[Jurisprudencia] [TS][Civil] Compraventa de camión libre de cargas. Incumplimiento del vendedor por tener embargos anteriores. Pacto de traspaso de autorización de transporte
Ejercitó el matrimonio actor en estos autos acción de resolución del contrato de compraventa concertado en fecha 18 de noviembre de 1994, en virtud del cual la sociedad irregular "TAUXME S.I.", de la que eran socios los actores, adquirió de la demandada el camión usado marca Renault, modelo B-110.35, con chasis nº NUM000, y matrícula JE-....-EP, por importe de 1.660.585 pesetas, I.V.A. incluido, para cuyo pago se concertó con la vendedora una póliza de préstamo. Denunciaban los actores que, al tiempo de la interposición de su demanda, todavía no se había llevado a efecto la transferencia administrativa del vehículo ni tampoco se había puesto a su disposición la correspondiente tarjeta de transportes, todo ello debido a las embargos que gravaban el vehículo (pese a que el mismo se transmitió libre de cargas), lo cual, además, había imposibilitado el normal desarrollo de la actividad comercial de la sociedad referida, dedicada a trabajos de carpintería metálica, fabricación de productos y estructuras metálicas, maquinaria y equipo mecánico. Reclamaban en la demanda los actores, junto a la restitución del importe abonado en concepto de precio, otros perjuicios a ellos irrogados a resultas del incumplimiento contractual en que incurrió la vendedora (intereses del préstamo concertado para abono del precio, contratación de terceras empresas transportistas para llevar a efecto los trabajos propios del tráfico de la sociedad, multa impuesta al vehículo por circular sin la documentación en regla, gastos de seguro). [Texto publicado] [Volver]

[Jurisprudencia] [TS][Penal] Atentado. Puñetazo a un policia municipal de tráfico
La Audiencia Provincial de Ciudad Real, condenó a Juan Enrique como autor criminalmente responsable de un delito de atentado, junto a dos faltas de lesiones, a la pena de catorce meses, por haber golpeado a dos policias municipales tras una discusión motivada por un incidente de tráfico. [Texto publicado] [Volver]

[Jurisprudencia] [TS] Ayuntamiento. Modificación de puestos de trabajo. Requisitos
Un Ayuntamiento modifica la relación de puestos de trabajo. La Abogacía del Estado impugna el acuerdo porque entiende no se han cumplido los tramites legales para adoptarlo. [Texto publicado] [Volver]

[Jurisprudencia] [TS][Social] Jubilación forzosa establecida en Convenio Colectivo de la Agencia Tributaria.
La Federación Estatal de Trabajadores de la Administración Pública de la Confederación General de Trabajo planteó demanda de impugnación del Convenio Colectivo del Personal laboral de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional en la que solicitaba la declaración de nulidad del artículo 55.1 del mismo, por entender que la jubilación forzosa prevista en el precepto para los trabajadores de la Agencia que hubiesen cumplido 65 años no se ajustaba a las exigencia de la Disposición Adicional Décima del Estatuto de los Trabajadores , en la redacción dada por la Ley 14/2005 . [Texto publicado] [Volver]

[Noticias] Marlaska sienta en el banquillo a tres mandos por las identificaciones del Yak-42
La Audiencia Nacional juzgará al general médico Vicente Navarro y a los oficiales José Ramírez y Miguel Sáez para determinar si cometieron un delito de falsedad documental al asignar la identidad de 30 de los 62 miembros del Ejército que fallecieron en el accidente del avión Yakovlev-42, que se estrelló el 26 de mayo de 2003 en Trabzon (Turquía) cuando regresaba de una misión en Afganistán. (elmundo.es) [Texto publicado] [Volver]

[Noticias] Telefónica y Uni2 devolverán el importe de las llamadas a 906 ilegales
El fallo sentencia que las operadoras son responsables por inducir a error a los usuarios (lavanguardia.es) [Texto publicado] [Volver]

[Noticias] La Generalitat pagará 100.000 euros a una niña agredida en el colegio
Segundo varapalo judicial a la Consejería de Educación de Cataluña en menos de una semana. Un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) condenó ayer al citado departamento a pagar una indemnización de 100.000 euros a la familia de una alumna a raíz de una agresión que tuvo lugar en el instituto Joan Minguell de Badalona (Barcelona) durante el curso 1999-2000. (abc.es) [Texto publicado] [Volver]

[Noticias] La Justicia defiende a los hóldings familiares frente a la Inspección
Un fallo de la Audiencia Nacional ha respaldado la creación de un grupo de empresas –y, por tanto, su inclusión en el régimen especial de fusiones– gracias al dictamen pericial que presentó el propio grupo. Según la sentencia, la Inspección tiene que aceptar el informe. (expansion.com) [Texto publicado] [Volver]

[Legislación] [BOE] Real Decreto 1123/2008, de 4 de julio, sobre pasaportes diplomáticos.

