[Jurisprudencia] [TS][Civil] Arrendamientos urbanos. Denegación de prórroga por necesidad conforme a lo establecido en la anterior L.A.U. de 1964. Transcurso del plazo de tres meses sin ocupación de la vivienda. Solicitud de indemnización por los anteriores arrendatarios.
Los cónyuges doña Laura y don Constantino interpusieron demanda de juicio declarativo de menor cuantía contra doña Elena en reclamación de la cantidad de cincuenta millones trescientas cincuenta mil doscientas veinte pesetas, como importe de los daños y perjuicios causados por la denegación de prórroga de un contrato de arrendamiento de vivienda por causa de necesidad sin que, sin embargo, fuere ocupada la referida vivienda en el año siguiente a su desalojo; demanda que dio lugar a la incoación del proceso nº 707/96 por el Juzgado de Primera Instancia nº 8 de Madrid. A su vez la demandada formuló a continuación otra demanda contra los referidos actores en reclamación de la cantidad de tres millones doscientas veintitrés mil novecientas cincuenta pesetas, por impago de gastos de comunidad, a cuya satisfacción se habían comprometido, y por daños causados en la vivienda arrendada, dando lugar a autos de menor cuantía nº 719/96, acumulados a los anteriores.
Ambas partes se opusieron, respectivamente, a las pretensiones articuladas en su contra y, seguido el proceso por sus trámites, el Juzgado de Primera Instancia nº 8 de Madrid dictó sentencia por la que desestimó la primera de las demandas (autos nº 707/96) y estimó parcialmente la segunda (autos nº 719/96) condenando a doña Laura y don Simón a satisfacer a la actora la cantidad de un millón trescientas ocho mil doscientas diez pesetas por las cuotas de comunidad adeudadas, así como la que se determine en ejecución de sentencia por el valor de la grifería que falta en la vivienda, sin especial pronunciamiento sobre costas.
Contra dicha sentencia recurrieron ambas partes ante la Audiencia Provincial de Madrid, cuya Sección 14ª dictó nueva sentencia por la que desestimó ambas impugnaciones con imposición a cada uno de los apelantes de las costas causadas por sus respectivos recursos.
Frente a esta última han interpuesto recurso de casación los actores doña Laura y don Constantino.
El Tribunal Supremo desestima el recurso. [Texto publicado] [Volver]

[Jurisprudencia] [TS][Penal] Motivación de las sentencias. Doctrina jurisprudencial. Delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros
La Audiencia Provincial de Málaga, Sección Primera, condenó a Benedicto como autor criminalmente responsable de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, en los apartados 1, 3 y 6 del art. 318 bis del Código penal.
El recurrente se queja de que la motivación fáctica es claramente insuficiente, y no da respuesta a los interrogantes que propuso la defensa en el juicio oral, relativo a la forma de practicar los reconocimientos fotográficos del recurrente, la rueda judicial que formó sumarialmente y las afirmaciones de contenido fáctico que se dicen testimoniadas por los testigos de cargo en el propio acto del plenario.
El Tribunal Supremo estima el recurso. [Texto publicado] [Volver]

[Jurisprudencia] [TS][Contencioso-Advo] Procedimiento tributario de la Inspección. Efectos de la paralización injustificada de las actuaciones inspectoras durante más de seis meses
La sentencia recurrida empezaba por precisar el objeto del recurso: tres resoluciones del TEAC de 22-9-1999 (RG 7/96 RS 397/96; RG 8/96 RS 398/96; RG 9/96 RS 399/96), todas desestimatorias de los recursos de alzada interpuestos contra tres resoluciones del TEAR de Madrid de 31 de octubre de 1995, a su vez desestimatorias de las reclamaciones económico administrativas interpuestas contra tres acuerdos liquidatorios de 6 de julio de 1993, derivadas de tres actas de disconformidad incoadas el 28 de diciembre de 1992 por IS, ejercicios 1987, 1988 y 1989.
Las cuestiones suscitadas en primera instancia jurisdiccional y que han sido objeto de contienda en grado de casación son las siguientes:
A.-caducidad del procedimiento inspector por paralización de las actuaciones inspectoras por más de seis meses.
B.-indebida consideración como sociedad de mera tenencia de bienes.
El Tribunal Supremo desestima el recurso. [Texto publicado] [Volver]

[Jurisprudencia] [TS][Social] Despido. Es salario el gasto de mantenimiento del vehículo por mensajero falso autónomo.
El demandante había prestado servicios para CHRONOEXPRES, S.A., como mensajero dedicado a la recogida y reparto de paquetería y valija bancaria, utilizando vehículo propio, siempre inferior a dos toneladas, rotulado con logotipo de la empresa, hallándose afiliado al régimen del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (R.E.T.A.).
El Abogado del Estado recurrente planteó las cuestiones relativas a la competencia de jurisdicción, la subrogación, la antigüedad y el salario.
El Tribunal Supremo desestima el recurso. [Texto publicado] [Volver]

