[Jurisprudencia] [TS][Civil] Comerciante declarado en quiebra. El conyuge con gananciales no puede reclamar un crédito.
D. Enrique y su esposa Dª. Julieta, demandaron por las reglas del juicio declarativo de menor cuantía a Conservas y Frutos, S.A., solicitando que dicha demandada satisfaga a los actores la cantidad de nueve millones de pesetas e intereses legales de la misma desde que incurrió en mora o desde que se debía pagar dicha cantidad conforme al plazo pactado, con expresa imposición de costas.
La demandada Conservas y Frutos, S.A. contestó a la demanda, alegando la falta de personalidad del actor D. Enrique para comparecer en juicio por haber sido declarado en quiebra,
El Juzgado de 1ª Instancia estimó la demanda interpuesta por Dª. Julieta contra Conservas y Frutos, S.A.
La sentencia fue apelada por la demandada Conservas y Frutos, S.A., adhiriéndose a la apelación el actor D. Enrique. La Audiencia desestimó tanto el recurso de apelación como la adhesión, sin imposición de costas.
El Tribunal Supremo estima el recurso de los demandados. [Texto publicado por cortesia de paraprofesionales] [Volver]

[Jurisprudencia] [TS][Penal] Coacciones, descubrimiento y revelación de secretos. Secreto conocido por un particular ilegalmente y entregado a sus abogados para coaccionar a su hermana a renunciar a la legítima. Coparticipación de los abogados. Correo Electrónico.
Los dos acusados, siguiendo las instrucciones del hermano de la persona que ostenta la acusación particular, convocaron a sus abogados, supuestamente para inventariar los bienes de la herencia pero, en el curso de las conversaciones, surgió el tema básico de esta causa, que no es otro que la utilización de algunos párrafos de los correos electrónicos de la recurrente, con contenido sexual explícito, con objeto de obligarla a renunciar a sus derechos sucesorios legítimos en la herencia de su padre o, en caso contrario, harían llegar el contenido a su esposo y a la esposa de la persona con la que, al parecer, mantenía relaciones.
La Audiencia condenó por coacciones y revelación de secretos. [Texto publicado por cortesia de paraprofesionales] [Volver]

[Jurisprudencia] [TS][Contencioso-Advo] Responsabilidad patrimonial. Robo de sacas de dinero en zona aeroportuaria.
Por la representación de Banco Vitalicio de España C.A. de Seguros, se interpone recurso de casación contra Sentencia dictada el 22 de Enero de 2.004 por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional , desestimando el recurso contencioso administrativo interpuesto por aquella contra Resolución del Ministerio del Interior de 7 de Junio de 2.002 denegando la reclamación de responsabilidad patrimonial que había formulado por importe de 537.922.741 ptas por el robo de sacas conteniendo divisas y diamantes tallados ocurrido el día 30 de Agosto de 1.999 en el exterior del muelle de carga de la terminal del Aeropuerto de Málaga, reclamación que la actora basaba en considerar que AENA solidariamente con IBERIA eran responsables de dicho robo al admitir el acceso indiscriminado de cualquier persona a la zona de carga.
[Texto publicado por cortesia de paraprofesionales] [Volver]

[Jurisprudencia] [TS][Social] Despido. Dos faltas de asistencia no son suficientes, aunque el Convenio lo califique como falta muy grave.
El actor faltó al trabajo sin causa justificada los días 4 y 11 de diciembre de 2005 y tampoco acudió durante todo el 12 del mismo mes, aunque para dicho día había solicitado permiso para acudir al Juzgado que le había sido concedido. La empresa demandada, Supermercados Champion, S.A. procedió al despido disciplinario por las ausencias injustificadas de los dos primeros días y por no haber justificado el tiempo de permanencia en el Juzgado durante el día 12 de diciembre .
El convenio colectivo de la empresa demandada en su artículo 53.2 tipifica como falta grave "la ausencia al trabajo sin la debedia autorización o causa justificada de un día al mes" y como falta muy grave en el artículo 54.1 "la reiteración en un período de seis meses de la falta a la que se hace referencia en el artículo 53.2" y en el 54.14 "La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta naturaleza, siempe que se cometa dentro de los seis meses siguientes de haberse producido la primera". A su vez, el art. 56 establece como sanción para las faltas muy graves "desde la suspensión de empleo y sueldo de dieciseis a sesenta días hasta la rescisión del contrato de trabajo, en los supuestos en que la falta fuera calificada en su grado máximo".
La sentencia del Juzgado declaró la procedencia del despido, pero el TSJ la revocó declarando improcedente el despido. [Texto publicado por cortesia de paraprofesionales] [Volver]

[Noticias] Un juez decidirá si los Presupuestos cumplen con las normas de igualdad
Denunciadas las cuentas del Estado por evitar el informe de impacto de género (elpais.com) [Texto publicado por cortesia de paraprofesionales] [Volver]

[Noticias] La Agencia Tributaria aclara que la atención a los contribuyentes se desarrolla con absoluta normalidad en todas sus Administraciones
La atención a los contribuyentes se desarrolla con absoluta normalidad en todas las Administraciones de la Agencia Tributaria y no se registra ningún tipo de incidencia significativa. La Agencia Tributaria desmiente así que exista una situación de colapso en sus oficinas y vuelve a advertir de la grave irresponsabilidad de transmitir a la opinión pública informaciones no veraces sobre el desarrollo de la campaña de renta. [Texto publicado por cortesia de paraprofesionales] [Volver]

