[Jurisprudencia] [TS][Civil] Contrato de distribución. Aplicación analógica de la indemnización por clientela del contrato de agencia.
Los demandantes, en la afirmada condición de distribuidores de productos elaborados por la demandada, Viña Salceda, SL, con causa en un contrato que había quedado extinguido por la decisión unilateral de ésta, pretendieron la condena de la concedente a pagarles cuarenta y seis millones setecientas dieciséis mil pesetas, con los intereses por razón de mora, en concepto de indemnización por clientela debida a todos ellos conjuntamente. Basaron dicha pretensión en la aplicación analógica del artículo 28 de la Ley 12/1.992, de 27 de mayo , sobre régimen jurídico del contrato de agencia.
En primera instancia se estima parcialmente la demanda, ambas partes recurren en apelación, modificando la Audiencia el falllo. El Tribunal Supremo estima el recurso de casación fijando límites para las indemnizaciones. [Texto publicado] [Volver]

[Jurisprudencia] [TS][Penal] Apropiación indebida. Contrato de agencia de viajes. No ingresar el importe de los billetes de avión vendidos.
La agencia de viajes cuyo administrador es el acusado suscribió un contrato de agencia de ventas a pasajeros con Internacional Air Transport Association, (en adelante IATA). Siendo su misión la venta de billetes de transporte aéreo de compañías aeronáuticas que se integran en la IATA, venta que se hacía en nombre de la compañía aérea de que se tratase, recibiendo sus importes en nombre de la misma, que quedaban en depósito hasta que, contabilizados los datos que la agencia remitía a la IATA a través del equipo informática que ésta le había proporcionado previamente, se efectuada por la IATA la oportuna liquidación mensual, en la que se fijaba la cantidad que se debía ingresar a su favor, descontándole ya las comisiones que en ese momento podía hacer propias la agencia.
En el mes de julio del año 2001, la IATA efectúa la liquidación conforme al sistema expuesto, conocido como Bank Settlemen Plan, (BSO), y lo que comunica al acusado para su reintegro el día 15 del mes siguiente, si bien el mismo no procedió a ingresar su importe, que asciende a la suma de 53.791,44 euros, a los que no dio el destino pactado. Similar proceder concurre en ocasiones sucesivas.
La Audiencia condena por un de un delito continuado de apropiación indebida. [Texto publicado] [Volver]

[Jurisprudencia] [TS][Contencioso-Advo] Homologación de titulo universitario. Economista. Centro de estudios privado no autorizado que imparte sus clases en España y otorga un título extranjero.
La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional con fecha 2 de febrero de 2005, desestimó el recurso contencioso- administrativo interpuesto por Dª. Blanca contra la resolución del Ministerio de Economía y Hacienda de 12 de junio de 1998 que no accedió a reconocer su derecho al ejercicio en España de la profesión de economista. A la solicitud formulada en este sentido la recurrente había adjuntado el título de "Bachellor of Arts in Bussiness Administration with a General Degree", expedido el 20 de octubre de 1997 por la Universidad de Gales (the University of Wales) en el Reino Unido.
Los estudios habían sido cursado en España. El Know How Business College, centro ubicado en Vitoria en el que realizó sus estudios íntegramente, es un centro de formación privado, no autorizado como centro privado español ni como filial de una Universidad extranjera.
El Tribunal Supremo estima el recurso de la interesada, ordenando la retroacción del expediente. [Texto publicado] [Volver]

[Jurisprudencia] [TS][Social] Contrato para la prestación de asistencia técnica y consultoría. Son administrativos y no laborales.
Los demandantes, contratados en base a sendos contratos administrativos, y que vienen prestando servicios para la demandada Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, en el Servicio de Protección de Menores de dicha Consejería en la Delegación Provincial de Cádiz, formularon demanda en reclamación por reconocimiento de derecho, interesando se dictase sentencia por la que se declarase que la relación que mantienen con la demanda es de carácter laboral por tiempo indefinido con una antigüedad de 16 de enero de 2002, condenando a la Junta de Andalucía a estar y pasar por esta declaración. La demanda correspondió al Juzgado de lo Social nº 1 de los de Cádiz, el cual en autos número 227/2005 dictó sentencia declarando la incompetencia del orden jurisdiccional social para el conocimiento de la demanda, absteniéndose de entrar en el conocimiento del fondo del asunto, y previniendo a los demandantes para el uso de su posible derecho ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
Tanto el TSJ como el Tribunal Supremo desestiman los recursos. [Texto publicado] [Volver]

