por otro lado, para los proyectos que se corresponden con una de las categorías enumeradas en su anexo II, la Directiva prevé que los Estados miembros determinarán si el proyecto debe ser objeto de evaluación. Entre los proyectos que lista dicho anexo II figuran los proyectos de «construcción de carreteras [...] (proyectos no incluidos en el Anexo I)» y «cualquier cambio o ampliación de los proyectos que figuran en el Anexo I o en el Anexo II, ya autorizados, ejecutados, o en proceso de ejecución, que puedan tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente».

En primer lugar, el Tribunal de Justicia declara que, contrariamente a lo que sostiene el Ayuntamiento de Madrid, los proyectos de vías urbanas están comprendidos en el ámbito de aplicación de la Directiva. En efecto, según el Tribunal de Justicia sería contrario al objeto mismo de la Directiva que todo proyecto relativo a una vía urbana quedara fuera de su ámbito de aplicación por el único motivo de que esa Directiva no menciona expresamente, entre los proyectos enumerados en sus anexos I y II, los proyectos que afectan a esa clase de vía.

A partir de ahí, el Tribunal de Justicia considera que, incumbe al juez remitente determinar si los proyectos en causa corresponden a alguno de los conceptos que figuran en el anexo I de la Directiva y, por tanto, deben ser sometidos a una evaluación de su impacto ambiental. A este respecto, el Tribunal de Justicia puntualiza que el hecho de que el anexo I de la Directiva se refiera entre otros proyectos a la «construcción» de ciertas clases de vías que en él se mencionan, no significa que los proyectos de reforma y mejora de una vía existente queden excluidos del ámbito de aplicación de la Directiva modificada. En efecto, un proyecto de reforma de una vía que, por su amplitud y sus características, sea equivalente a una construcción puede considerarse relativo a una construcción en el sentido de dicho anexo.

En el supuesto de que se pusiera de manifiesto que los proyectos controvertidos en el litigio principal no se corresponden con alguna de las categorías de proyectos mencionados en el anexo I, correspondería al juez remitente examinar si los proyectos controvertidos se incluyen en el anexo II de la citada Directiva, ya sea por tratarse de una construcción de carretera, ya sea por tratarse de un cambio de un proyecto de construcción de carretera. Si efectivamente los proyectos en causa están  incluidos en las categorías enumeradas en el anexo II de la Directiva y si tales proyectos pueden tener efectos significativos en el medio ambiente, en virtud de su naturaleza, de sus dimensiones o de su localización y, en su caso, habida cuenta de su interacción con otros proyectos, el Tribunal de Justicia considera que deben someterse a una evaluación de impacto ambiental.

En efecto, el Tribunal de Justicia recuerda que, aunque la Directiva confiere a los Estados miembros un margen de apreciación para determinar si un proyecto incluido en las categorías enumeradas en el anexo II de la Directiva debe someterse a una evaluación de impacto ambiental, dicho margen de apreciación está limitado por la obligación de someter a un estudio de impacto los proyectos que puedan tener efectos significativos en el medio ambiente, en virtud, entre otras cosas, de su naturaleza, dimensiones o localización. Además, el Tribunal de Justicia declara que el objetivo de la Directiva no puede eludirse mediante el fraccionamiento de un proyecto y que el hecho de que no se considere el efecto acumulativo de varios proyectos no debe tener como consecuencia práctica que se sustraigan en su totalidad a la obligación de evaluación cuando, considerados conjuntamente, puedan tener efectos significativos en el medio ambiente. En lo que atañe a los proyectos controvertidos en el litigio principal, el Tribunal de Justicia considera que le incumbe al juez remitente verificar si deben ser objeto de consideración conjunta, debido, en particular, a su proximidad geográfica, a sus similitudes y a sus interacciones.

En consecuencia, el Tribunal de Justicia declara que la Directiva relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente debe interpretarse en el sentido de que prevé la evaluación de impacto ambiental de los proyectos de reforma y mejora de vías urbanas, ya sea cuando se trate de proyectos mencionados en su anexo I ya sea cuando se trate de proyectos previstos en su anexo II, que puedan tener efectos significativos en el medio ambiente, en virtud de su naturaleza, de sus dimensiones o de su localización y, en su caso, habida cuenta de su interacción con otros proyectos.