[Legislación] [BOE] Resolución de 16 de junio de 2008, del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica el plazo de ingreso en periodo voluntario de los recibos del Impuesto sobre Actividades Económicas del ejercicio 2008 relativos a las cuotas nacionales y provinciales y se establece el lugar de pago de dichas cuotas.
[Texto publicado por cortesia de paraprofesionales] [Volver]

[Legislación] [BOE] Ley [ASTURIAS] 1/2008, de 11 de abril, de tercera modificación de la Ley del Principado de Asturias 2/2003, de 17 de marzo, de medios de comunicación social.
[Texto publicado por cortesia de paraprofesionales] [Volver]

[Legislación] [DOCE] Reglamento (CE) no 569/2008 del Consejo, de 12 de junio de 2008, por el que se modifica el Reglamento no 11 relativo a la supresión de discriminaciones en materia de precios y condiciones de transporte, en aplicación del artículo 79, apartado 3, del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea
[Texto publicado por cortesia de paraprofesionales] [Volver]

[Legislación] [DOCE] Reglamento (CE) no 580/2008 de la Comisión, de 18 de junio de 2008, por el que se modifica por nonagésimo sexta vez el Reglamento (CE) no 881/2002 del Consejo, por el que se imponen determinadas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades asociadas con Usamah bin Ladin, la red Al-Qaida y los talibanes
[Texto publicado por cortesia de paraprofesionales] [Volver]

[Legislación] [DOCE] Decisión no 582/2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, por la que se establece un régimen simplificado de control de las personas en las fronteras exteriores basado en el reconocimiento unilateral por Bulgaria, Chipre y Rumanía de determinados documentos como equivalentes a sus visados nacionales para fines de tránsito por sus territorios
[Texto publicado por cortesia de paraprofesionales] [Volver]

[Legislación] [BOCG] Proyecto de Ley de reforma de la Ley de 8 de junio de 1957, sobre el Registro Civil, en materia de incapacitaciones, cargos tutelares y administradores de patrimonios protegidos, y de la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, sobre protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la normativa tributaria con esta finalidad.
Hasta el momento las sentencias de modificación de la capacidad de obrar y la constitución de organismos tutelares y de representación son hechos que han de ser inscritos en el Registro Civil. El Registro Civil es un Registro de carácter jurídico cuyo fin es la constatación y publicidad de los hechos y actos jurídicos referidos al estado civil de las personas. Aunque la inscripción en el Registro Civil tiene carácter declarativo y no constitutivo, su utilidad es evidente ya que despliega importantes efectos, que consisten en la articulación de un medio de prueba del estado civil rápido y simple y constituye título de legitimación del ejercicio de los derechos que resulta de cada condición o estado civil concreto de la persona en la forma que reflejan los propios asientos del Registro (artículos 327 del Código civil y 2 de la Ley de 8 de junio de 1957, sobre el Registro Civil).
Sin embargo, conviene advertir que la propia organización del Registro Civil dificulta la obtención de datos generales sobre el número y alcance de las incapacitaciones que tienen lugar en nuestro país, ya que es muy difícil obtener información sobre las personas en las que recae una sentencia de modificación de la capacidad de obrar, con el consiguiente sometimiento a tutela o a curatela, si no se conoce previamente la identidad de las mismas. Además el principio competencial de territorialidad que rige el Registro Civil ocasiona la dispersión de los asientos pudiendo existir información relativa a un mismo individuo en distintos Registros Civiles Municipales. Por ello, en la actualidad, amplios sectores implicados en la promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad, demandan la introducción de las reformas legales necesarias a fin de que el Registro Civil pueda actuar en este ámbito como un mecanismo fiable de publicidad que permita supervisar la efectiva aplicación de la normativa relativa a la incapacitación judicial de personas que no pueden gobernarse por sí mismas, así como facilitar la efectiva puesta en práctica de la figura del patrimonio protegido como mecanismo de protección patrimonial de las personas con discapacidad.
Además de lo anterior, la modificación que se lleva a cabo de la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria, viene a resolver ciertas dudas generadas por la aplicación de la misma. Entre ellas, destaca la mejora de la comunicación de la constitución del patrimonio protegido al Ministerio Fiscal para los fines de control que se persiguen; la determinación del domicilio en función del cual se fija la competencia del Ministerio Fiscal, que no debe ser el de otorgamiento de la escritura pública, sino el del domicilio del discapacitado. También se da cabida a las comunicaciones telemáticas en este ámbito. Y, finalmente, destaca la aclaración legal del concepto de acto de disposición de determinados bienes integrados en los patrimonios protegidos, habida cuenta de la disparidad de criterios detectados en la práctica.
A fin de alcanzar estos objetivos y salvar esos y otros obstáculos derivados de la actual regulación en este punto de la legislación sobre Registro Civil y del patrimonio protegidos de las personas con discapacidad, se adopta la presente iniciativa legislativa, que se dicta al amparo del artículo 149.1.8.ª de la Constitución. [Texto publicado por cortesia de paraprofesionales] [Volver]