[Noticias] El TSJA tarda 17 años en resolver recursos a unas oposiciones
Algunos afectados han encontrado otros trabajos y otros están jubilados (elpais.com) [Texto publicado] [Volver]

[Noticias] ValueClick recibe la multa más elevada por enviar spam
La Comisión Federal de Comercio impondrá a la empresa de publicidad online una multa récord de 1,8 millones de euros por enviar correo basura. (siliconnews.es) [Texto publicado] [Volver]

[Noticias] Un juzgado de Sevilla fija fecha y hora para un juicio en el año 2010
Un juzgado de lo Contencioso Administrativo de Sevilla ha fijado para enero de 2010 un juicio contra la Junta de Andalucía por una sanción de transporte, aunque el afectado ha tenido que depositar ahora, de manera cautelar, la sanción de 3.000 euros impuesta. (20minutos.es) [Texto publicado] [Volver]

[Noticias] Devuelven 1.446 euros cobrados por conexiones a internet por tramos
Vodafone ha devuelto a un abogado sevillano los 1.446 euros que, según denunció el afectado, le cobró por conexiones a internet con un método que cree ilegal consistente en fraccionar las llamadas por tramos, y además ha decidido devolverle el total de los 1.880 euros de su factura. (eleconomista.es) [Texto publicado] [Volver]

[Noticias] Zapatero planea la mayor reforma de la Justicia
Aún no se sabe quién será el ministro de Justicia en la nueva legislatura, pero el que sea tendrá sobre la mesa un voluminoso y ambicioso informe para llevar a cabo una reforma en profundidad de la Administración de Justicia que podría incluir un cambio radical del modelo de Consejo General del Poder Judicial y del proceso penal. (publico.es) [Texto publicado] [Volver]

[Noticias] El Ayuntamiento de Marbella pide que se suspenda la ejecución de 60 sentencias sobre viviendas, incluida la de Banderas
El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) ha instado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a que suspenda la ejecución de la sentencia por la que se anuló la licencia otorgada en marzo de 1995 para la construcción de una vivienda, actualmente propiedad del actor Antonio Banderas, hasta que se apruebe definitivamente el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), según confirmaron desde el Consistorio marbellí, quienes precisaron que se ha hecho "lo mismo" en un total de 60 casos. (diariosigloxxi.com) [Texto publicado] [Volver]

[Noticias] Cantabria pacta con los sindicatos de Justicia una subida de sueldo
El Gobierno de Cantabria y los sindicatos de la Administración de Justicia han firmado un acuerdo de legislatura que pone fin a la huelga en el sector y que incluye la subida del complemento específico de forma escalonada hasta alcanzar los 350 euros adicionales al mes en 2011. (expansion.com) [Texto publicado] [Volver]

[Noticias] Más ventajas del nuevo Plan Contable para los empresarios
El nuevo Plan Contable, vigente para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero del 2008, configura las cuentas anuales con un mayor aporte de información, lo cual queda patente en una memoria mucho más extensa, a destacar en entidades que presenten el modelo normal, pasando de una visión patrimonialista de la contabilidad, a un enfoque dirigido al inversor, que se guía por un gran suministro de información de calidad alta. (eldia.es) [Texto publicado] [Volver]

[Legislación] [BOE] Corrección de errores del Real Decreto 167/2008, de 8 de febrero, por el que se delimita la zona de promoción económica de Aragón.
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[Legislación] [BOE] Real Decreto 224/2008, de 15 de febrero, sobre normas generales de instalación y funcionamiento de las estaciones de inspección técnica de vehículos.

El Real Decreto-ley 7/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes en el Sector de las Telecomunicaciones, vino a regular determinados aspectos del régimen jurídico de las inspecciones técnicas de vehículos (ITV). En particular, su artículo 7 sustituyó el sistema de concesión administrativa, previsto hasta ese momento en el artículo 2.1 del Real Decreto 1987/1985, de 24 de septiembre, sobre normas generales de instalación y funcionamiento de las estaciones ITV, por el sistema de autorización administrativa reglada.

Ante los recursos de inconstitucionalidad promovidos por los Gobiernos de la Generalidad de Cataluña, el Principado de Asturias, Aragón y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el Tribunal Constitucional, en su Sentencia 332/2005, de 15 de diciembre, declaró que el artículo 7.2 del Real Decreto-ley 7/2000, de 23 de junio, vulneraba las competencias autonómicas en materia de industria, al imponer la autorización administrativa como título habilitante para que los particulares pudieran prestar el servicio de inspección técnica de vehículos.

Posteriormente, las sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 3 de octubre de 2006 en los recursos números 133/2003, rectificada por auto de 17 de enero de 2007, y 105/2003, así como la sentencia de 4 de octubre de 2006 en el recurso número 95/2003, han anulado los artículos 4.1 y 5, así como los apartados 1, 2 y 3 de la disposición transitoria segunda del Real Decreto 833/2003, de 27 de junio, por el que se establecen los requisitos técnicos que deben cumplir las estaciones de inspección técnica de vehículos (ITV) a fin de ser autorizadas para realizar esa actividad.

