[Jurisprudencia] [TS][Civil] Derecho al honor. Menor que demanda a su padre.
Sara , que por aquel entonces tenía quince años de edad, y que estaba domiciliada en Zaragoza, lugar donde residía, presentó demanda de protección del derecho al honor y a la intimidad frente a su padre, Alejandro , solicitando la pertinente declaración de lesividad de tales derechos fundamentales, y la condena del demandado a pagar a la demandante la cantidad de cien millones de pesetas -o su contravalor en euros-, en concepto de indemnización por los daños y los perjuicios ocasionados a resultas del ataque al honor y a la intimidad de que fue objeto. A tal efecto, previamente había comparecido ante Notario para otorgar el pertinente poder general para pleitos en favor de Procurador y Abogado asistida por su madre, Leticia , en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5º de la Compilación de Derecho Foral de Aragón.
Tras multiples pasos procesales, se discute la capacidad de la menor para demandar. [Texto publicado] [Volver]

[Jurisprudencia] [TS][Social] Salarios de tramitación. El trabajador no se reincorpora al ofrecimiento de la empresa. Diferencia entre salarios de tramitación y de sustanciación.
La parte demandada formula el presente recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de 13 de octubre de 2006 , que confirma el auto de instancia en donde se estableció que la empresa debía abonar al actor en concepto de salarios de tramitación la cuantía de 3.072´45 euros, así como la obligación de la empresa de ingresar en el Servicio Público de Empleo Estatal el importe de 5.147´ 39 euros. El recurso denuncia infracción del artículo 297 de la Ley de Procedimiento Laboral , toda vez que, la sentencia impugnada no ha exonerado a la empresa Segurtrex S.L. de abonar los salarios devengados durante los 284 días que duró la tramitación del recurso de suplicación, (desde el 21/12/02 fecha de la sentencia de instancia, hasta el 1/10/03 fecha recepción burofax que la empresa remite al actor indicando que optaba por la readmisión), cuando consta acreditado, el incumplimiento injustificado por parte del actor del requerimiento empresarial de reanudación de la prestación de servicios, por lo que, la sentencia impugnada objeto del presente recurso se aparta de la normativa en la materia. Fue aportada a efectos de contradicción la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 14 de octubre de 1994 (recurso 3721/94). [Texto publicado] [Volver]

[Noticias] Edad de jubilacion anticipada para los bomberos

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se establece el coeficiente reductor de la edad de jubilación en favor de los bomberos al servicio de las administraciones y organismos públicos.

La Orden TAS/471/2004, de 26 de febrero, por la que se dictan normas para la aplicación de las bonificaciones de cuotas establecidas por el apartado 2 de la disposición adicional trigésima del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, respecto de empresas y trabajadores por cuenta propia de las Ciudades de Ceuta y Melilla establece en su artículo 4.1 que las bonificaciones de cuotas reguladas en la misma serán aplicables durante un periodo de dos años, contados a partir del día primero del mes siguiente a aquel en que entre en vigor.

Por otra parte, el apartado 3 del mismo artículo, en su último párrafo determina que, al final de los dos años de aplicación de estas bonificaciones de cuotas, este Ministerio, oídos los Presidentes de las Ciudades de Ceuta y Melilla y previo informe favorable de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, evaluará el grado de cumplimiento de los objetivos mencionados en el artículo primero la Orden, a efectos de la prórroga, finalización o modificación de los porcentajes de las mismas.

De acuerdo con lo anterior, la Orden TAS/856/2006, de 21 de marzo, prorrogó durante un periodo de dos años la aplicación de la citada Orden TAS/471/2004, de 26 de febrero. Asimismo modificó esta Orden para adecuar los indicadores de evaluación en ella previstos a las estadísticas disponibles.

Una vez evaluada la aplicación de las bonificaciones durante el periodo prorrogado por la Orden TAS/856/2006, de 21 de marzo, en los términos antes señalados, oídos los Presidentes de las Ciudades de Ceuta Y Melilla y previo informe favorable de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, este Ministerio considera que se están cumpliendo los objetivos establecidos y que es preciso continuar con la aplicación de la medida durante un nuevo periodo de dos años.

Asimismo, y a fin de efectuar un análisis mas completo de la medida y sus efectos de cara a la evaluación del impacto de la misma, se modifica la Orden TAS/471/2004, añadiendo como criterios de medición del cumplimiento de los objetivos la evolución de las tasas de actividad, empleo y paro, que son ilustrativas de la situación del empleo con vistas a la mencionada evaluación.