La expedición de pasaportes diplomáticos está regulada actualmente por el Real Decreto 1023/1984, de 23 de mayo, sobre pasaportes diplomáticos. Desde entonces ha aumentado fuertemente en la sociedad española el número de personas no vinculadas maritalmente que conviven de manera estable, con ánimo de permanencia y con una relación afectiva entre ellas similar a la existente entre cónyuges. A dicho fenómeno ha respondido el ordenamiento jurídico español extendiendo progresivamente a las parejas no unidas conyugalmente los derechos civiles y sociales ligados al matrimonio.

En esa línea, y con objeto de que puedan ser expedidos pasaportes diplomáticos a las parejas de hecho de las personas con derecho a ellos, es necesario modificar el Real Decreto 1023/1984, de 23 de mayo, sobre pasaportes diplomáticos. Además, en el presente real decreto se establece, con mayor precisión que en aquél, a qué otros familiares se podrán expedir pasaporte diplomático.

Otro extremo del Real Decreto 1023/1984, de 23 de mayo, que conviene modificar por razones de eficacia administrativa es el del plazo de validez de los pasaportes diplomáticos. En ese sentido, la experiencia acumulada en la gestión de los pasaportes diplomáticos y la duración de los destinos en el extranjero han mostrado que convendría fijar, en general, dicho plazo de validez en tres años, y en la misma duración la validez de cada renovación.

No obstante, existen supuestos en que es aconsejable fijar distinto plazo de validez. Se trata, en especial, del personal del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y de otros Departamentos ministeriales y organismos públicos destinados en el extranjero. En particular en estos casos, debido a la duración media de los periodos en que dicho personal está destino en el extranjero, parece conveniente ampliar hasta un máximo de cinco años la validez de los pasaportes expedidos, así como la de sus renovaciones. Por el contrario, hay supuestos en que la posesión de pasaporte diplomático sólo estará justificada mientras se desempeñen determinadas misiones relativas a la acción exterior del Estado, por lo que su plazo de validez debe limitarse al tiempo que en cada supuesto proceda.

Otra modificación aconsejable del Real Decreto 1023/1984, de 23 de mayo, sobre pasaportes diplomáticos, es la de su artículo 3.g), que hace referencia a situaciones administrativas de los funcionarios que hoy día están derogadas. Parece, por tanto, procedente actualizar la redacción del artículo 3.g) del Real Decreto 1023/1984, de 23 de mayo, de modo que los privilegios que otorga la posesión de un pasaporte diplomático estén justificados por la actividad al servicio del Estado ejercida en el extranjero por su poseedor. En ese sentido, está perfectamente justificado que los funcionarios de la Carrera Diplomática en situación administrativa de servicio activo o de servicios especiales posean un pasaporte diplomático, pero no lo está cuando se encuentren en otras situaciones administrativas. En dichas situaciones administrativas distintas a la de servicio activo o de servicios especiales, el derecho de los funcionarios de la Carrera Diplomática a poseer pasaporte diplomático no les vendría dado por pertenecer a dicho cuerpo, sino por encontrarse en alguno de los demás supuestos que justifican la expedición de un pasaporte diplomático.

Por último, en el presente real decreto se cubre la ausencia del Fiscal General del Estado entre los órganos con respecto a los cuales el Real Decreto 1023/1984, de 23 de mayo, estableció que se les expediría pasaporte diplomático.

El artículo 33 de la Ley 16/2007, de 21 de diciembre, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para 2008, establece los límites del endeudamiento a largo plazo para el ejercicio presupuestario 2008 y, en general, las líneas de actuación del crédito público. El hecho de que existan algunas operaciones de préstamos y anticipos reembolsables entre la Generalidad y otras administraciones públicas implica que tengan que excluirse del cómputo del mencionado límite. Por tanto, se añade un nuevo apartado, el 8, a dicho artículo para regular este supuesto.

Por otra parte, la disposición transitoria primera de la Ley 13/2006, de 27 de julio, de prestaciones sociales de carácter económico, determina que el Gobierno, en el marco del Acuerdo estratégico para la internacionalización, la calidad de la ocupación y la competitividad de la economía catalana, debe evaluar anualmente la actualización del indicador de renta de suficiencia de Cataluña (IRSC), e incluir el valor del IRSC en la Ley de presupuestos de la Generalidad de cada ejercicio. Asimismo, la disposición transitoria segunda de la misma ley establece que en el año 2008 las ayudas que lo toman como referencia deben alcanzar el 80% del IRSC.