El Real Decreto 833/2003, de 27 de junio, derogaba varios artículos del Real Decreto 1987/1985, de 24 de septiembre, sobre normas generales de instalación y funcionamiento de las estaciones ITV. Parte de lo dispuesto en alguno de los artículos derogados era sustituido por alguno de los artículos anulados ahora por las citadas sentencias del Tribunal Supremo.

Para el cumplimiento de lo establecido en la Directiva 96/96/CE del Consejo, de 20 de diciembre de 1996, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativa a la inspección técnica de los vehículos a motor y de sus remolques, es necesario restablecer el régimen de funcionamiento y los requisitos a cumplir por las estaciones ITV que permitan garantizar la alta calidad y homogeneidad de la inspección técnica de vehículos en todo el territorio nacional, sin perjuicio de las competencias estatutarias de las comunidades autónomas.

También se ha considerado conveniente, para claridad y transparencia del ordenamiento jurídico, unificar en este real decreto toda la regulación en la materia, incluyendo en el mismo los artículos, anexos y apéndices vigentes del Real Decreto 1987/1985, de 24 de septiembre, revisando y actualizando a la vez todo el texto para su concordancia con el resto de la reglamentación sobre vehículos, e impulso del empleo y aplicación de las técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos.

La posibilidad de organizar emisiones primarias de energía eléctrica fue introducida por primera vez en la disposición adicional decimosexta de la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico, a través del artículo 20.9 de la Ley 36/2003 de medidas de reforma económica, de 11 de noviembre, como instrumento destinado al fomento de la contratación a plazo.

El fomento de la contratación a plazo en el mercado eléctrico pretende evitar que las compañías eléctricas obligadas a las emisiones primarias acaparen la mayor parte de la energía negociada en el mercado spot.

Por medio de las emisiones primarias de energía, como medida de fomento de la contratación a plazo, lo que se persigue en último término es reducir el poder de mercado de los operadores como condición necesaria para una competencia efectiva. Por lo tanto, el fomento de la contratación a plazo es el instrumento por medio del cual se logra la finalidad esencial de las emisiones primarias de energía. Esta finalidad aparece más clara en las modificaciones ulteriores de la norma.

En efecto, posteriormente la disposición adicional decimosexta fue modificada por el artículo 21 del Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública; por el artículo 1.14 del Real Decreto-ley 7/2006, de 23 de junio; y, finalmente, por la Ley 17/2007, de 4 de julio. Las modificaciones introducidas han vinculado directamente las emisiones primarias de energía al concepto de operador dominante que, según explicita la exposición de motivos del propio Real Decreto-ley 5/2005, se crean para facilitar el desarrollo de una competencia efectiva en el sector eléctrico.

En este sentido, la disposición adicional vigésima del Real Decreto 1634/2006, de 29 de diciembre, por el que se establece la tarifa eléctrica a partir de 1 de enero de 2007, desarrolla la disposición adicional decimosexta de la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico habilitando al Secretario General de Energía a definir las características de las emisiones primarias por resolución.

La Resolución de 19 de abril de 2007, de la Secretaría General de Energía, regula las emisiones primarias de energía previstas en la disposición adicional vigésima del Real Decreto 1634/2006, de 29 de diciembre, por el que se revisa la tarifa eléctrica a partir del 1 de enero de 2007. El artículo 6 de dicha resolución hace responsable a la Comisión Nacional de Energía de supervisar que el proceso de la subasta se ha realizado de forma objetiva, transparente y no discriminatoria y, asimismo, dispone que después de cada subasta, elaborará un informe sobre su desarrollo y potenciales mejoras, que será remitido a la Secretaría General de Energía.

Hasta la fecha se han realizado tres de las cinco subastas reguladas en la disposición adicional vigésima del Real Decreto 1634/2006, de 29 de diciembre, por el que se revisa la tarifa eléctrica a partir del 1 de enero de 2007, en las cuales las empresas Endesa e Iberdrola son los operadores dominantes obligados a actuar como sujetos vendedores. La potencia a subastar está prefijada y se reparte entre los productos base y punta, y dentro de éstos, en productos con entrega de energía trimestral, semestral y anual. Como sujetos compradores no pueden actuar aquellos sujetos de mercado pertenecientes a los grupos empresariales considerados, en cada momento, como operadores principales en el sector eléctrico por resolución de la Comisión Nacional de Energía, excepto Viesgo Generación, S. L.

Teniendo en cuenta los informes de la Comisión Nacional de Energía de fecha 19 de julio y 7 de noviembre de 2007 correspondientes a la primera y segunda subastas realizadas, mediante el presente real decreto se regulan las condiciones y el procedimiento de funcionamiento y participación en las emisiones primarias de energía eléctrica que han de celebrarse como continuación a las cinco primeras subastas establecidas en la disposición adicional vigésima del Real Decreto 1634/2006, de 29 de diciembre, por el que se revisa la tarifa eléctrica a partir del 1 de enero de 2007.

Las principales novedades que introduce este real decreto son la eliminación del producto trimestral, la reducción del número de subastas a realizar en el año, la forma de contratación de las entidades gestoras de las subastas, y la posibilidad de que el ejercicio de las opciones pueda hacerse por entrega física o por diferencias, según se determine para cada producto y para cada subasta.

El presente real decreto crea un instrumento financiero, por lo que será de aplicación en lo que corresponda, la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, y su normativa de desarrollo.