La Orden TAS/3698/2006, de 22 de noviembre, por la que se regula la inscripción de trabajadores extranjeros no comunitarios en los Servicios Públicos de Empleo y en las Agencias de Colocación, relaciona en el artículo 2.2, en catorce epígrafes, los documentos acreditativos que permiten la inscripción como demandantes de empleo en los Servicios Públicos de Empleo y Agencias de Colocación de los trabajadores extranjeros no comunitarios, con las condiciones que posteriormente se describen en los artículos del 3 al 15, y en las disposiciones adicionales primera y segunda de la misma. En dicha relación se ha observado la falta de un epígrafe que haga referencia a las certificaciones expedidas por las oficinas de extranjeros o, en defecto de estas, por las áreas o dependencias de Trabajo y Asuntos Sociales por lo que se propone, por medio de esta orden, incluir en el citado artículo un nuevo epígrafe en el que se mencionen dichas certificaciones como documento acreditativo que habilite para la inscripción como demandantes de empleo. Asimismo, en la disposición adicional segunda de la citada Orden donde se hace referencia a dichas certificaciones, debe señalarse que los trabajadores se encuentran en situación de estancia o residencia.

Además, la presente orden modifica la redacción de los apartados 2 y 3 del artículo 3 al objeto de hacer una clara distinción entre el concepto de autorización de residencia permanente y la tarjeta de identidad de extranjero que documenta dicha autorización e igualmente se mejora la redacción del apartado 1 de los artículos 4 y 5 separando su contenido en dos párrafos; el primero alude a la posibilidad de inscripción como demandantes de empleo y el segundo al acceso a la situación de residencia y trabajo por cuenta ajena, para evitar una interpretación no correcta según la cual la posibilidad de inscripción como demandante de empleo estaría condicionada a la existencia de una oferta de empleo previa.

Por otra parte, el artículo 6.1 de la citada Orden establece que la inscripción de trabajadores extranjeros no comunitarios en posesión de una autorización de residencia temporal por las circunstancias excepcionales a las que se refieren los apartados 4 y 5 del artículo 45 del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, viene amparada por el artículo 98.3 del citado Reglamento. Según una interpretación más correcta del mismo, lo que habilita a los trabajadores extranjeros titulares de dichas autorizaciones de residencia temporal a acceder a una situación de residencia y trabajo por cuenta ajena, vendría establecido en el segundo párrafo del apartado 7 del artículo 45, no en el artículo 98.3, por lo que se propone modificar el artículo de referencia en este sentido.

El Reglamento de Circulación Aérea, aprobado por Real Decreto 57/2002, de 18 de enero, en desarrollo de la Ley 48/1960, de 21 de junio, ha sido objeto de diversas modificaciones derivadas de los cambios introducidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) en los anexos y documentos al Convenio de Chicago y la necesidad de adaptar las operaciones de vuelo a las innovaciones técnicas producidas en materia de aeronavegación.

La disposición final primera, «Modificaciones de carácter técnico», del mencionado real decreto, faculta a los Ministros de Fomento y de Defensa para introducir, con sujeción a lo dispuesto en la Orden de la Presidencia de Gobierno de 8 de noviembre de 1979, por la que se crea la Comisión Interministerial prevista en el artículo 6 del Real Decreto-Ley 12/1978, de 27 de abril, sobre fijación y delimitación de facultades entre los Ministerios de Defensa y de Fomento en materia de aviación, cuantas modificaciones de carácter técnico fuesen precisas para la adaptación de las operaciones de vuelo a las innovaciones técnicas que se produzcan y especialmente a lo dispuesto en la normativa contenida en los anexos OACI y en los tratados y convenios internacionales de los que España sea parte.

En la actualidad, es preciso modificar el Reglamento de circulación aérea para su adaptación a los anexos del Convenio sobre Aviación Civil Internacional y a los documentos de la citada Organización de Aviación Civil Internacional respecto a la Vigilancia Dependiente Automática (ADS) y a las Comunicaciones por enlace de datos entre piloto y controlador (CPDLC). Así pues, se introduce el capítulo 8 del anexo 10, volumen II, de Telecomunicaciones aeronáuticas, relativo al Servicio Móvil Aeronáutico-Comunicaciones por enlace de datos; los apartados del anexo 11, «Servicios de tránsito aéreo», referentes a las especificaciones de rutas RNAV basadas en los tipos de RNP, y, por último, los capítulos 13 y 14 del Documento 4444 de OACI «Procedimientos para los Servicios de Navegación Aérea-Gestión del Tránsito Aéreo» sobre la función ADS y las comunicaciones CPDLC.

La Vigilancia Dependiente Automática (ADS) forma parte del Plan Mundial CNS/ATM de la OACI y fue definida por el Comité FANS (Futuros Sistemas de Navegación Aérea) como una función para el uso de los servicios de tránsito aéreo (ATS), según la cual las aeronaves automáticamente transmiten, por enlace de datos, datos extraídos de los sistemas de navegación a bordo, que incluyen, como mínimo, la identificación de la aeronave y su posición en tres dimensiones.

Las Comunicaciones controlador-piloto por enlace de datos (CPDLC) son un medio de comunicación ATC entre controlador y piloto, que utiliza enlace de datos en lugar de voz.