La disposición adicional duodécima de la Ley de presupuestos de la Generalidad para 2008 fija el valor del IRSC en 544,48 euros en cómputo mensual, que se corresponden con 7.622,72 euros si el cómputo es anual; estas cifras representan un incremento del 2,4% respecto del anterior ejercicio.

La Administración de la Generalidad, a 20 de noviembre de 2007, en el seno de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo de Creación del Indicador de Renta de Suficiencia de Cataluña y de Incremento de las Pensiones Mínimas en Cataluña, creada el 3 de mayo de 2006, acordó dichos valores. La Comisión, sin embargo, determinó que si la Administración general del Estado modificaba el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) acordado para 2008, el incremento adicional que esta modificación comportase debería aplicarse también al IRSC.

Mediante el Real decreto ley 1/2008, de 18 de enero, el Estado ha modificado la disposición adicional trigésima quinta de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para 2008, que fijaba el valor del IPREM para este ejercicio, de modo que el valor que fijaba inicialmente la Ley de presupuestos del Estado se ha incrementado en un 1,5%. Para cumplir el acuerdo de la Comisión al que se ha hecho referencia, este porcentaje adicional del 1,5% también debe aplicarse alvalor que la Ley de presupuestos de la Generalidad fija para el IRSC.

La presente ley se estructura en dos artículos y una disposición final. El artículo 1 establece la adición de un apartado al artículo 33 de la Ley de presupuestos, y el artículo 2 modifica el redactado del apartado 1 de la disposición adicional duodécima. La disposición final establece la fecha de entrada en vigor de la presente ley de modificación.

El título I establece el objeto, ámbito de aplicación y principios orientadores de la ley, situando como eje vertebrador la sostenibilidad para garantizar la protección del medio por la gran repercusión que esta actividad tiene sobre el suelo, el agua y el aire.

En el título II se define el reparto de competencias entre los diversos órganos de la Xunta y se regula la estructura organizativa específica, destacadamente el Consejo de la Minería de Galicia y los registros pertinentes. El Consejo de la Minería de Galicia se crea como órgano colegiado de participación, consulta y asesoramiento de la administración en materia de minería, para lo que se le atribuyen funciones de informe preceptivo en las principales normas e instrumentos de planificación del sector minero, así como otras de asesoramiento. El Registro Minero de Galicia inscribirá todos los derechos mineros autorizados o concedidos en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia y el Registro de Solicitudes de Derechos Mineros determinará la prioridad de los derechos en función de su fecha de solicitud.

El título III establece el Plan sectorial de actividades extractivas de Galicia como máximo instrumento de planificación de la política minera, que tendrá naturaleza de un plan sectorial de incidencia supramunicipal, al objeto de establecer los principios y directrices para la ordenación minera de Galicia basada en criterios de estabilidad y sostenibilidad.

El título IV regula el procedimiento de otorgamiento y contenido de los derechos mineros. Se establece un procedimiento integrado de otorgamiento que simplifica la intervención administrativa y, al mismo tiempo, garantiza la coordinación interadministrativa e interorgánica. Esta integración procedimental permite que el otorgamiento de derechos mineros se realice en atención a los requerimientos ambientales y urbanísticos y a las competencias concurrentes. Para las personas solicitantes de los derechos mineros se mejora y se agiliza la gestión administrativa y se dota el procedimiento de unas mayores garantías y transparencia. Asimismo, se definen el contenido y vigencia de los derechos mineros y su compatibilidad con otros usos o aprovechamientos pudiendo limitar o condicionar la Administración minera el ejercicio de los derechos de prioridad por razones ambientales, urbanísticas u otras que sean de su competencia. La ley prevé la necesidad de constitución de garantías financieras para responder de la viabilidad de los trabajos mineros y del Plan de restauración ambiental, así como la suscripción de un seguro de responsabilidad civil para hacer frente a los daños que puedan causar las actividades extractivas. También se regula el concurso de derechos mineros definiendo el contenido mínimo de la convocatoria y previsiones en cuanto a la resolución.

El fomento de la minería se regula en el título V orientando la acción de la administración hacia la innovación tecnológica que permita la mejora en el aprovechamiento de los recursos mineros, la minimización de los residuos y de las emisiones y el cierre de los ciclos productivos. Para ello se prevén actuaciones en materia de investigación y formación, incentivos económicos y la declaración de municipios mineros.

El título VI, bajo la rúbrica de disciplina minera, establece las previsiones necesarias para efectuar la inspección minera con plenas garantías para los administrados o administradas y para una adecuada determinación de los hechos. También recoge una regulación específica de algunos aspectos del régimen sancionador y el catálogo de infracciones y sanciones.