[Noticias] Telma Ortiz lleva ante la Justicia los límites de la libertad de expresión
Hoy todo puede cambiar. Las persecuciones motorizadas, los asaltos cámara en mano, los 'flashes' chocando contra las grandes gafas de sol elegidas para camuflar la fama. Telma Ortiz Rocasolano y su pareja, Enrique Martín Llop, han emprendido una guerra judicial contra la prensa rosa. (elmundo.es) [Texto publicado] [Volver]

[Noticias] ¿Es Telma Ortiz de interés público?
La hermana de la princesa Letizia y su pareja se sienten acosados por los medios y llevan a 50 de ellos a los tribunales para preservar su intimidad. (elpais.com) [Texto publicado] [Volver]

[Noticias] El programa del IRPF orilla una deducción de 450 euros por piso
Aplicar la deducción máxima por la compra de viviendas realizadas en los últimos cuatro años no es tan sencillo como de costumbre. El programa ‘PADRE’ no las calcula directamente. Los asesores fiscales reclaman más claridad. (expansion.com) [Texto publicado] [Volver]

[Noticias] Dinamarca debate si las juezas musulmanas pueden llevar el velo islámico en el trabajo
Un partido de extrema derecha ha lanzado una campaña en contra. Tras el revuelo, el ministro de Justicia ha creado una comisión para estudiar el asunto. El asesor de imagen del CGPJ dice que en España no hay nada regulado al respecto (elmundo.es) [Texto publicado] [Volver]

[Legislación] [BOE] Revisado el BOE de hoy, no encontramos disposiciones reseñables.
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[Legislación] [BOE] Real Decreto 680/2008, de 30 de abril, por el que se determina la composición de las Comisiones Delegadas del Gobierno.
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[Legislación] [BOE] Orden PRE/1307/2008, de 9 de mayo, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros sobre la adopción de medidas urgentes para paliar los daños producidos por los graves incendios acaecidos en la Isla de La Gomera durante los días 26 al 29 de abril de 2008.

El pasado día 26 de abril comenzó en la Isla de La Gomera uno de los graves incendios que se extendieron durante cuatro días y que han asolado gran parte de la zona norte de la Isla. El incendió comenzó en Vallehermoso y, casi simultáneamente, se produjo otro en Hermigua que se extendió hasta Agulo, cercó zonas habitadas y amenazó el Parque Nacional de Garajonay, de gran riqueza ecológica y declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Las adversas condiciones meteorológicas (fuertes vientos, altas temperaturas y baja humedad relativa del aire) unido a lo abrupto y escarpado del terreno dificultaron considerablemente las labores de extinción de los diferentes focos del fuego, localizados en los barrancos de Liria, del Cura y de La Palmita, entre los municipios de Agulo y Hermigua.

Garantizar la seguridad de las personas fue el primer objetivo, por eso en los primeros momentos se produjo el desalojo de cientos de personas, en las que se centraron los esfuerzos de las diferentes Administraciones Públicas, el personal sanitario, Cruz Roja, bomberos, Unidad Militar de Emergencias, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y voluntarios que colaboraron con las cuadrillas de intervención rápida, el personal de apoyo, los especialistas contraincendios y los vehículos especializados que actuaban por tierra y aire.

El gran despliegue de medios por parte de todas las Administraciones Públicas implicadas en cuanto a la movilización de personal experto en atención de emergencias fue decisivo, igual que lo fue el descenso de las temperaturas y la disminución de la fuerza del viento, para conseguir finalmente controlar los incendios.

Más de 500 hectáreas quemadas y pérdidas en la producción de la cosecha de este año, a las que habrá que añadir los daños producidos en distintos sectores, así como en las infraestructuras, otorgan un balance más que significativo de la magnitud de la catástrofe.

En definitiva, el volumen de estas actuaciones de urgencia, encaminadas a la protección inmediata de la vida de los ciudadanos, así como al pronto restablecimiento de los servicios municipales esenciales, conlleva la obligación de la Administración del Estado, desde el principio de solidaridad interterritorial y de manera subsidiaria, de complementar las actuaciones que, en uso de sus competencias, tienen encomendadas las Administraciones territoriales.

Asimismo, una vez superada la situación de emergencia y reestablecidos, en la medida de lo posible, los servicios públicos esenciales, cabe iniciar las acciones tendentes a reparar los daños producidos e intentar mitigar sus consecuencias más gravosas.

En este sentido, para atender las necesidades expuestas, el Gobierno de España ha adoptado la decisión de acometer, con la mayor premura posible, las actuaciones necesarias para reestablecer la normalidad en la zona siniestrada e intentar paliar, en la medida en que las disponibilidades presupuestarias lo permitan, los daños producidos.