[Legislación] [BOE] Resolución de 29 de abril de 2008, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 2/2008, de 21 de abril, de medidas de impulso a la actividad económica.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86.2 de la Constitución, el Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, acordó convalidar el Real Decreto-ley 2/2008, de 21 de abril, de medidas de impulso a la actividad económica, publicado en el Boletín Oficial del Estado número 97, de 22 de abril de 2008. Se ordena la publicación para general conocimiento. [Texto publicado] [Volver]

[Legislación] [BOE] Resolución de 29 de abril de 2008, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 3/2008, de 21 de abril, de medias excepcionales y urgentes para garantizar el abastecimiento de poblaciones afectadas por la sequía en la provincia de Barcelona.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86.2 de la Constitución, el Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, acordó convalidar el Real Decreto-ley 3/2008, de 21 de abril, de medidas excepcionales y urgentes para garantizar el abastecimiento de poblaciones afectadas por la sequía en la provincia de Barcelona, publicado en el Boletín Oficial del Estado número 97, de 22 de abril de 2008. Se ordena la publicación para general conocimiento. [Texto publicado] [Volver]

[Legislación] [BOE] Orden EHA/1301/2008, de 6 de mayo, por la que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2009.
Se establecen los criterios generales a los que se ha de ajustar la asignación de recursos públicos del Estado, el ámbito institucional de los presupuestos, y la composición y funciones de los órganos participantes en su proceso de elaboración. Asimismo, la Orden ministerial regula la tramitación del anteproyecto de presupuestos, estableciendo los plazos y documentación para la elaboración, y detalla el contenido de las estructuras presupuestarias. [Texto publicado] [Volver]

[Legislación] [BOE] Orden EHA/1302/2008, de 7 de mayo, por la que se dictan las normas para la elaboración de los escenarios presupuestarios, para el período 2009-2011.

El artículo 28 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, señala que los escenarios presupuestarios plurianuales, en los que se enmarcarán anualmente los Presupuestos Generales del Estado, constituyen la programación de la actividad del sector público estatal con presupuesto limitativo. En ellos se definirán los equilibrios presupuestarios básicos, la previsible evolución de los ingresos y los recursos a asignar a las políticas de gasto, en función de sus correspondientes objetivos estratégicos y los compromisos de gasto ya asumidos.

De acuerdo con la Ley General Presupuestaria, los escenarios presupuestarios plurianuales se ajustarán al objetivo de estabilidad presupuestaria correspondiente al Estado y a la Seguridad Social referido a los tres ejercicios siguientes.

De esta forma, la formulación de los escenarios presupuestarios asegura que todas las decisiones de gasto queden enmarcadas de un modo coherente en el objetivo global de estabilidad, y asimismo determina los límites que la acción del gobierno debe respetar en los casos en que sus decisiones tengan incidencia presupuestaria, permitiendo con ello una mejor asignación de los recursos presupuestarios a corto y medio plazo.

El artículo 11 del texto refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, dispone que la formulación de los escenarios presupuestarios debe tener carácter previo al proceso de elaboración de los Presupuestos Generales del Estado.

La disposición final tercera de dicho texto refundido establece que las normas de elaboración de los escenarios presupuestarios plurianuales se aprobarán por Orden del Ministerio de Economía y Hacienda.

El artículo 23 de la Ley 9/2006, de 11 de diciembre, Tributaria de la Comunidad Autónoma de Canarias, regula el Registro Fiscal de Valores Inmobiliarios de Canarias, como registro oficial de carácter fiscal a los efectos de lo establecido en el artículo 51.1.b) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

El día 12 de marzo de 2007, el Pleno de la Comisión bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias adoptó el acuerdo de iniciar negociaciones para resolver las discrepancias manifestadas por la Administración del Estado respecto al artículo 23 de la Ley 9/2006, de 11 de diciembre, Tributaria de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Este acuerdo supuso la ampliación a nueve meses del plazo de interposición del recurso de inconstitucionalidad, al darse los requisitos del artículo 33.2 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.

La Comisión bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias, en la reunión del día 13 de septiembre de 2007, acordó promover la modificación del citado artículo 23 de la Ley 9/2006, de 11 de diciembre, Tributaria de la Comunidad Autónoma de Canarias, en los términos que recoge el artículo único de esta ley.

La disposición final primera contiene una delegación legislativa al Gobierno de Canarias para la refundición de las disposiciones legales vigentes en materia de tributos cedidos aprobadas por la Comunidad Autónoma. Esta delegación ya fue establecida con anterioridad por la disposición adicional séptima de la Ley 9/2006, de 11 de diciembre, Tributaria de la Comunidad Autónoma de Canarias. El transcurso en exceso del plazo fijado por la indicada disposición para la refundición determina que se otorgue nuevamente al Gobierno de Canarias una delegación legislativa para que apruebe un texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de tributos cedidos aprobadas por la Comunidad Autónoma, y proceda a aclarar, armonizar y sistematizar esas disposiciones en el marco de los principios contenidos en las leyes reguladoras del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas y de cesión de los tributos del Estado.